Líderes evangélicos: ¿Beneficiados de López Obrador ?


Por Samuel Adam / Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)

El hijo del líder de iglesias evangélicas Confraternice, con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido varias reuniones y les ha encargado repartir por el país la cartilla moral, cobra como coordinador de los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar al mismo tiempo que es asesor jurídico de la asociación evangélica que dirige su padre, Arturo Farela.

Además de Josué Farelas Pacheco, hijo de Arturo Farela, al menos otro hijo de uno de los líderes de Confraternice, Ricardo Camarero Salcedo, y el pastor Roberto Vital Pineda, aparecen en la nómina de Servidores de la Nación.

Sueldo de Josué Farelas Pacheco como coordinador de Servidores de la Nación.

Sueldo de Josué Farelas Pacheco como coordinador de Servidores de la Nación.

Farelas Pacheco es coordinador regional del programa de Servidores de la Nación, aunque la página de la dependencia no especifica en qué zona del país.

Ricardo Camarero Salcedo, Pastor Rick, cobra como Servidor de la Nación.

Ricardo Camarero Salcedo, Pastor Rick, cobra como Servidor de la Nación.

En lo que va de esta administración, Farela padre se ha reunido o ha asistido a eventos públicos con el presidente López Obrador al menos seis veces. En dos de esas ocasiones, Farelas hijo aparece en las fotos con López Obrador y su padre, aunque no está claro si asiste en calidad de líder religioso o como funcionario público. El 29 de marzo estuvo también en la Consulta Nacional Jurídica y Fiscal para Iglesias y Asociaciones Religiosas a la que asistieron la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y los dirigentes de Confraternice.

En esa reunión Farelas Pacheco estuvo presente en calidad de asesor jurídico de Confraternice. Ahí, su padre le recordó a la secretaria Sánchez Cordero que en una reunión previa le había solicitado al presidente concesiones de radio y televisión para las iglesias evangélicas y este le había dicho que buscarían la forma de que las obtuvieran.

El portal de Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública tiene registrado a Josué Farelas en el apartado de “Servidores de la Nación”, con un sueldo bruto mensual de 73 mil 507 pesos.

Este es el sueldo que perciben los 259 coordinadores del programa para registrar a los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal, el salario más alto de entre los 18 mil servidores de la nación.

En sus redes sociales, Josué Farelas publica fotografías dando pláticas y evangelizando en diversos estados del país en eventos con los logos de Confraternice y de la iglesia Monte Sion. Entre uno y otro evento cristiano publica imágenes promocionando el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En las múltipres fotografías que ha publicado con funcionarios federales, también aparece el coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, Gabriel García, de quien dependen los servidores de la nación.

Según una nota del diario El Sol de México, Farelas Pacheco anunció en sus redes sociales que Confraternice habría acordado con el Instituto Nacional de Migración que los miembros de las iglesias de la asocación albergarían en sus casas a migrantes centroamericanos en el sur del país. El director del Inami, Francisco Garduño, confirmó al diario que el anuncio de Farelas Pacheco era cierto.

Farelas es licenciado en derecho por el Instituto de Desarrollo Jurídico en la Ciudad de México con cédula profesional de 2018, mismo año en que fue candidato a diputado federal de la circunscripción 4 de la Ciudad de México con el Partido Encuentro Social (PES). Además de Farelas Pacheco hay al menos otros dos miembros de Confraternice en la nómina de la Secretaría de Bienestar. Roberto José Vital Pineda, secretario nacional de Confraternice recibe un sueldo de 10 mil 217 pesos mensuales brutos como Servidor de la Nación.

Sueldo de Roberto Vital Pineda como servidor de la nación.

Sueldo de Roberto Vital Pineda como servidor de la nación. Vital Pineda es pastor de la iglesia Comunidad Cristiana Nueva Vida en la Ciudad de México y uno de veinte líderes evangélicos que se reunieron con López Obrador en Palacio Nacional el 27 de marzo. Ricardo Camarero Salcedo, hijo del tercer vicepresidente de Confraternice Ricardo Camarero Viniegra, también aparece en la nómina de la Secretaría de Bienestar con un sueldo bruto de 10 mil 217 pesos mensuales.

