Javier Duarte: El retrato de la impunidad


Texto original por Arturo Ángel (Animal político)

El proceso penal abierto desde hace más de un año en contra de Javier Duarte por el delito de peculado, tras el presunto desvío de 220 millones de pesos de recursos federales en su gobierno, sigue sin llegar a la fase de juicio. La razón: una demanda de amparo que ha provocado que el caso cambie de juez, sumado a una denuncia penal de la defensa por documentos presuntamente falsos que se pretendían utilizar como prueba en contra el exgobernador de Veracruz.

El caso impulsado por la Fiscalía de Veracruz dio paso a una de las órdenes de aprehensión por las cuales Duarte fue detenido y extraditado desde Guatemala en 2017, pero a diferencia del proceso de la PGR por lavado de dinero en el cual ya incluso se dictó sentencia, este proceso sigue atorado en la fase inicial.

Fue el 20 de mayo de 2018 cuando un juez de la Ciudad de México (en auxilio de la jueza de Veracruz que giró la orden de arresto) decidió vincular al exgobernador a proceso por peculado, entre otros delitos, tras determinar que la investigación presentada por la Fiscalía estatal contaba con indicios iniciales sólidos, que permitían presumir que se había cometido un delito y que Duarte podría ser el responsable.

En ese momento el juez ordenó un plazo de 6 meses de investigación complementaria para que ambas partes reunieran sus pruebas y las presentaran en audiencia intermedia, como paso previo para llegar al juicio. Sin embargo, ya transcurrieron casi 18 meses sin que eso haya ocurrido todavía.

De acuerdo con los datos proporcionados a Animal Políticopor autoridades judiciales y por el equipo legal del propio exgobernador, el desarrollo del proceso comenzó a retardarse cuando otro de los coacusados en el mismo caso, Francisco Valencia (excomisionado de Agua en el gobierno de Duarte) buscó través de un amparo que el caso fuera atraído por un juez federal, y no se quedara en Veracruz.

En julio de 2018 el juez que recibió la demanda de amparo decidió negárselo a Valencia, pero este interpuso un recurso de revisión para que el caso fuera analizado por el Primer Tribunal Colegiado en Veracruz, cuyos magistrados decidieron revocar la sentencia inicial y amparar a Valencia.

Como resultado el juez de Veracruz que recibió el caso decidió declararse incompetente para seguir conociendo el caso. Y fue apenas el pasado 17 de septiembre cuando en una nueva audiencia se determinó que, en efecto, un juez federal será quien reciba el proceso.

De acuerdo con los abogados del exgobernador de Veracruz, aun cuando el amparo fue promovido por Valencia, el proceso se frena de la misma forma para Duarte toda vez que se trata exactamente del mismo caso.

En ese contexto, el juez federal al que le sea turnado el caso deberá decidir si lo continua en el punto en que se quedó, es decir en la presentación de pruebas previo al juicio; o si por el contrario ordena que se comience de nuevo con una audiencia inicial, en la que se tendría que presentar otra vez la imputación para determinar si hay indicios o no para vincular al exgobernador a proceso

Denuncian pruebas fabricadas

Además del problema del retraso, el caso por peculado contra Duarte enfrenta un cuestionamiento grave: el de la posible fabricación de pruebas, situación que incluso ya fue denunciada por los abogados defensores, y que dio paso a la apertura de una carpeta de investigación para indagar los hechos y, de confirmarse, proceder en contra de los funcionarios de la Fiscalía de Veracruz que resulten responsables.

Los cuestionamientos se centran en dos oficios que son claves en el caso. Uno con número SFP/1347/2014 en el cual el entonces secretario de Finanzas de Veracruz, Mauricio Audirac, siguiendo las órdenes de Duarte, le habría pedido a Francisco Valencia que se transfirieran 220 millones de pesos de los fondos federales destinados para obras hidráulicas a otras cuentas.

El otro oficio es el SFP/1750/2014 en el cual Audirac le había confirmado a Valencia que se retornarían los 220 millones transferidos, situación que nunca ocurrió.

De acuerdo con Ricardo Reyes Retana, abogado defensor de Duarte, ambos oficios son falsos. Para comprobarlo la defensa tramitó un peritaje en materia de grafoscopía de cuyos resultados se proporcionó copia a este medio, en los que se concluyó que las firmas en ambos documentos no coinciden con las de Audirac. Es decir, que son apócrifas.

Aunado a ello la defensa solicitó vía transparencia al gobierno de Veracruz copia del oficio SFP/1750/2014, pero la respuesta oficial de la Secretaría de Finanzas es que ese documento no existe, pues en el año 2014 la numeración de documentos solo llegó al SFP/1634/2014.

La misma situación se habría presentado con al menos otros tres oficios que forman parte de la carpeta de investigación, y en los cuales también se habrían simulado las firmas de funcionarios. Esta situación, según Reyes Retana, prueba que se trató de un caso “fabricado” y con “fines políticos”.

En ese contexto el equipo legal de Duarte presentó el pasado 26 de junio una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia en contra del exfiscal de Veracruz Jorge Winckler, y de otros funcionarios que resulten responsables, lo que dio paso a la apertura de la carpeta de investigación CI-FAE/D/UI-2C/D/119/07-2019, que ya fue remitida a la Fiscalía de Veracruz.

Pablo Campuzano, otro de los abogados del exgobernador, subrayó que a esta evidencia se suman las manifestaciones hechas por exfuncionarios de Veracruz como Juan Antonio Nemi, quienes sostienen que fueron obligados a declarar en contra de Duarte.

También una recomendación de la Comisión estatal de Derechos Humanos en donde se confirmó que existió tortura por parte de la fiscalía veracruzana a otro exfuncionario detenido.

“Derivado de estas prácticas es que no queda más resultado que la absolución del exgobernador, así como de sus colaboradores”, señaló Campuzano.

Sentencia cuestionada y casos pendientes

El próximo 26 de septiembre se cumple un año de la audiencia en la que un juez federal dictó sentencia condenatoria en contra de Javier Duarte por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Ello luego de que el propio exgobernador se declarara culpable a cambio de una pena reducida de nueve años de prisión.

Hasta ahora se trata de la única pena de prisión impuesta al exgobernador de Veracruz. Y aunque Duarte aceptó voluntariamente dicha condena sin ir a juicio, ahora busca a través de una demanda de amparo obtener el derecho de apelarla, bajo el argumento de que las pruebas bancarias que la entonces PGR expuso en su contra se obtuvieron sin autorización de un juez. Es decir, eran ilícitas.

A ello se suman dos procesos penales abiertos por diversos delitos de corrupción entre ellos el de peculado, que como ya se mencionó están atorados en la fase inicial.

Por otra parte la Fiscalía de Veracruz también obtuvo una orden de aprehensión en contra de Duarte por desaparición forzada, pero la misma no se ha podido ejecutar dado que se requiere permiso del gobierno de Guatemala, país que extraditó a Duarte por delitos distintos. Animal Político publicó que el gobierno de México tardó casi un año en presentar dicha solicitud formal.

En tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó y denunció el posible desvío de más de 60 mil millones de pesos de fondos federales en la administración de Duarte como gobernador de Veracruz (2010 a 2016), pero por ahora las acusaciones de la Fiscalía General de la República por dichos casos se han concentrado en exfuncionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Veracruz.

Penales en México: ¿A la baja?


Texto original por Arturo Angel (Animal político)

En los últimos cuatro años la sobrepoblación de las cárceles dejó de ser un común denominador en el país. Mientras que en 2014 había 24 estados con más internos que espacios disponibles en sus reclusorios locales, para 2019 la cifra se redujo a 11 estados con este problema.

Y en los centros penitenciarios federales, el porcentaje de ocupación disminuyó al punto en que hoy más de la mitad de sus espacios disponibles están libres.

Esta reducción coincide con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio que, como se publicó este lunes, eliminó la prisión preventiva automática en la mayoría de los delitos, lo que junto con otros factores contribuyó a que actualmente haya casi 60 mil personas en reclusión menos que hace cuatro años. Es una reducción de la cuarta parte de toda la población penitenciaria.

Los datos oficiales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) obtenidos por Animal Político vía transparencia muestran que, en 2014, en 3 de cada 4 estados existía un problema de sobrepoblación. En algunas entidades como el estado de México, Nayarit e Hidalgo, la población casi triplicaba los espacios disponibles, mientras que en otros como Ciudad de México se acercaba a casi el doble.

Para 2019, sin embargo, solo 11 los estados siguen reportando una población penitenciaria superior a la capacidad de sus reclusorios locales. Se trata de Nayarit, Quintana Roo, Jalisco, Puebla, Guerrero, Tabasco, Morelos, Hidalgo, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Entre los estados que registraron un mayor descenso en su población penitenciaria en este periodo se encuentra Colima, Chiapas y Sinaloa, con caídas de 40 a 60% en su número total de internos. En números absolutos la Ciudad de México es la entidad con la mayor reducción en cuanto a cantidad de internos: casi 15 mil menos.

Menos presuntos culpables… excepto en CDMX

En 2014, el 42%de los internos en el país eran personas que continuaban bajo proceso sin que se hubiera probado aun su culpabilidad, mientras que el 58% restante eran internos sentenciados. Para 2019 el porcentaje de internos de forma preventiva se redujo a un 38% respecto al total, mientras que el de reos sentenciados se elevó a 62%.

Esto confirma lo advertido por varios expertos respecto a que la disminución en el total de población penitenciaria obedece, en buena medida, a que se ha dificultado el someter a prisión preventiva a un mayor número de personas bajo el nuevo sistema, lo que ha disminuido el ingreso de presuntos culpables a las cárceles. Si a ello se suma la salida de personas que cumplen su sentencia, la consecuencia es una rápida disminución de la población carcelaria.

Al analizar esto a nivel estatal se confirma el fenómeno, aunque no en todos los casos.

Por ejemplo Colima, la entidad con la mayor caída de su población penitenciaria en este periodo: casi al 61% de todos sus internos. Ahí el número de reos sentenciados disminuyó 30.4%, mientras que la cantidad de presuntos culpables sin sentencia cayó 75.5%. Es decir, se trata de una reducción mucho mayor en el universo de personas en prisión preventiva.

En Chiapas, la segunda entidad con la mayor reducción de su población penitenciaria, la situación es más pareja: tanto el universo de internos sentenciados como el de procesados se reduco casi a la mitad. Pero en Sinaloa, el tercer estado con la mayor disminución, la proporción vuelve a ser como en Colima: los internos en prisión preventiva se redujeron 55%, mientras que los sentenciados 32.1%.

La excepción es la Ciudad de México. Aquí la cifra de reos sentenciados pasó de 33 mil 976 en 2014 a 21 mil 394 en 2019, lo que equivale a una caída de 43.2%. En tanto, la población de internos bajo proceso disminuyó de 5 mil 303 a 4 mil 276, apenas un 18%.

Si bien hay 11 estados que este 2019 aún continúan con sobrepoblación, en ocho de ellos disminuyó el problema. Uno de los casos más claros es Nayarit donde el porcentaje de hacinamiento pasó de 240% en 2014 a 170% en 2019.

Solo hay cinco estados del país donde el número de internos se incrementó en los últimos cinco años: Chihuahua, Durando, Estado de México (todos ellos con problemas de sobrepoblación) así como Guanajuato y Zacatecas.

Penales federales, ni a la mitad

A igual que ocurre en los penales estatales, la población en los centros penitenciarios federales ha disminuido de forma considerable. Mientras que en 2014 se reportaban 24 mil 776 internos en dichas cárceles de alta y máxima seguridad, para 2019 la cifra cayó 17 mil 668, lo que equivale a una reducción de casi el 30%.

Y de forma similar a lo que ocurre en los estados, la reducción de población en estos reclusorios federales se ha visto fuertemente impulsada por la salida de internos que son presuntos culpables sin sentencia. Dicho universo se redujo en un 43.2%. En tanto la cifra de internos sentenciados bajó 11.5%.

En los últimos años el gobierno invirtió en la ampliación de los espacios en las cárceles federales, incrementándose de 31 mil a más de 38 mil los lugares disponibles en los mismos.

Sin embargo con la disminución de la población en los reclusorios federales, hoy se advierte que están ocupados apenas en un 46%. Es decir, más de la mitad de los espacios en los penales federales están desocupados.

Despresurización, avance en derechos humanos

La doctora en Derecho por la Universidad de Stanford e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Catalina Pérez Correa, dijo que la despresurización del sistema penitenciario es un avance en varios rubros. Uno de ellos es el de la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos, sobretodo en el caso de las personas que sin sentencia eran enviadas a prisión.

“En términos de respeto a los derechos humanos, tener a las personas en las cárceles mexicanas constituye un riesgo, por la falta de servicio de salud, la violencia que ahí se vive, el desgobierno, la falta de trabajo, etc” dijo.

Pero Pérez Correa también advierte ventajas en términos económicos, ya que en buena medida había muchas personas que antes eran enviadas a prisión con una fianza que no podían cubrir, lo que significaba que estaban presas no por un tema de peligrosidad sino de falta de dinero. Ello, a su vez, originaba un costo de manutención para el Estado que era evitable.

“Además del costo económico que implica para el estado tener a estas personas en prisión, que seguramente supera el costo del daño económico que hayan ocasionado, hay que tomar en cuenta el costo social. Ese implica el costo para sus familias que muchas veces es devastador e implica la creación de nuevos factores de riesgo para la delincuencia. Para el sistema en cambio es mejor dirigir los recursos hacia los casos más relevantes y liberar recursos para mejorar las condiciones” señaló Pérez Correa.

