Sin crecimiento


Por Ezra Shabot (El Financiero)

El bajo crecimiento promedio de la economía mexicana durante las últimas décadas, rondando el 2.0 por ciento, ha sido el resultado de una combinación perversa entre el centro-norte, vinculado a una economía moderna exportadora, y el sur-sureste, hundido en la improductividad, la monoproducción agrícola y una estructura caciquil inmersa en un sistema corrupto reproductor de pobreza como forma de mantener la riqueza de pocos a cambio de la miseria de muchos. La imposibilidad de que el norte productivo jalara al sur atrasado, no sólo partió al país en dos realidades diametralmente opuestas, sino que impidió el desarrollo integral de una nación dividida al menos en dos polos opuestos.

Frente al crecimiento constante de estados como Querétaro y Aguascalientes, a tasas por arriba del 4.0 por ciento, los números negativos de Tabasco, Oaxaca y Chiapas nos llevan a la cifra promedio del 2.0 por ciento, insuficiente para reducir significativamente la pobreza, pero más aún en una demostración de esos dos países que se alejan cada vez más en la calidad de vida que proporcionan a sus habitantes. Y si estos números nos daban para ir trasladando trabajadores de la informalidad al empleo formal en forma incipiente, un crecimiento por debajo del 1.0 por ciento, como el que se prevé para este año, podría revertir esta tendencia y agudizar las diferencias entre las regiones del país.

Hoy, el único motor prendido de la economía mexicana es el de la exportación ligada al TLCAN aún vigente, con una economía norteamericana que sigue creciendo a pesar de los vaticinios de una pronta recesión en el futuro cercano. La parálisis de la inversión nacional deviene de la misma causa por la que las calificadoras han emitido las señales de alarma sobre la economía mexicana: falta de certeza jurídica e incertidumbre con respecto a la viabilidad de los proyectos de infraestructura del gobierno federal.

Tanto el tema del aeropuerto como el del futuro inmediato de la industria energética, han sido suficientes para desalentar a la inversión nacional, pero por supuesto también a la extranjera. Las promesas que en el exterior venden Romo, Ebrard, Urzúa y sus respectivos funcionarios, chocan con la realidad de un presidente que insiste en volver al desarrollo estabilizador, que pretende imponer restricciones y controles inaceptables para aquellos dispuestos a arriesgar su capital, ya sean nacionales o extranjeros. No existe ninguna razón proveniente de los mercados internacionales de capitales para explicar la falta de confianza en un país como México, menos cuando a pesar de todo se espera la aprobación del TMEC en el Congreso de Estados Unidos en las próximas semanas.

Los compromisos de superávit primario y finanzas públicas sanas serán imposibles de cumplir si, como consecuencia de un magro crecimiento, las cifras de recaudación fiscal disminuyen y la presión social aumenta para que el gobierno cumpla sus obligaciones en seguridad, educación y salud. Los márgenes de maniobra se reducen por el tema Pemex y su inviabilidad económica, así como la insistencia en descalificar a las calificadoras, cuya consecuencia inmediata será sacar a México de los países con grado de inversión y abrir la puerta a la fuga de capitales.

Las medidas económicas que intentan cambiar el modelo de desarrollo van en contra del propio interés de la administración morenista. La austeridad salvaje la deja sin brazos para actuar y la ausencia de una política coherente en materia de inversiones y garantías para el sector privado le cierran camino del crecimiento por debajo del promedio del 2.0 por ciento. No se puede avanzar en un clima de polarización y enfrentamiento, y el costo de no entenderlo será altísimo para todos.

 

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Las advertencias por Ezra Shabot


Cuando calificadoras y corredurías emiten opiniones sobre el estado que guarda la economía de un país o una empresa, lo hacen a partir de criterios de rentabilidad y viabilidad de proyectos que permitan garantizar estabilidad y beneficios de manera concreta y sostenible. Cuando esto no sucede, estos organismos tienen la responsabilidad de advertir sobre los riesgos que implica para los inversionistas mantenerse dentro de esas opciones.

Por supuesto que estas instituciones se equivocan y en ocasiones no alcanzan a dimensionar con precisión el peligro que existe para aquellos que arriesgaron su dinero en una u otra alternativa. El ejemplo más dramático fue el que sucedió durante la crisis 2008-2009, cuando no lograron prever la magnitud del daño que se había provocado en la economía norteamericana con el abuso del manejo de la deuda hipotecaria y sus consecuencias sobre instituciones que carecían de la solidez necesaria para enfrentar la tormenta.

Sin embargo, las calificadoras sobrevivieron el duro golpe de entonces y su opinión sigue siendo decisiva para la toma de decisiones de grandes tenedores de capitales. Por eso, cuando Fitch, Moody’s y, más recientemente, Standard & Poor’s reducen la calificación de la deuda de Pemex, o cambian de estable a negativa la calificación de la deuda soberana de México, lo que están reiterando una y otra vez es que no existe compatibilidad entre un modelo económico que aspira a imitar al ‘desarrollo estabilizador’ del siglo pasado, con la capacidad financiera de un Estado mexicano carente de los recursos, siquiera para comenzar a intentar una aventura de esa naturaleza.

Proyectos como el tren maya, la refinería de Dos Bocas o la red de aeropuertos del Valle de México, así como la cancelación de licitaciones e inversiones derivadas de la reforma energética, no cuadran con los números que las calificadoras consideran podrían incrementar los ingresos reales del gobierno. La perspectiva de un crecimiento de sólo 1.5 por ciento para este año y la caída de 7.5 por ciento en los ingresos públicos durante enero, sólo incrementan la posibilidad de que las presiones sociales derivadas de promesas de campaña a cumplir, y de grupos de poder dispuestos a incrementar al máximo la presión para obtener de forma inmediata aquello que les ofrecieron, deriven en un incremento del gasto público que tire por la borda el equilibrio macroeconómico.

El incremento de huelgas en el norte del país, y el activismo sindical de organismos antes sometidos al control gubernamental como la CROC, demuestran la inexistencia de una política laboral por parte del gobierno que delimite las relaciones entre capital y trabajo, generando una confrontación entre liderazgos sindicales voraces, más interesados en el enriquecimiento personal que en el bienestar de sus representados, y sectores empresariales dispuestos a cerrar el negocio, absorber pérdidas y trasladarse a lugares más seguros.

Es esto lo que están viendo las calificadoras, y que advierten una y otra vez a través de avisos que ciertos funcionarios del gobierno se resisten a ver. El problema es que el paso de la advertencia al castigo puede ser rápido, violento y de consecuencias devastadoras. Cualquier reducción a la calificación de la deuda de Pemex será suficiente para desatar una huida masiva de capitales. Estos no van a esperar a que se le quite el grado de inversión a México para sacar su dinero del país.

Las advertencias que hasta ahora han lanzado las calificadoras son suficientes para alertar a los dueños del capital de los riesgos que corren ante lo que puede venir, y a menos que vean señales en sentido contrario, saldrán mucho antes de que el destino los alcance.