La Corte Suprema de El Salvador reconoció que los procesos de excepción han ido en contra de los Derechos Humanos.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador reconoció el uso del régimen de excepción, la medida más radical contra las pandillas, en procesos judiciales contra dos críticos del Gobierno de Nayib Bukele. Así lo revelan dos medidas cautelares emitidas la semana pasada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la defensora Ruth López y el abogado Enrique Anaya, detenidos entre mayo y junio de este año.

Tanto López como Anaya fueron acusados de delitos sin ningún vínculo con las pandillas. López es acusada de enriquecimiento ilícito, mientras fue empleada pública del Tribunal Supremo Electoral entre 2014 y 2019, mientras que Anaya es acusado también de enriquecimiento ilícito, un delito presuntamente cometido entre 2015 y 2024.

El régimen de excepción es una medida radical contemplada en la Constitución salvadoreña en caso de guerra, calamidad o perturbaciones al orden público y fue aprobado por la asamblea bajo el control de Bukele a finales de marzo de 2022, luego de que las pandillas organizaran la matanza de 87 personas en un fin de semana.

La medida limita los derechos constitucionales a la libre asociación, la legítima defensa, la inviolabilidad de las comunicaciones y el plazo máximo de 72 horas en prisión preventiva para cualquier detenido antes de ser presentado ante un juez. El Gobierno de Bukele lleva más de tres años renovando la medida con el argumento único de perseguir a pandilleros prófugos de la justicia. Sin embargo, desde su inicio, diversos organismos han denunciado su uso con fines políticos.

Las dos resoluciones de la CIDH fueron emitidas el pasado 22 de septiembre a favor de López y Anaya, luego de considerar que sus vidas se encuentran en “grave riesgo”. Ambas resoluciones revelan detalles de la comunicación del organismo con los demandantes y los defensores.

En ambos casos, las organizaciones de derechos humanos demandantes aseguran que los detenidos están siendo víctimas de posible desaparición forzada, ya que desconocen su paradero y no les permiten tener contacto con sus abogados defensores ni con su familia.

Los demandantes, además, sostuvieron que el plazo de 72 horas para ser presentados ante un juez fue excedido por las autoridades, ya que ambos pasaron 15 días sin ser presentados ante un juez.

Fuente: El País