La otra cara del Huachicol


Por Rodrigo Soberanes (Animal Político)

La violencia en Guanajuato no para y mientras los homicidios se han duplicado desde 2017, los secuestros, robos y extorsiones han crecido 25% en los últimos nueve meses. Un fenómeno que se explica, según autoridades locales, por lo sencillo que ha sido robar combustible de los ductos de Pemex que cruzan la región, el nacimiento de un grupo delictivo local que controla ese delito y la llegada de uno de los cárteles más poderosos y violentos que disputa el control del crimen en la entidad.

A ello se suma una estrategia de seguridad para frenar el llamado huachicol que cerró en diciembre pasado los ductos de Pemex que conectan con la Refinería de Salamanca, pero que no contempló que la pérdida de ese ingreso ilícito provocaría la comisión de otros delitos.

Mientras en 2016 se registraron 947 homicidios dolosos en Guanajuato, esa cifra ya supera los 2,000 en septiembre de este año, confirmando la tendencia al alza en ese delito, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación 

“Griselda” es originaria de Celaya, su hermano desapareció en noviembre de 2018, cuando lo sacaron de su trabajo y se lo llevaron. Todavía pudo comunicarse con su familia para avisar del secuestro, pero sus captores nunca pidieron rescate.

“La violencia tomó por sorpresa a civiles y autoridades”, dijo Griselda, quien habló con Animal Político bajo estricta condición de anonimato porque tiene miedo de que algo le pase y porque en la Fiscalía le pidieron no hacer público su caso.

Según Griselda, es a comienzos de 2017 que el problema de inseguridad se agravó en la entidad. “Es un tremendo golpe el que está sufriendo Guanajuato que sacó de su centro a todo mundo. En menos de dos años aprendimos a cuidarnos las espaldas”, dijo.

Guanajuato se convirtió en el estado con más asesinatos cometidos en septiembre con 285, según los datos oficiales. También es el que más homicidios acumulados tiene en lo que va de 2019, con 2 mil 560, y el cuarto lugar nacional en incidencia por cada 100 mil habitantes, con un índice de 4.3.

El fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, dijo en entrevista con Animal Político que esos niveles de violencia homicida se deben principalmente a que a finales de 2017 empezó a tener operaciones en la entidad el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —el de mayor presencia y poder en el país— para confrontar al Cártel Santa Rosa de Lima, una organización criminal local que surgió en el municipio de Villagrán, ubicado en el corredor industrial de las inmediaciones de la Refinería Salamanca, para controlar el robo de combustible de los ductos de Pemex.

Según la versión de autoridades, el cártel Jalisco comenzó una disputa contra Santa Rosa de Lima por el dominio en el delito del robo de combustible, y ahora también por el control del estado.

La inseguridad que percibe Griselda también se refleja en las cifras de crímenes del fuero común cometidos en la entidad. En el periodo enero-septiembre del año pasado se tenía registro de 88 mil 715 carpetas de investigación abiertas por esos delitos

Hasta septiembre de este 2019 esa cifra ya se superó y los crímenes siguen al alza.

Que los otros delitos del fuero común vayan en aumento en este año se explica, dijo la comisionada de seguridad en Guanajuato, por la decisión del gobierno federal de cerrar las válvulas de la Refinería Salamanca en diciembre de 2018; lo que causó que el Cártel Santa Rosa de Lima perdiera su principal fuente de ingresos, y dirigiera su actividad criminal hacia la población civil.

“Lo que ocurre en enero fue un cierre de las llaves pero sin una estrategia de contención criminal aparejada. No puedes asumir que la delincuencia va a quedarse sentada lamentando la pérdida de sus ganancias”, dijo la funcionaria en entrevista con Animal Político.

“El Cartel de Santa Rosa tiene una estructura criminal pagada, una nómina que mantener. Para el criminal lo más importante es su estructura, en el momento en que se dejan de inyectar recursos, sabe que está en serios problemas y no va a llegar a ese punto”, señaló la comisionada.

En diciembre de 2018, días después de que asumió Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, el gobierno federal anunció una estrategia para combatir el robo de combustible. Una de las líneas que siguió fue dejar de operar los ductos de Pemex con mayores registros de robo, así como aumentar la vigilancia para evitar nuevas tomas clandestinas.

