Chile, un campo de batalla en medio del polvorín


Por Luis Gonzalo Segura (RT noticias)

El primer aniversario de la quiebra social chilena ha provocado manifestaciones masivas y la quema de dos iglesias: Chile es un polvorín desde que el año pasado, entre octubre y noviembre de 2019, el caos estallara por los niveles de desigualdad y pobreza que asolan el país –una ligera subida del precio de transporte obligó al estado de excepción–.

Tal es la inflamable situación que en febrero pasado, ya en 2020, se vivieron nuevas protestas cuando un aficionado falleció junto al Estadio Monumental. El balance en aquella ocasión, la penúltima batalla hasta que un menor fue arrojado a principios de este mes de octubre por el puente Pio Nono, pone los pelos de punta: dos muertos –uno cerebral–, 46 carabineros lesionados, 6 saqueos, 96 desórdenes y 124 detenidos en una noche con 159 episodios graves y tres gobernaciones dañadas. En los meses anteriores habían sido alcanzados con ‘balas locas’ varios bebés y una menor. Un caos que, ni la pandemia ni el próximo plebiscito –el próximo 25 de octubre– para reformar la constitución chilena –de Pinochet–, han conseguido reducir y que tiene su origen en el 11 de septiembre de 1973.

Porque ni las bombas ni las ráfagas acallaron el metal tranquilo de la voz de Salvador Allende que, tal y como vaticinó, todavía sigue escuchándose en unas calles que revive el mismo combate que le costó la vida. Y es que casi medio siglo después del asalto al gobierno democrático chileno, los gurús del milagro económico se decidieron, de nuevo, por la barbarie en el puente Pio Nono, a solo unas cuadras del bombardeado Palacio de la Moneda y solo un año después del estallido social chileno, cuando un manifestante, menor de 16 años, fue arrollado por un carabinero acorazado y terminó con sus huesos sobre el lecho casi enerve del río Mapocho.

Ciertamente, la conexión entre el luchador social que encabezó la vía chilena al socialismo y el anónimo menor que protestaba en la calle casi cincuenta años después de la traición, resulta evidente, pues en el caso del puente Pio Nono se encuentran encerrados todos los demonios chilenos y ejemplificados todos los paradigmas del laberinto que separa a los ciudadanos de Chile de las grandes avenidas de una sociedad mejor. Pero también encuentra a los mismos contendientes.

Casi cincuenta años de espejismo

El cuerpo del menor semisumergido sobre el río Mapocho es la imagen de Estados Unidos, líder del sistema capitalista dominante en la actualidad, que siempre estuvo y ni siquiera disimuló. El Imperio USA trabajó para impedir la elección de Salvador Allende mediante sobornos; desestabilizó el país todo cuanto le fue posible mientras Salvador Allende estuvo en el gobierno –pagaron 35.000 dólares por el asesinato del general Schneider en 1970–; y, finalmente, su mano negra se intuye en el Estadio Nacional y en las miles de víctimas del régimen del oportunista Augusto Pinochet, incluidos el general Carlos Prats, el cantautor Víctor Jara y, quizás, el gran Pablo Neruda.

Y, ante todo, el menor arrojado al río es el reflejo del espejismo del milagro económico chileno de Milton Friedman y los ‘Chicago Boys’ implementado por el cruel y exonerado dictador Augusto Pinochet. Esa suerte de estafa-expolio que consistió en generar un crecimiento económico enorme durante el mayor tiempo posible para que fuera extraído por las élites chilenas y mundiales. Un éxito sin precedentes hasta que un día la desigualdad llegó a unos puntos tan elevados que convirtieron Chile en campo de batalla por la subida de un billete de transporte.

En el edificio de una dictadura

Porque si algo descubrieron con asombro los chilenos tras el confeti de Friedman es que siguen viviendo en el cuartel de Pinochet, lo que no cambiará ni aunque durante los próximos días reformen la Constitución chilena, obra del general y dictador. Porque el caso del puente Pio Nono demuestra que el problema chileno va mucho más allá de lo formal.

