Noticias

Cuando la justicia no llega


¿Quién no se ha peleado con un vecino? Sea porque ocupa el lugar de estacionamiento que no le corresponde, porque hace mucho ruido o porque no pone la basura en su lugar.

¿Quién no ha escuchado de los abusos de alguna expareja, que secuestró a sus hijos o que simplemente no paga pensión?

¿Cuántos casos hay de trabajadores despedidos ilegalmente, que deben esperar años a que se resuelvan sus demandas?

¿Y quién ha logrado que le hagan justicia?

En México, la mitad de la población ha sido víctima en casos parecidos.

Tiburones-Rojos-Permanencias-Voluntarias
Deportes, Noticias

Más allá de la cancha: Los Tiburones Rojos y su deuda


Uno de los equipos más longevos del Fútbol Mexicano se encuentra en una de las peores crisis, pero…¿Quiénes son los culpables?

Dos-Bocas-Permanencias-Voluntarias
Noticias

Tren Maya..¡Con menos!…. Dos Bocas…¿Adiós?


Texto original por Nayeli Roldán (Animal Político)

Tres de los principales proyectos de infraestructura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrán trato diferenciado en el presupuesto de 2020. Mientras el Tren Maya sufrirá un recorte de 59%, la Refinería de Tres Bocas Tabasco tendrá 17.49% menos y el Proyecto del Istmo ejercerá 808% más presupuesto el próximo año.

 

De acuerdo con un análisis de la Cámara de Diputados de las tres obras prioritarias del sexenio, el principal beneficiado será el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, cuyo objetivo es convertir a la región en un corredor de comunicación entre los océanos Pacífico y Atlántico.

En 2020 tendrá 8 mil 468 millones de pesos, esto significa ocho veces más de los 900 millones que tuvo en 2019. Constará de 300 kilómetros de largo. Iría desde los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, a Coatzacoalcos, en Veracruz, a través de la modernización de la infraestructura ferrocarrilera, portuaria, aeroportuaria y carretera.

Para grandes obras como esta, el presidente López Obrador prometió hacer una consulta ciudadana. En este caso, lo hizo durante una gira por Juchitán, Oaxaca, entre los asistentes a uno de sus eventos en abril pasado… y fue a mano alzada.

“Bueno, ¿por qué no hacemos aquí una consulta?, ¿por qué no la hacemos? A ver, que levanten la mano los que están en contra que se lleve a cabo el proyecto de Desarrollo del Istmo. A ver, que levanten la mano los que estén a favor del Proyecto del Istmo”, dijo. Y según lo observado en la transmisión oficial del evento, la gente levantó la mano a favor del proyecto, en su mayoría.

En esa ocasión también aseguró que la inversión sería totalmente mexicana.

“Les digo que no anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del Istmo. Mentira, todo lo vamos a hacer con inversión pública, y si hay participación de inversión privada va a ser de mexicanos, no va a haber extranjeros. Para que quede claro”.

Sin embargo, en la conferencia de prensa del pasado 19 de noviembre informó que Singapur podría ser un país inversor y, de hecho, a eso se debía la visita del visita oficial del primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, y lo primero fue hacer un acuerdo de colaboración.

“Debe de haber más inversión nacional, inversión de México por tratarse del Istmo, sin descartar que participe un país como Singapur, que de acuerdo a la información que tenemos lleva buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con China. Si hay un tercer país que lleva buenas relaciones con todos, aunque no es parte de una hegemonía o de otra, nos facilita las cosas, siempre tomando en cuenta que en el Istmo va a predominar la inversión nacional”, dijo.

El recorte más significativo estará en el Tren Maya, que será un transporte de carga, pasajeros y turístico en la zona sur sureste del país en 1,460 km, y cuyo inicio de operaciones se prevé para 2024. De acuerdo con la página de la obra, el próximo año iniciará la construcción de los tramos de Selva y Caribe II.