Riesgo de retroceso y falta de regulación

En febrero pasado el Congreso de la Unión aprobó, con una mayoría calificada pero no unánime, una reforma al artículo 19 de la Constitución con el cual se incrementó de 6 a 18 el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática, incluyendo ilícitos como el robo en diversas modalidades o la portación de armas de grueso calibre.

Para la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, esta reforma podría provocar que la población penitenciaria comenzará a experimentar, otra vez, un crecimiento como resultado de un mayor ingreso de presuntos culpables a prisión. Situación que se agrava por la falta de regulación secundaria tras la aprobación de esta modificación.

“El pasado 12 de julio se venció en término que la propia reforma constitucional del artículo 19 fijaba para armonizar diversas leyes y particularmente el artículo 117 del Código Penal y regular el tema de la prisión automática. Y no se ha hecho. Si esto se queda así se puede desincentivar la obligación del Ministerio Público de hacer la investigación correspondiente para verificar si las personas en prisión preventiva cometieron o no un delito, lo que violenta la presunción de inocencia” dijo.

La legisladora criticó que el hecho de que algunos funcionarios, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, presuman el ingreso de mayor personas a prisión preventiva como un avance en seguridad. En este mismo sentido se expresaron diversos especialistas consultados en esta nota, los cuales advirtieron que es peligroso utilizar como indicador deficiencia el mayor encarcelamiento de personas.

Empresas fantasma: ¿La clave en contra de Juan Collado?


Texto original por Francisco Sandoval y Arturo Ángel (Animal Político)

Suplantación de identidad, falsificación de firmas y una red de operaciones financieras que presuntamente beneficiaron directamente a Juan Ramón Collado, son los principales indicios con los que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR)  en el proceso que se le sigue a este abogado acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La investigación de la FGR (FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019) inició el pasado 7 de junio, cuando el empresario queretano Sergio Hugo Bustamante denunció el robo de su identidad, con el fin de vender una millonaria propiedad a la empresa Libertad Servicios Financieros (Libertad), que dirige el abogado.

La investigación de la FGR está fortalecida con una averiguación previa (la DP/16/2016) iniciada el 22 de marzo de 2016 en la Fiscalía de Justicia Querétaro, que sigue abierta, así como con las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio (RPC) de Querétaro y la denuncia de hechos presentada por el empresario, el abogado Collado y cuatro personas más (José Antonio Rico Rico; José Antonio Vargas Hernández; Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega) utilizaron la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A de C.V, así como otras 3 compañías presuntamente pertenecientes a una misma red de personas cercanas a él, que resultan piezas claves para entender la complicada trama.

De acuerdo con las primeras conclusiones de la UIF, presentada durante la audiencia inicial del abogado juan Ramón Collado, el sistema utilizado “pareciera comprobar la existencia de un esquema operativo encaminado a generar una multiplicidad de transacciones financieras destinadas a dificultar la identificación del origen y destino final de los activos… (que) muy posiblemente devienen de la existencia de actos de carácter ilícito”, donde los más beneficiados fueron Collado y Rico Rico.

Los hechos

En la denuncia de hechos ante la FGR, el empresario Sergio Hugo Bustamante presentó documentos notariados donde señala que él, junto al contador público José Antonio Rico Rico, eran dueños desde abril de 2010 y en partes iguales de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A de C.V, sociedad que su vez había adquirido un terreno de 3,877.17 metros cuadrados, en el que edificaron el Centro Comercial Centro Sur de Querétaro y por el cual él cobraba una renta mensual de poco más de 800 mil pesos.

En los documentos notariados, Bustamante señaló que como administrador único de la compañía fungía el señor Guadalupe Aboites Hernández.

No sólo eso. Dijo que sin bien por varios años había recibido la renta sin falta, fue en 2015 que se enteró, por palabras de su propio socio, que éste había vendido sin previo aviso y sin su consentimiento el inmueble en cuestión a la empresa Libertad Servicios Financieros, donde apenas unos años antes Rico Rico había fungido como vicepresidente.

Agregó que como parte de sus propias pesquisas se enteró que su socio no sólo había vendido el terreno sin otorgarle un peso por la transacción, sino que en el RPC de Querétaro, dependiente del Gobierno del Estado, existían documentos que daban cuenta de una compañía paralela con el mismo nombre, pero con diferentes socios, quienes finalmente concretaron la millonaria venta a favor del abogado Juan Ramón Collado.

Además, denunció que en una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de julio de 2013, a la cual no fue convocado, se falsificó su firma para hacer un cambio de accionistas, donde quedaron como nuevos dueños José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú. Los dos con el 50 por ciento de las acciones, cada uno. El valor total de la sociedad, de acuerdo con un acta de asamblea registrada en el RPC, pasó de valer 50 mil pesos a 57 millones 700 mil pesos.

Señaló que fue el 25 de marzo de 2015 cuando el señor José Antonio Vargas Hernández, a través de un poder presuntamente otorgado por José de Jesús Alberto Cárdenas Rico vendió el terreno en cuestión en un precio de 156 millones de pesos, más de 17 millones 222 mil pesos en impuestos, a la empresa Libertad.

Como prueba presentó la escritura número 14163 de fecha 25 de marzo de 2015, ante el notario público adscrito a la notaria número 2, cuyo titular es el licenciado Salvador Cuevas Álvarez. En el documento se señala que fue Roberto Isaac Rodríguez Gálvez, quien fungió como representante de Libertad.

Más. Dijo que en una reunión con su socio Rico Rico, donde le reclamó el dinero de la venta, éste le mencionó que para concretar la transacción del inmueble el Presidente del Consejo de Libertad, José Ramón Collado, le puso como condición entregarle 24 millones de pesos del precio total del inmueble.

Producto de esa venta, de acuerdo con estados financieros conseguidos por Bustamante,  la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. DE C.V, depositó el dinero a Collado mediante una transferencia del 10 de abril 2015, dinero que a su vez se traspasó presuntamente a las cuentas de otras empresas: Administradora Cimatario S.A. de C.V; Despacho Integral de Inmuebles S.A de C.V, y Administradora Ario S.A. de C.V, cuyos representantes están supuestamente vinculados con Rico Rico.

“(En) La salida del dinero, la persona que administró, representó y firmó fue Tania Patricia García Ortega”, denunció Bustamante.

Las pruebas

Como parte de las investigaciones que realizó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro, mismas que se integraron al expediente de la FGR, el Ministerio Público local citó a declarar a Fanny Gabriela Frías y José de Jesús Alberto Cárdenas Rico, supuestos dueños de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, quienes negaron un vínculo con dicha compañía.

Fanny Gabriela dijo que laboraba como afanadora y que nunca había adquirido acciones de la empresa, en tanto José de Jesús Alberto  dijo que desconocía su participación en la empresa queretana.

Además, José de Jesús Alberto mencionó que jamás le había otorgado ningún poder a nadie y que tampoco había acudido ante un notaria para hacerlo, por lo que interpuso una denuncia penal en contra de la notaria que emitió el documento con el que se aprobó la vente del inmueble en disputa.