Sus padres, Camarero Viniegra y Maura Salcedo son los pastores y dirigentes de la Comunidad Cristiana Ministerios Ríos de Agua Viva, en Mexicali, Baja California. El hijo, Camarero Salcedo, también es pastor y en redes sociales se hace llamar Pastor Rick. En su cuenta de Facebook promueve lo mismo sus cursos de homilía que ofrece información sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que sería parte de sus funciones como Servidor de la Nación.

Camarero Viniegra y Vital Pineda fueron parte de los 20 líderes de Confraternice que se reunieron el 13 de marzo con el presidente de la República, ocho miembros de su gabinete y Arturo y Josué Farelas, como lo presume la organización en su página de internet.

La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) es una Asociación Civil creada por Arturo Farela en 1992 que agrupa a iglesias y a ministros de culto cristianos evangélicos.

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Penales en México: ¿A la baja?


Texto original por Arturo Angel (Animal político)

En los últimos cuatro años la sobrepoblación de las cárceles dejó de ser un común denominador en el país. Mientras que en 2014 había 24 estados con más internos que espacios disponibles en sus reclusorios locales, para 2019 la cifra se redujo a 11 estados con este problema.

Y en los centros penitenciarios federales, el porcentaje de ocupación disminuyó al punto en que hoy más de la mitad de sus espacios disponibles están libres.

Esta reducción coincide con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio que, como se publicó este lunes, eliminó la prisión preventiva automática en la mayoría de los delitos, lo que junto con otros factores contribuyó a que actualmente haya casi 60 mil personas en reclusión menos que hace cuatro años. Es una reducción de la cuarta parte de toda la población penitenciaria.

Los datos oficiales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) obtenidos por Animal Político vía transparencia muestran que, en 2014, en 3 de cada 4 estados existía un problema de sobrepoblación. En algunas entidades como el estado de México, Nayarit e Hidalgo, la población casi triplicaba los espacios disponibles, mientras que en otros como Ciudad de México se acercaba a casi el doble.

Para 2019, sin embargo, solo 11 los estados siguen reportando una población penitenciaria superior a la capacidad de sus reclusorios locales. Se trata de Nayarit, Quintana Roo, Jalisco, Puebla, Guerrero, Tabasco, Morelos, Hidalgo, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Entre los estados que registraron un mayor descenso en su población penitenciaria en este periodo se encuentra Colima, Chiapas y Sinaloa, con caídas de 40 a 60% en su número total de internos. En números absolutos la Ciudad de México es la entidad con la mayor reducción en cuanto a cantidad de internos: casi 15 mil menos.

Menos presuntos culpables… excepto en CDMX

En 2014, el 42%de los internos en el país eran personas que continuaban bajo proceso sin que se hubiera probado aun su culpabilidad, mientras que el 58% restante eran internos sentenciados. Para 2019 el porcentaje de internos de forma preventiva se redujo a un 38% respecto al total, mientras que el de reos sentenciados se elevó a 62%.

Esto confirma lo advertido por varios expertos respecto a que la disminución en el total de población penitenciaria obedece, en buena medida, a que se ha dificultado el someter a prisión preventiva a un mayor número de personas bajo el nuevo sistema, lo que ha disminuido el ingreso de presuntos culpables a las cárceles. Si a ello se suma la salida de personas que cumplen su sentencia, la consecuencia es una rápida disminución de la población carcelaria.

Al analizar esto a nivel estatal se confirma el fenómeno, aunque no en todos los casos.

Por ejemplo Colima, la entidad con la mayor caída de su población penitenciaria en este periodo: casi al 61% de todos sus internos. Ahí el número de reos sentenciados disminuyó 30.4%, mientras que la cantidad de presuntos culpables sin sentencia cayó 75.5%. Es decir, se trata de una reducción mucho mayor en el universo de personas en prisión preventiva.

En Chiapas, la segunda entidad con la mayor reducción de su población penitenciaria, la situación es más pareja: tanto el universo de internos sentenciados como el de procesados se reduco casi a la mitad. Pero en Sinaloa, el tercer estado con la mayor disminución, la proporción vuelve a ser como en Colima: los internos en prisión preventiva se redujeron 55%, mientras que los sentenciados 32.1%.