Para empezar, aunque la escena es en sí misma –arrojar a un manifestante menor por un puente– tan incomprensible y devastadora que hasta los propios carabineros quedaron paralizados y se retiraron rendidos con sus pertrechos acorazados entre gritos de ‘lo mataron, lo mataron’ –eso parecía–, lo cierto es que solo se trata de la culminación de un embrutecimiento por la orden y el orden del mando que comenzó con el asalto al Palacio de la Moneda en 1973 y que ha provocado que las fuerzas del orden chilenas hayan sido responsables de asesinatos, violaciones y torturas en los últimos meses, años y décadas. De nuevo, para salvaguardar los intereses de las élites. Son las mismas fuerzas armadas y carabineros que traicionaron a Allende.

Por ello, no es de extrañar que durante el estado de excepción vivido el año pasado –del 19 al 27 de octubre de 2019–, los militares y los carabineros fueran denunciados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por un total de 167 acciones –5 homicidios, 92 torturas y 19 acosos o agresiones sexuales– y la Fiscalía chilena contabilizara 840 investigaciones por la violencia de policiales o militares, incluyendo la presunta violación o agresión sexual de ocho personas y el desnudo de otras 29. Todo ello, durante unos pocos días de octubre.

No se puede, por tanto, considerar lo sucedido en el puente Pio Nono como un episodio aislado, menos, todavía, si tenemos en cuenta que la cúpula policial intentó justificar el episodio cuando el pasado día 3 de octubre el general Enrique Monrás aseveró que “cuando los carabineros iban a detener a varias personas, uno de nuestros carabineros, al tratar de detener a una persona, a un joven, este pierde el equilibrio y caer por la baranda del puente Pío Nono y cae al río Mapuche… Para mí el funcionario intentó detenerlo, lamentablemente la persona pierde el equilibrio y se cae”.

Unas justificaciones, y unas sombras, que se extendieron por todo el cuerpo de Carabineros con las declaraciones del día 10 de octubre de los agentes presentes en la embestida policial del menor, pues estos optaron por justificar al carabinero detenido: “Mientras corría me percaté de que el carabinero Sebastián Zamora intentó tomar por la espalda a un manifestante, el que, al intentar huir, perdió el equilibrio y se fue contra la baranda poniente, sobrepasándola y cayendo al río Mapocho”. Agentes que, incluso, llegaron a justificar la ausencia de auxilio al menor: “En ese momento yo, en compañía del teniente Fernández y el carabinero Zamora, nos acercamos a la baranda y observamos que la persona se encontraba en el río boca abajo y no se movía, no pudiendo prestarle auxilio porque los manifestantes se comenzaron a acercar a nosotros, obligándonos a replegarnos en dirección a Plaza Baquedano”.

Sombras que han llegado a su punto álgido con el acoso a la fiscal encargada del caso, Ximena Chong, que recibió una carta amenazante el 6 de octubre y al día siguiente, la mañana del miércoles día 7 de octubre, descubrió a un oficial de carabineros frente a su domicilio en actitud sospechosa.

Los carabineros, el mismo cuerpo que en última instancia facilitó el asalto al Palacio de la Moneda, son los que durante estos meses han actuado con mayor violencia sobre la ciudadanía chilena junto a los militares, los que la derrocaron –la democracia–. No es casualidad. No cabe duda que son la guardia pretoriana de una élite chilena que apuesta decididamente por sostener el expolio a costa de aumentar la desigualdad y la pobreza de los chilenos y que solo está dispuesta a conceder matices.

Chile, en el abismo del caos

Aunque, contra todo pronóstico a tenor de los escalofriantes fotogramas de la caída, el menor fuera dado de alta en la clínica Santa María el día 8 de octubre, la herida en la sociedad chilena no solo no sanó, sino que se abrió un nuevo frente –familiar, social, mediático– que puso de manifiesto el desconcierto y el caos chileno.

Así, el 12 de octubre, la madre del menor, Daisy Alvear, acusó al carabinero que empujó a su hijo, actualmente detenido: “Esto no fue un accidente, fue un homicidio frustrado”. Y sentenció que para ella, como para tantos y tantos chilenos, “no tiene perdón”. En contraposición, el padre del carabinero, Michel Zamora Álvarez, envió una misiva a los medios en la que acusó de traición las actuaciones de la Fiscalía o la Defensora del Menor.

