Por Enrique Quintana (El Financiero)

El pasado 19 de marzo escribía en este espacio que el presidente de la República probablemente presentaría el 11 de abril, el día siguiente a la consulta popular por la revocación de mandato, su propuesta de reforma político electoral.

Pues bien, ayer, López Obrador señaló que será precisamente después de la consulta popular cuando proponga al Congreso de la Unión una iniciativa para cambiar los procedimientos de selección de consejeros electorales, así como de magistrados del Tribunal.

No reveló aún si dicha propuesta contendrá algunos otros elementos, pero lo más probable es que así sea.

El presidente dijo ayer que el esquema que planteará será que tanto consejeros como magistrados sean electos en una votación popular.

Sugirió que, por ejemplo, en el caso de los consejeros, cada Poder de la Unión proponga 20 candidatos, para tener una lista de 60 personas y someterlas a votación popular para que sean electas.

Lo que el presidente claramente desea es que Morena se quede con el control de ambos órganos, tanto del INE como del Tribunal.

Y de ser posible, que esto pueda ocurrir antes de las elecciones de 2024.

Seguramente se puede mejorar mucho el procedimiento de selección y elección de los candidatos a consejeros del INE que hoy existe.

Sin embargo, los procedimientos que fija la ley y que incluyen el que se haga una selección sobre la base de la trayectoria y conocimientos de quienes aspiren a ser consejeros, tiene todos sus méritos.

Pretender que la autoridad electoral se determine exclusivamente sobre la base de la votación popular crea, peligrosamente, un esquema en el cual el partido mayoritario tenga todos los elementos para eternizarse en el poder.

Obviamente, para que la propuesta presidencial se convierta en realidad sería necesario modificar la Constitución y además que esto ocurriera en un plazo relativamente breve.

Quizás por ello la urgencia de que la iniciativa sea presentada en este mismo periodo ordinario de sesiones.

Por la misma razón que pareciera que la reforma constitucional en materia eléctrica no tiene perspectivas de ser aprobada en los términos que hoy contiene, igualmente la reforma que se propone en materia electoral tampoco tiene ninguna posibilidad.

En este caso, me parece que ninguno de los partidos opositores, ni siquiera el PRI, estaría en disposición de construir un sistema electoral claramente favorable a Morena.

En ese sentido, si el presidente presenta la propuesta, tal y como la describió ayer, lo más probable es que se quede como aspiración.

Lo que se está mostrando con los cambios que hemos visto en la estrategia del gobierno revela un cierto grado de desesperación del presidente.

Pareciera transmitir que percibe que el tiempo se le está escapando y aún necesita construir las condiciones para la permanencia de su proyecto de gobierno.

El problema es que para realizar cambios constitucionales, con el balance de fuerzas que hoy existe, sería necesario obtener consensos o por lo menos incluir a otras fuerzas políticas en las propuestas.

Sin embargo, en la medida que las iniciativas están orientadas a darle permanencia al proyecto presidencial, así, eventualmente los respaldos para convertirse en leyes pueden quedar lejanos, por lo menos en lo que se refiere a las reformas constitucionales.

Estamos en otra fase del sexenio, ¿qué es lo que el presidente pretende con iniciativas condenadas a la derrota?

Es tema para la reflexión.

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