La excepción es la Ciudad de México. Aquí la cifra de reos sentenciados pasó de 33 mil 976 en 2014 a 21 mil 394 en 2019, lo que equivale a una caída de 43.2%. En tanto, la población de internos bajo proceso disminuyó de 5 mil 303 a 4 mil 276, apenas un 18%.

Si bien hay 11 estados que este 2019 aún continúan con sobrepoblación, en ocho de ellos disminuyó el problema. Uno de los casos más claros es Nayarit donde el porcentaje de hacinamiento pasó de 240% en 2014 a 170% en 2019.

Solo hay cinco estados del país donde el número de internos se incrementó en los últimos cinco años: Chihuahua, Durando, Estado de México (todos ellos con problemas de sobrepoblación) así como Guanajuato y Zacatecas.

Penales federales, ni a la mitad

A igual que ocurre en los penales estatales, la población en los centros penitenciarios federales ha disminuido de forma considerable. Mientras que en 2014 se reportaban 24 mil 776 internos en dichas cárceles de alta y máxima seguridad, para 2019 la cifra cayó 17 mil 668, lo que equivale a una reducción de casi el 30%.

Y de forma similar a lo que ocurre en los estados, la reducción de población en estos reclusorios federales se ha visto fuertemente impulsada por la salida de internos que son presuntos culpables sin sentencia. Dicho universo se redujo en un 43.2%. En tanto la cifra de internos sentenciados bajó 11.5%.

En los últimos años el gobierno invirtió en la ampliación de los espacios en las cárceles federales, incrementándose de 31 mil a más de 38 mil los lugares disponibles en los mismos.

Sin embargo con la disminución de la población en los reclusorios federales, hoy se advierte que están ocupados apenas en un 46%. Es decir, más de la mitad de los espacios en los penales federales están desocupados.

Despresurización, avance en derechos humanos

La doctora en Derecho por la Universidad de Stanford e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Catalina Pérez Correa, dijo que la despresurización del sistema penitenciario es un avance en varios rubros. Uno de ellos es el de la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos, sobretodo en el caso de las personas que sin sentencia eran enviadas a prisión.

“En términos de respeto a los derechos humanos, tener a las personas en las cárceles mexicanas constituye un riesgo, por la falta de servicio de salud, la violencia que ahí se vive, el desgobierno, la falta de trabajo, etc” dijo.

Pero Pérez Correa también advierte ventajas en términos económicos, ya que en buena medida había muchas personas que antes eran enviadas a prisión con una fianza que no podían cubrir, lo que significaba que estaban presas no por un tema de peligrosidad sino de falta de dinero. Ello, a su vez, originaba un costo de manutención para el Estado que era evitable.

“Además del costo económico que implica para el estado tener a estas personas en prisión, que seguramente supera el costo del daño económico que hayan ocasionado, hay que tomar en cuenta el costo social. Ese implica el costo para sus familias que muchas veces es devastador e implica la creación de nuevos factores de riesgo para la delincuencia. Para el sistema en cambio es mejor dirigir los recursos hacia los casos más relevantes y liberar recursos para mejorar las condiciones” señaló Pérez Correa.

Riesgo de retroceso y falta de regulación

En febrero pasado el Congreso de la Unión aprobó, con una mayoría calificada pero no unánime, una reforma al artículo 19 de la Constitución con el cual se incrementó de 6 a 18 el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática, incluyendo ilícitos como el robo en diversas modalidades o la portación de armas de grueso calibre.

Para la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, esta reforma podría provocar que la población penitenciaria comenzará a experimentar, otra vez, un crecimiento como resultado de un mayor ingreso de presuntos culpables a prisión. Situación que se agrava por la falta de regulación secundaria tras la aprobación de esta modificación.

“El pasado 12 de julio se venció en término que la propia reforma constitucional del artículo 19 fijaba para armonizar diversas leyes y particularmente el artículo 117 del Código Penal y regular el tema de la prisión automática. Y no se ha hecho. Si esto se queda así se puede desincentivar la obligación del Ministerio Público de hacer la investigación correspondiente para verificar si las personas en prisión preventiva cometieron o no un delito, lo que violenta la presunción de inocencia” dijo.

