Violencia autosostenible


Por Eduardo Guerrero Gutiérrez (El Financiero)

El viernes de la semana pasada, Héctor Aguilar Camín formulaba en su columna de Milenio una pregunta por demás pertinente en el México de hoy: la índole y la explicación de la persistente violencia que sacude innumerables rincones del país. Al respecto, Aguilar Camín señala que decir que hay violencia como resultado de la guerra del Estado contra los criminales ya no es una explicación suficiente. Yo estudio la crisis de violencia criminal –con datos, pruebas estadísticas, y también a partir de incontables conversaciones con víctimas, funcionarios y con otros expertos– desde que ésta era un fenómeno relativamente nuevo. Mis primeros análisis al respecto se publicaron en 2009. La conclusión central de aquellos primeros estudios fue que, en efecto, la estrategia de cacería indiscriminada de capos, que lanzó el gobierno de Calderón, fue el principal factor que detonó la crisis de violencia criminal que vivimos a partir de 2008.

Considero que esta explicación sobre el origen de la violencia criminal sigue siendo vigente. Hace más de una década una mala estrategia del gobierno propició el escalamiento de la violencia armada. Sin embargo, como señala Aguilar Camín, la confrontación frontal a los grupos criminales, al menos en el ámbito federal, se suspendió formalmente con el arranque de la 4T. Sin embargo, el pacifismo del gobierno no ha tenido el efecto esperado. La violencia sigue imparable. A pesar del “abrazos no balazos”, y ahora del “quédate en casa”, cerramos mayo con 2 mil 51 ejecuciones. Es una cifra ligeramente superior al promedio mensual para 2018 y 2019 (que han sido los peores años en la historia de México en términos de violencia criminal). Oficialmente se suspendió la guerra. Sin embargo, los balazos siguen.

Hace falta una explicación complementaria, ya no para explicar el origen de la violencia criminal, sino su enigmática continuidad. En mi opinión, el problema, al menos en parte, es que los grupos armados ilegales, una vez que son reclutados, entrenados y armados, cobran vida propia. Son negocios autosostenibles y, como tales, tienden a perpetuarse y a crecer, incluso después de que se extinguen las circunstancias concretas que les dieron origen. En el sur de Italia, por ejemplo, las mafias han existido de forma ininterrumpida desde hace más o menos siglo y medio.

Parte del carácter autosostenible de la violencia es que, como señala con razón Aguilar Camín en su artículo, la violencia criminal ha encontrado nuevas expresiones y, sobre todo, nuevas formas de generar dinero. El cobro de cuota, el huachicol y el robo de carga son los principales ejemplos. El dinero del narcotráfico fue el que financió en su origen a Los Zetas y a los brazos armados del Cártel de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva. Sin embargo, los líderes de estos brazos armados con el tiempo buscaron independizarse de sus jefes y desarrollaron nuevos giros de negocio. En eso no se distinguen de los grupos empresariales.

En todo caso, la lección que ninguna autoridad ha querido entender es que hace falta una política específica para incentivar un desarme del crimen organizado. Esta política no consiste en el mero incautamiento de drogas, ni en el uso indiscriminado de la fuerza pública, los arrestos y los abatimientos de capos (como ya se intentó, sin resultado, en el pasado). Sin embargo, tampoco se va a lograr el desarme criminal por medio de iniciativas ingenuas. Los exhortos del Presidente y las acciones en materia social ya han demostrado ser, en el año y medio que AMLO lleva en la presidencia, completamente inútiles.

Por último, vale la pena hacer una distinción entre la violencia de género (que Aguilar Camín también menciona dentro de las modalidades en auge de la violencia criminal) y la violencia que ocasionan los negocios del crimen organizado. El aparente crecimiento simultáneo de ambas nos podría hacer pensar que existe un vínculo estrecho, por ejemplo, entre ejecuciones criminales y feminicidios. Sin embargo, dudo que guarden una relación significativa. Por supuesto, hay casos en el que los cárteles han aprovechado su poder para cometer abusos contra las mujeres. Pienso, por ejemplo, los raptos y violaciones de mujeres –y niñas– michoacanas por parte de Los Caballeros Templarios. Sin embargo, esos casos son sólo una gota dentro del océano de la violencia machista que prolifera en las empresas, las escuelas y los hogares de todo el país.

No podemos ni siquiera afirmar que la violencia de género vaya en aumento, como se podría pensar al revisar la prensa. En esa forma de violencia específica lo que probablemente ocurre es que, en los últimos años, las mujeres han comenzado a derribar algunas de las estructuras para solapar a los violadores y feminicidas, o para encubrir la ineptitud de las autoridades que deberían investigar ambos delitos. Las mujeres se callan menos que antes –y cada vez se callarán menos.

