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Denunciar, un infierno


Por Ixtaro Arteta (Animal Político)

Esta es la historia de “María”, de 19 años. Fue violada por un compañero de la universidad tras una fiesta. Y después de esa experiencia traumática, tuvo que pasar por otra igual de difícil: tratar de denunciarlo legalmente.

Oficinas cerradas, sin el personal ni los servicios que debían darle, con la justificación de que así es en fin de semana, interrogatorios que la intimidaron y muchas horas de espera… Un camino lleno de obstáculos que hace difícil llegar hasta el final. Además, el ministerio público abrió su carpeta de investigación por el delito de “abuso sexual” y no por “violación”, lo que implica penas menores y que no se investigue de oficio.

Su caso ilustra la revictimización por la que pasan las mujeres que se atreven a denunciar la violencia sexual. El nombre de María y todos los involucrados fueron cambiados por confidencialidad.

4 am, sábado 19 de octubre de 2019

María despertó sintiendo alguien que se movía encima de ella. Vio que era Christian, el compañero que había puesto su casa para una reunión de amigos de la universidad, y le pidió que se quitara, le dijo que ella no quería eso. Entonces se dio cuenta de que traía bajados los pantalones y la ropa interior, y que él tampoco traía nada debajo de la playera.

Todavía confundida, lo vio vestirse y salir del cuarto mientras su mejor amiga entraba. No recordaba cómo llegó hasta esa cama. La última imagen en su mente era todavía en el jardín, donde varios amigos habían estado bebiendo cervezas y cubas. Ella no suele tomar mucho, así que no entiende cómo pudo perder el conocimiento.

Ya solas su amiga y ella, desconcertadas, se durmieron hasta que amaneciera. El plan había sido que las dos chicas que iban a quedarse en la casa dormirían en el cuarto del anfitrión, mientras los chicos usarían los sillones de la sala. Hasta que Christian entró a la habitación, se acostó al lado de María y empezó a besarla, de acuerdo con el relato de Beca, que no entendió qué estaba pasando y se salió, con la duda de si ambos querían estar solos. Con la inquietud, fue a hablar con otro amigo, que dijo que mejor subieran porque eso no parecía estar bien.

9 am

María y Beca se fueron a la universidad porque tenían una actividad de fin de semana. Estudian Arquitectura en la UNAM. Entonces empezaron a hacer el recuento de la noche: Beca le contó que había perdido el control e incluso la tuvieron que subir cargando a la habitación. Otro amigo dijo que sí se besó con Christian durante la fiesta. Pero ella no recordaba nada.

A pesar de la confusión, de la angustia, procesando lo que había pasado y después de hablarlo por teléfono con su hermana llegó a una conclusión: había sido violada. Y como tal, quería denunciar.

Su hermana fue a recogerla y, con la misma ropa, sin bañarse, empezaron una ruta que no sabían que sería un calvario, que vuelve casi imposible llegar hasta el final.

12 pm

El primer lugar a donde fueron a intentar denunciar fue la alcaldía Benito Juárez. Ahí les dijeron que tenían que ir a una agencia del Ministerio Público especializada en Delitos Sexuales y les recomendaron la número 2, en la colonia Progreso, alcaldía Álvaro Obregón.

Pero al llegar ahí se encontraron con que está fuera de servicio por remodelación. No lo sabía quien las envió ahí, y quien las atendió primero no sabía a dónde más enviarlas. Después de preguntar en otra ventanilla, les sugirieron cruzar toda la ciudad a una agencia que está en Canal Nacional, en los límites entre Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco.

Con la primera mala experiencia, probaron a buscar en internet las otras cinco Agencias de Delitos Sexuales que hay y llamar por teléfono, pero en dos ni siquiera contestaron, en otra les dijeron que por el momento tampoco podrían recibir su denuncia… y otro número general las envió también a Canal Nacional, por lo que era la única opción real.

4 pm

Por fin, María había llegado a un lugar en el que podía empezar el proceso legal contra el hombre que la agredió sexualmente en la madrugada.