Además, Bustamante documentó que Tania Patricia García abrió una cuenta bancaria, a nombre de Operadora de Inmuebles del Centro, donde depositó los 156 millones de pesos producto de la venta.

Los argumentos de la FGR

Tras revisar los hechos, las pruebas y las primeras investigaciones de la UIF, la FGR estableció que se cuenta con datos suficientes para formular la denuncia en contra del abogado Collado y los 4 implicados en este caso.

De acuerdo con los argumentos de la Fiscalía “se desprende que han sido desviados de su destino legal fondos de la institución financiera Libertad… con la finalidad de enviar dichos activos a distintas entidades mercantiles, justificando esos en la aparente realización de operaciones de compraventa de inmuebles y otorgamiento de créditos, cuando en realidad dichos recursos han tenido como fin último generar un elaborado esquema operativo tendiente a dificultar la identificación del origen y destino final de los mismos y el hecho de que éstos en realidad tuvieron como beneficiarios finales a José Antonio Rico Rico y Juan Ramón Collado”.

De la revisión de las constancias que integran la Carpeta de Investigación en que se interviene, indicaron se advierte una serie de operaciones irregulares relativas a la venta de un bien inmueble propiedad de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. de C.V., adquirido por Libertad… “operaciones que podrían estar cimentadas en una serie de actos viciados por la posible suplantación de identidades de diversas personas que figuran en la celebración de éstos, muy posiblemente para obtener beneficios económicos y evitar que los beneficiarios finales de los recursos sean detectados por las autoridades encargadas de vigilar el Sistema Financiero Nacional, mediante la simulación de actos para dar una apariencia de licitud a conductas que en su esencia no lo son”.

¿Cómo llegó la FGR a Juan Collado?


Texto original por Arturo Ángel (Animal Político)

En menos de un mes, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación penal en contra del conocido abogado Juan Collado, reunió los elementos de prueba necesarios para sustentar inicialmente el caso, y obtuvo de un juez la orden de aprehensión para detenerlo y procesarlo por uno de los delitos más graves de todos: delincuencia organizada.

¿Cómo lo consiguió? ¿Es solido el caso? A partir de lo que los fiscales responsables del caso revelaron en una audiencia que se prolongó casi 12 horas, y del expediente de 144 páginas con el cual se solicitó la orden de aprehensión, Animal Político puede detallar ahora los puntos clave que explican la forma en la que se integró este caso.

También se aborda qué sigue en el caso en los próximos meses, lo que le falta a la FGR corroborar para una eventual sentencia, y por el lado de la defensa cuáles son las opciones con la que cuenta. Ello a partir de lo explicado directamente por los involucrados.

*Investigación exprés

La carpeta de investigación en contra del abogado Juan Ramón Collado Mocelo se inició el 7 de junio de 2019, con la denuncia interpuesta por Sergio Hugo Bustamante Figueroa por el presunto robo de su identidad, hecho que a su vez provocó la venta ilícita de un terreno suyo a una sociedad financiera (Libertad Servicios Financieros), ligada con el abogado.

El caso quedó registrado en la carpeta número FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, quien inició con las pesquisas.

El 1 de julio, es decir tres semanas más tarde, la FGR le mandó el expediente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para que lo analizara, y de considerarlo procedente presentara la denuncia formal. Ello ya que por procedimiento se requiere de la denuncia de Hacienda en casos de posible lavado de dinero.

Tres días más tarde, el 4 de julio, la UIF presentó la denuncia penal ante la FGR, y un día después la ratificó. Ese mismo día, el 5 de julio, la Fiscalía envió al juez en turno del Reclusorio Norte el expediente y solicitó la orden de aprehensión en contra de Collado y cuatro personas más, la cual fue autorizada el 6 de julio.

Es decir, desde el momento de la denuncia inicial el 7 de junio, al instante que se giró la orden de aprehensión, 6 de julio, trascurrió menos de un mes.

*Víctima, denunciante y testigo: todo en uno

Durante la investigación la FGR recabó siete declaraciones ministeriales, todas ellas a la misma persona: el denunciante Sergio Hugo Bustamante Figueroa. La fecha de dichas diligencias fueron los días 7, 10, 12, 13, 17, 20 y 25 de junio.

La primera declaración de Bustamante fue para presentar la denuncia de hechos, y las siguientes para entregar documentos con los que contaba o narrar hechos que conocía, o que otras personas le habían dicho que sucedieron.

Esta situación fue criticada en la audiencia por los abogados defensores de Collado, quienes acusaron a la FGR de limitarse a recabar un “carrusel de declaraciones” de la misma persona, en vez de buscar otros testigos o sin verificar la veracidad de la información aportada por dicho individuo.

*La indagatoria reciclada

En su tercera comparecencia, la del 12 de junio, Bustamante entregó a la FGR una copia certificada de la averiguación previa DP/16/2016, iniciada el 22 de marzo de 2016 ante la Fiscalía de Querétaro, la cual al día de hoy sigue abierta.

De dicha averiguación la FGR extrajo 12 distintos datos de prueba, entre ellos el más importante de todos: el depósito de los 24 millones de pesos que se habrían transferido en abril de 2015 desde la empresa Operadora de Inmuebles del Centro SA de CV (de la que Bustamante señala que fue removido ilegalmente), a una cuenta bancaria a nombre de Juan Collado.

Además la Fiscalía aprovechó parte de la narración que ahí se había documentado para construir la narrativa de su caso.

Los abogados de Collado consideraron que todas esas pruebas deben declararse ilícitas por diversas razones, entre ellas que provienen de una averiguación que por ley es reservada, y a la que solo deberían tener acceso las partes involucradas y no terceros. Condenaron además que la Fiscalía no haya verificado por su cuenta los movimientos bancarios que ahí se encuentran reportados.

*La hipótesis y lo que falta por probar

Lo que la FGR sostiene – en su acusación – es que el abogado Juan Collado forma parte de una supuesta organización delictiva, integrada por al mes cinco personas, a través de la cual se triangulaban recursos obtenidos de forma ilícita para ocultar su origen, y aprovecharlos con intereses particulares.

El ejemplo que ha documentado para sostener esta hipótesis es el de la presunta compra ilegal del edificio despojado a Bustamante. No obstante, los fiscales también señalaron otros usos y posibles destinos del dinero, como  por ejemplo el financiamiento ilegal a campañas, entre ellas la del actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

En la audiencia y en el documento de la orden de aprehensión también se advierte de posibles transferencias a cuentas internacionales, entre ellas de Andorra, España y Suiza.

Para poder materializar estas conductas ilícitas los fiscales sostuvieron que el grupo encabezado por Collado recurría de forma sistemática a la usurpación de identidades, la creación de empresas fachada o fantasma, la simulación en la adquisición de inmuebles, entre otros. Todo ello utilizando el sistema bancario.

No obstante la mayor parte de estos señalamientos se sustentan, hasta ahora, en declaraciones ministeriales(la recabada por la FGR y las ya incluidas previamente en la averiguación previa de Querétaro).