Pero, como comentaba, Chile es un polvorín y hace escasas horas el padre del menor, Ricardo Araya Moreno, fue tiroteado en Puente Alto, en las cercanías de la Plaza de la Dignidad, encontrándose ahora mismo ingresado y fuera de peligro tras ser intervenido quirúrgicamente.

Arengaba Salvador Allende en sus últimas palabras a los chilenos: “El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse”. Cierto. Pero para ello, para que el pueblo se defienda, es imprescindible que el pueblo sepa, que el pueblo recuerde. Que recuerde cuándo, dónde, por qué y quiénes lo imposibilitaron todo. Las grandes alamedas todavía esperan.

Fuente: RT noticias

Chile, un campo de batalla en medio del polvorín


Por Luis Gonzalo Segura (RT noticias)

El primer aniversario de la quiebra social chilena ha provocado manifestaciones masivas y la quema de dos iglesias: Chile es un polvorín desde que el año pasado, entre octubre y noviembre de 2019, el caos estallara por los niveles de desigualdad y pobreza que asolan el país –una ligera subida del precio de transporte obligó al estado de excepción–.

Tal es la inflamable situación que en febrero pasado, ya en 2020, se vivieron nuevas protestas cuando un aficionado falleció junto al Estadio Monumental. El balance en aquella ocasión, la penúltima batalla hasta que un menor fue arrojado a principios de este mes de octubre por el puente Pio Nono, pone los pelos de punta: dos muertos –uno cerebral–, 46 carabineros lesionados, 6 saqueos, 96 desórdenes y 124 detenidos en una noche con 159 episodios graves y tres gobernaciones dañadas. En los meses anteriores habían sido alcanzados con ‘balas locas’ varios bebés y una menor. Un caos que, ni la pandemia ni el próximo plebiscito –el próximo 25 de octubre– para reformar la constitución chilena –de Pinochet–, han conseguido reducir y que tiene su origen en el 11 de septiembre de 1973.

Porque ni las bombas ni las ráfagas acallaron el metal tranquilo de la voz de Salvador Allende que, tal y como vaticinó, todavía sigue escuchándose en unas calles que revive el mismo combate que le costó la vida. Y es que casi medio siglo después del asalto al gobierno democrático chileno, los gurús del milagro económico se decidieron, de nuevo, por la barbarie en el puente Pio Nono, a solo unas cuadras del bombardeado Palacio de la Moneda y solo un año después del estallido social chileno, cuando un manifestante, menor de 16 años, fue arrollado por un carabinero acorazado y terminó con sus huesos sobre el lecho casi enerve del río Mapocho.

Ciertamente, la conexión entre el luchador social que encabezó la vía chilena al socialismo y el anónimo menor que protestaba en la calle casi cincuenta años después de la traición, resulta evidente, pues en el caso del puente Pio Nono se encuentran encerrados todos los demonios chilenos y ejemplificados todos los paradigmas del laberinto que separa a los ciudadanos de Chile de las grandes avenidas de una sociedad mejor. Pero también encuentra a los mismos contendientes.

Casi cincuenta años de espejismo

El cuerpo del menor semisumergido sobre el río Mapocho es la imagen de Estados Unidos, líder del sistema capitalista dominante en la actualidad, que siempre estuvo y ni siquiera disimuló. El Imperio USA trabajó para impedir la elección de Salvador Allende mediante sobornos; desestabilizó el país todo cuanto le fue posible mientras Salvador Allende estuvo en el gobierno –pagaron 35.000 dólares por el asesinato del general Schneider en 1970–; y, finalmente, su mano negra se intuye en el Estadio Nacional y en las miles de víctimas del régimen del oportunista Augusto Pinochet, incluidos el general Carlos Prats, el cantautor Víctor Jara y, quizás, el gran Pablo Neruda.

Y, ante todo, el menor arrojado al río es el reflejo del espejismo del milagro económico chileno de Milton Friedman y los ‘Chicago Boys’ implementado por el cruel y exonerado dictador Augusto Pinochet. Esa suerte de estafa-expolio que consistió en generar un crecimiento económico enorme durante el mayor tiempo posible para que fuera extraído por las élites chilenas y mundiales. Un éxito sin precedentes hasta que un día la desigualdad llegó a unos puntos tan elevados que convirtieron Chile en campo de batalla por la subida de un billete de transporte.