Sin embargo, aunque se preveía tener 6 mil millones de pesos para el próximo año, sólo tendrá 2 mil 500 millones de pesos, lo que significa 59% menos presupuesto, de acuerdo a lo aprobado por los diputados la semana pasada.

Para esta obra, el empresario más rico de México, Carlos Slim, anunció su interés de participar en la licitación del Tren Maya en el tramo Coatzacoalcos, Veracruz, y prevé invertir 100 mil millones de pesos para obras del gobierno de López Obrador.

En tanto, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, tendrá 41 mil 256 millones de pesos para 2020, lo que significa 17.49% menos de los 50 mil millones de pesos presupuestados en 2019.

Se trata de uno de los proyectos emblemáticos de la administración que requerirá una inversión de 6 mil millones de dólares y se planeó concluir en tres años, es decir, en 2021. Este proyecto arrancó el 18 de marzo. Con él se prevé tener capacidad de producción d

Noticias

Mamuts en…¿Tultepec?


huachicoleo-permanencias-voluntarias
Noticias

La otra cara del Huachicol


Por Rodrigo Soberanes (Animal Político)

La violencia en Guanajuato no para y mientras los homicidios se han duplicado desde 2017, los secuestros, robos y extorsiones han crecido 25% en los últimos nueve meses. Un fenómeno que se explica, según autoridades locales, por lo sencillo que ha sido robar combustible de los ductos de Pemex que cruzan la región, el nacimiento de un grupo delictivo local que controla ese delito y la llegada de uno de los cárteles más poderosos y violentos que disputa el control del crimen en la entidad.

A ello se suma una estrategia de seguridad para frenar el llamado huachicol que cerró en diciembre pasado los ductos de Pemex que conectan con la Refinería de Salamanca, pero que no contempló que la pérdida de ese ingreso ilícito provocaría la comisión de otros delitos.

Mientras en 2016 se registraron 947 homicidios dolosos en Guanajuato, esa cifra ya supera los 2,000 en septiembre de este año, confirmando la tendencia al alza en ese delito, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación 

“Griselda” es originaria de Celaya, su hermano desapareció en noviembre de 2018, cuando lo sacaron de su trabajo y se lo llevaron. Todavía pudo comunicarse con su familia para avisar del secuestro, pero sus captores nunca pidieron rescate.

“La violencia tomó por sorpresa a civiles y autoridades”, dijo Griselda, quien habló con Animal Político bajo estricta condición de anonimato porque tiene miedo de que algo le pase y porque en la Fiscalía le pidieron no hacer público su caso.

Según Griselda, es a comienzos de 2017 que el problema de inseguridad se agravó en la entidad. “Es un tremendo golpe el que está sufriendo Guanajuato que sacó de su centro a todo mundo. En menos de dos años aprendimos a cuidarnos las espaldas”, dijo.

Guanajuato se convirtió en el estado con más asesinatos cometidos en septiembre con 285, según los datos oficiales. También es el que más homicidios acumulados tiene en lo que va de 2019, con 2 mil 560, y el cuarto lugar nacional en incidencia por cada 100 mil habitantes, con un índice de 4.3.

El fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, dijo en entrevista con Animal Político que esos niveles de violencia homicida se deben principalmente a que a finales de 2017 empezó a tener operaciones en la entidad el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —el de mayor presencia y poder en el país— para confrontar al Cártel Santa Rosa de Lima, una organización criminal local que surgió en el municipio de Villagrán, ubicado en el corredor industrial de las inmediaciones de la Refinería Salamanca, para controlar el robo de combustible de los ductos de Pemex.

Según la versión de autoridades, el cártel Jalisco comenzó una disputa contra Santa Rosa de Lima por el dominio en el delito del robo de combustible, y ahora también por el control del estado.

