Una de las ministras favoritas de la 4T demuestra que sí, el Poder Judicial sirve a intereses particulares del gobierno en turno

Por Edel López Olán (Permanencias Voluntarias)

El Poder Judicial en México ha sido el punto de partida de todos los debates en la escena nacional. La reorganización del poder a favor de la 4T se ha convertido prácticamente en el cántico de batalla de Andrés Manuel López Obrador desde que era candidato presidencial y obviamente, hoy, alinear todo a sus intereses ha sido fundamental para entender la fingida lucha por la democracia y la justicia del expresidente.

Y este estira y afloja legaloide, tenemos un personaje que es el retrato perfecto de la impunidad, tráfico de influencias y la cuarta formacion en general: Yasmín Esquivel.

Nacida en la ciudad de México y «egresada» (Sí, así entre comillas) de la Universidad Nacional Autónoma de México, la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha convertido en el mejor ejemplo del tráfico de influencias. Sí. Ese mismo que toda la vida (según él) prometió combatir el mismo Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Riobóo, el principal contratista de los gobiernos de AMLO, se embolsó la no despreciable cantidad de 277 milones de pesos en la rehabilitación de varias líneas del metro cuando el ex presidente fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Para las obras del segundo piso se le entregaron sin licitación 161 millones 948 mil pesos y entre 2014 y 2016 se le entregaron 79 millones de pesos en contratos directos por obras de rehabilitación y mantenimiento.

José María Riobóo, el contratista preferido de AMLO se convirtió en una pieza fundamental como enlace entre los grupos empresariales y el gobierno al inicio de la administración presidencial en 2018. Nombrado por el mismo Andrés Manuel, el empresario trato de mantener un perfil bajo al principio de la administración, pero el obvio enriquecimiento de la empresa a base de contratos directos y adjudicaciones, hicieron imposible el camino del empresario y el presidente juntos, así qué, era importante mantener un nexo entre los dos desde una posición de poder: A través de su esposa Yasmín Esquivel.

En 2019, la hoy ministra se propuso en una terna para crear un contrapeso desde el mismo Poder Judicial. Como el buen animal político que es, Andrés Manuel entendió que debía seguir manteniendo la fingida lucha a favor del pueblo, por lo tanto, colocaría a un representante de su lucha en el demonio de mil cabezas que él dibujo en la memoria de la gente y que, según él, combatía desde hace años: El Poder Judicial

Junto con Loretta Ortiz y Celia Maya García, ambas afines a la cuarta transformación, Yasmin Esquivel se «levantó» con el triunfo para servir a los intereses de AMLO…¡Perdón!… «Del pueblo de México»

Pero, esa impoluta y fingida imagen se desdibujaba ante la realidad de las acciones y los juicios.

A finales del 2022, la investigación de Guillermo Sheridan dirigió los ojos del país a la noticia de que Yasmín Esquivel era acusada de plagiar la tesis de licenciatura en Derecho de otro alumno, Édgar Ulises Báez, que finalizó sus estudios un año antes que ella, en 1986. El 26 de enero, la UNAM informó que convocó a Esquivel para que defendiera lo que la propia institución consideró una «copia sustancial», algo que fue ignorado por la ministra. Fue hasta el el 15 de febrero, cuando el rector de la UNAM informó que una persona asistió en su representación para presentar pruebas y argumentos de la ministra Esquivel, por el plagio de su tesis de licenciatura y especificó que el caso estaba en manos del Comité de Ética».

Y comenzó una serie de actos de corrupción y tráfico de influencias que ahora, de una forma interesante, no son cuestionados ni interrogados por la cuarta transformación.

En un movimiento sin precedente en la historia del país, Esquivel presentó una denuncia por plagio a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México argumentando que ella ya había empezado su tesis desde antes de que se registrara la otra tesis. La Fiscalía inició una carpeta de investigación del caso declarando el 4 de enero del 2023 que no era procedente a la acción penal debido a la «prescripción de los hechos».​

Y los datos, si esos duros, no los otros datos de las mañaneras, siguieron apareciendo al paso.