En el edificio de una dictadura

Porque si algo descubrieron con asombro los chilenos tras el confeti de Friedman es que siguen viviendo en el cuartel de Pinochet, lo que no cambiará ni aunque durante los próximos días reformen la Constitución chilena, obra del general y dictador. Porque el caso del puente Pio Nono demuestra que el problema chileno va mucho más allá de lo formal.

Para empezar, aunque la escena es en sí misma –arrojar a un manifestante menor por un puente– tan incomprensible y devastadora que hasta los propios carabineros quedaron paralizados y se retiraron rendidos con sus pertrechos acorazados entre gritos de ‘lo mataron, lo mataron’ –eso parecía–, lo cierto es que solo se trata de la culminación de un embrutecimiento por la orden y el orden del mando que comenzó con el asalto al Palacio de la Moneda en 1973 y que ha provocado que las fuerzas del orden chilenas hayan sido responsables de asesinatos, violaciones y torturas en los últimos meses, años y décadas. De nuevo, para salvaguardar los intereses de las élites. Son las mismas fuerzas armadas y carabineros que traicionaron a Allende.

Por ello, no es de extrañar que durante el estado de excepción vivido el año pasado –del 19 al 27 de octubre de 2019–, los militares y los carabineros fueran denunciados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por un total de 167 acciones –5 homicidios, 92 torturas y 19 acosos o agresiones sexuales– y la Fiscalía chilena contabilizara 840 investigaciones por la violencia de policiales o militares, incluyendo la presunta violación o agresión sexual de ocho personas y el desnudo de otras 29. Todo ello, durante unos pocos días de octubre.

No se puede, por tanto, considerar lo sucedido en el puente Pio Nono como un episodio aislado, menos, todavía, si tenemos en cuenta que la cúpula policial intentó justificar el episodio cuando el pasado día 3 de octubre el general Enrique Monrás aseveró que “cuando los carabineros iban a detener a varias personas, uno de nuestros carabineros, al tratar de detener a una persona, a un joven, este pierde el equilibrio y caer por la baranda del puente Pío Nono y cae al río Mapuche… Para mí el funcionario intentó detenerlo, lamentablemente la persona pierde el equilibrio y se cae”.

Unas justificaciones, y unas sombras, que se extendieron por todo el cuerpo de Carabineros con las declaraciones del día 10 de octubre de los agentes presentes en la embestida policial del menor, pues estos optaron por justificar al carabinero detenido: “Mientras corría me percaté de que el carabinero Sebastián Zamora intentó tomar por la espalda a un manifestante, el que, al intentar huir, perdió el equilibrio y se fue contra la baranda poniente, sobrepasándola y cayendo al río Mapocho”. Agentes que, incluso, llegaron a justificar la ausencia de auxilio al menor: “En ese momento yo, en compañía del teniente Fernández y el carabinero Zamora, nos acercamos a la baranda y observamos que la persona se encontraba en el río boca abajo y no se movía, no pudiendo prestarle auxilio porque los manifestantes se comenzaron a acercar a nosotros, obligándonos a replegarnos en dirección a Plaza Baquedano”.

Sombras que han llegado a su punto álgido con el acoso a la fiscal encargada del caso, Ximena Chong, que recibió una carta amenazante el 6 de octubre y al día siguiente, la mañana del miércoles día 7 de octubre, descubrió a un oficial de carabineros frente a su domicilio en actitud sospechosa.

Los carabineros, el mismo cuerpo que en última instancia facilitó el asalto al Palacio de la Moneda, son los que durante estos meses han actuado con mayor violencia sobre la ciudadanía chilena junto a los militares, los que la derrocaron –la democracia–. No es casualidad. No cabe duda que son la guardia pretoriana de una élite chilena que apuesta decididamente por sostener el expolio a costa de aumentar la desigualdad y la pobreza de los chilenos y que solo está dispuesta a conceder matices.

Chile, en el abismo del caos

Aunque, contra todo pronóstico a tenor de los escalofriantes fotogramas de la caída, el menor fuera dado de alta en la clínica Santa María el día 8 de octubre, la herida en la sociedad chilena no solo no sanó, sino que se abrió un nuevo frente –familiar, social, mediático– que puso de manifiesto el desconcierto y el caos chileno.

