Permanencias Voluntarias

Por Enrique Quintana (El Financiero)}

Vaya racha que ha tenido Morena en los últimos días.

Por un lado, estuvo la imposibilidad de realizar un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la ley reglamentaria de la revocación de mandato.

Y por el otro, el recuento de voto por voto ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en Campeche, luego de impugnación de Movimiento Ciudadano.

Primero comencemos con el tema de la revocación.

Cuando el 1 de septiembre se instale la nueva legislatura que comprenderá una Cámara de Diputados diferente, Morena y sus aliados retendrán la mayoría absoluta. Es decir no tendrán problema para aprobar una ley reglamentaria que no requiere mayoría calificada sino exclusivamente mayoría simple.

El coordinador de los senadores de Morena ya señaló que esa ley será de las primeras que habrán de aprobarse.

Si desde el principio esto era factible, entonces, ¿por qué la insistencia en convocar a un periodo extraordinario para hacerlo?

Por el enojo del presidente.

Hay que recordar que AMLO echó en cara a los legisladores (incluso de su partido, pues refirió que “todos”) el que no hubieran legislado respecto al tema de la revocación de mandato y no lo hubieran incluido en el extraordinario en el que aprobaron el desafuero de dos legisladores.

Este reproche ocurrió el pasado 10 de agosto, en su conferencia mañanera, y a partir de entonces se aceleró el proceso legislativo.

A toda velocidad, se preparó el texto de la Ley y el miércoles 18 de agosto se aprobó en comisiones, por lo que el dictamen quedó listo para llevarse al pleno.

Para que pueda ser realizado el periodo se necesitaba que en la Comisión Permanente del Congreso votaran dos terceras partes más uno de los legisladores presentes.

Morena y sus aliados no alcanzaban ese porcentaje. El reto era precisamente conseguir el respaldo de alguno o algunos de los legisladores de los partidos opositores.

Y pareció por un momento que podrían hacerlo por la ausencia de una legisladora de Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, al final, el intento se frustró en un par de ocasiones.Y este hecho tiene un significado político relevante porque anticipa cuál podría ser la dinámica del Congreso en los próximos meses.

Además de la falla en lograr el extraordinario, el otro problema es la redacción del artículo clave de la ley, es decir, la pregunta que debe formularse para la consulta.

La pregunta planteada en la propuesta de ley es la siguiente:

“¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?”.

Pero resulta que el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional en la materia dice:

“Para efectos de la revocación de mandato a que hace referencia esta Constitución tanto a nivel federal como local, deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de confianza”.

Es decir, la ley no se corresponde con la Constitución. Por ello, legisladores de oposición ya señalaron que, de aprobarse la legislación en los términos propuestos por Morena, emprenderán una Acción de Inconstitucionalidad ante la Corte.

Este cuadro tan complicado y con los tiempos encima, porque se deben recabar poco menos de tres millones de firmas de ciudadanos entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, ha conducido a algunos a pensar, que no sería extraño que no hubiera esa consulta en 2022.

En el caso de Campeche, el TEPJF determinó, por una mayoría de 4 a 3, la procedencia del recuento, voto por voto y casilla por casilla, ante el hecho de que la cantidad de votos nulos superó el diferencial entre el primero y segundo lugar, lo que condujo a diversos magistrados a señalar que se está violando el principio de certeza.

Puede que se ratifique el triunfo de Layda Sansores, pero también cabe la posibilidad de pueda revertirse ese resultado.

Tal vez por esa razón, la semana que termina, el presidente de la República y diversos integrantes de su partido insistieron en que presentarán una reforma electoral que incluirá la terminación anticipada del mandato de todos los consejeros del INE y de todos los magistrados del TEPJF.

Para que esto suceda, sin embargo, se requiere justamente lo que no tiene: una mayoría calificada.

Y con el ambiente político como está, todo indica que ese deseo presidencial va a quedarse solo en eso, en deseo.