A pesar de que existe una tendencia para proteger a las víctimas de acoso, en México, esta tendencia se ve truncada porla gran pared de las influencias y el poder.
Por Juan Manuel Herrera Sosa (Doctor en derecho, profesor en de la Universidad Anáhuac Xalapa, Universidad Veracruzana y Colegio de Veracruz)
Hacia finales del año pasado, como abogado, llegó a mis manos un caso que me marcó profundamente. Una trabajadora del Poder Judicial del Estado de Veracruz, madre soltera y único sostén de su hija, estaba siendo acosada por su jefe inmediato. Un funcionario con fuertes vínculos con la anterior administración estatal. Ella, consciente de su situación económica y laboral, hacía lo posible por “capotear” la situación, resistir sin perder su empleo, en un entorno que se volvió cada vez más hostil.

Intenté ayudarla por la vía institucional. Contacté con la Unidad de Género del Poder Judicial, esperando sensibilidad, escucha y acción. La respuesta fue decepcionante: sin pruebas “no procedía” nada. Y cuando digo pruebas, me refiero a que prácticamente le exigían grabar el acoso, como si eso fuera posible sin exponerse aún más. Era evidente que lo que se esperaba de ella no era justicia, sino silencio.
Persistí. Busqué que el Consejo de la Judicatura recibiera una queja formal. Ahí el sistema terminó de revelar su rostro más crudo. No quisieron aceptarla. El argumento no fue jurídico ni procesal; simplemente, el acusado era “muy bien relacionado”. A cambio, ofrecieron hablar con él y “pedirle” que dejara de acosarla. Y lo más indignante, pretendieron que les agradeciera por ahorrarme “un trámite tortuoso”.
Todo este caso revela el fracaso institucional de fondo. No se trata solo de una omisión aislada, sino de un patrón en el que se protege a los agresores cuando tienen poder, y se deja indefensas a las víctimas. Un sistema que debería garantizar justicia, termina por ser cómplice de los abusos. Y es que, cuando la disciplina judicial depende de favores, jerarquías y relaciones personales, la legalidad queda en último plano.
La creación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Veracruz representa una oportunidad única para corregir este rumbo. No puede ni debe nacer como un órgano decorativo o de simulación. Tiene que ser un verdadero contrapeso interno, capaz de investigar, sancionar y proteger sin importar rangos, relaciones o lealtades políticas.
Por eso, quienes lo integren deben tener independencia total. No deben estar ligados a grupos de poder al interior, ni tener compromisos con intereses que distorsionen su actuación. Necesitamos perfiles con firmeza, sensibilidad y valentía. Que entiendan que detrás de cada expediente hay vidas reales, personas que merecen ser escuchadas, respetadas y defendidas.
La ley ya existe. El artículo 1º de nuestra Constitución Federal obliga a prevenir, investigar y sancionar violaciones a derechos humanos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también establece responsabilidades claras para las autoridades, especialmente frente a casos de violencia laboral y de género. Lo que ha fallado no son las normas, sino la voluntad de aplicarlas con integridad.
No podemos seguir aceptando que el acoso se normalice y se silencie por conveniencia política. Que la protección institucional dependa de a quién conoces. Que la justicia sirva a unos pocos y le dé la espalda a quienes más la necesitan. Eso no es justicia, es complicidad.
Este caso me reafirma en una convicción profunda: el nuevo Tribunal necesita perfiles con experiencia jurídica, compromiso ético y sobre todo, independencia real. Yo represento ese perfil. No por ambición personal, sino porque he estado del lado de las víctimas, porque no le debo favores a nadie y porque creo, profundamente, que la justicia no se defiende con discursos, sino con acciones firmes.
Porque cuando el sistema falla, no basta con señalarlo, hay que transformarlo desde adentro. Y para eso se necesita carácter, técnica y convicción. Eso es justo lo que ofrezco.


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