La inseguridad que percibe Griselda también se refleja en las cifras de crímenes del fuero común cometidos en la entidad. En el periodo enero-septiembre del año pasado se tenía registro de 88 mil 715 carpetas de investigación abiertas por esos delitos

Hasta septiembre de este 2019 esa cifra ya se superó y los crímenes siguen al alza.

Que los otros delitos del fuero común vayan en aumento en este año se explica, dijo la comisionada de seguridad en Guanajuato, por la decisión del gobierno federal de cerrar las válvulas de la Refinería Salamanca en diciembre de 2018; lo que causó que el Cártel Santa Rosa de Lima perdiera su principal fuente de ingresos, y dirigiera su actividad criminal hacia la población civil.

“Lo que ocurre en enero fue un cierre de las llaves pero sin una estrategia de contención criminal aparejada. No puedes asumir que la delincuencia va a quedarse sentada lamentando la pérdida de sus ganancias”, dijo la funcionaria en entrevista con Animal Político.

“El Cartel de Santa Rosa tiene una estructura criminal pagada, una nómina que mantener. Para el criminal lo más importante es su estructura, en el momento en que se dejan de inyectar recursos, sabe que está en serios problemas y no va a llegar a ese punto”, señaló la comisionada.

En diciembre de 2018, días después de que asumió Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, el gobierno federal anunció una estrategia para combatir el robo de combustible. Una de las líneas que siguió fue dejar de operar los ductos de Pemex con mayores registros de robo, así como aumentar la vigilancia para evitar nuevas tomas clandestinas.

“Nosotros lo dijimos, cuando cierres esta fuente de ingresos, van a buscar otras antes de darse por vencidos, eso era obvio. Fue lo primero que dijimos cuando vino esta estrategia famosa”, dijo el empresario José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León e integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato.

Violencia en el corredor de los ductos

Carlos Zamarripa, que lleva 10 años en el cargo —hasta hace un año era procurador, y permaneció en la instancia cuando ésta cambió de Procuraduría a Fiscalía— dijo que desde principios de 2017 advirtió que el robo de combustible iba a derivar en la proliferación de otros delitos. El funcionario cree que sus advertencias no fueron escuchadas.

“En principios de 2017 estábamos advirtiendo algo que se avizoraba. Yo decía que este grupo estaba robando mucho combustible. Esta gente iba a evolucionar a cometer otras conductas el día que no tengan el robo de combustible”, dijo Zamarripa.

Y es que el mercado ilícito de hidrocarburos era una actividad criminal sencilla y atractiva para los grupos delincuenciales, explica la comisionada de seguridad Sophia Huett. “Guanajuato tiene un tercio de los poliductos de todo el país. En ningún otro lugar del país encontrarían tanta gasolina terminada como en el estado”. 

La funcionaria dijo que en 2018 la Policía Federal aseguró en Guanajuato seis millones de litros de hidrocarburo robado, mientras que el gobierno estatal confiscó un millón de litros en el mismo año. Los grupos delictivos dejaron de recibir las ganancias que implicaban al menos siete millones de litros, dice.

La lucha entre organizaciones criminales por el robo de combustible que inició hace dos años se refleja en los homicidios cometidos en el estado, concentrados en el sur, en los municipios donde cruzan los ductos conectados a la Refinería de Salamanca y en donde se ubican ciudades como Celaya, Irapuato o Salamanca.

Por ejemplo, en 2017, en los 19 municipios por los que cruzan los ductos se cometieron el 78% de los homicidios registrados en los 46 municipios de la entidad.

Ese escenario se repite para el siguiente año y en este 2019, que la zona vive con hechos cada vez más cotidianos de violencia.

En Salamanca, por ejemplo, el pasado 9 de octubre se registró el ataque a un bar ubicado a unas cuadras del palacio municipal que dejó a cinco personas muertas cuando dos hombres armados entraron al sitio y dispararon.