Los fiscales de la FGR anunciaron al juez que durante el periodo de seis meses de investigación complementaria buscarán robustecer con evidencia documental estas denuncias, tanto a través de periciales en contabilidad, así como con el posible congelamiento de cuentas o el seguimiento de flujos en las mismas, con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

*¿Qué sigue para ambas partes? Pruebas y órdenes pendientes

Al concluir la audiencia del día miércoles el juez de control a cargo del caso decretó un periodo de seis meses de investigación complementaria para que ambas partes, la Fiscalía y la defensa, puedan reunir los elementos que consideren necesarios de cara a un eventual juicio. La próxima audiencia fue programada para el 11 de enero de 2020.

En este lapso la Fiscalía buscará, como ya se adelantaba en el punto anterior, reunir pruebas que documenten su teoría del caso.

A su vez la FGR tiene pendientes por cumplimentar cuatro órdenes de aprehensión más en contra de posibles involucrados. Se trata de las personas identificadas como José Antonio “R”, José Antonio “V”, Roberto Isaac “R”, y Tania Patricia “G”.

En tanto la defensa de Collado tiene  un abanico de opciones. Por un lado anunciaron que presentarán un recurso de queja en contra de la determinación del juez del Reclusorio Norte de vincular a proceso a su cliente, por los delitos ya mencionados. Ello provocará que la determinación sea analizada por una sala penal, que podría confirmarla o revocarla.

Además cuentan con la opción de promover una demanda de amparo bajo el argumento de que sus derechos podrían haber sido violentados luego de que el juez mantuvo pruebas que, según lo dicho por la defensa en la audiencia, no se obtuvieron de forma lícita o no podían haberse usado en un caso de delincuencia organizada.

*Hasta dos años de prisión preventiva

Mientras Juan Collado siga bajo proceso penal por el delito de delincuencia organizada no podrá salir en libertad. Esto ya que dicho ilícito está considerado como uno de los que ameritan prisión preventiva oficiosa (automática), de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución.

Si el proceso se mantiene como hasta ahora, significa que el abogado deberá permanecer en prisión al menos hasta enero próximo y durante todo el tiempo en que sea necesario, con un periodo límite de dos años.

Cabe recordar que Collado señaló que padece de afectaciones cardiacas y problemas de diabetes, por lo que alguna crisis de salud que no pudiera manejarse en el centro médico del penal también podría derivar en su traslado a otro sitio.

*Lo que no se reveló en la audiencia: expresidentes, sobornos…

Hubo algunos aspectos que se encuentran en el expediente del caso que no fueron revelados en la audiencia inicial, realizada en el Reclusorio Norte, pero que se conocen  partir del documento de la solicitud de orden de aprehensión a la que este medio tuvo acceso.

Por ejemplo, se publicó que Sergio Hugo Bustamante Figueroa declaró que expresidentes de México como Carlos Salinas de Gortari o Enrique Peña Nieto serían los verdaderos dueños de la empresa Libertad Servicios Financieros, donde Collado fungía como presidente del Consejo de Administración y que se encuentra implicada en los posibles malos manejos de recursos.

En el documento también se encuentra un fragmento de la declaración que Bustamante hace el 10 de junio, en la que advierte que Libertad Servicios Financieros habría realizado traspasos de hasta 100 millones de pesos a cuentas de la campaña del entonces candidato a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

De igual forma se revelan pagos a otros empresarios, uno de los más recurrentes de nombre José de Jesús Martínez Tejada, exdueño del equipo de futbol Irapuato y contratista favorito en el gobierno de Juan Manuel Oliva, exgobernador de Guanajuato.

La urgencia de la 4T


Texto original por Arturo Ángel (Animal Político)

La “urgencia” de comprar sillas, carpas y moños de distintos colores para que el crimen “no rebase a la policía”. O la importancia de que las personas no dejen de comer y estén bien alimentadas, o la necesidad de hacer contratos de última hora porque no alcanzó lo adquirido con licitaciones consolidadas…

O de plano porque sí, porque es un mecanismo que la ley contempla y no hay tiempo para otro procedimiento.

Estos son algunos de los argumentos con los cuales gobierno federal y gobiernos locales han justificado la entrega de contratos sin competencia al consorcio Corporativo Kosmos, un grupo de tres empresas que en los últimos años ha acaparado las compras de alimentos en el sector público, y a los que también se les han adjudicado otros servicios que nada tienen que ver con ello.

Algunos de estos argumentos, como el de las adquisiciones de última hora posteriores a compras consolidadas, han sido señalados por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador como un “modus operandi” que abrió la puerta a la corrupción en gobiernos anteriores. Lo usó de ejemplo para la compra de medicamentos, sin embargo, documentos oficiales prueban que continúa ocurriendo en el actual sexenio, al menos en cuanto a los alimentos.

Animal Político corroboró que Corporativo Kosmos ha obtenido, tan solo en el arranque del actual sexenio, 51 nuevos contratos con el gobierno federal y las administraciones de Ciudad de México y Veracruz por un monto de casi 875 millones de pesos.

De todos esos contratos más del 75 % se han entregado vía adjudicación directa, es decir sin competencia. Hubo otro de invitación restringida, y solo 11 por la vía de la licitación pública.

Esta proporción es inversa a lo que marca el artículo 134 de la Constitución y las leyes de adquisiciones federales y locales que priorizan como método de contratación general la licitación pública, y como excepciones otros mecanismos como las adjudicaciones directas, debiendo justificarse para ello el motivo por el cual no se utilizó la competencia abierta.

Dichas normas señalan que un contrato solo se puede adjudicar directamente a una empresa en situaciones específicas (como una emergencia natural o una situación extraordinaria) que justifiquen el que no se haga una convocatoria abierta para contratar a la que tenga la mejor propuesta, tanto en precio como en calidad del producto o servicio (licitación pública).Y la decisión debe estar bien argumentada y aprobada por un comité diseñado para ello.

Animal Político solicitó a tres instancias federales, que este año han otorgado contratos a Kosmos, copia de la justificación y aprobación del procedimiento de adjudicación directa. A su vez se revisaron contratos locales para identificar el argumento legal con el que se sustentó la no licitación pública.

A continuación algunos ejemplos de esos hallazgos. Aunque se buscó también la posición oficial de Presidencia sobre la adjudicación de esto contratos, hasta la publicación de esta nota no se recibió respuesta. De igual forma se buscó al gobierno de Ciudad de México pero su respuesta fue que se preguntara a cada dependencia involucrada.

Contrato SEGOB/PF/CSG/DGRM/C003/2019

Objeto del Contrato: Servicio de casetas sanitarias, regaderas móviles y equipo para eventos en general (carpas, mesas, sillas, cintas para moños, etc…)

Contratante: Policía Federal (Segob)   Monto: $8,000,000.00

El documento entregado por la Policía Federal señala que la justificación legal para haber exceptuado a este contrato de la licitación pública  se basa en el artículo 41 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual habla de compras en situaciones de “caso fortuito o fuerza mayor”.

