La condena al llamado «Superpolicía» es la evidencia perfecta de que en México el narcoestado es la única forma de gobierno.

Por Edel López Olán (Permanencias Voluntarias)

Más allá de su agradable comportamiento y su elocuencia, tiene la misma conducta violenta que ‘El Chapo’, sólo que se manifiesta diferente. Usted dice que respeta la ley. Estoy seguro de que si le pongo el polígrafo enfrente usted lo va a pasar, porque usted mismo se ha creído su historia. Pero es una de sus dos caras. Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante… pero su conducta es la misma que la de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

Juez Brian M. Cogan a Genaro García Luna al momento de dictar su setencia

La «Guerra de Calderon» marcó un antes y un después en la vida política y social de México. Desde la presidencia se dijo «Hasta aquí» al crimen organizado comenzando con un desfile de militares en Michoacán terminando con la lamentable cifra de más de 100, 000 desaparecidos a lo largo y ancho de todo el país, una cifra escalofriante para un país que, en teoría, no se encuentra en un conflicto bélico como Rusia o La Franja de Gaza.

Pero por debajo de esa parafernalia balística y el sonido de las balas, se vivía una guerra oscura de diferentes matices, que manchaban al estado mexicano y sentaban las bases de las conexiones entre el gobierno, el crimen y los negocios al cobijo del poder. Felipe Calderon colocaba sus piezas, y el poder corruptor del dinero las suyas, mientras, los mexicanos sorteábamos cabezas en cada plaza del país, cuerpos desmembrados en todas las noticias y un completo estado de sitio que solo los de abajo viven mientras los de arriba hacen negocio.

Genaro García Luna fue el responsable de crear la estrategia para combatir al crimen en el sexenio de Felipe Calderon. El «Superpolicía» fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública  y también desempeñó cargos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Procuraduría General de la República. Su posición lo hacía un hombre poderoso, incluso más que el mismo presidente, que siempre fingió demencia sobre sus nexos con el narco, pero qué, ante el peso de las evidencias, hoy se convierte en nexo más entre el crimen organizado y sus tentáculos en las más altas esferas de la política mexicana.

Al separarse de su cargo y ante la evidente falta de acción por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, Estados Unidos puso sus cartas en acción y comenzo por su parte una investigación al ex secretario hasta qué, el 9 de diciembre del 2019 fue detenido en Texas, marcando una largo camino en tribunales.

De una forma paradójica, el juicio de García Luna comenzaba a la par de la condena a cadena perpétua del mismo hombre que el «intento» atrapar en varias ocasiones: Joaquín «El Chapo» Guzman, uno de los hombres más peligrosos de la historia y uno de los mayores narcotraficantes del mundo después de Pablo Escobar.

Del proceso al narcotraficante, García Luna salió a relucir en varias ocasiones en declaraciones de testigos protegidos y conversaciones entre gente del cartel y mismo García Luna.

Un exmiembro del cartel de Sinaloa declaró que se había encargado de entregar maletas a García Luna con al menos US$6 millones en efectivo en 2005, 2006 y 2007. Los fiscales alegaron que aceptó el dinero para facilitar la entrada de toneladas de cocaína que el cartel de Guzmán introdujo en EE.UU. entre 2001 y 2012. Garcia Luna acordó no interferir en los envíos de droga, mientras qué, en un negocio asqueroso le revelaba información a los traficantes sobre operaciones de control, usaba los recursos del estado para ayudar a eliminar a miembros de carteles rivales y colocaba a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder, donde, según declaraciones del mismo Guzmán, García Luna se convirtió en miembro de la organización desde enero 2001.

El hombre que debía dedicarse a combatir este enorme cáncer del crimen en México, enfrentó en todo su juicio cinco cargos: tres por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia continuada a organización criminal y otro por emitir declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la ciudadanía de ese país en 2018.

Fue desde ese puesto que García Luna impulsó la «guerra contra el narco» que incluía la participación del ejército y que, según algunas estimaciones, dejó más de 250.000 muertos en México.

El caso se ha cerrado y con ello, el gobierno de México ha quedado de nuevo en ridículo ante un rival que evidentemente lo excede en armas, coordinación, corrupción y ejecución: El Crimen Organizado.

Al principio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la cobija del ejecutivo tuvo una extensión muy interesante. El presidente que se dedico a vociferar sobre cómo el ejército era el enemigo a vencer, pero a su llegada a la presidencia abrazó al mismo ejército en medio de la sorpresa de muchos (incluso sus detractores) y comenzaba a tejer sus hilos en toda esta trama del «Yo no se nada»

En 2018, después de su aplastante victoria en las urnas, Andrés Manuel López Obrador, realizaba uno de los primeros actos como presidente, ahí, en Badiraguato, la tierra de «El Chapo» Guzman. Ahí, se vivió uno de los momentos más extraños que han podido ocurrir en la historia de cualquier país: El presidente en funciones se baja de una camioneta oficial a saludar a la madre de uno de los narcotraficantes más sanguinarios de la historia.

Y, aquí, de nuevo, comienza una nueva historia de corrupción en alta escala.