“Nosotros lo dijimos, cuando cierres esta fuente de ingresos, van a buscar otras antes de darse por vencidos, eso era obvio. Fue lo primero que dijimos cuando vino esta estrategia famosa”, dijo el empresario José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León e integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato.

Violencia en el corredor de los ductos

Carlos Zamarripa, que lleva 10 años en el cargo —hasta hace un año era procurador, y permaneció en la instancia cuando ésta cambió de Procuraduría a Fiscalía— dijo que desde principios de 2017 advirtió que el robo de combustible iba a derivar en la proliferación de otros delitos. El funcionario cree que sus advertencias no fueron escuchadas.

“En principios de 2017 estábamos advirtiendo algo que se avizoraba. Yo decía que este grupo estaba robando mucho combustible. Esta gente iba a evolucionar a cometer otras conductas el día que no tengan el robo de combustible”, dijo Zamarripa.

Y es que el mercado ilícito de hidrocarburos era una actividad criminal sencilla y atractiva para los grupos delincuenciales, explica la comisionada de seguridad Sophia Huett. “Guanajuato tiene un tercio de los poliductos de todo el país. En ningún otro lugar del país encontrarían tanta gasolina terminada como en el estado”. 

La funcionaria dijo que en 2018 la Policía Federal aseguró en Guanajuato seis millones de litros de hidrocarburo robado, mientras que el gobierno estatal confiscó un millón de litros en el mismo año. Los grupos delictivos dejaron de recibir las ganancias que implicaban al menos siete millones de litros, dice.

La lucha entre organizaciones criminales por el robo de combustible que inició hace dos años se refleja en los homicidios cometidos en el estado, concentrados en el sur, en los municipios donde cruzan los ductos conectados a la Refinería de Salamanca y en donde se ubican ciudades como Celaya, Irapuato o Salamanca.

Por ejemplo, en 2017, en los 19 municipios por los que cruzan los ductos se cometieron el 78% de los homicidios registrados en los 46 municipios de la entidad.

Ese escenario se repite para el siguiente año y en este 2019, que la zona vive con hechos cada vez más cotidianos de violencia.

En Salamanca, por ejemplo, el pasado 9 de octubre se registró el ataque a un bar ubicado a unas cuadras del palacio municipal que dejó a cinco personas muertas cuando dos hombres armados entraron al sitio y dispararon.

La mañana siguiente al ataque, Animal Político constató que el centro de la ciudad estaba desolado. Un habitante de la zona dijo que, a su parecer, la actividad en la vía pública había bajado por ese tipo de hechos, cada vez más frecuentes.

Apenas tres días después se registró un ataque más en el Panteón Municipal donde otras tres personas murieron y seis resultaron lesionadas. Estaban en un sepelio.

Y días antes, el 4 de octubre, en Celaya, un grupo armado atacó con armas de fuego una sucursal de la fabricante de tractores John Deere. El 19 de septiembre ya había ocurrido lo mismo en una sucursal de la empresa automotriz Ford, que terminó por cerrar definitivamente.

El empresario José Arturo Sánchez Castellanos dice que la intención de esos ataques es extorsionar, después de que los delincuentes “se dieron cuenta de que Guanajuato tenía un gran tesoro en el subsuelo”, pero vino la estrategia que les impidió seguir con esa actividad ilícita.

El informe Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, presentado por México Evalúa en agosto de este año, reveló que Guanajuato es el estado del país con el menor nivel de impunidad, pero aún así alcanza un 87.6% de impunidad.

Ciudadanos con miedo 

Griselda dijo que el miedo comienza al cruzar la puerta de las casas hacia la calle y se extiende en cualquier ámbito hasta que termina el día. “Abres la puerta y dices: va, me la juego el día de hoy y espero regresar a casa”.

Desde Irapuato habló “Martha”, otra mujer familiar de un desaparecido. Según su testimonio, la atmósfera en esa ciudad no es distinta a la de Celaya o Salamanca. “Basta con ir a comprar el mandado o esperar a tus hijos a la salida del colegio, el discurso es el mismo: me robaron, me asaltaron, me secuestraron, alguien está desaparecido, alguien fue extorsionado”.

El obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, contó desde la curia de su parroquia que en los recorridos que realiza en diversas sedes del estado ha encontrado testimonios de personas víctimas de delitos graves que luchan por hacer visibles sus casos.

