A pesar de la retórica del Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum, el estado mexicano hoy vive una expresión de violencia que ya excede los límites de la realidad.

Por Edel López Olán (Permanencias Voluntarias)

 “La familia no mata por paga. No mata mujeres, no mata inocentes. Solo muere quien debe morir. Sépanlo toda la gente. Esto es justicia divina”.

Así rezaba el narcomensaje que dejaron más de una veintena de hombres encapuchados que entraron al bar «A la puerta del sol y sombra» en Uruapan, Michoacan el 17 de septiembre del 2006. Este evento marcó un antes y un después en esta nueva política de terror y violencia que tenemos en el país, donde hoy, a pesar de los eventos, el estado mexicano sigue debatiendo un concepto que todo el mundo conoce, define y vive, pero que el gobierno de México prefiere ignorar a conveniencia: El terrorismo.

Tres presidentes después, 250 mil muertos y 100 mil desaparecidos, el gobierno apenas empieza a entender que tenemos una emergencia nacional que debe ser atendida antes de que terceros tomen cartas en el asunto. Y es que ante la amenaza de Donald Trump de declarar a los cárteles de la droga como grupos terroristas, el gobierno mexicano se ha complicado solo la narrativa y trata de mutar el concepto de terrorismo para justificar (de una forma que no nos explicamos) la incursión del gobierno de los Estados Unidos en territorio nacional

¡OJO! En esta columna y en este medio jamás estaremos de acuerdo con una intervención armada extranjera en el país, sin embargo, es evidente que el Ejercito Mexicano y la Guardia Nacional no pueden (o no quieren) con la evidente organización de Cárteles de la Droga que ya los superan y se han colocado como el distribuidor más grande de estupefacientes de todo el mundo.

El terrorismo es la intimidación con un propósito: desestabilizar una región o un gobierno. El terror se utiliza para provocar que otros hagan cosas que de una manera habitual no harían. Según la INTERPOL,  los grupos terroristas incitan a personas de todo el mundo, sobre todoa a jóvenes, a dejar sus comunidades y viajar a zonas de conflicto. La manera de captar nuevos adeptos y radicalizarlos ha cambiado en muchas zonas del mundo, uilizando ahora mayor atención a los medios sociales y a otros canales digitales.

¿Les suena conocido?

Desde el comienzo de la «Guerra contra el Narco» los mexicanos se encuentran en un estado de alerta constante. Las crecientes olas de violencia en zonas que antes eran controladas por grupos criminales locales hoy se disputan amplios territorios por todo el país donde las demostraciones de violencia son cada vez más estructuradas y específicas.

Para los gobernantes es muy sencillo hablar de que no existe violencia en México cuando se viaja en un convoy de camionetas blindadas en medio de un enome operativo de seguridad. La forma en como se desprecia una realidad nacional, demuestra precisamente como el concepto de violencia que viven desde las oficinas de gobierno no tiene la misma definición cuando se transita por las calles del país.

El mexicano es resistente, históricamente hemos desarrollado una resistencia a enrolarnos en temas importantes por supervivencia mental.

Juan Manuel Quijada, médico psiquiatra y director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud del país en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no es una novedad que en las últimas décadas México ha padecido un aumento en los niveles de la violencia donde el término de la «normalización» se ocupa de una forma indescriminada para beneficio de solo un sector de la sociedad que evidentemente no trata con el problma de base. Muchas familias han sufrido por años situaciones violentas donde han normalizado todo, y ahora, ante la violencia externa, la forma de combatirla es ignorarla de tajo, en cierto sentido.

Después del ataque en Uruapan en 2006, la violencia en ciernes del país se activo como un avispero al ser golpeado. En el 2008, en plena celebración del 15 de septiembre, dos granadas de fragmentación explotaron en medio de la población civil en pleno centro histórico de la capital del estado. De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque fue ejecutado por una facción rival a la Familia Michoacana contra los cuales el gobierno mexicano libró una guerra desde diciembre de 2005.

El 25 de agosto del 2011 un grupo de entre 13 y 16 personas ​ causaron una masacre en el casino Royale, al poniente de la ciudad de Monterrey, al causar intencionalmente un incendio dejando al menos 52 personas muertas​ y 10 lesionados. Integrantes de «Los Zetas» se adjudicaron el ataque donde un mes después ​a las 5 de la tarde en medio de una de las zonas más concurridas de la ciudad de Boca del Río en Veracruz, el mismo cártel abandono 35 cuerpos a la vista de todos en medio la inoperatividad de un gobierno veracruzano que a la postre estaría vinculado con actividades delincuenciales en todo el territorio.