La mañana siguiente al ataque, Animal Político constató que el centro de la ciudad estaba desolado. Un habitante de la zona dijo que, a su parecer, la actividad en la vía pública había bajado por ese tipo de hechos, cada vez más frecuentes.

Apenas tres días después se registró un ataque más en el Panteón Municipal donde otras tres personas murieron y seis resultaron lesionadas. Estaban en un sepelio.

Y días antes, el 4 de octubre, en Celaya, un grupo armado atacó con armas de fuego una sucursal de la fabricante de tractores John Deere. El 19 de septiembre ya había ocurrido lo mismo en una sucursal de la empresa automotriz Ford, que terminó por cerrar definitivamente.

El empresario José Arturo Sánchez Castellanos dice que la intención de esos ataques es extorsionar, después de que los delincuentes “se dieron cuenta de que Guanajuato tenía un gran tesoro en el subsuelo”, pero vino la estrategia que les impidió seguir con esa actividad ilícita.

El informe Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, presentado por México Evalúa en agosto de este año, reveló que Guanajuato es el estado del país con el menor nivel de impunidad, pero aún así alcanza un 87.6% de impunidad.

Ciudadanos con miedo 

Griselda dijo que el miedo comienza al cruzar la puerta de las casas hacia la calle y se extiende en cualquier ámbito hasta que termina el día. “Abres la puerta y dices: va, me la juego el día de hoy y espero regresar a casa”.

Desde Irapuato habló “Martha”, otra mujer familiar de un desaparecido. Según su testimonio, la atmósfera en esa ciudad no es distinta a la de Celaya o Salamanca. “Basta con ir a comprar el mandado o esperar a tus hijos a la salida del colegio, el discurso es el mismo: me robaron, me asaltaron, me secuestraron, alguien está desaparecido, alguien fue extorsionado”.

El obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, contó desde la curia de su parroquia que en los recorridos que realiza en diversas sedes del estado ha encontrado testimonios de personas víctimas de delitos graves que luchan por hacer visibles sus casos.

“En cada una de las visitas pastorales es impresionante el número de personas víctimas del crimen organizado y que tienen una sensación de inseguridad, una sensación de impotencia y una sensación de abandono”, dijo el religioso.

Las circunstancias que describe el padre fueron causadas por motivos claros: corrupción y falta de coordinación entre las fuerzas del orden, según la versión de las fuentes oficiales consultadas por Animal Político en Guanajuato.

El fiscal de ese estado, Carlos Zamarripa, aseguró que había indicios claros de que si no se combatía el robo de combustible, las consecuencias serían graves. Sin embargo —dijo— la impunidad y el contubernio de funcionarios de Petróleos Mexicanos con integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) permitieron que el delito del robo de combustible creciera en las inmediaciones de la Refinería Salamanca.

“Hay elementos para determinar (que el CSRL) se encontró en el robo de hidrocarburo con ciertas facilidades institucionales para tener su fuente de financiamiento”, coincidió Sophia Huett desde la ciudad de León.

La funcionaria dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó al de Guanajuato que enviaría a seis mil elementos de la Guardia Nacional para reforzar las labores de seguridad, pero que la presencia de ese cuerpo civil ha sido intermitente.

Juan Miguel Alcántara, extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y exprocurador de Guanajuato, cree que ese estado ha padecido estrategias de políticas públicas incorrectas que, en parte, han causado la proliferación de delitos.

“Guanajuato recibe visitas de doctor de la Guardia Nacional pero sin inteligencia, entonces no saben de dónde se están moviendo los distintos cárteles y mafias locales, dónde están extrayendo hidrocarburos, dónde están edificando almacenamientos, dónde están extorsionando, incluso entrenando”, dijo.

Según Alcántara, la descoordinación de autoridades tiene como consecuencia que no exista trabajo de inteligencia en la región del corredor industrial.