Tras reseñar las facultades legales con que cuenta la PF para contratar servicios, se detalla “la motivación” para haber optado por la adjudicación directa. Se sostiene que los actos de autoridad son hechos fortuitos, y que la Policía Federal requiere de condiciones que le permitan mantener su operatividad en todo el país para mantener el crimen.

Y se advierte que, de recurrir a la licitación pública para este contrato, el procedimiento se extendería por lo menos un mes debido al cambio de gobierno y los procedimientos de contratación. Ello –añade el oficio– afectaría la operatividad de la policía y por ende la efectividad en la lucha contra el crimen.

“Con el objetivo de no afectar las funciones administrativa y  operativas del personal desplegado en diversos operativos, se requiere contar con el servicio objeto de la contratación que nos ocupa, y que tras no cumplimentar los objetivos, la delincuencia organizada podría rebasar la capacidad de reacción de la Policía Federal, creando la situación prefecta para que los elementos adscritos a la misma pudieran sufrir atentados en su contra”, responde el documento.

¿Cuál es el servicio objeto de dicho contrato que se advierte como urgente contratar? El documento refiere que se trata de comprar baños móviles, regaderas y “equipo para eventos en general”. Y más adelante se detalla la lista: carpas, tarima, templete alfombrado, mantel, mesa imperial, mesa bridge, silla tifany, silla acojonada, cinta para moños en varios colores,  servilleta de tela en varios colores, periquera con bancos, unifila, entre otros.

El contrato fue adjudicado a la empresa Productos Serel S.A. de C,V., una de las compañías del Corporativo Kosmos. En su página de internetla empresa dice dedicarse a dar “soluciones de alimentación”, pero no a ofrecer productos como los contratados por Policía Federal.

En los documentos entregados, la PF sostiene que se hizo un estudio de mercado y resultó que esta empresa era la “mejor opción”. No obstante dicho estudio no fue detallado en los documentos entregados.

Contrato: AA-E2-2019

Objeto del Contrato: Servicio de alimentación para deportistas y eventos especiales

Contratante: CONADE    Monto: $26,505,650.59 (con ampliación incluida)

En el documento entregado por la CONADE denominado “justificación técnica” para el otorgamiento de este contrato vía “excepción” a la licitación, se argumenta en dos párrafos la importancia de “prestar de manera ininterrumpida” este servicio, ya que es “imprescindible” para los atletas y demás personal.

“Motivo por el cual resulta de suma importancia contar con el servicio a partir de la notificación del fallo… con la formalización de dicha contratación se espera una óptima operación de los servicios de alimentación beneficiando a los deportistas que se preparan para los próximos juegos Panamericanos 2019 y otros eventos del ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020”, indica el documento.

El oficio no explica por qué no se previó con anticipación un mecanismo de licitación para este tema. Tampocodetalla algún impedimento para no haber optado por la competencia abierta en la adquisición del servicio de alimentos.

El resto del documento entregado hace referencia a los detalles de los alimentos que se deben proveer. En ese apartado se utiliza en varias ocasiones el término “licitante adjudicado”, como si el proceso hubiera obedecido a una licitación. Incluso se hace mención a un sistema de puntos para determinar al licitante ganador… pero en realidad no hubo tal.

Contratos:SS-SAP-AD-72-2019, SS-SAP-AD-100-2019 y SS-SAP-AD-72-2019

Objeto del Contrato: Servicio de comedor para diversos hospitales

Contratante: Secretaría de Salud (Servicios de Atención Psiquiátrica)   

Monto: $12,657,063.79 (suma de los tres)

Los contratos hacen referencia a servicios de alimentos en comedor para tres distintos hospitales. En los tres se justifica de la misma forma el motivo por el cual no se aplicó la licitación pública.

Primero se cita como argumento legal el artículo 45 fracción V de la Ley de Adquisiciones que ya se mencionó en el caso de la Policía Federal. Es decir, que la excepción procede en casos fortuitos o de fuerza mayor.

Luego se explica que dicha causa de fuerza mayor obedece a que inicialmente se hicieron compras centralizadas y consolidadas cuya vigencia ya terminó sin alcanzar a cubrir las necesidades que aún tienen ciertos hospitales.

“Se necesita un oficio de desconsolidación debido a que este servicio es consolidado a través de la Comisión Coordinadora de Institutos  Nacionales de Salud y no se puede realizar las gestiones a tiempo entre las áreas”, señala.

Se añade que al tratarse de licitaciones consolidadas los lineamientos de adquisiciones del sector salud prohíben realizar otro tipo de licitación, lo que deja a los hospitales en estado de indefensión. De ahí que “al ser un hecho difícil de prever” se opte por la adjudicación directa en favor de Productos Serel.

Contrato: SSP-UA-001/19

Objeto del Contrato: Suministro de víveres para procesamiento de alimentos en penales locales

Contratante: SSP de Veracruz   Monto: $190,000,000.00

Se trata del contrato de mayor monto otorgado al Corporativo Kosmos en lo que va del actual sexenio, y fue adjudicado por el gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz a La Cosmopolitana S.A. de C.V.

Llama la atención, en primera instancia, lo que Veracruz colocó en el apartado de justificación para la adjudicación directa de la ficha de datos del contrato. Es un párrafo que nada tiene que ver con el contrato en cuestión que es para la prestación de alimentos en penales:

“Las unidades existentes presentan desgastes en sus partes móviles ocasionados por su constante uso, en largos periodos de tiempo resulta indispensable proporcionarles periódicamente el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo; así como el servicio y suministro de neumáticos para el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública” se señala erróneamente.

Posteriormente al ingresar al contrato, se cita como justificación para aplicar la adjudicación directa el artículo 55 fracción I de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del estado de Veracruz.

Dicho artículo señala que se exceptuará de la licitación pública “adquisiciones de bienes perecederos cuya ministración no sea permanente”.

Lo anterior, pese a que la alimentación de los internos de los penales, como la de cualquier persona, es un servicio que sí es permanente.

Argumentos del gobierno de Veracruz para dar contratos a Corporativo Kosmos

Argumentos del gobierno de Veracruz para dar contratos a Corporativo Kosmos

Contrato: SSCDMX-DGA-010-2019

Objeto del Contrato: Adquisición de alimentos (lácteos, carnes y embutidos)

Contratante: Secretaría de Salud CDMX   Monto: $7,983,581.90

Al igual que en el caso anterior se revisó el contrato a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. En el apartado donde debería estar colocado el vínculo a la justificación de la adjudicación directa solo aparece una leyenda que dice se realizan las gestiones necesarias para “generar y posteriormente publicar la información correspondiente”. O sea, el documento no está.

Lo que sí se incluyó es el contrato que señala específicamente como justificación legal para haber adjudicado directamente este contrato la fracción II del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal.

Dicho artículo expresamente señala:

“(Procede la adjudicación) cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Distrito Federal, como consecuencia de desastres producidos, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes”.

