«Las cuentas publicas se van a aclarar» AMLO


El presidente asegura que las irregularidades se solventarán en tiempo y forma.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que las irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2020, “se van a ir aclarando”.

El domingo pasado la ASF publicó el informe de resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020, en el que destacó irregularidades por un monto de 28.1 millones de pesos en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro; un aumento hasta en 2 millones de pesos en el costo de algunas sucursales del Banco del Bienestar, entre otras anomalías.

Durante la mañanera, AMLO aseguró que todas las irregularidades que destacó la ASF en su reporte, se irán aclarando, “así es siempre, se audita todo y se empieza a aclarar”, indicó desde Palacio Nacional.

Aseguró que las irregularidades se resolverían y en caso de que se encuentren actos de corrupción se castigará a los responsables, “a quien sea, no hay impunidad para nadie”.

Al fiscalizar la Cuenta Pública de 2020, la Auditoría detectó un posible daño al erario por un total de 63,010 millones de pesos, de los cuales 49,765 millones de pesos fueron detectados durante la tercera entrega de este ejercicio fiscalizador.

Del último informe se desprende que, de las 866 auditorías practicadas en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2020, un gran número de posibles irregularidades se concentra en el rubro de desarrollo económico. Además, se encontraron posibles daños que ascienden a 1,674 millones de pesos de las empresas productivas del Estado.

Fuente: José Cárdenas

La Auditoria Superior de la Federación detecta anomalías en obras federales.


Las obras federales tienen un deficit de 49 mil millones de pesos.

«Las cifras sobre el NAIM son las correctas»: Agustín Caso Raphael


Agustín Caso Raphael, el auditor que calculó en 331 mil millones de pesos el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cifra tres veces mayor a lo proyectado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, defendió su estimación y aseguró que la diferencia en las cifras radica en el tipo de metodología que se utilice.

Esto porque después de publicar la fiscalización el pasado 27 de febrero, dos días después el presidente Andrés Manuel López descalificó la cifra y aseguró que la Auditoría se había equivocado. Horas después, la Auditoría emitió una tarjeta donde reconoció “inconsistencias” en su cálculo por lo que haría otra revisión. Sin embargo, Caso Raphael, aseguró que las recomendaciones plasmadas en la auditoría a la cancelación no tienen un ánimo punitivo, sino intenta abonar a una mejor calidad en el manejo del gasto y “eso de ninguna manera entraña un ataque a la investidura presidencial ni a un gobierno”.

El costo de dicha cancelación, dijo el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ascendería a 100 mil millones de pesos. Sin embargo, la Auditoría reveló que más bien sería de 331 mil millones de pesos.

Para calcular esta cifra, explicó Caso, “la Auditoría utilizó una metodología económica, que  observan los costos económicos y no solo los contables”, por lo tanto, “no existe una disyuntiva entre una cifra buena y una mala, lo que existen son metodologías que generan resultados acordes a su naturaleza”, dijo en la comparecencia.

Además, para fondear el proyecto se colocaron bonos, pero éstos “no son de libre disposición porque no son de carácter presupuestario sino fueron recursos captados y vinculados jurídicamente a un fin específico, que fue la construcción de un proyecto particular con condiciones y garantías definidas”.

Por lo tanto, al “cancelar los instrumentos financieros se materializa una desinversión que originalmente se estableció aprovechando la capacidad de endeudamiento de la sociedad, pero al momento de concretarse la sociedad no pudo utilizar los recursos invertidos por las características jurídicas y económicas con que se establecieron, lo que configura una situación de costo de oportunidad y que se cubre actualmente con recursos presupuestarios”, dijo Caso.

Fuente: Animal Político

El costo del berrinche: La cancelación de Texcoco


La Auditoría Superior de la Federación de México (ASF) ha revelado que el costo real de la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) triplica la estimación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y aún podría incrementarse.

El organismo fiscalizador indicó que el costo total de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco fue estimado por la ASF en más de 331.996 millones de pesos, lo que significa un aumento de casi un 232 %.

En el documento ‘Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco’, publicado el 26 de abril de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) había estimado una cifra de 100.000 millones de pesos. No obstante, la ASF explica que el organismo no consideró «las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados».

La ASF aclaró que el costo total de la cancelación de la construcción incluyen 163.540 millones de pesos por gastos ya erogados a 2019 (costos no recuperables de la inversión y de la finalización anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios, entre otros), así como 168.455 millones de pesos más por costos adicionales que se derivan de obligaciones pendientes para la cancelación.

Sin embargo, hay cinco factores que podrían incrementar este monto aún más. Entre ellos, la liquidación pendiente del 70 % del valor de los bonos emitidos para financiar el proyecto y no recomprados. El costo estimado por la recompra de estos bonos asciende a 168.455 millones de pesos, incluidas las comisiones que se tendrían que pagar a los tenedores por aceptar la oferta.

«Estos factores pueden ocasionar un aumento en el costo estimado de la cancelación del NAICM, por lo que es necesario que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México realice un seguimiento constante en los mismos, con objeto de que identifique el costo total en que se incurrirá con la cancelación del proyecto», subraya el informe.

Si bien el Gobierno Federal espera que la infraestructura entre en servicio en 2022, los informes de la ASF de este sábado señalaron una serie de inconsistencias operativas, económicas y administrativas en la construcción del AIFA que ponen en riesgo estos planes.

Por ejemplo, la entidad señaló que el análisis costo-beneficio de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sobre el proyecto de inversión del aeropuerto no incluyó evaluaciones sobre las ventajas y desventajas de contar con un aeropuerto mixto. Dada su naturaleza dual, se deben determinar «las operaciones simultáneas que se puedan realizar, así como aquellas en las que sólo se puedan realizar maniobras militares», señaló la ASF.

Además, dado que el Felipe Ángeles será el primer aeropuerto civil-militar en el país, las leyes de México tienen que definirlo con exactitud y establecer las condiciones necesarias para el funcionamiento de este tipo de infraestructura.

Fuente: RT noticias

Perdón y olvido


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