Pero desde el principio le advirtieron que, como era fin de semana, solo había una psicóloga y estaba ocupada en ese momento, así que tendría que esperar; no había perito médico para evaluarla, ni laboratorio para hacerle exámenes de sustancias tóxicas; y si quería un abogado de oficio, tendría que esperar como tres horas en lo que conseguían a uno que quisiera ir en sábado.

María quería seguir adelante, así que aceptó empezar sin abogado. Aunque en la declaración que le dieron a firmar dice que estuvo asistida por una asesora jurídica, aunque ella hizo sola sus declaraciones y nadie le explicó por qué abrirían su carpeta como abuso sexual y no como violación.

La primera licenciada que la había recibido la interrogó sobre qué había pasado, cómo, dónde, a qué hora, si estaba segura. Salió de ahí y pasó con otra mujer que le volvió a hacer las mismas preguntas. Qué había pasado. Cómo. Dónde. A qué hora. Y si estaba segura.

Ella empezaba a sentirse dudosa. Le advertían que tenía que ser muy sincera, cuando ni siquiera se le había ocurrido no serlo. Le decían que tenía que hacer su mayor esfuerzo por recordar, cuando ella sufría justamente por haber estado inconsciente hasta que despertó con Christian encima de su cuerpo.

En un momento en el que estaba en una sala esperando, entró la segunda licenciada con otra mujer y se pusieron a hablar de un caso que esperaba afuera: una niña, de unos 8 años, que era violada por su papá.

María se horrorizó. Le pareció que esa conversación era para hacerla sentir que había otros casos muchos más graves, que lo suyo podría ser “una babosada”.

“No sé por qué estaban contando eso enfrente de mí, me parece que debería haber cierta confidencialidad, por lo menos frente a otras personas, que platiquen frente a alguien que está con otro caso. Y no sé si lo hicieron por eso, pero yo lo sentí como que ‘tú estás aquí por una babosada cuando a otros les está pasando algo peor’…”, contó en entrevista con Animal Político.

7 pm

Después de esos dos interrogatorios iniciales, por fin pasó con el policía de investigación que se encargaría de su caso. Esta vez, un hombre. Y fue quien más incómoda, incluso acosada la hizo sentir.

“Me pidió la dirección donde pasó todo, que no me la sabía bien y le pregunté a mis amigos. Y me dijo: ‘es que yo necesito que me digas las cosas bien porque esto no es un juego, y a partir de esto es probable que él vaya a la cárcel; yo voy a ir a su casa, lo voy a interrogar, y van a estar sus papás…’ Y fue estresante, digo, yo ya sabía para qué estaba ahí, no necesitaba que me lo recalcara, y me empezó a decir un buen de cosas que me llenaban de dudas. Recuerdo que me dijo: ‘esto es un proceso muy serio, nosotros no dejamos así las cosas, y él a sus 19 años se va a la cárcel…’ Eso te deja pensando, lo de que a sus 19 años se va a la cárcel”.

Aunque es justamente lo que dice la ley que tiene que hacerse con un agresor sexual: de 6 a 17 años de prisión por una violación y de uno a seis años si se tipifica como abuso sexual, que son tocamientos o actos sexuales que no incluyen penetración.

La hermana de María recuerda que cada vez que la veía después de haber sido interrogada salía con más dudas, más confundida y angustiada, pensando que quizá era mejor ya no seguir adelante.

Después de haber sido cuestionada tres veces, por fin pasó con una psicóloga. Al principio le habían explicado que tendría que hacerle una valoración del daño que le había causado la agresión, pero su decepción fue que le volvió a hacer las mismas preguntas, sin contención emocional, sin un trato distinto.

“Por lo menos tú esperas como que tenga un poquito más de tacto, alguien que es psicóloga. Pero fue exactamente lo mismo: cuéntame todo, cómo pasó; también estárselo contando y esperando que ella escribiera.

”No me preguntó ni cómo me sentía con lo que había sucedido. Solo fue un interrogatorio más”, recuerda María decepcionada.

9:30 pm

Casi 16 horas después de ocurrido el ataque, 10 de su primer intento por denunciar y cinco horas de interrogatorios, María salió de la agencia especializada con la instrucción de ir al menos a otros tres sitios a seguir los trámites y con cinco oficios en las manos, de los que Animal Político posee copia.

