El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo el martes no está de acuerdo con el fallo del Tribunal Supremo que declaró “nula y sin efecto” la orden de suspender las sesiones parlamentarias.

Previamente, el presidente de la Cámara de los Comunes dio a conocer que regresarán el miércoles a las 11:30 hora local, aunque añadió que no se realizará la sesión semanal de preguntas al primer ministro, ya que Johnson se encuentra en Nueva York y comentó que los ciudadanos tienen “derecho” a que el Parlamento cumpla con sus deberes constitucionales medulares.

La decisión unánime de los 11 jueces del tribunal significó un duro revés para Johnson y provocó reclamos inmediatos de que Johnson renuncie al cargo. El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, declaró en la conferencia de su partido que la decisión refleja el “desdén” de Johnson por la democracia y el Estado de Derecho.

Corbyn afirmó que Johnson debería ser “el primer ministro que menos tiempo ha estado en funciones”.

El duro tono del fallo judicial y el hecho de que fuera un voto unánime hizo que muchos dijeran que Johnson no puede seguir en el cargo.

“Su posición es insostenible y por una vez debería tener el coraje de hacer lo correcto y renunciar”, afirmó delante del Tribunal la legisladora del Partido Nacional Escocés Joanna Cherry, una de las personas que presentó la demanda contra el primer ministro.

Johnson, que se encontraba en Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas, no hizo comentarios en el instante sobre el veredicto en un primer momento. Antes había señalado que obedecería la decisión judicial.

La suspensión “fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento de realizar sus funciones constitucionales sin justificación razonable”, indicó la juez Brenda Hale, presidenta del Supremo.

El fallo supone que el Parlamento nunca fue suspendido legalmente y técnicamente sigue en activo, añadió.

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, destacó en un comunicado por escrito que el veredicto “defiende el derecho y el deber del Parlamento de reunirse en este momento crucial para examinar al ejecutivo y exigir cuentas a los ministros”.