“No tenemos una estrategia ni estatal ni local, ni localizada en esa región. Hay una gran omisión en no crear una estrategia de prevención y contención en esa zona de los ductos donde estaba empoderado El Marro (líder del Cártel de Santa Rosa de Lima)”.

Según el obispo de Irapuato, al día de hoy la violencia ha modificado la vida cotidiana en Guanajuato. En el caso de la Iglesia Católica, ahora todas las actividades se hacen a la luz del día, y derivado de las reuniones informativas de sus visitas pastorales “hemos encontrado de todo: chantajes, extorsiones, homicidios, robos” y en general un clima de desconfianza para denunciar los hechos.

El obispo de Irapuato cuenta que como Griselda y Martha hay otros “cientos” de personas que buscan organizarse para dar visibilidad a sus casos y encontrar justicia, para no ser olvidados en Guanajuato.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.
Noticias

Médicos: Acoso y suicidio


Por Ixtaro Arteta (Animal Político)

El Doctor N recuerda el infierno que fue su primer año como residente en Urología del Centro Médico Siglo XXI, Ciudad de México. Gritos, insultos, castigos, pastillas para no dormir y para no ir al baño porque le decían que no tenía derecho a hacerlo. Un trato que lo sumió en una depresión profunda, que él denunció pero fue ignorado por autoridades educativas, médicas e incluso la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF). Hasta que intentó suicidarse.

Su historia no es un caso extremo y único. Estudiantes de Medicina con cuadros de depresión y ataques de ansiedad son algo generalizado por el maltrato y hostigamiento del que son víctimas en los primeros años de la residencia, una situación tolerada y fomentada por residentes de mayor rango y por los médicos adscritos, denuncia la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR).

Además, cuando alguien llega a presentar una queja formal, es desestimada o ignorada, y en algunos casos la solución que se ofrece a la víctima es cambiarla de sede, mientras que sus acosadores permanecen impunes en sus puestos.

La Asamblea tiene documentados al menos 10 casos de acoso, actuales, en distintos estados del país, dependientes de diferentes instituciones de salud, que han llevado a quejas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), instituciones educativas como la UNAM, y Comisiones de Derechos Humanos Nacional o locales, sin que alguna haya tenido consecuencias.

Animal Político habló con tres víctimas que contaron lo que han vivido como médicos residentes.

 Castigos, derechos anulados y obligaciones extracurriculares

Ahora ya puede hablar de lo que le pasó. Hasta hace unos meses, el Doctor N lloraba reviviendo las situaciones que lo llevaron casi a la muerte.

Desde que entró como residente de segundo año (R2) a Centro Médico, no pudo salir en una semana, entre castigos y guardias que le impusieron, sin bañarse, comer o descansar. Les decían que por ser los nuevos no tenían derecho a usar el elevador, ni a sentarse.

Como no les daban tiempo para comer, las enfermeras se volvían su cómplice y le vendían sándwiches que dejaban escondido en un punto para que pudiera recogerlo. Se metía al baño a comérselo rápidamente sentado en la taza, porque si se tardaba vendría un regaño. Una vez que detectaron en su aliento y en sus manos que había comido, lo regañaron.

Para no dormirse después de guardias de toda la noche impuestas por castigo, tomaba metilfenidato, un medicamento con el que se tratan trastornos del sueño. También tomaba pastillas para no ir al baño.

Cuando se acercaba el fin de semana, evitaba decir que tenía algún plan de ver a su familia o a su novia, porque si lo hacía de inmediato le imponían alguna guardia o lo “guardaban”, como le dicen a dejarlos en el hospital castigados.

Los estudiantes de medicina viven como en jerarquías militares. Los R2 le reportan a los R3, y estos a los R4. Cada superior puede exigirle al inferior, y en esa lógica se cometen los abusos contra los de menor rango.