Al no estar disponible el dictamen técnico en la plataforma, no se conoce como encuadró la dependencia la compra de carnes y embutidos en dicho artículo.

¡Justicia para Aidee!


Por Arturo Ángel (Animal Político)

Aideé Mendoza, la estudiante de 18 años de edad que recibió un impacto de bala en el interior de su salón de clases del CCH Oriente, llegó muerta al hospital a donde fue trasladada, más de una hora después de que se reportó la agresión.

El motivo por el cual demoró tanto su traslado al centro de salud, que estaba a menos de diez minutos del colegio, y la circunstancia y autoría del crimen, continúan sin esclarecerse.

Del homicidio de Aideé, perpetrado a plena luz del día en un lugar público, han transcurrido ya 21 días.

Animal Político tuvo acceso a la nota médico legal que da cuenta de los datos oficiales del fallecimiento de Aideé. La información vertida no concuerda con lo reportado inicialmente por la Procuraduría y la policía capitalina, tanto en los horarios del evento así como en la condición de la joven.

El documento detalla que la joven ingresó al área de choque del Hospital Regional del ISSSTE “General Ignacio Zaragoza” a las 16 horas del 29 de abril. Lo hizo ya bajo las condiciones de “maniobras de reanimación”, y sin signos vitales. Es decir, la joven venía ya sin vida.

Se transcribe dicho reporte:

“Femenino de 18 años de edad, la cual se encuentra con maniobras de reanimación básica y avanzada sin signos vitales con palidez generalizada, durante las maniobras de reanimación e detecta sangrado importante a nivel del 8vo espacio intercostal línea media auxiliar derecha detectándose orificio de aproximadamente .5cm de diámetro, con hematoma en hipocondrio izquierdo línea axilar anterior, sin respuesta a maniobras de reanimación, concluyendo que llegó cadáver”.

El documento agrega que, según lo referido por los paramédicos que recogieron a Aideé, cuando estos llegaron al CCH Oriente la joven fue reportada con un “antecedente de crisis convulsiva y en maniobras de reanimación Fc 0 Fr 0”. Es decir, con una supuesta pérdida de signos vitales desde que llegaron al colegio.

La nota médico legal, firmada por los médicos de apellidos Nolasco y Pérez, concluye que Aideé Mendoza, con número de expediente MEJA0001228-99, falleció a causa de una “herida por proyectil de arma de fuego, probable doble penetrante”.

¿Cuánto tiempo pasó desde que Aideé cayó herida hasta que llegó al hospital?

De una hora 15 a una hora 30 minutos – por lo menos -,  desde que se reportó la agresión. De acuerdo con declaraciones de los estudiantes del salón de Aideé y de testigos, ella resultó lesionada poco después 2:30 de la tarde. Y para las 2:45 la enfermería del Colegio ya había recibido la notificación de que había ocurrido un incidente en el salón.

Un reporte interno de la policía capitalina indica que la ambulancia del ERUM recibió la solicitud de apoyo a las 3 de la tarde, de parte de Rubén Guevara López, jefe de la unidad de planeación del CCH. El reporte añade – sin precisar la hora – que llegó la unidad ERUM MX 061. Concluye diciendo que la joven perdió la vida al ingresar al nosocomio.

Los anteriores datos contradicen la tarjeta informativa oficial que la Procuraduría General de Justicia emitió por estos hechos, la noche del 29 de abril. En ella señaló primero que los “hechos se registraron a las 16:45 horas”, que en realidad son 45 minutos después de que la joven ya había muerto, y dos horas después de que se reportó inicialmente el incidente.

Pero además dicha tarjeta informativa dice que la joven ingresó y falleció en el hospital. En realidad murió antes de llegar al mismo, como señala el certificado legal.

Ambulancia no llegaba, dice testigo; director guarda silencio

Un testigo presencial de los hechos, trabajador del CCH Oriente, confirmó que el reporte de la emergencia de Aideé lo recibió una de las enfermeras del servicio de enfermería, de nombre Verónica, a las 2:45 de la tarde.

Indica que no pensaron que se tratara de un homicidio, pues Verónica revisó a la joven y no se percató de que tuviera una herida por arma de fuego. Pensó más bien en un estallamiento de vísceras, aunque su estado era crítico. Verónica procedió a darle los primeros auxilios, y solicitó a la secretaria Administrativa del CCH que pidiera el traslado inmediato al hospital.

“Lo que pasa es que desafortunadamente la ambulancia nunca llegó. Le dieron oxígeno ahí y le metieron una sonda gástrica, pensando que había sangre pero no. Se pensó entonces en un estallamiento de un pulmón, pero no estaba claro. Llegaron luego las doctoras de la tarde y era urgente que esta niña fuera llevada al hospital, pero desafortunadamente si tardó mucho la ambulancia en llegar”, señaló el testigo.

La doctora Lourdes Cuautle, tía de Aideé Mendoza, dijo a Animal Político que la familia ya ha cuestionado al director del CCH Oriente, Víctor Efraín Peralta Terrazas, sobre cómo manejaron la emergencia y los tiempos exactos en que se pidió el apoyo médico, pero éste no ha querido darles respuesta.

Explicó que cuenta con versiones (no confirmadas al 100%) de que una primera ambulancia habría llegado al plantel, pero al parecer esta no contaba con el equipo médico adecuado, por lo que tuvieron que esperar a una segunda unidad para brindar asistencia.

La tía de Aideé subrayó que, con independencia de las circunstancias precisas en que ocurrieron los hechos, la familia está convencida de que existieron negligencias en la atención de la emergencia, y por lo tanto es un asunto que debe de investigarse.

Pocas respuestas, varias preguntas

El lunes pasado se cumplieron tres semanas del homicidio de Aideé Mendoza y el caso sigue sin esclarecerse. La Procuraduría General de Justicia no ha anunciado alguna conclusión – por lo menos preliminar – de la investigación que lleva a cabo con motivo del crimen. Autoridades capitalinas indicaron a este medio que se esperan los resultados finales de diversos peritajes.

Lourdes Cuautle confirmó que la PGJ tampoco le ha dado alguna conclusión definitiva a la familia. La semana pasada les informaron que siguen abiertas tres líneas de investigación, aunque la que ha cobrado mayor fuerza es la de que la bala calibre 9 milímetros que hirió a Aideé provino de una distancia de al menos 150 metros.

Indicó que las autoridades les prometieron que esta semana les darán acceso a la carpeta de investigación, para conocer los avances respecto a las distintas líneas abiertas.

“Lo que sí está confirmado es que  la bala fue de 9 milímetros, que entró de derecha a izquierda y afectó el pulmón, hígado e intestino de Aideé. Pero aún nos falta ver de dónde vino y quién fue el responsable. Y también que se esclarezca el tema de la atención que recibió”, dijo.

La tía de la joven anunció además que se está organizando una marcha para el próximo 30 de mayo, que partiría del Ángel de la Independencia, con motivo del primer mes del homicidio de Aideé. El destino aún no está confirmado, pero sería en conjunto con otras organizaciones de víctimas.