Así, el 12 de octubre, la madre del menor, Daisy Alvear, acusó al carabinero que empujó a su hijo, actualmente detenido: “Esto no fue un accidente, fue un homicidio frustrado”. Y sentenció que para ella, como para tantos y tantos chilenos, “no tiene perdón”. En contraposición, el padre del carabinero, Michel Zamora Álvarez, envió una misiva a los medios en la que acusó de traición las actuaciones de la Fiscalía o la Defensora del Menor.

Pero, como comentaba, Chile es un polvorín y hace escasas horas el padre del menor, Ricardo Araya Moreno, fue tiroteado en Puente Alto, en las cercanías de la Plaza de la Dignidad, encontrándose ahora mismo ingresado y fuera de peligro tras ser intervenido quirúrgicamente.

Arengaba Salvador Allende en sus últimas palabras a los chilenos: “El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse”. Cierto. Pero para ello, para que el pueblo se defienda, es imprescindible que el pueblo sepa, que el pueblo recuerde. Que recuerde cuándo, dónde, por qué y quiénes lo imposibilitaron todo. Las grandes alamedas todavía esperan.

Fuente: RT noticias

Chile: La lucha que no termina


Por Cecilia González (RT noticias)

Miles de chilenos se preparan para conmemorar el aniversario del inicio de la crisis social que terminó con el espejismo de la falsa prosperidad de un país que era puesto como ejemplo de exitoso modelo económico por los defensores del neoliberalismo, y que la próxima semana decidirá si deja atrás, o no, la Constitución heredada por la dictadura de Augusto Pinochet.

A pesar de las permanentes represiones de los Carabineros en las calles, las redes sociales están colmadas de convocatorias para manifestarse el próximo domingo con el fin de recordar ese 18 de octubre de 2019, cuando un inédito y masivo cacerolazo cambió la historia de Chile.

Al igual que aquel día, el punto central de la protesta será la Plaza Italia que, desde hace un año, los manifestantes rebautizaron como la Plaza Dignidad. El gobierno, mientras tanto, ya anunció un operativo con más de 40.000 efectivos de seguridad.

La tensión social es evidente, y combina la expectativa y movilización política rumbo al plebiscito del próximo 25 de octubre con la escasa popularidad del gobierno de Sebastián Piñera, las restricciones de movilidad que rigen por la pandemia de coronavirus y los frecuentes episodios de violencia en los que está involucrado el cuerpo de Carabineros.

En las últimas semanas, esta fuerza policial volvió a protagonizar escándalos por el uso indiscriminado de balas de gomas, gases lacrimógenos o chorros de agua en contra de manifestantes en las recurrentes protestas sociales. Uno de los casos que causó mayor conmoción fue el de un efectivo que aventó a un adolescente desde un puente durante la represión.

A ello se le sumó un informe que Amnistía Internacional (AI) publicó esta semana y en el que acusó a Carabineros de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante las protestas multitudinarias, realizadas del 18 de octubre al 30 de noviembre del año pasado.

Lesiones, tortura, violaciones…

La organización señaló que, en ese periodo de protesta social, más de 12.500 personas tuvieron que ser llevadas a urgencias médicas y por lo menos 347 sufrieron lesiones oculares, en gran parte por los balines que dispararon los carabineros.

AI agregó que, según datos de la Fiscalía Nacional, hubo 5.558 víctimas de violencia institucional, ya fuera por heridas de armas de fuego o lesiones graves. Entre ellas, niños, niñas y adolescentes. Y los carabineros fueron señalados como responsables en 4.170 denuncias.

Los policías también fueron acusados por 246 víctimas que sufrieron violencia sexual, de las cuales seis denunciaron penetración sexual con un objeto; dos, violación sexual, y una violación múltiple, además de que están en marcha otras 134 investigaciones por tortura y 4.158 por apremios ilegítimos y malos tratos.

Carabineros rechazó las acusaciones en un comunicado y lamentó que Amnistía Internacional haya dado por probadas denuncias graves, que todavía se encuentran bajo investigación.