Al Doctor N le imponían obligaciones como llegar en la mañana a preguntarle a cada residente mayor qué quería desayunar e ir a comprárselo, con su dinero, pese a que un residente solo recibe 6 mil 500 pesos quincenales. Un compañero suyo incluso tuvo una vez que ir a un bar de madrugada porque un superior le exigió ir a pagarle la cuenta de lo que había bebido, si no sería castigado.

Si cometía un error en una nota médica, lo castigaban con escribir esa misma nota 10 veces en máquina de escribir, o apuntes que se hacen a mano sobre signos vitales de los pacientes,  pasarlos a máquina y de todos los pacientes del piso, aunque no le correspondieran. Incluso por una falta ortográfica se la rompían en la cara y tenía que volverla a hacer.

También le aventaban a la cara las carpetas metálicas donde se guardan los expedientes, le gritaban e insultaban.

Pensaba que tenía que aguantar, que era una residencia y era su futuro, y renunciar sería defraudar a su familia. Pero lloraba y se sentía mal todo el tiempo.

Hasta que después de unos meses y presionado porque su papá se enfermó, el Doctor N cayó en una depresión tan profunda que trató de suicidarse con pastillas.

Su casera lo encontró tirado en su departamento. Estuvo tres días inconsciente. Cuando despertó, lo dejaron tres semanas hospitalizado en un psiquiátrico y dos semanas de incapacidad en su casa. Empezó a tomar tratamiento médico y terapia psicológica.

Con el escándalo por el intento de suicidio, la UNAM intervino y castigó al servicio de Urología con no enviar a nuevos residentes hasta que mejoraran sus prácticas. Así, en todo 2018 no hubo R2s.

En ese tiempo, asegura que sí vio mejorar la situación y que han cambiado los abusos contra los nuevos residentes.

Pero él regresó a sus estudios lleno de vergüenza, señalado por haber difamado a un hospital tan reconocido. Acusa que los doctores jefes en Urología, han seguido con el acoso, ya que a veces le impiden presentar a los pacientes que atiende, entrar a quirófano, o le ponen malas calificaciones injustificadamente.

 Cómo acaba en el psiquiátrico una estudiante de psiquiatría

La doctora Xóchitl (nombre cambiado para preservar su identidad) obtuvo uno de los mejores resultados de su generación en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) y logró entrar a la Unidad de Psiquiatría del Centro Médico Siglo XXI. No se imaginaba que ese paso en su carrera la iba a llevar a ser hospitalizada en un psiquiátrico meses después.

En mayo de este año, una carta anónima denunciando irregularidades y trato diferenciado a los estudiantes despertó el enojo de la jefa de unidad. Xóchitl se vio afectada por un cambio en su programa académico, así que cuando cuestionó abiertamente a la jefa, empezó un acoso selectivo contra ella.

Al llegar el periodo de vacaciones, cuando ya había salido de la ciudad, se enteró por un compañero que la encargada había decidido cancelárselo, y días después recibió una llamada del servicio central de Centro Médico amenazando con darla de baja si no se presentaba. Pero ella insistió en que tenía derecho a tomar sus vacaciones.

Cuenta que entonces la doctora empezó a hablar con el resto de sus compañeros, a decir que ella tenía trastornos psiquiátricos e incluso buscó a su pareja para pedirle que la hiciera “entrar en razón”.

Xóchitl se quejó ante las autoridades y le dijeron que no se preocupara porque iban a investigar, pero al regresar de las vacaciones, la situación se volvió mucho peor. La doctora le gritaba, la corría de su consultorio, le ponía tareas específicas durante sus horas de clase y después la regañaba por no haberse presentado.

La residente empezó a tener ataques de pánico. Le angustiaba despertar y pensar en que tenía que ir al hospital, ver a su acosadora y a otros residentes mayores que también la maltrataban o miraban mal, y empezó a ausentarse. Lloraba a escondidas. Se sentía culpable por todo.

Sus compañeros le decían que aguantara, que no se quejara, porque la doctora siempre es así, y porque sabían que dos años antes hubo un residente que llevó su queja a las autoridades y a la Comisión de Derechos humanos, pero después le fue peor.