¡Justicia para Aidee!


Por Arturo Ángel (Animal Político)

Aideé Mendoza, la estudiante de 18 años de edad que recibió un impacto de bala en el interior de su salón de clases del CCH Oriente, llegó muerta al hospital a donde fue trasladada, más de una hora después de que se reportó la agresión.

El motivo por el cual demoró tanto su traslado al centro de salud, que estaba a menos de diez minutos del colegio, y la circunstancia y autoría del crimen, continúan sin esclarecerse.

Del homicidio de Aideé, perpetrado a plena luz del día en un lugar público, han transcurrido ya 21 días.

Animal Político tuvo acceso a la nota médico legal que da cuenta de los datos oficiales del fallecimiento de Aideé. La información vertida no concuerda con lo reportado inicialmente por la Procuraduría y la policía capitalina, tanto en los horarios del evento así como en la condición de la joven.

El documento detalla que la joven ingresó al área de choque del Hospital Regional del ISSSTE “General Ignacio Zaragoza” a las 16 horas del 29 de abril. Lo hizo ya bajo las condiciones de “maniobras de reanimación”, y sin signos vitales. Es decir, la joven venía ya sin vida.

Se transcribe dicho reporte:

“Femenino de 18 años de edad, la cual se encuentra con maniobras de reanimación básica y avanzada sin signos vitales con palidez generalizada, durante las maniobras de reanimación e detecta sangrado importante a nivel del 8vo espacio intercostal línea media auxiliar derecha detectándose orificio de aproximadamente .5cm de diámetro, con hematoma en hipocondrio izquierdo línea axilar anterior, sin respuesta a maniobras de reanimación, concluyendo que llegó cadáver”.

El documento agrega que, según lo referido por los paramédicos que recogieron a Aideé, cuando estos llegaron al CCH Oriente la joven fue reportada con un “antecedente de crisis convulsiva y en maniobras de reanimación Fc 0 Fr 0”. Es decir, con una supuesta pérdida de signos vitales desde que llegaron al colegio.

La nota médico legal, firmada por los médicos de apellidos Nolasco y Pérez, concluye que Aideé Mendoza, con número de expediente MEJA0001228-99, falleció a causa de una “herida por proyectil de arma de fuego, probable doble penetrante”.

¿Cuánto tiempo pasó desde que Aideé cayó herida hasta que llegó al hospital?

De una hora 15 a una hora 30 minutos – por lo menos -,  desde que se reportó la agresión. De acuerdo con declaraciones de los estudiantes del salón de Aideé y de testigos, ella resultó lesionada poco después 2:30 de la tarde. Y para las 2:45 la enfermería del Colegio ya había recibido la notificación de que había ocurrido un incidente en el salón.

Un reporte interno de la policía capitalina indica que la ambulancia del ERUM recibió la solicitud de apoyo a las 3 de la tarde, de parte de Rubén Guevara López, jefe de la unidad de planeación del CCH. El reporte añade – sin precisar la hora – que llegó la unidad ERUM MX 061. Concluye diciendo que la joven perdió la vida al ingresar al nosocomio.

Los anteriores datos contradicen la tarjeta informativa oficial que la Procuraduría General de Justicia emitió por estos hechos, la noche del 29 de abril. En ella señaló primero que los “hechos se registraron a las 16:45 horas”, que en realidad son 45 minutos después de que la joven ya había muerto, y dos horas después de que se reportó inicialmente el incidente.

Pero además dicha tarjeta informativa dice que la joven ingresó y falleció en el hospital. En realidad murió antes de llegar al mismo, como señala el certificado legal.

Ambulancia no llegaba, dice testigo; director guarda silencio

Un testigo presencial de los hechos, trabajador del CCH Oriente, confirmó que el reporte de la emergencia de Aideé lo recibió una de las enfermeras del servicio de enfermería, de nombre Verónica, a las 2:45 de la tarde.

Indica que no pensaron que se tratara de un homicidio, pues Verónica revisó a la joven y no se percató de que tuviera una herida por arma de fuego. Pensó más bien en un estallamiento de vísceras, aunque su estado era crítico. Verónica procedió a darle los primeros auxilios, y solicitó a la secretaria Administrativa del CCH que pidiera el traslado inmediato al hospital.

“Lo que pasa es que desafortunadamente la ambulancia nunca llegó. Le dieron oxígeno ahí y le metieron una sonda gástrica, pensando que había sangre pero no. Se pensó entonces en un estallamiento de un pulmón, pero no estaba claro. Llegaron luego las doctoras de la tarde y era urgente que esta niña fuera llevada al hospital, pero desafortunadamente si tardó mucho la ambulancia en llegar”, señaló el testigo.

La doctora Lourdes Cuautle, tía de Aideé Mendoza, dijo a Animal Político que la familia ya ha cuestionado al director del CCH Oriente, Víctor Efraín Peralta Terrazas, sobre cómo manejaron la emergencia y los tiempos exactos en que se pidió el apoyo médico, pero éste no ha querido darles respuesta.

Explicó que cuenta con versiones (no confirmadas al 100%) de que una primera ambulancia habría llegado al plantel, pero al parecer esta no contaba con el equipo médico adecuado, por lo que tuvieron que esperar a una segunda unidad para brindar asistencia.

La tía de Aideé subrayó que, con independencia de las circunstancias precisas en que ocurrieron los hechos, la familia está convencida de que existieron negligencias en la atención de la emergencia, y por lo tanto es un asunto que debe de investigarse.

Pocas respuestas, varias preguntas

El lunes pasado se cumplieron tres semanas del homicidio de Aideé Mendoza y el caso sigue sin esclarecerse. La Procuraduría General de Justicia no ha anunciado alguna conclusión – por lo menos preliminar – de la investigación que lleva a cabo con motivo del crimen. Autoridades capitalinas indicaron a este medio que se esperan los resultados finales de diversos peritajes.

Lourdes Cuautle confirmó que la PGJ tampoco le ha dado alguna conclusión definitiva a la familia. La semana pasada les informaron que siguen abiertas tres líneas de investigación, aunque la que ha cobrado mayor fuerza es la de que la bala calibre 9 milímetros que hirió a Aideé provino de una distancia de al menos 150 metros.

Indicó que las autoridades les prometieron que esta semana les darán acceso a la carpeta de investigación, para conocer los avances respecto a las distintas líneas abiertas.

“Lo que sí está confirmado es que  la bala fue de 9 milímetros, que entró de derecha a izquierda y afectó el pulmón, hígado e intestino de Aideé. Pero aún nos falta ver de dónde vino y quién fue el responsable. Y también que se esclarezca el tema de la atención que recibió”, dijo.

La tía de la joven anunció además que se está organizando una marcha para el próximo 30 de mayo, que partiría del Ángel de la Independencia, con motivo del primer mes del homicidio de Aideé. El destino aún no está confirmado, pero sería en conjunto con otras organizaciones de víctimas.