La legisladora criticó que el hecho de que algunos funcionarios, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, presuman el ingreso de mayor personas a prisión preventiva como un avance en seguridad. En este mismo sentido se expresaron diversos especialistas consultados en esta nota, los cuales advirtieron que es peligroso utilizar como indicador deficiencia el mayor encarcelamiento de personas.

La peste del sargazo: Un mal creciente


Texto original: Marú Ureste (Animal Político)

Jorge Reyes, restaurantero desde hace 30 años, cuando Playa Del Carmen aun era un puñado de casas de pescadores y no el emporio de cadenas hoteleras, condóminos, y centros comerciales que es hoy, cuenta que ha visto pasar todo tipo de desastres naturales por Cancún y la Riviera Maya.

El peor de todos, dice, fue el huracán Wilma, que hace casi 15 años barrió la Península de Yucatán dejando a su paso daños millonarios y la pérdida de miles de empleos en el sector turístico de Quintana Roo; estado mexicano que, en la actualidad, debe el 87% de su PIB y da trabajo a 450 mil personas gracias a la arena blanca y a las aguas azul turquesa de sus destinos más reconocidos a nivel mundial, como Cancún, Tulum, o Playa Del Carmen.

“El Wilma fue un desastre”, recuerda lacónico Jorge.

“Pero no se compara con el sargazo”.

El empresario lanza la sentencia mientras, a través de la ventana de su pequeña cantina de mariscos, una de las más antiguas de Playa Del Carmen, observa el agua sucia y espesa que llega a la orilla de la playa y está próxima al muelle desde donde parten los ferrys hacia la isla de Cozumel.

A continuación, para apoyar lo que acaba de decir, Jorge se levanta de la silla, sale a la terraza del restaurante, y señala hacia un montón de mesas que están vacías, a pesar de las generosas sombras que ofrecen unas palmeras.

“El aire apesta a sargazo”, murmura. A montañas de algas pardas y putrefactas que se acumulan en la orilla, y que el mar expulsa por toneladas para cambiar drásticamente la típica postal de playas paradisiacas por una enorme mancha de color café que se expande sin freno como una epidemia por hasta 32 países caribeños, incluyendo a México, debido al calentamiento global y a la contaminación sin freno de los océanos, entre otros factores.

Por eso su restaurante está vacío de turistas en plena temporada alta de vacaciones. Y por eso, desde 2015, cuando se produjo el primer gran arribo de sargazo a las costas del Caribe mexicano, su clientela ha ido subiendo y bajando drásticamente hasta este 2019; el año del ‘boom’ en el que, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, se proyecta recolectar hasta un millón de toneladas de esta alga maloliente; un 100% más que en 2018.

“Con esta peste, la gente llega y con las mismas se marcha a otro lugar”, dice Jorge, que explica que los turistas buscan alternativas en las zonas menos afectadas, principalmente en el norte de Quintana Roo, como Holbox, Isla Mujeres, Isla Contoy, Cancún, y también en varios puntos de Cozumel, la isla vecina.

Ahora, tras “una pésima” temporada de Semana Santa y un mal arranque de la de verano, Jorge asegura que no sabe cuánto tiempo más podrá soportar su negocio esta situación.

“El sargazo nos ha afectado más que el paso de un huracán. Cuando fue el Wilma, por ejemplo, nada más limpiamos y reparamos algunos daños, y a los tres días ya teníamos el restaurante lleno. Pero mira ahora cómo estamos”, concluye el empresario, que observa en silencio su terraza vacía de clientes.

Limpieza intensiva

Laura Beristain, alcaldesa de Solidaridad, que es donde se encuentra Playa Del Carmen, admitió en una entrevista el pasado 9 de julio con Radio Fórmula, que la llegada por toneladas de sargazo es “algo atípico” para el municipio y para Quintana Roo, ya que “nunca había llegado de esta manera tan inmensa”.

Una situación anormal que, como expuso el restaurantero Jorge, está teniendo impacto en el turismo: hasta la primera semana de julio, la ocupación hotelera en Playa Del Carmen era del 84.2%, cuando lo común en temporada alta es el lleno total, admitió la alcaldesa, quien resaltó que para contrarrestar esta situación están haciendo a diario labores de limpieza con barcazas y con barreras de contención, y organizando brigadas de limpieza.