Uno para ir a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa, en el Barrio de San Lucas, a someterse a exámenes médicos de “integridad física y lesiones; estado psicofísico; ginecológico; proctológico; toma de muestras (cavidad vaginal y anal en su caso prendas); peso; talla y mecánica de lesiones (en su caso)”.

Otro, dirigido al coordinador general de servicios periciales, para pruebas químicas de laboratorio “para la identificación y cuantificación de alcohol, así como para la identificación de metabolitos provenientes del consumo de drogas, abuso de solventes, respecto de la muestra de orina que se le recabe a la víctima”.

Y otro dirigido a la subdirectora del área de asesores jurídicos públicos, con domicilio en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, que decía: “solicitar a usted le sea entregado KIT DE EMERGENCIA a la víctima”. Es decir, la píldora para evitar un posible embarazo.

Además, María tenía en las manos otros dos oficios: para acudir a la Clínica Condesa, en la colonia de ese nombre en la Cuauhtémoc, “para asistencia para la prevención, detección y tratamiento de enfermedades venéreas, examen VIH/SIDA” y para el centro de terapia de apoyo a víctimas de delitos sexuales, en la Colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez. Todo un recorrido por la ciudad.

No pudo más. Estaba agotada, se sentía sucia, con la misma ropa y sin bañarse, después de horas de tensión tratando de procesar lo que había pasado, confundida, con sentimientos de culpa, y horas de interrogatorios que la intimidaron. Pidió irse a casa y sus familiares estuvieron de acuerdo en no exponerla más.

En los días siguientes…

María ni siquiera ha querido contarle a sus papás lo que le hicieron, preocupada por la angustia que les va a generar. Entre su hermana y su prima se ocuparon de conseguirle una píldora del día siguiente, y buscarle terapia psicológica para que pudiera empezar a salir adelante con el trauma que le quedó de ese sábado.

El chico que la violó la ha estado evadiendo cuando se encuentran en la escuela, y sus amigos la protegen de que no esté sola y pueda toparse con él.

En un mes, no ha recibido ninguna comunicación del Ministerio Público, ni ha sabido que busquen a su agresor para interrogarlo, ni a otros asistentes a la fiesta para investigar lo que pasó.

“Pero eso sí, en todos los lugares a los que íbamos nos preguntaban datos, como para poner registro de que atendieron a alguien ellos”, recordó en la entrevista. “Todas al final me hacían firmar o me pasaban como una encuesta de que mi servicio fue bueno, y lo que te gustó y no te gustó”.

Animal Político pidió al área de Comunicación Social de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México explicar la situación en las agencias especiales para Delitos Sexuales y el tratamiento a los casos como el de María, pero una semana después, aún no había respuesta.

También llamó a uno de los teléfonos que aparece en internet como de la agencia de la alcaldía Álvaro Obregón, pero en realidad era la de Coyoacán a la que acudió la víctima de esta historia. La persona que contestó señaló que la otra agencia lleva más de un  mes en remodelación, y al preguntar cuál es el proceso para denunciar una agresión sexual, reconoció que se tiene que pasar por todo lo que pasó María.

“Sí es un poquito tardado, porque tiene que venir la persona a declaración, tiene que pasar a valoración médica, una valoración con psicólogo, una entrevista con policía de investigación, y hacer el retrato hablado de la persona, o si tiene fotografía presenta la fotografía. Pero entre todas esas diligencias aproximadamente se tardan unas cinco o seis horas. Dependiendo que sí se cuente con médico y se le haga la valoración en la misma agencia; si no, la canalizarían a otra agencia”, señaló.

—¿No es todo en el mismo lugar? —, se cuestionó a quien da informes.

“Si hay médico en el momento en que ella denuncia sí, pero si no hay médico y se requiere un examen ginecológico y proctológico se manda a otra agencia. Es que a veces nada más tenemos en la mañana, en la tarde ya no hay, o están de vacaciones, están en curso, entonces sí sufrimos a veces por el personal”.

