Por Enrique Quintana (El Financiero)

En pocos procesos electorales o de consulta popular hemos visto tantas violaciones a las reglas del juego fijadas en la ley como en el de la consulta popular por la revocación de mandato.

A partir del día de hoy entramos al llamado periodo de silencio y reflexión en el que ya no se puede realizar promoción del proceso.

Ayer por la tarde, como si fuera cierre de una campaña electoral, se realizó en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México un evento organizado por Morena, pero promovido abiertamente por las autoridades de la Ciudad de México… para respaldar la reforma eléctrica.

No se puede ser más obvio en el modo de darle la vuelta a las restricciones impuestas por la autoridad electoral.

El tema de fondo es que las sanciones han sido relativamente menores, como la instrucción para bajar de redes sociales pronunciamientos de funcionarios o amonestaciones públicas.

Este clima debe conducir a una reflexión relevante: ¿cómo será el proceso electoral de 2024?, ¿qué podrá hacer la autoridad electoral si entonces hay violaciones a la ley?

Lo que ya sabemos es que el presidente López Obrador quiere otras autoridades electorales, por lo que presentará su iniciativa de reforma constitucional en la materia quizá la próxima semana o al menos en una fecha cercana.

También sabemos que, salvo que algo completamente inesperado ocurra, los partidos opositores rechazarán esa propuesta. Creo que ninguno tiene vocación suicida… aunque a veces esa sea la impresión que dejen.

Y tendremos entonces en abril de 2023 una gran batalla por el nombramiento de cuatro consejeros electorales para reemplazar a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz.

Si la ley no cambia, lo que me parece el escenario más probable, será la Cámara de Diputados, por mayoría calificada, la instancia que designe a los nuevos consejeros, incluyendo al consejero presidente.

Ya sabemos que Morena y sus aliados no cuentan con los votos necesarios, por lo que será indispensable una negociación para que el perfil del presidente y de los otros tres consejeros, sea aceptable también para la oposición.

Morena, obviamente, buscará fracturar al bloque opositor, que en ese proceso tendrá una de sus pruebas de fuego.

Si la autoridad electoral que resulte tras los cambios del próximo año no tiene plena legitimidad, quizá nos esperen campañas en 2024 que podrían estar caracterizadas por el caos, por la falta de respeto a la ley y por una presencia creciente de la violencia promovida por el crimen organizado en diversas regiones del país.

Y, si el resultado de la próxima elección presidencial fuera cerrado, en caso de que la autoridad electoral no tuviera el peso moral requerido, probablemente habría incentivos para desconocer el resultado.

Nuestro país consiguió que, a partir de los procesos electorales federales de 1994, y sobre todo de 1997, el término ‘conflicto poselectoral’, que era frecuente en el pasado, quedara casi en el olvido.

Por Enrique Quintana (El Financiero)

La popularidad de AMLO: ¿en un punto de quiebre?

El presidente López Obrador perdió 13 puntos en su nivel de aprobación en los últimos dos meses, de acuerdo con la encuesta nacional realizada por El Financiero.

Lo relevante no sólo es la pérdida de aprobación, sino el hecho de que ésta se encuentra en el nivel más bajo de todo el sexenio con 54 por ciento de apoyo.

Para dimensionar lo que significa esta caída hay que poner sobre la mesa dos elementos de contexto.

El primero es que la votación obtenida en 2018 para triunfar en la elección presidencial fue de 53.2 por ciento de los votos válidos. Esto significa que todavía mantiene un nivel de respaldo por lo menos equiparable al de los sufragios que recibió en aquel proceso electoral.

El segundo elemento de contexto es que no es la primera vez que López Obrador tiene una caída sensible en su nivel de aprobación, de acuerdo con las mediciones de El Financiero.

Entre febrero de 2019 y junio del mismo año, el presidente perdió 17 puntos de aprobación. Se encontraba entonces en niveles mucho más elevados. Sin embargo, por cuatro meses hubo una tendencia a la baja antes de estabilizarse en 66 por ciento.

De nueva cuenta, después de abril del año 2020, cuando tuvimos el confinamiento más duro asociado a la pandemia, hubo una caída de 12 puntos en apenas un par de meses.

Es decir, no es la primera ocasión en la cual se presenta un fuerte retroceso en la aprobación.

La pregunta pertinente es si esta caída marca un punto de inflexión en la percepción de los ciudadanos respecto al presidente, o será solo otro tropezón del cual puede recuperarse en los próximos meses.

De este hecho depende una parte importante del futuro político del país para este año y los siguientes.

Aunque la popularidad del presidente López Obrador no es trasladable directamente a Morena y sus aliados, una pérdida de ésta sí puede afectar la simpatía de los votantes hacia Morena.

De acuerdo con los sondeos realizados por El Financiero, se presume que las elecciones estatales del próximo junio serán más competidas que las que tuvimos el año pasado.

Si, adicionalmente, se percibe una pérdida de apoyo a la figura presidencial, sería factible imaginar que Morena podría tener resultados menos favorables de los que supone.

Si la tendencia se mantuviera, eso podría también influir en el resultado electoral crucial de 2023 cuando se dispute la gubernatura del Estado de México, la entidad con mayor peso electoral en todo el país.

No es inusual que los presidentes de la República pierdan respaldo conforme avanza su gobierno.

De hecho, eso pasa en México y también en otras latitudes. Se trata de un proceso natural de desgaste de la imagen de los presidentes o primeros ministros que viene con el ejercicio del poder.

No obstante, en el caso del presidente López Obrador, el golpe a la aprobación parece asociado de manera más directa al tema de la casa de su hijo José Ramón y su esposa, en Texas.

El atributo de ‘honestidad’ del presidente, que estaba en 64 por ciento en noviembre de 2021, cayó a 45 por ciento en febrero, un retroceso de 19 puntos.

El manejo de la crisis derivada de la llamada ‘casa gris’ es un ejemplo de cómo no responder a una situación semejante.

Fue inevitable que en el imaginario público se evocara la llamada ‘casa blanca’, de Angélica Rivera, y el escándalo detonado en 2014, que marcó un descenso sin freno de la popularidad presidencial.

Si no se logra esclarecer el tema y la respuesta queda en ataques a periodistas y organismos de la sociedad civil, la sospecha seguirá flotando y puede dejar a AMLO solo con el respaldo de su voto duro, de los incondicionales.

Desacreditar a sus autores no esclarece el asunto. La duda puede seguir flotando.

Quizás el propio presidente y su círculo más cercano no hayan todavía calibrado la relevancia de este tema.