“En cada una de las visitas pastorales es impresionante el número de personas víctimas del crimen organizado y que tienen una sensación de inseguridad, una sensación de impotencia y una sensación de abandono”, dijo el religioso.

Las circunstancias que describe el padre fueron causadas por motivos claros: corrupción y falta de coordinación entre las fuerzas del orden, según la versión de las fuentes oficiales consultadas por Animal Político en Guanajuato.

El fiscal de ese estado, Carlos Zamarripa, aseguró que había indicios claros de que si no se combatía el robo de combustible, las consecuencias serían graves. Sin embargo —dijo— la impunidad y el contubernio de funcionarios de Petróleos Mexicanos con integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) permitieron que el delito del robo de combustible creciera en las inmediaciones de la Refinería Salamanca.

“Hay elementos para determinar (que el CSRL) se encontró en el robo de hidrocarburo con ciertas facilidades institucionales para tener su fuente de financiamiento”, coincidió Sophia Huett desde la ciudad de León.

La funcionaria dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó al de Guanajuato que enviaría a seis mil elementos de la Guardia Nacional para reforzar las labores de seguridad, pero que la presencia de ese cuerpo civil ha sido intermitente.

Juan Miguel Alcántara, extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y exprocurador de Guanajuato, cree que ese estado ha padecido estrategias de políticas públicas incorrectas que, en parte, han causado la proliferación de delitos.

“Guanajuato recibe visitas de doctor de la Guardia Nacional pero sin inteligencia, entonces no saben de dónde se están moviendo los distintos cárteles y mafias locales, dónde están extrayendo hidrocarburos, dónde están edificando almacenamientos, dónde están extorsionando, incluso entrenando”, dijo.

Según Alcántara, la descoordinación de autoridades tiene como consecuencia que no exista trabajo de inteligencia en la región del corredor industrial.

“No tenemos una estrategia ni estatal ni local, ni localizada en esa región. Hay una gran omisión en no crear una estrategia de prevención y contención en esa zona de los ductos donde estaba empoderado El Marro (líder del Cártel de Santa Rosa de Lima)”.

Según el obispo de Irapuato, al día de hoy la violencia ha modificado la vida cotidiana en Guanajuato. En el caso de la Iglesia Católica, ahora todas las actividades se hacen a la luz del día, y derivado de las reuniones informativas de sus visitas pastorales “hemos encontrado de todo: chantajes, extorsiones, homicidios, robos” y en general un clima de desconfianza para denunciar los hechos.

El obispo de Irapuato cuenta que como Griselda y Martha hay otros “cientos” de personas que buscan organizarse para dar visibilidad a sus casos y encontrar justicia, para no ser olvidados en Guanajuato.

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¿Realmente terminó el Huachicoleo?


Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tamaulipas y Guanajuato son los estados con mayor robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el primer semestre de 2019.

La entidad que gobierna el priista Omar Fayad Meneses ocupa el primer lugar del ranking. Entre enero y junio de 2019, reportó 2,489 ordeñas ilegales de gasolina y diésel, un aumento de 173% anual, de acuerdo con datos de Pemex. El segundo lugar corresponde al estado administrado por el priista Alfredo del Mazo Maza, que registró 1,036 tomas clandestinas, 41.7% más que en el mismo semestre del año 2018.

La tercera posición es para la entidad gobernada por el morenista Miguel Barbosa. Los ductos de combustibles que pasan por Puebla sufrieron 813 ‘piquetes’, una reducción de 30% anual.

El cuarto puesto lo ocupa Tamaulipas, que administra el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Este estado presentó 784 ordeñas ilegales de enero a junio de 2019, un crecimiento de 25%.

Guanajuato, gobernado por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo,  enfrentó 689 tomas clandestinas en los primeros cinco meses de 2019, un incremento anual de 27%.

De enero a junio de 2019, la reducción de tomas clandestinas tuvo una caída marginal de apenas 0.83%, aunque el volumen se ha reducido de 80,000 barriles diarios en noviembre de 2018 a un promedio de 5,000 barriles diarios en junio, según datos del gobierno.

Fuente: Forbes México

¿Quiénes son los verdaderos culpables del Huachicol?