​Estas muestras de terror (Sí, por que es terror aunque el gobierno federal de Claudia Sheinbaum lo niegue) se han potencializado y han tomado formas más estructuradas para definir sus ataques en contra de la población y grupos antagonistas. El gobierno mexicano vive una nueva amenaza que no proviene de las entrañas de esta violencia sin sentido.

El brutal asesinato de dos ciudadanos estadounidenses cerca de Matamoros, Tamaulipas por individuos asociados con un cártel dío impulso para que Fiscales generales republicanos de 21 estados solicitaran al presidente Joe Biden y al secretario de Estado Antony Blinken que declaren a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, argumentando que los cárteles representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos más allá de sus actividades relacionadas con las drogas bajo la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el Departamento de Estado trabajando en conjunto con la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos se encuentran firmes en declarar a los cárteles mexicanos como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés).

Actualmente, hay más de 30 grupos de este tipo designados por el Departamento de Estado, pero ninguno opera únicamente como cárteles y persigue la violencia terrorista con fines ideológicos y políticos. Sin embargo, el uso de tácticas terroristas por parte de los cárteles mexicanos contra ciudadanos mexicanos y extranjeros, incluidos los ciudadanos estadounidenses, puede acercarlos a los criterios de designación bajo las autoridades del Departamento de Estado, lo que permitiría al gobierno de los Estados Unidos aplicar sanciones económicas y financieras adicionales, y también buscar apoyo material a los cargos de FTO que han sido efectivos en la era posterior al 9/11 contra grupos yihadistas y otras amenazas terroristas internacionales. Se podría presentar un caso convincente de que la actividad en la que están involucrados en ambos lados de la frontera parece ajustarse a una definición de terrorismo.

La designación abre todas las opciones para que Estados Unidos persiga a esos grupos tanto en el extranjero como en los Estados Unidos, donde, la persecución a los miembros de los cárteles podrían pasar desde ser acusado de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera en Estados Unidos o incluso si nunca ha viajado al extranjero pero ha dado 100 dólares a un cártel vía remota.

Esta determinación representaría una admisión tácita del gobierno estadounidense sobre la incapacidad del gobierno mexicano de combatir efectivamente al narcotráfico. Además, se seguirían sumando argumentos para hacer aún más profundo el prejuicio de México como un país violento e “ingobernable desde adentro”, algo que a la luz parece muy complicado para un gobierno mexicano que tiene, por ejemplo, a personajes encargados de la seguridad como Genaro García Luna enjuiciado en Estados Unidos o el General Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos y solicitado por México para extraditarlo, liberarlo y condecorarlo a pesar de las investigaciones que pesan en su contra por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Y mientras ese debate persiste en el ambito internacional, la Presidenta de México asegura que lo que pasa en México no es terrorismo.

“Y estos casos que planteas no se pueden catalogar de terrorismo, el terrorismo es otra cosa, lo explico aquí el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) y el general secretario (Ricardo Trevilla Trejo), pero sí son temas que nos ocupa y la secretaría de la Defensa tomado cartas en el asunto y lo sabe el gobernador”, dijo.

No es terrorismo que desde el mes de mayo, en la comunidad de El Caracol en Guerrero, cárteles de la droga lanzan bombas desde drones para ahuyentar a la población de tierras de cultivo y grupos rivales.

No es terrorismo que en México existan 526 narcobloqueos a las vías de comunicación afectando a regiones enteras como Sinaloa, Matamoros, Guanajuato y Ciudad Juárez.

No es terrorismo que una mujer tuvo que lanzarse a la carpeta asfáltica con su bebé en brazos por que un narcotraficante vacío gasolina a su carro y le prendió fuego para tapar una carretera.

No es terrorismo la muerte de 30 personas en el Caballo Blanco en Coatzacoalcos, 10 personas en el Bar Cantaritos en Querétaro, la ejecución de 16 jóvenes que celebraban su posada en Michoacán, las más de 2130 masacres que hubo en México en el sexenio pasado.

No es terrorismo la explosión de un coche bomba en Acambaro, frente a las instalaciones de la Guardia Nacional destruyendo casas de civiles a su paso.

Nada es terrorismo, según la visión absurda de dos países México: Uno donde gobierna la cuarta transformación en medio de un lago cristalino donde todo es paz, felicidad y bienestar; y el otro dónde nos gobierna el terror desde la violencia, el terror y la desesperación.

Y eso, eso es muy pinche lamentable.

Hasta la próxima.