Además, desde mediados de junio, el municipio contrató a una empresa privada para que limpie siete kilómetros de playas públicas en Playa Del Carmen. En cuanto a las playas privadas, que son la mayoría, los grupos hoteleros dueños de las concesiones son los que asumen las tareas de limpieza, mientras que la Secretaría de Marina se encarga de la limpieza en alta mar, que es de jurisdicción del Gobierno Federal.

Verónica Rivera es la bióloga de Grupo Arco, la compañía contratada por el municipio de Solidaridad. En un recorrido por la playa pública, desde el Muelle de Ultramar, a la altura de la Avenida Juárez de Playa Del Carmen, hasta la playa del recodo, junto a otro muelle, explica que han instalado varios kilómetros de barreras flotantes en el mar, para contener el arribo de las manchas de sargazo, y redireccionarlo hacia “puntos de extracción” en la orilla, donde llegan a sacar hasta 100 toneladas por día, con picos de 150 y hasta 200 toneladas.

La recolección se hace con sargaceras, que son embarcaciones especialmente acondicionadas para limpiar las algas, o bien, ya en la orilla, con brigadas de empleados que con palas y rastrillos las depositan en carretillas para su extracción final. Y en las zonas muy afectadas, utilizan pequeñas excavadoras Bobcat con las que evitan el uso de maquinaria pesada para no erosionar y contaminar aun más las playas.

“Hace tres semanas, en esta playa había montañas de dos metros de sargazo y el agua estaba café. Y en diez días logramos estabilizar la situación. Si te fijas, ahora casi no tenemos sargazo”, subraya la bióloga.

Pero, si bien es cierto que la limpieza intensiva comienza a dar resultados -en varias zonas la peste a sargazo se redujo, e incluso hay bañistas en algunos puntos de la playa pública-, también lo es que esas labores, paradójicamente, están afectando también al turismo.

De hecho, en el recorrido por la playa pública que este medio hizo el 3 de julio, fue testigo de escenas que rozan el surrealismo, como turistas esquivando a las brigadas de limpieza en su paseo matutino por la orilla, o pequeños grupos de personas tratando de descansar en tumbonas, mientras los ruidosos Bobcats quitan el sargazo a unos pasos de distancia.

“Ya no pasa ni un americano”

Illit, que lleva 12 años trabajando en un hotel boutique situado en primera línea de playa, comenta que con este panorama lo normal es que, si bien les va, den entre cuatro o cinco masajes al día, cuando antes de 2015 llegaban a dar hasta 50 a 18 dólares la hora. Por eso ya no abre su pequeño negocio a las nueve de la mañana, sino hasta la una de la tarde

“Por aquí ya no ves pasar a ni un solo americano, porque se espanta de tanta peste y de tanta gente trabajando con las palas y carretillas”, dice la masajista con los brazos cruzados y sentada en un camastro que está, literal, a un par de metros de una montaña de sargazo.

Ariel Jesús Caballero también es masajista y su situación es muy parecida. Vestido completamente de blanco, permanece solitario bajo una pequeña sombrilla, mientras una excavadora Bobcat se emplea a fondo en sacar montones de sargazo de la orilla del mar.

“Antes, toda esta playa estaba llena. Pero ahora ya no tenemos a quién ofrecerle masajes y por lo tanto no ganamos propinas, que es de lo que vivimos”, plantea Ariel, quien añade que el sargazo también ha afectado a otro sectores, como a los Tricicleros que llevan las maletas de los turistas hasta el muelle marítimo para cruzar a Cozumel, y sobre todo a los meseros, que ante la falta de clientes y de propinas están buscando otros empleos.

José Gómez Burgos, presidente de la Cooperativa Turística Mar Caribe, expone por su parte que “la epidemia” del sargazo también ha afectado a los dueños de embarcaciones turísticas.

“Del 100% del personal que trabajaba aquí con las embarcaciones, el 80% ha cambiado de ingresos. Es decir, están migrando; se van a municipios aledaños para conservar la chamba, o buscan otros empleo para tener mejores ingresos”, detalla.

Precisamente, José Gómez está en uno de los puntos de la playa pública más afectados y que se le conoce como ‘el recodo’; una pequeña bahía donde el sargazo se ha ido acumulando hasta convertirse en un pantano de aguas negras en el que una docena de lanchas y pequeñas embarcaciones chapotean en el lodo en espera de algún cliente, mientras las brigadas de limpieza trabajan a destajo.