El origen del problema por Carlos Elizondo


Combate al Huachicoleo: Polémica y avance


Texto original: Daniela Loredo

El desabasto de combustible que padecen entidades como Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro es consecuencia de un cambio en la logística de Pemex, que incluyó el cierre de ductos y la distribución mediante autotanques, una decisión calificada por expertos como ‘inadecuada’.

Para Ramsés Pech, analista de energía, lo ocurrido durante el fin de semana no responde a un tema de desabasto en gasolina, sino a un embudo interno de logística de Pemex provocado por el cierre de ductos, lo cual evitó atender la demanda y surtir a las estaciones de servicio.

La refinería (Salamanca y Tula), así como los centros de almacenamiento tenían producto y no puede hablarse de un desabasto; se creó una falta de envío a las estaciones de servicio por una logística inadecuada”, refirió Pech en entrevista.

Por otro lado, Gonzalo Monroy, director de GMEC, subrayó que el cierre del ducto (en Salamanca) fue el causante del cambio en la logística de la petrolera nacional, aunado a una mala comunicación de parte de las autoridades.

“Esto ha provocado un clima de incertidumbre para algunos usuarios, que también han realizado compras de pánico”, mencionó.

En un comunicado, Pemex reconoció que este cambio en logística es parte del plan para combatir el robo de combustible a través de huachicoleo.

“Como parte del Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de combustibles, se ha privilegiado el uso de medios de transporte más seguros, lo que implica cambios en la logística de entrega a las estaciones de servicio”, explicó la petrolera en un comunicado emitido el pasado sábado.

Sin embargo, Monroy consideró que de continuar el suministro sin el uso de los ductos, será cuestión de tiempo para que el crimen organizado tome las pipas o detenga los trenes.

El gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez, escribió ayer en su cuenta de Twitter que el director de Pemex le confirmó la reapertura del ducto Salamanca-León, con lo que se reestablecería el servicio.

“Después de entablar comunicación con Octavio Romero, director de @Pemex, me confirma que tras la reapertura del ducto Salamanca-León, espera poder restablecer el servicio del 100 por ciento de las gasolinerías en el transcurso del día”, apuntó.

El poliducto Salamanca-León se ha utilizado de forma intermitente desde 2016. En la última semana, como parte del programa antihuachicol ha tenido reparaciones mayores para seguir abasteciendo la zona”, detalló Monroy.

Sin embargo, en un comunicado, Pemex no confirmó la reapertura del ducto, solo señaló que avanzaba en el restablecimiento del suministro. “Por mandato del gobierno de México, Pemex avanza en el restablecimiento del suministro de combustible por diferentes vías en los estados afectados, aunque se han generado retrasos en la distribución, hay suficiente producto para cubrir la demanda”.

Con información de Eulalio Victoria, Arturo Estrada, Georgina García y Ramón Caballero.

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Huachicoleo: ¿Una farsa?


“60 mil millones de pesos se perdían al año por concepto de robo desde Pemex”: Andrés Manuel López Obrador.

El fin de semana se abrió el ducto Salamanca, pronto se restablecerá el abasto en la región.

El presidente de la república lanzó sostuvo que el Huachicoleo fue una farsa inventada desde el gobierno para justificar el robo de más de 60 mil millones de dólares al año.

“Se robaban 60 mil millones de pesos de combustibles al año, con el huachicoleo, nos hacían creer que era por la ordeña de los ductos, fue una cortina de humo, una farsa porque en realidad este robo se permitía desde el gobierno”, señaló durante la presentación del Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California.

El mandatario aseveró que existía una grave complicidad al interior de Pemex, algo que ya se está corrigiendo.

“En el gobierno se manejaba todo el sistema de conducción y transportación de las gasolinas, ahí es donde se ven los monitores y cómo van los ductos, se advierte su flujo y la presión, cuando no hay es porque lo están desviando a redes paralelas que se crearon con ese propósito. El robo se tenía contabilizado en Hacienda.

En 2018, el robo de combustible (Según las estimaciones de Pemex) causó pérdidas por 30 mil millones de pesos al año. Carlos Treviño, Director general de la empresa comentó que aunque la estrategia contra el huachicol no había funcionado en su totalidad, al cierre de 2017 se detuvieron a mil 600 personas realizando robos in fraganti; se han recuperado 14 millones de litros robados y han resguardado 6 mil 600 vehículos.

Fuente: El Financiero.