¿Cuánta responsabilidad tiene el gobierno de México en el asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo?

Por Edel López Olán (Permanencias Voluntarias)

La muerte de Carlos Manzo marca un nuevo hito en la historia de este México violento, pero… ¿Por qué su muerte es diferente a los otros políticos que han ejecutado en el país? 

De 2018 al 2024 se han registrado 1808 amenazas, asesinatos, atentados, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que desempeñan actividades en el ámbito político y gubernamental. Parte de esta violencia también se ha dado contra instalaciones de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada y que ocurren antes, durante y después de procesos electorales. La violencia política en México se ha convertido en una herramienta del crimen organizado y grupos antagónicos para influir en la vida pública de estados y municipios donde, desde el financiamiento ilícito o la extorsión, las empresas criminales colocan en puestos estratégicos a personas que les permitan controlar todo, desde el mercado hasta el trasiego de droga, convirtiendo al crimen organizado en parte del sistema gubernamental. 

Y si nos vamos a las cifras, sí, esas que le gustan tanto a la cuarta transformación, 2023 es el año que más ataques a personajes políticos hubo en México con 574, siendo hasta ahora el año con más víctimas de violencia político-criminal y lo marcó como un punto crítico para lo que hoy se considera un fenómeno complejo y que ya está alcanzando escalas fuera de proporción y que tienen una sola constante: La impunidad. 

En 2024, 19 precandidatas y candidatas han sido ejecutados y 10 presidentes municipales fueron ejecutados. Este problema, como todo lo que pasa en México, es un complejo entramado que no puede atribuirse solo al factor de violencia por el crimen organizado sino a la debilidad de las instituciones, corrupción y conflictos político-sociales, que se entrelazan con luchas de poder, impunidad, pobreza, desigualdad social, manipulación ideológica.   

En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), se documentaron al menos 4 asesinatos de personajes políticos, durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), la cifra escaló a alrededor de 31 casos, con Enrique Peña Nieto (2012-2018), se reportaron cerca de 39 homicidios, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), los registros indican al menos 17 asesinatos de alcaldes en funciones, aunque algunas fuentes incluyen hasta 60 si se suman regidores y exfuncionarios.  En contraste, el actual sexenio de Claudia Sheinbaum (2024-2030) muestra una tendencia alarmante: en solo un año, desde octubre de 2024 hasta noviembre de 2025, ya se han registrado 10 asesinatos, lo que implica un promedio provisional de 10 por año, superando con creces los ritmos anteriores y que, si sigue esa tendencia, podríamos terminar con más de 50 políticos asesinados a diferentes niveles de gobierno. 

En 2024, en Chilpancingo, Guerrero, el país se detuvo al ver una cabeza sobre el toldo de un auto con un mensaje del narcotráfico y un cuerpo inerte desmembrado en el asiento del copiloto. La víctima era Alejandro Arcos, presidente municipal de Chilpancingo solo con 6 días de haber tomado el cargo y días después de que fueron asesinados dos de sus colaboradores más cercanos, el país obviamente entró en shock, la prensa nacional e internacional hablaban del tema, pero, como todo lo que pasa en México, el tiempo difumina a los muertos, o simplemente otro muerto tome el lugar del horror anterior. 

Pero, con el asesinato de Carlos Manzo, todo cambio. 

Para los detractores, el reflector que se le está dando al presidente municipal de Uruapan es demasiado. Para otros más, solo fue un hombre que se metía donde no debía y para la gran mayoría fue un hombre valiente que desarrollo durante toda su carrera una imagen de ser un político diferente a los que solo atienden desde una oficina y se toman fotos para el like, Manzo, decidió tomas las armas en una región donde el crimen y el poder político y criminal no pueden diferenciarse. 

Michoacán ha sido un punto de inflexión para la llamada “Guerra contra el narco” 18 años y 22 mil personas asesinadas en la región es el saldo de un estado que se tiñe de sangre y promesas incumplidas. Este territorio en la costa occidental de México es uno de los principales puntos de producción y distribución de drogas, en especial las metanfetaminas y otras sustancias sintéticas, aunque en los últimos años han proliferado la extorsión, el cobro de piso y los secuestros. 

