En la administración de López Obrador se han adjudicado 74% de los contratos para compras por adjudicación directa mientras que solo el 18% han sido a través de licitaciones públicas.
Méxicanos contra la corrupción y la impunidad coincide en sus datos con la plataforma COMPRANET donde, de diciembre a junio, se han registrado 76 mil 613 contratos de manera directa, donde, según Mexicanos contra la corrupción, 3 de 4 contratos gubernamentales se dan de esa forma siguiendo con la tendencia de los antecesores.
Aunado a esto, la adjudicación directa contradice lo establecido en la Constitución, en la cual se plantean a las licitaciones públicas como la norma oficial para otorgar contratos.
Si bien la Ley de Adquisiciones permite la adjudicación directa de contratos, aclara que ésta debe ocurrir solo como excepción y bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, ante una situación de emergencia, cuando los bienes o servicios deben adquirirse rápidamente y no se puede esperar al desarrollo de un concurso, como una catástrofe natural.
También se pueden otorgar contratos directos cuando apenas hay un proveedor en el mercado que pueda cumplir un bien o servicio, o cuando se trata de servicios relacionados con seguridad nacional.
Con información de Animal Político

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