El ex responsable de la garita en Ciudad Juárez, donde murieron migrantes quemados vivos, tomará un cargo en la SEP

 Ante la reciente asignación de un cargo directivo en la Secretaría de Educación Pública (SEP) al excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, las organizaciones que representan a familiares de las 30 víctimas mortales y sobrevivientes del incendio en una estancia temporal en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el 27 de marzo de 2023, recordaron que el funcionario “continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público”. 

Tras condenar el nombramiento de Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP, organizaciones como el Instituto de Mujeres en Migración (Imumi) y la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho (FJEDD) consideraron en redes sociales que esta situación “envía un mensaje alarmante sobre la falta de compromiso del Gobierno de México con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas”.  

Las organizaciones lamentaron que el titular de la SEP, Mario Delgado, haya justificado el nombramiento de Garduño al considerarlo “funcionario ejemplar”, cuando el proceso en su contra por el incendio de la estancia migratoria continúa.  

Las organizaciones que defienden a las víctimas del incendio consideraron que el nombramiento “responde más a una lógica de protección política que a criterios de idoneidad y profesionalismo”. 

Explicaron que “resulta especialmente grave” que el nombramiento de Garduño Yáñez se dé sin que el funcionario tenga “una trayectoria o experiencia acreditable en el ámbito educativo”, por lo que esta designación debilita “la confianza ciudadana en las instituciones públicas”. 

“Recibimos este nombramiento con indignación”, comentaron las organizaciones en sus redes sociales, al resaltar que, para las víctimas y sus familias, “esta decisión puede interpretarse como un premio inmerecido que profundiza la impunidad y normaliza el olvido institucional frente a una tragedia que costó 40 y vidas y 42 con secuelas de por vida”. 

En su posicionamiento en redes sociales, Imumi y la FJEDD sentenciaron que “la justicia no puede ser sustituida por cargos públicos ni eludir responsabilidades pendientes”. 

El 26 de septiembre pasado, Garduño Yáñez ofreció una disculpa pública, a lo que las organizaciones sociales alertaron que no significaba el fin del proceso judicial en su contra.  

“La disculpa pública no debe interpretarse como una exoneración de responsabilidades ni como un acto de arrepentimiento de Francisco G.Y., debe verse como un primer paso simbólico en el proceso de reparación integral del daño a las víctimas y sus familias. No resuelve las demandas de justicia ni garantiza que hechos similares no se repitan”, sentenciaron en un comunicado las organizaciones que representan a familiares de las víctimas mortales y a sobrevivientes del incendio, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa, además de las anteriormente mencionadas.  

Fuente: El Universal