México y los colmillos a la impunidad

Hablar de nuestro país se convierte en un ejercicio que desgasta y sorprende. Hoy podemos hablar de aciertos gubernamentales desde la trinchera de la desconfianza y mañana podemos sorprendernos por decisiones que rayan en lo absurdo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaría hasta el viernes, qué,  después de una denuncia ante la ley,  la fuerza pública podrá realizar inspecciones a personas y vehículos sin una orden judicial o ministerial si existe una sospecha razonable o flagrancia. Bien. La medida en un país donde la delincuencia está a la orden del día, puede sonar completamente idónea, eficaz, y necesaria para combatir a los delincuentes desde otras trinchera, en un cáncer que sigue avanzando por nuestra sociedad sin ningún tipo de cura aparente.

El ministro Javier Laynez Potisek propuso declarar infundada la impugnación presentada hace casi cuatro años por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde resaltó que las inspecciones violan los derechos fundamentales de las personas, en un hecho sin precedentes y qué se contrapone la posición de los ministros Arturo Zaldívar, Norma Piña, José Ramón Cossío y Fernando Franco que votaron en contra de la medida, por qué subrayaron que el CNPP no contempla lineamientos, límites ni orientaciones sobre la actuación policiaca.

“La confianza de los ciudadanos en las instituciones de procuración y administración de justicia deja mucho que desear. La policía, por su propia naturaleza goza imperio, es la fuerza pública del Estado. Sería ilógico pensar, tal y como lo sugiere la accionante, que los agentes de seguridad deban obtener el consentimiento previo de los particulares para realizar estos actos de inspección y, de no conseguirlo, deban retirarse sin más”, señaló Arturo Zaldivar.

Sería bueno recordarles (La verdad, no creo que lo desconozcan) a los miembros de la SCJN, sobre el actuar de muchas «fuerzas del orden» en complicidad con ciertos sectores de la población, donde atentaron contra los derechos de muchos ciudadanos, y en algunos casos, atentando con la vida de ellos y sus familias como sucedió en la administración de Javier Duarte en Veracruz, donde, una mafia liderada por el mismo Arturo Bermudez Zurita se dedicaba a ejercer una «Ley» solo por conveniencia o chivo expiatorio.

Sí. En este momento de la lectura estoy de acuerdo con usted. A todos nos asalta la pregunta o afirmación: ¿Esas personas que detuvieron, mataron o desaparecieron, tenían nexos con el crimen organizado? o el famoso «Seguramente los mataron por algo». Sí. Efectivamente. En muchas ocasiones (no en todas) la mayoría de éste tipo de situaciones tienen una implicación criminal. Pero en un país tan extraño como sus leyes, salen a la vista muchas dudas y preguntas más. ¿Y cuando no es así? ¿Y cuando las detenciones son por una mera sospecha o gusto (en el caso de las violaciones a mujeres)? o en un país tan volátil ¿Y si le caen mal a algún policía? ¿Y si se obliga a una persona a denunciar para ejercer una acción penal? o simplemente «Por qué puedo hacerlo y veré la forma de qué suceda» las decisiones de una Corte de Justicia sorprenden a un país que vive sin ningún tipo de ley en ciertos casos.

Amnistía internacional declara en su informe México 2017/2018 lo siguiente:

• La violencia aumentó en todo México. Las fuerzas armadas seguían llevando a cabo labores habituales de la policía. Continuaron las amenazas, los ataques y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos
• Las detenciones arbitrarias generalizadas seguían derivando en torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
• Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
• El Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior, que permitía la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía sin incluir disposiciones efectivas que garantizaran la transparencia, la rendición cuentas ni la supervisión civil.

Entonces, ¿Cuál es la razón de darle (en caso de ser aprobada) colmillos impunidad?

Sabemos que el debate se generará desde todas las trincheras, y qué, obviamente, solo los expertos pueden opinar sobre un tema tan grave como preocupante en un país que navega entre la impunidad y la tibieza de las autoridades, sin embargo, los ciudadanos de a peso, los que todos los días vamos por la calle alejados de todo debate, nos encontramos indefensos ante una atribución (interpretativa o no) que ahora tienen (algo que ya hacían bajo el amparo de la impunidad y corrupción, ahora amparada por la ley) una «herramienta» más contra la delincuencia y una razón más (probablemente) para seguir delinquiendo.

Hoy, estas atribuciones siguen en debate, esperando que la la SCJN tenga un mayor sentido común y que no le otorgue a la Hydra de la impunidad, un aspecto más atemorizante del qué tiene.

Sí, así avanza nuestro país en un año electoral. Avanzamos desde la trinchera de las ideas y la defensa a cada candidato y sus «propuestas» estúpidas  sin percatarnos que en algunas cosas, desde muy arriba, donde se debe generar el debate, le dan probablemente colmillos a la impunidad en pro de una justicia que no existe en este país, pero qué se vuelve interpretativa y eso, es muy lamentable.

Hasta la próxima.