En muchos estados de la república no existe ni siquiera la plataforma para subir la información

A partir de hoy los poderes judiciales de los estados y el federal tienen la obligación legal de publicar todas las sentencias penales, civiles, laborales, mercantiles y de cualquier otra materia que emitan sus jueces. Sin embargo, ningún tribunal llega listo para cumplir con este compromiso.

Estados como Baja California, Campeche, Durango, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas ni siquiera tienen una plataforma específica para dicha información.

El resto de las entidades sí cuentan con alguna plataforma digital, aunque ninguna con lo necesario para garantizar al 100 por ciento la publicidad completa de las sentencias. El caso de Ciudad de México es particularmente grave porque desde hace dos años la capital ya tenía la obligación de cumplir con esto tras una reforma local, y no lo ha hecho.

Fue el 30 de julio de 2020 cuando la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime una reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública el cual, antes del cambio, señalaba que los poderes judiciales estaban obligados a publicar solo las sentencias que fueran “de interés público”.

Esta situación provocó, de acuerdo con los expertos y activistas que le dieron seguimiento, que solo se transparentaran pocas sentencias y en algunos casos ninguna. Los distintos tribunales decidían de manera totalmente discrecional como cumplían con dicha obligación.

Con la reforma aprobada, la redacción del artículo cambió para establecer como una obligación de los poderes judiciales la publicación de “las versiones públicas de todas las sentencias emitidas”.

Los artículos transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establecieron un periodo de 180 días para que entrara en vigor la reforma, y a partir de ahí otros 180 días para que comenzara la publicación de todas las sentencias que se emitan. Es decir, fue prácticamente un año de preparación.

Dicho plazo concluyó ayer por lo que a partir de este lunes 9 de agosto el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de las entidades están obligados a cumplir con este requisito. No obstante, al menos de arranque, ninguno está listo para cumplir con lo que dice la ley al 100 por ciento.

Fuente: Animal Político