Las narrativas de la seguridad


Por Eduardo Guerrero Gutiérrez (El Financiero)

La seguridad del país se nos fue de las manos en 2008. Desde entonces, con la excepción de algunos meses de tregua en 2012 y 2013, las cosas han ido siempre de mal en peor. Ante el fracaso, los altos funcionarios del gobierno no han sabido que hacer. Así que buscan, por lo menos, tener algo que decir. Lo mismo con Calderón, que con Peña Nieto, que ahora con López Obrador, el gobierno se ha volcado ansiosamente a buscar narrativas.

La palabra narrativa, muy en boga en las áreas de comunicación social, se ha convertido en el eufemismo perfecto para no decir justificación. Sin embargo, las narrativas de la seguridad han sido sólo eso, argumentos que se construyen para justificar los malos resultados, siempre a partir de causas ajenas al gobierno: la geografía, las presiones migratorias, o el consumo y los precios internacionales de las drogas (lo mismo si suben que si bajan). Las narrativas no tienen que probarse con evidencia. Deben sonar creíbles, eso sí. Pero lo más importante es que deben generar empatía. Por eso, las narrativas apelan a emociones, a lugares comunes y a causas honorables. Sin embargo, no necesariamente tienen que ver con los factores relevantes para explicar, y eventualmente resolver, la espiral de violencia en la que vivimos.

En las últimas semanas, Marcelo Ebrard revivió una de las narrativas más socorridas, la del tráfico de armas. Calderón usó esa misma narrativa después del ataque al Casino Royal de Monterrey, en 2011, donde murieron 52 personas. El cuento del tráfico de armas es irresistible. Casi por instinto, a los mexicanos nos gusta culpar a los gringos de nuestras desgracias. También se apoya en una verdad irrebatible y en una causa justa. Al norte de la frontera se venden armas de fuego con extrema facilidad, y algunas de esas armas terminan en manos de delincuentes en México. Además, el fácil acceso a armas es responsable del alto número de masacres en colegios y de homicidios en hogares que ocurren todos los años en Estados Unidos.

Desafortunadamente, la disponibilidad de armas en Estados Unidos, y por extensión en México, no se va a terminar. No importa cuántas reuniones celebre nuestro canciller. Hay, al respecto, una intocable segunda enmienda. Sin embargo, incluso en el remoto caso de que se pudiera hacer algo para evitar que las armas entraran tan fácilmente de Estados Unidos a México, es poco probable que ello redundara en una disminución en nuestros niveles de violencia. Lo único distinto es que tendríamos un mercado multimillonario de tráfico de armas, tal como ocurre en Sudán y otros países africanos que llevan décadas en conflictos civiles. Las ametralladoras Browning, como las que se usaron en los ataques en Culiacán, costarían el doble o el triple. Aun así, nuestros cárteles las seguirían comprando al por mayor. De algo podemos estar seguros: la guerra en México no va a detenerse por falta de parque.

Sin embargo, la verdadera narrativa con la que el gobierno de AMLO busca justificar el fracaso es otra. Se viene cocinando desde hace meses y tiene que ver con la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Es una narrativa muy útil, pues implica que este gobierno va por una solución de fondo. También implica que el problema, comprensiblemente, tardará años en resolverse. Como ocurre con el tráfico de armas, esta narrativa engañosa se apoya en una premisa cierta y en una causa justa.

Es cierto que México es un país terriblemente desigual. Además, hay estudios serios que demuestran que la desigualdad es uno de los factores que propicia la delincuencia. Sin embargo, esta evidencia se refiere a fenómenos delictivos como los robos y asaltos, el narcomenudeo y la violencia de las pandillas. En las zonas urbanas marginadas, donde la economía formal y las instituciones educativas rechazan a muchos adolescentes y hombres jóvenes, la delincuencia ofrece una de las pocas alternativas para generar ingresos y algún sentido de pertenencia. En las ciudades mexicanas, especialmente en la capital, padecemos desde hace décadas este fenómeno.

Esta delincuencia de los barrios pobres tiene muy poco en común con las milicias criminales de élite que actualmente están destruyendo al país. Tampoco queda claro que “todo esté interconectado” en un “caldo de cultivo criminal” o que exista una misteriosa escalinata delictiva donde el adolescente que inicia robando en el transporte público termine como sicario. Basta con ver las estadísticas que año con año se publican en las encuestas de victimización del INEGI. Simplemente no hay una correlación entre la incidencia delictiva y las ejecuciones y enfrentamientos del crimen organizado.

Es inevitable que el gobierno busque justificaciones y narrativas. Más en estos tiempos de debate público mañanero. Sin embargo, se corre el riesgo de que el mensaje que se prepara para la opinión pública sustituya el verdadero análisis de las causas y, sobre todo, a la construcción de soluciones viables a la crisis de violencia. Esas soluciones ya se han pospuesto demasiados años. Ojalá este gobierno no se compre su propio cuento.

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