Empezó a pensar en renunciar a la residencia y, por lo tanto, a su carrera como psiquiatra. Eso, además de depresión, le despertó pensamientos suicidas.

Su familia y amigos la convencieron de seguir adelante, pero un día, la doctora de plano la empujó fuera de su consultorio. Xóchitl se encerró en un baño y no pudo dejar de llorar en hora y media.

Buscó apoyo en el sindicato para ir a denunciarla a la dirección de Enseñanza. La respuesta fue que ella tenía la culpa porque sus quejas ya estaban metiendo en problemas a la doctora.

El caso escaló hasta que la reunieron con el subdirector médico de Centro Médico. Llorando, en medio de un nuevo ataque de pánico, el directivo le dijo que no podía ponerse así si estudiaba psiquiatría.

“¿Entonces ningún médico puede enfermarse porque es médico?”, recuerda Xóchitl que le preguntó indignada.

El acoso de la doctora siguió e incluso un día, tratando el tema del suicidio, dijo frente a ella que algunas personas mejor sí deberían tomar ese camino.

Xóchitl se quebró. Fue a valoración psiquiátrica y el doctor le dijo que no podía dejarla ir porque estaba ya muy mal y había riesgo de que intentara suicidarse.

Así se quedó dos semanas internada en un hospital psiquiátrico en agosto pasado.

Su familia fue a hablar con los responsables médicos y académicos, con la UNAM (quien expide los títulos al final de las residencias en Centro Médico), y en todos lados les cerraron la puerta. Los pocos compañeros que se atrevieron a apoyar la denuncia de Xóchitl fueron amenazados con ser cambiados de sede por “problemáticos”.

Ni así paró el acoso. La doctora obtuvo ilegalmente expediente médico de Xóchitl y otros residentes de mayor grado lo divulgaron en redes sociales.

Hasta que intervino la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, organización creada este año, y dio publicidad al caso, el Centro Médico respondió argumentando que sus autoridades no estaban enteradas.

Le ofrecieron una disculpa a Xóchitl e hicieron modificaciones en los programas, ajustándose a lo que indica la normativa. A ella le ofrecieron cambiarse de sede, pero no aceptó porque se ganó su lugar en este hospital y cree que no tendría por qué irse a otro.

Sigue en tratamiento y ya ha mejorado de la depresión, pero todavía tiene ataques de pánico. Ve cómo sus otros compañeros amenazados tienen síntomas de ansiedad y sabe que es vista como “apestada”.

Lo que más coraje le da es que con la jefa de unidad de Psiquiatría no pasó nada.

Problemas de salud mental que llevan al suicidio

Carmen García está actualmente de incapacidad en casa de sus papás, en el Estado de México, después de ser ingresada tres veces en psiquiatría en solo dos meses, la última por un intento de suicidio que ni siquiera recuerda bien.

No sabe si cuando sea dada de alta podrá continuar con su carrera como médica de urgencias, porque justo lo que la llevó a una crisis de depresión fue el acoso que sufre en el Hospital General de Querétaro, por el que incluso le quitaron un examen acusándola de copiar y le dijeron que reprobó el extraordinario, sin mostrarle el examen o la justificación para esa calificación, que provocaría su expulsión de la residencia.

A sus 33 años, Carmen nunca antes había tenido problemas de salud mental. La depresión empezó con el maltrato cuando era R1. Aunque cuando pasó a segundo año y la propia jefa del servicio de Urgencias dijo que ahora le tocaba sufrir a los de primero, el acoso contra ella siguió.

Al reconocer que estaba mal, empezó a ir al psiquiatra. También empezó a quejarse ante autoridades del hospital, en redes sociales, en Derechos Humanos. Entonces obligaron a sus compañeros a firmar un oficio respaldando a las doctoras del Servicio y desmintiendo a Carmen.