En 17 de octubre del 2019, ahora de manos de los morenistas, comenzaba la famosa y nada efectiva campaña de «Abrazos no balazos» de la Cuarta Transformación. El “Culiacanazo” fue un intento fallido del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la detención de Ovidio Guzmán López, hijo menor de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera. La detención desencadenó enfrentamientos violentos y quema de vehículos por parte de presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en el estado para forzar a las fuerzas armadas a liberar al hijo de «El Chapo», mismo que fue liberado por el mismo presidente, alegando qué: «Era por el bien del pueblo»

El 15 de octubre del 2020, Salvador Cienfuegos, fue detenido al momento de llegar a Estados Unidos. El Departamento de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) detuvo a el Secretario de Defensa y el Departamento de Justicia de EE.UU. informó que Cienfuegos Zepeda, identificado como «El Padrino», enfrentaba cuatrocargos relacionados con el tráfico de drogas.

Otro golpe al estado mexicano, ahora, de manos de unos expertos en corrupción y malos manejos: Los priistas y también morenistas.

El mandato de Cienfuegos fue marcado por la comisión de recurrentes violaciones graves de derechos humanos por el Ejército (situación, desde luego, también vigente antes de su nombramiento). Cienfuegos era conocido por defender la actuación de los elementos militares ante denuncias de abusos graves, como ocurrió en el caso de las personas ejecutadas extrajudicialmente en Tlatlaya; hasta impidió que integrantes del GIEI (grupo de personas expertas nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) entrevistaran a soldados en el caso Ayotzinapa.

Y ante la detención, el gobierno de México liderado por Andrés Manuel López Obrador, se esforzó para evitar que Cienfuegos fuera enjuiciado en EE. UU, donde,  en un proceso sin precedentes, México buscó el regreso de Cienfuegos expulsando a agentes de la DEA del país por sus intenciones golpistas, según el mandatario, de forma interna en el país.

El gobierno de López Obrador sostenía que las autoridades estadounidenses habían actuado indebidamente y que debían haber informado previamente a México sobre la investigación penal.

El Departamento de Justicia estadounidense desestimo los cargos penales contra Cienfuegos, “para que pueda ser investigado” en México. Así, Cienfuegos regresó a México en noviembre. A la luz del conocido contexto de falta de rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas (sobre todo tratándose de altos mandos), diversas personas expertas advirtieron que, con el regreso del general a territorio mexicano, quedaría descartada la posibilidad de una investigación imparcial y diligente y así fue, la FGR no ejerció ninguna acción contra el general y en 2021 fue liberado de todo cargo y fue condecorado por el mismo López Obrador por su labor y servicio al país.

Los actores de esta trama, y drama, siguen tocando las esferas más altas de la vida pública de un país donde el dinero lo es todo.

De acuerdo a una investigación realizada entre 2010 y 2011 por el Departamento de Justicia de EE.UU., el Cartel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Durante la indagatoria la Fiscalía elaboró reportes confidenciales y obtuvo grabaciones de audio donde testigos del Cartel de Sinaloa y del círculo cercano de AMLO participaron directamente en la entrega, recepción y canalización del dinero confirman que hubo el financiamiento ilícito. Estados Unidos admitió dichas investigaciones, y México solo se dedicaba a observar mientras el fantasma de García Luna rondaba los pasillos de Palacio Nacional.

Y es que, según testigos, por parte del Cartel de Sinaloa el principal responsable de hacer las negociaciones fue el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal alias «La Barbie” uno de los principales socios de Arturo Beltrán Leyva. Roberto Acosta Islas alias «El R”, uno de los lugartenientes de «El Barbas” y encargado financiero. Y Roberto López Nájera, operador de los Beltrán Leyva, responsable del pago de sobornos del cartel a autoridades en México.

Por parte del equipo de AMLO, los responsables de recibir el dinero y canalizarlo a la campaña fueron dos personas muy cercanas al presidente: Nicolás Mollinedo, mejor conocido como Nico, quien era entonces el inseparable chofer AMLO. Nico trabajaba cercano a López Obrador desde el año 2000 hasta el 2014. El chofer saltó a la fama por ser el conductor del Tsuru blanco en el que López Obrador siempre se transportaba cuando fue jefe de gobierno de la CDMX.

Las investigaciones y pruebas que se han presentado del financiamiento de AMLO y la ahora presidenta Claudia Sheinbaum siguen creciendo ante una falta total de transparencia en los gastos de campaña y la urgencia por parte de los gobiernos morenistas para eliminar los organismos dedicados a la transparencia y el acceso a la información, algo muy extraño en un país que anhela democracia, justicia y sobre todo, cambios estructurales en toda la corrupción del gobierno.

Efectivamente, Genaro García Luna es una pieza clave en todo este entramado de corrupción, ¿Por qué?, por que hoy se pone en evidencia que el estado mexicano, desde el presidente, está corrompido sin importar el color del partido en el poder.

México es un narcoestado, donde desde hace muchos años el crimen controla la vida pública, económica y política de un país que observa como ahora «Los Chapitos» (sí, esos mismos que liberó AMLO) secuestraron al Ismael «El Mayo» Zambada mientras el gobierno negocia su libertad en medio de toda la retórica de un presidente que se dice moral, pero que está al mismo nivel de García Luna: Un hombre con todo el poder y con toda la corrupción a cuestas.

Y aquí comienza un nuevo capítulo de corrupción.

Pero, como bien lo dijo el juez Cogan, AMLO al igual que Luna se creen la historia de que viven en el país del «yo no sé nada»

Y eso, eso es muy pinche lamentable.

Hasta la próxima.