El 11 de enero de 2023, la FES Aragón informó que, según su criterio de evaluación de ambas tesis, la original fue aquella presentada en 1986 por la Facultad de Derecho, y por lo tanto, la presentada por Esquivel en 1987 es una «copia sustancial» de la anterior. También informó que la UNAM no cuenta con mecanismos para retirar un título universitario, pero que la resolución sería enviada a la Secretaría de Educación Pública misma que desestimo también el caso, todo esto mientras la catedrática Martha Rodríguez fue dada de baja de la UNAM ya que se observó, según el comité de ética, que existieron una gran cantidad de tesis que levantaban serias dudas sobre su actuar académico dentro de la institución.

El 24 de febrero en una investigación del diario español El País reportó haber encontrado otro caso de plagio realizado por la ministra Yasmín Esquivel en su tesis de doctorado, presentada en la Universidad Anáhuac en 2009. El reportaje señaló que casi la mitad de la tesis correspondía a texto copiado a una docena de autores de diversas nacionalidades, de nuevo, sin dar la cara, el abogado de Esquivel argumentó omisiones y olvidos en la redacción de la tesis doctoral.​

El 2 de marzo de 2023 la Universidad Complutense de España emitió un comunicado en el que señaló la imposibilidad de considerar a  Esquivel como una de sus doctoras ya que la ministro no habría sustentado en ella el trabajo que la acreditase como Doctora. ​

Ante las constantes presiones por todos lados y golpeando continuamente a AMLO en sus pretenciones de desarticular al Poder Judicial, paradójicamente el presidente utilizó al Poder Judicial como camorrero oficial del gobierno, algo que fue su argumento medular por muchos años.

El quinto tribunal Colegiado Federal en Materia administrativa ordenó a la UNAM frenar cualquier procedimiento que ponga en duda el título de la ministra. Ante el fallo la UNAM tacho de flagrante la interferencia a la autonomía de la universidad y su legislación, hecho que marco un hecho importante y un antes y un después en la «nueva historia» del Poder Judicial., ¿Por qué? porque ahora la Juez Flor de María Hernández Mijangos dictaminó que por un daño moral, tanto Enrique Grague, ex rector de la UNAM, Fernando Macedo Chagolla, Ex Director del FES Aragón deben pagar cada uno la cifra de 15 millones de pesos a la asesora de la tesis por supuesto daño moral.

Según reza el dictámen:

“Se declara judicialmente que los condenados Enrique Luis Graue Wiechers y Fernando Macedo Chagolla obraron ilícitamente con malicia efectiva al haber realizado públicamente en diversos medios informativos, manifestaciones dolosas carentes de veracidad e imparcialidad respecto a la actora, irrogando un daño moral al haber atacado su honor y reputación”,

¿Ilícitamente? ¿Y no es ilícito robarse una tesis? ¿No es ilícito ocupar el aparato del estado para cerrar casos de investigación? ¿No es ilícito (hablando de su esposo) las adjudicaciones directas? ¿No es ilícito el nepotismo? ¿No es ilícito el tráfico de influencias?

En respuesta profesores e investigadores de institutos, facultades y centros de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmaron una carta para manifestar su repudio al fallo de una jueza a favor de la ex profesora de esta casa de estudios, Martha Rodríguez Ortiz, quien fue la asesora de tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, y que señalada por plagio en un nuevo fuego abierto para una elección de jueces, magistrados y ministros en un país que sigue observando como la justicia solo es para los privilegiados, donde, por ejemplo, Ana, una mujer maya de 34 años, ha estado en prisión preventiva por más de una década sin recibir una sentencia. Fue arrestada a los 18 años y acusada de trata de personas, un delito que ella misma sufrió desde la infancia cuando sus hermanas y primas, fueron violadas y comercializadas por sus familires y que hoy, luchan por su liberación.

Si…¡Leyo usted bien!… ¡14 AÑOS!

El Centro de Reinserción Social femenil en Mérida es el lugar donde Ana ha pasado sus últimos años, separada del mundo exterior por muros de concreto y una historia que se ha perdido en la burocracia del sistema judicial, mientras, para la amiga de AMLO, todo, se solucionó en menos de dos años.

El caso de Ana es complicado y aunque su caso podría estar registrado en distintas categorías legales, ninguna refleja su verdadera condición de víctima, ya que, obligada a prostituirse, el sistema legal mexicano ve en ella una amenaza mayor, una amenaza a otros que, por ejemplo, investigar a otra mujer, esposa del amigo de un expresidente, que tomará decenas de decisiones importantes para el país llegando a un espacio sin merecerlo.

Y eso… eso es muy pinche lamentable.

Hasta la próxima.