La mandaron a Medicina del Trabajo para hacer una investigación. Tenía una rotación programada a la Ciudad de México y una doctora le dijo que iba a haber un resultado favorable para ella. Pero a los días tuvo que regresarse porque el Hospital de Querétaro informó que había reprobado un examen y sería expulsada. Entonces Carmen volvió a ver a los de Medicina de Trabajo y le dijeron que la investigación había salido limpia y no había nada que castigar.

La acusaron de filtrar los datos del resultado de laboratorio de un compañero, aunque no se lo pudieron comprobar.

No pudo más. En agosto tuvo su primer ingreso al psiquiátrico. Apenas salió, tuvo una recaída, y después, a finales de septiembre, intentó suicidarse.

“Perdí el juicio, la razón. No era yo”, cuenta.

Le dieron terapia electroconvulsiva porque seguía con ideas suicidas, una técnica de choques eléctricos para tratar la depresión severa, y que provoca pérdida de memoria.

Apenas salió del psiquiátrico el 14 de octubre y está tratando de entender qué fue lo que le pasó. Revisó los chats en los que estaba con otros residentes y de los que ya la sacaron, en los que corrieron las acusaciones en su contra y los temores por amenazas si la apoyaban.

Lo único que Carmen quiere es ser cambiada de sede para no tener que volver a ver a las jefas que la han acosado, y seguir adelante con su terapia para recuperarse.

 Una exigencia generalizada

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes quiere que el tema del acoso y la salud mental de los doctores en formación deje de ser un tabú para las autoridades y que realmente se le ponga atención, ya que por décadas se ha perpetuado el abuso.

“En el aspecto psiquiátrico los rangos de prevalencia para depresión y ansiedad son mayores a los de la población general. Los reportes en unidades médicas del IMSS en UMAE (Unidades Médicas de Alta Especialidad) van del 25 al 79.6% para depresión, y de 39 a 69.9% para ansiedad, con una mayor prevalencia en residentes de segundo año”, reporta la organización en una carta.

Citan un estudio que publicó el propio IMSS en su revista médica en 2017, hecho en un hospital de pediatría, donde de 137 residentes, 32% reportó abiertamente haber sufrido acoso, pero 82.4% lo reconoció en el cuestionario dirigido, lo que demuestra que muchos perciben ciertas conductas como normales dentro de su formación.

La Asamblea ha elaborado cuatro propuestas para el sistema de residencias: primero que se establezcan valoraciones periódicas y obligatorias del estado clínico de los médicos residentes, tanto físicas, ya que sufren sedentarismo y malos hábitos alimenticios, como psiquiátricas, ya la ansiedad y depresión son habituales en los estudiantes.

En segundo lugar, que se promuevan ambientes laborales sanos entre médicos residentes y adscritos (los que ya tienen plaza), se establezcan políticas de selección más rigurosas elegir a quienes van a desempeñar cargos de administración educativa y gestión de los médicos residentes, apegados estrictamente a la normativa expuesta por las universidades que avalan los cursos de especialidad.

Establecer canales confiables y comprometidos a atender las denuncias de los médicos residentes, mediante instancias descentralizadas del hospital sede, para que no haya conflictos de intereses. Además, que las resoluciones  sean rápidas, ya que en todos los casos que han documentado hasta ahora, no solo no ha habido soluciones, sino respuestas amenazantes para quien se atreve a denunciar.

Por último, esclarecer la condición jurídico-laboral del médico residente, ya que en el caso del IMSS, su contrato es un apéndice del contrato colectivo de trabajo que los pone como becarios y no les da garantías de trabajadores, por lo que incluso el sindicato se ha desentendido de casos de acoso laboral, igual que las universidades, que no los tienen de estudiantes dentro de sus instalaciones.

AMLO-Prensa-Permanencias-Voluntarias
Noticias

AMLO en contra de la prensa