“El reporte omite aclarar a la ciudadanía que un caso presentado en su informe inicial sobre la supuesta violación de un joven en una comisaría fue falso y así declarado por los órganos competentes (…) Las denuncias deben ser investigadas bajo la dirección del Ministerio Público en conformidad a la ley. El establecimiento de la verdad y las responsabilidades civiles y penales les corresponden a los Tribunales de Justicia”, advirtió.

Por otra parte, el cuerpo policial aseguró que durante las protestas del año pasado los agentes hicieron “los mayores esfuerzos para abordar estos episodios de violencia y de desórdenes públicos” con apego a la Constitución.

Sin embargo, en diciembre del año pasado la expresidenta chilena Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya había señalado en un informe que los Carabineros y las Fuerzas Armadas incumplieron normas y estándares internacionales en operativos en los que usaron armas letales, y no distinguieron entre manifestantes pacíficos y violentos.

El organismo recabó denuncias por torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias masivas en protestas que dejaron un saldo de 26 muertos y más de 5.000 heridos.

El germen del estallido

El aumento del precio del boleto del metro en Santiago, que las autoridades trataron de imponer el año pasado, desató un malestar ciudadano que provocó una revuelta social impensada que afectó por completo al gobierno de Piñera.

Las protestas comenzaron el 7 de octubre, cuando cientos de jóvenes se organizaron para saltarse los torniquetes del metro en señal de repudio al incremento, pero la presión social fue creciendo con el paso de los días en medio de las violentas y habituales respuestas policiales.

El 18 de octubre, para evitar que los manifestantes siguieran evadiendo el pago del billete, el gobierno paralizó por completo el servicio del metro. Apostaron a que la ciudadanía se enojaría con los jóvenes pero, en lugar de eso, se unieron a ellos en un cacerolazo que sorprendió por su magnitud. Más de un millón de personas salieron a demostrar que el publicitado “modelo chileno” estaba basado en la desigualdad, en un 5,0 % de la población que tiene más del 50 % de la riqueza, mientras más de la mitad de los trabajadores apenas si pueden mantenerse

El hastío no estalló por el aumento del boleto. Eso fue solo la gota que rebalsó el vaso. “No son 30 pesos, son 30 años”, resumió uno de los lemas que se popularizaron en las marchas, en las que se recordó que el propio presidente era uno de los hombres más ricos del país.

Desde entonces las protestas no pararon, ni siquiera cuando Piñera decretó el estado de emergencia y el toque de queda. Ni con las represiones de Carabineros. Ni cuando el gobierno dio marcha atrás con el aumento.

Las movilizaciones concitaron la atención mundial y lograron que el 15 de noviembre el Senado aprobara la realización de un plebiscito para reformar una Constitución que fue emitida en 1980, durante el gobierno de Augusto Pinochet. Es decir, una Constitución de la dictadura que quedó vigente en democracia.

Chile: Entre el Covid y el descontento social


Texto original: El Financiero

El Gobierno de Chile está enfrentando dificultades para controlar un brote de coronavirus que ha llevado a los hospitales al colapso y podría amenazar con revivir los disturbios sociales generalizados.

Con una población de solo 18 millones de habitantes, la nación está registrando cifras de nuevos casos de COVID-19 a un ritmo comparable, en términos per cápita, al de España en marzo, en el punto más alto de la propagación del virus, y los recursos están cerca de llegar a su límite en la economía más rica de Latinoamérica.

En Santiago, la capital chilena, 95 por ciento de las camas de cuidados intensivos está ocupado, y los pacientes hospitalizados están siendo trasladados a otras regiones del país.

Además del dilema de la salud pública, la actual crisis ha puesto de relieve la desigualdad y la deficiencia de los servicios públicos que llevaron a millones de manifestantes a las calles en octubre pasado.

“El coronavirus viene a poner a prueba nuevamente al sistema de salud, un sistema de salud que ya es deficitario”, dijo el doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico de Chile, a través de un mensaje de WhatsApp. “Es un síntoma más sobre las carencias de la sociedad chilena”.

El país todavía no se recuperaba de la ola de disturbios antigubernamentales del año pasado cuando comenzó la pandemia, y ahora el presidente Sebastián Piñera se encuentra en una delicada situación.

Con el recuerdo vivo de los disturbios sociales, los funcionarios del Gobierno caminan por la ‘cuerda floja’ al poner a Santiago bajo confinamiento para frenar la propagación del virus, con el riesgo de provocar más descontento.