Pero eso tenía que cambiar, y Carlos Manzo desde el primer día tomo su chaleco antibalas, su sombrero y un pequeño contingente de personas que fueron con él en una lucha en contra del crimen organizado armado con algo más poderoso bajo el hombro: Una cámara. 

Desde los inicios de su campaña, Carlos Manzo se caracterizó por hablar duro y fuerte contra el crimen organizado. En mayo, en un video que apareció en sus redes sociales le dio instrucciones a su policía municipal que: “Delincuente que topen armado o se resista a ser detenido y agreda a la ciudadanía, hay que abatirlos” las declaraciones golpearon hondo en la opinión pública, pero: ¿Por qué no?  

Corría el año de 2013 cuando un numeroso grupo de hombres armados apareció en la región de Tierra Caliente en Michoacán declarándole la Guerra al Crimen organizado. Rancheros, sometidos por los Caballeros Templarios, ocuparon el mismo principio de Carlos Manzo: Abatir a los delincuentes. 

Entonces, no es un problema menor lo que existe en Michoacán, las autodefensas se convirtieron el referente del hartazgo social y Carlos Manzo se convirtió en ese político que le dio voz a ese movimiento, pero ahora desde la estructura política que trata de soportar los ataques del crimen, de la corrupción, la indiferencia y la falta de prioridades del gobierno federal. 

En muchas ocasiones, en medios públicos y sus redes sociales, Carlos Manzo solicitó ayuda, misma que solo llegaba a cuentagotas. Al momento de su muerte, recirculó una publicación de Facebook en la que pedía a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, «que no dejen solo a Uruapan en el combate de los delitos federales que le corresponde a la Federación atender». 

En su mensaje, Manzo criticaba que se hubiera retirado a 200 elementos de la guardia nacional del municipio: «Esta decisión deja a Uruapan en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado», señaló hace menos de un mes. 

La realidad que planteaba el alcalde de Uruapan ante la indiferencia del gobierno es lacerante, y para muestras tenemos muchos ejemplos, uno de ellos es el caso de Evangelina Contreras Ceja, madre de una joven desaparecida y de un hijo asesinado en Michoacán, ella, integrante del Colectivo de la Costa y Feminicidios de Michoacán asegura que el problema de la violencia en el estado es tan grave que le ha tocado ver a familias salir corriendo en la madrugada con lo que tienen solo en la bolsa, sin pertenencias ni nada, y otros más que, con llanto en los ojos, deben quedarse por la falta de recursos.  

Michoacán, es el epicentro de la disputa entre carteles, en parte por su riqueza agrícola. Allí recientemente se encontró otro centro de reclutamiento del narco. También, Michoacán se trata de una sociedad con una larga tradición de resistencia y movilización y el epicentro de una nueva estrategia de seguridad pública del gobierno federal que ya se le está acabando la tela del argumento de los gobiernos anteriores para encontrar un resquicio de esperanza para curar sus culpas 

Unas semanas antes del asesinato del presidente municipal, fue asesinado Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero que estaba decido a plantarse de frente al crimen organizado y comenzó una lucha para que los productores ya no tuvieran que pagarle al crimen organizado por las ventas de limón en la región, que dejaba a los agricultores con márgenes de ganancia mínimos y una vida de pesadilla pensando en quien sería el siguiente. 

Esa violencia que el combatía lo asesino. Esa misma violencia sigue creciendo como un cáncer. 

Carlos Manzo no estaba equivocado, a Michoacán lo han dejado solo y solo van a apagar los incendios. No se ha creado una estrategia para salvaguardar a los ciudadanos como lo ha intentado decir la Cuarta Transformación, Michoacán y el país están en llamas y nadie quiere hacerse responsable de apagarlo. 

Pero, en una semana será una muerte más, Manzo se convirtió en una rayita más de los 18,407 homicidios que van en el año. Una muerte que cala honda no solo porque fue ultimado a balazos mofándose de lo que él siempre combatió, su muerte sirvió a todos los mexicanos para percatarnos que, en la omisión de responsabilidades, también fue el estado, y eso, eso es muy pinche lamentable.