“Esto es un cochinero, nunca habíamos tenido nuestra playa así”, espeta Gómez, quien critica que a pesar de “las cantidades estratosféricas” que gastó el gobierno federal pasado  en limpiar las playas -800 millones, según reveló el actual gobierno federal de López Obrador-, el sargazo continué acumulándose por toneladas en buena parte del estado y de Playa Del Carmen.

“Todos saldremos perdiendo”

La otra cara de la moneda, en cambio, puede apreciarse a unos cuantos kilómetros mar adentro, en Cozumel.

Allí, por la forma de la isla, y por las corrientes marinas y de aire, el sargazo tiende a acumularse en la parte este, desde Punta Molas hasta Punta Celarain, pasando por las playas Chen Río, San Martín, Bonita, Mezcalitos y Bush. Pero las zonas norte, sur, y oeste de la isla, permanecen limpias, desde Cozumel Norte y Centro, hasta El Cielo, Playa Mía, Palancar, y Chankanaab.

“En Cozumel tenemos dos frentes. De este lado, que está frente a Playa Del Carmen, la bahía nos protege y por eso las playas están limpias. Y eso nos ha beneficiado, porque el turismo de Playa Del Carmen se está viniendo para acá”, plante José Luis Álvarez, de la unión de taxistas de Cozumel.

Sin embargo, Álvarez se muestra preocupado por el continuo arribo de sargazo. De continuar así la situación, advierte, ni la fortuna de tener siempre un lado limpio les va a ayudar: “Si Playa Del Carmen sigue así de sucia, los turistas van a dejar de llegar. Y si no llegan a Playa, no tomarán el Ferry a Cozumel y, entonces, todos saldremos perdiendo”.

“Ni todos los días, ni en todas las playas, hay sargazo”: Turismo de Qroo

Ulises Gavia, director de Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat) de Solidaridad, recalca que la situación de unos pocos kilómetros de playas públicas en Playa Del Carmen no es representativa de los más de 80 kilómetros de playas del municipio. Por ejemplo, apunta que otros puntos con Punta Maroma, Playacar, y la zona hotelera que va hacia Cancún, están limpios de sargazo.

Marisol Vanegas, secretaria de Turismo de Quintana Roo, coincide con el director de Zofemat y va un paso más allá al asegurar que en el estado “la mayoría de las playas están limpias” de sargazo.

“Ni todos los días, ni en todas las playas, hay sargazo. Muchas de las playas están en excelente estado. Todo Cancún, todo Cozumel, toda la parte continental de Isla Mujeres, y yo diría que hasta 200 kilómetros de playa de la Riviera Maya están limpios”, subraya en una entrevista con Animal Político.

Incluso, las playas de Tulum están limpias, añade la funcionaria. Por ello, descarta que la entidad esté ante una catástrofe turística. Por el contrario, asegura que proyectan terminar este 2019 con hasta 20 millones de visitantes, 4% más que el año pasado, gracias a que, además de playas, el estado ofrece otros atractivos como las ruinas arqueológicas, los cenotes, o la variedad gastronómica de la cultura maya.

Sin embargo, tal y como publicó el pasado viernes Animal Político, la situación planteada por la funcionaria de Turismo choca con los reportes que su propia Secretaría publica a diario en sus redes sociales, en los que, por ejemplo, durante toda la semana pasada pudo apreciarse sargazo acumulado en Tulum, tanto en la zona hotelera como en la arqueológica, y también en Playa Del Carmen, incluyendo Playacar.

Mientras que la Red de Monitoreo del Sargazo de Cancún, organización civil que hace reportes diarios de la evolución del sargazo basándose en las imágenes de satélite del Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de la Florida, también publica a diario en su perfil de Facebook fotografías y videos que dan cuenta de que el problema del sargazo no es cuestión solo de uno pocos kilómetros de costa en Playa Del Carmen, sino que afecta a buena parte del litoral caribeño. Especialmente, a la zona centro-sur que va desde Punta Nizuc hasta Puerto Morelos, Playa Del Carmen, Akumal, Tulum, Mahahual y Xcalak, en la frontera con Belice.