A un mes de la tragedia del Tren Interocecánico, el gobierno no le dan visibilidad a las víctimas

En San Pedro Comitancillo, las calles están semivacías; dos hombres de la tercera edad charlan sentados en una banca, la plaza frente al Palacio Municipal y la antigua iglesia blanca están desoladas.

De este municipio, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, son originarias Elena Solorza Cruz, una niña de seis años, y su abuela Hilda Alcántara Alvarado; ambas fallecieron en el descarrilamiento del Tren Interoceánico. En el accidente también murieron otras 12 personas y más de 100 resultaron con lesiones.

En Santiago Laollaga, una abogada sobreviviente que viajaba en el tercer vagón de pasajeros, en compañía de su hijo, expresó que estaba a la espera de una respuesta por parte de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, y sólo a partir de eso podría dar una declaración.

En Matías Romero Avendaño vive uno de los maquinistas que son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) como probables responsables del descarrilamiento del tren. “Ni con nosotros quieren hablar”, afirman dirigentes del sindicato ferrocarrilero.

De acuerdo con las autoridades municipales de San Pedro Comitancillo —que omiten su nombre por miedo a represalias—, la actitud de las víctimas y sus familias cambió a partir del condicionamiento impuesto por la Secretaría de Marina y por funcionarios de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas.

Por ejemplo, aseguran, uno de los hijos de Hilda Alcántara decidió no volver a dar una entrevista tras recibir una llamada por parte de funcionarios del gobierno federal, y por temor a verse afectado en el proceso de indemnización.

Carlos Beas Torres, coordinador de la Unión de Comunidades Indígena de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), señala que se trata de un “silencio impuesto”, “un silencio condicionado”.

Menciona que lo mismo ocurrió cuando se descarriló el ferrocarril el 19 de febrero de 2022 entre las poblaciones de Sarabia y Palomares, en inmediaciones de Matías Romero Avendaño; entonces no hubo muertos ni heridos.

Según Carlos Beas, también trataron de ocultar este descarrilamiento, pero tuvieron que dar información cuando pobladores difundieron videos en redes sociales.

Juan Manuel Iglesias López es el único que no calla. Él y su familia son sobrevivientes y decidieron presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones contra las empresas Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrrotools, las principales contratistas del Tren Interoceánico. Asegura que al principio trataron de amedrentarlo para no presentar la denuncia.

Fuente: El Universal