“Cuando hablamos de cuarentena estamos hablando de un instrumento que tiene muchos efectos adversos. Las cuarentenas producen hambre, producen miserias, producen conmoción social, producen aumento de los asaltos, producen aumento de la violencia intrafamiliar”, precisó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, durante una conferencia de prensa el 21 de mayo, donde se manifestó contrario a una cuarentena nacional. “Son instrumentos que hay que usar con mucho cuidado”.

Bloomberg

Hace tan solo un mes, la estrategia de cuarentenas dinámicas de Chile, que restringía los traslados en comunas específicas en lugar de regiones enteras, parecía estar funcionando. Establecimientos como centros comerciales implementaron planes para reabrir, y a fines de abril Piñera comunicó sus intenciones de reabrir escuelas y oficinas, señalando que lo peor había pasado.

Pero desde entonces, el número de nuevos casos de coronavirus aumentó de 500 por día a más de 4 mil por día. Se han establecido “aduanas sanitarias” con control policial alrededor de Santiago, el epicentro del brote; las personas fiscalizadas que no cuentan con permiso deben pagar una multa.

Los hospitales están sobrepasados, e incluso muchos de los establecimientos privados de la ciudad no tienen más espacio para pacientes.

El personal hospitalario está sintiendo la presión. Gabriel de la Fuente, médico de la unidad de cuidados intensivos del hospital estatal Félix Bulnes en Santiago, trabaja en turnos de 24 horas cada dos días, durmiendo donde puede. Señaló que no había visto a sus hijos en dos semanas debido a la carga de trabajo.

“Se está poniendo muchísimo peor”, afirmó. “A muchas personas mayores ahora les da miedo ir al hospital y esperan hasta último minuto para venir. Cuando llegan, ya están condiciones realmente graves y necesitan ventiladores en cuestión de horas”.

Bloomberg

En ese contexto, Piñera está gastando el equivalente a 7 por ciento del PIB en esfuerzos de estímulo mientras entrega paquetes ayuda de emergencia a familias que se están viendo afectadas económicamente por la cuarentena.

Pero en algunos lugares, los disturbios ya comenzaron. La semana pasada, las tensiones aumentaron cuando estallaron violentas protestas por la escasez de alimentos en comunas de escasos recursos de Santiago, como El Bosque y La Pintana.

Si bien en este momento muchas personas no esperan que se repitan las multitudinarias marchas de 2019, los incidentes tomaron desprevenidos a las autoridades la semana pasada. Algunos alcaldes advierten que hay más disturbios en gestación.

Para complicar las cosas, Chile enfrentará una contracción económica “sin precedentes” en el segundo trimestre, según Goldman Sachs.

“La pandemia sanitaria pasa ya a dar forma a la pandemia social”, escribió en Twitter Sadi Melo, alcalde de la comuna de El Bosque, en Santiago. “El Estado central tiene que hacerse presente”.

Bloomberg

Lo bueno es que la situación no es tan grave fuera de Santiago. Algunas partes del norte y sur de Chile solo han utilizado 50 por ciento de su capacidad hospitalaria. Cientos de ventiladores todavía están disponibles en todo el país, según datos del Ministerio de Salud, y hay planes para agregar 500 nuevas camas hospitalarias.

Pero las encuestas sugieren que esos puntos positivos no son suficientes ante los ojos de la mayoría de los ciudadanos. Casi dos tercios de la población desaprueba la forma en que el Gobierno de Piñera está manejando la crisis del coronavirus, según una encuesta a nivel nacional llevada a cabo por Cadem entre el 13 y 14 de mayo.

En Santiago, hospitales de toda la ciudad están contratando personal nuevo, volviendo a capacitar a enfermeras, sacando a médicos de otras unidades y reacondicionando habitaciones. Es posible que aún no sea suficiente.

“Estamos tratando de hacer todo lo humanamente posible, pero estamos sobrepasados”, precisó De la Fuente, del hospital Félix Bulnes. “Si sigue así, no vamos a poder atender a todos adecuadamente. Más personas van a empezar a morir fuera de los hospitales”.

Con la colaboración de Sebastian Boyd.

Chile: El epicentro del crisis en Latinoamérica


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