El presidente asegura que a pesar de que no lo quieran en otros países, la reforma al Poder Judicial va.

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este miércoles contra la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) luego de que diera su opinión sobre la reforma al Poder Judicial.

La DEA advirtió que el narcotráfico podría promover a sus propios jueces al plantearse su elección por la vía del voto.

En su conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que se toma en cuenta el punto de vista de la DEA; sin embargo, señaló que debe actuar con “prudencia” debido a que México es un país independiente.

“Con todo respeto quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos, quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros, es como si yo doy una opinión sobre porque no informan la ampliación de los plazos para juzgar a García Lunadespués de que llevan tanto tiempo dando largas, no me corresponde meterme en eso”, dijo.

Por lo que pidió a la agencia del gobierno estadounidenses ser “más respetuoso” en cuanto a las políticas de México.

“Entonces nada más que sean más prudentes, más respetuosos y lo decimos en buen plan, como cuates”, expresó.

Por su parte, López Obrador insistió en que la reforma busca garantizar un Poder Judicial más cercano a la gente y no afectarlo, agregó que los ciudadanos sí quieren participar para elegir a jueces, magistrados y ministros.

Estas son las principales propuestas de AMLO para reformar al Poder Judicial:

• Reducir el pleno de la Suprema Corte de 11 a 9 ministros y se reduce su periodo de 15 a 12 años.
• Se eliminan dos salas, por lo que la Corte solo sesionará en Pleno y sus sesiones deberán ser públicas.
• Eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros.
• Sus remuneraciones deben ajustarse al tope máximo para no ganar más que el Presidente.
• Sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial.
• Prohibición a la SCJN para la suspensión de leyes con efectos generales.
• Plazo máximo de 6 meses para resolver asuntos fiscales y un año para temas penales.
• Renovación de todos los cargos de ministros de la Corte en 2025.

Fuente: El Financiero