En la Ciudad de México se han abierto 3 mil 064 carpetas de investigación por abuso sexual en lo que va de este año (cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizadas hasta septiembre) y mil 062 investigaciones por violación. Unas 458 al mes, más de 15 al día, con estos procedimientos.

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Médicos: Acoso y suicidio


Por Ixtaro Arteta (Animal Político)

El Doctor N recuerda el infierno que fue su primer año como residente en Urología del Centro Médico Siglo XXI, Ciudad de México. Gritos, insultos, castigos, pastillas para no dormir y para no ir al baño porque le decían que no tenía derecho a hacerlo. Un trato que lo sumió en una depresión profunda, que él denunció pero fue ignorado por autoridades educativas, médicas e incluso la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF). Hasta que intentó suicidarse.

Su historia no es un caso extremo y único. Estudiantes de Medicina con cuadros de depresión y ataques de ansiedad son algo generalizado por el maltrato y hostigamiento del que son víctimas en los primeros años de la residencia, una situación tolerada y fomentada por residentes de mayor rango y por los médicos adscritos, denuncia la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR).

Además, cuando alguien llega a presentar una queja formal, es desestimada o ignorada, y en algunos casos la solución que se ofrece a la víctima es cambiarla de sede, mientras que sus acosadores permanecen impunes en sus puestos.

La Asamblea tiene documentados al menos 10 casos de acoso, actuales, en distintos estados del país, dependientes de diferentes instituciones de salud, que han llevado a quejas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), instituciones educativas como la UNAM, y Comisiones de Derechos Humanos Nacional o locales, sin que alguna haya tenido consecuencias.

Animal Político habló con tres víctimas que contaron lo que han vivido como médicos residentes.

 Castigos, derechos anulados y obligaciones extracurriculares

Ahora ya puede hablar de lo que le pasó. Hasta hace unos meses, el Doctor N lloraba reviviendo las situaciones que lo llevaron casi a la muerte.

Desde que entró como residente de segundo año (R2) a Centro Médico, no pudo salir en una semana, entre castigos y guardias que le impusieron, sin bañarse, comer o descansar. Les decían que por ser los nuevos no tenían derecho a usar el elevador, ni a sentarse.

Como no les daban tiempo para comer, las enfermeras se volvían su cómplice y le vendían sándwiches que dejaban escondido en un punto para que pudiera recogerlo. Se metía al baño a comérselo rápidamente sentado en la taza, porque si se tardaba vendría un regaño. Una vez que detectaron en su aliento y en sus manos que había comido, lo regañaron.

Para no dormirse después de guardias de toda la noche impuestas por castigo, tomaba metilfenidato, un medicamento con el que se tratan trastornos del sueño. También tomaba pastillas para no ir al baño.

Cuando se acercaba el fin de semana, evitaba decir que tenía algún plan de ver a su familia o a su novia, porque si lo hacía de inmediato le imponían alguna guardia o lo “guardaban”, como le dicen a dejarlos en el hospital castigados.

Los estudiantes de medicina viven como en jerarquías militares. Los R2 le reportan a los R3, y estos a los R4. Cada superior puede exigirle al inferior, y en esa lógica se cometen los abusos contra los de menor rango.

Al Doctor N le imponían obligaciones como llegar en la mañana a preguntarle a cada residente mayor qué quería desayunar e ir a comprárselo, con su dinero, pese a que un residente solo recibe 6 mil 500 pesos quincenales. Un compañero suyo incluso tuvo una vez que ir a un bar de madrugada porque un superior le exigió ir a pagarle la cuenta de lo que había bebido, si no sería castigado.

Si cometía un error en una nota médica, lo castigaban con escribir esa misma nota 10 veces en máquina de escribir, o apuntes que se hacen a mano sobre signos vitales de los pacientes,  pasarlos a máquina y de todos los pacientes del piso, aunque no le correspondieran. Incluso por una falta ortográfica se la rompían en la cara y tenía que volverla a hacer.

También le aventaban a la cara las carpetas metálicas donde se guardan los expedientes, le gritaban e insultaban.

Pensaba que tenía que aguantar, que era una residencia y era su futuro, y renunciar sería defraudar a su familia. Pero lloraba y se sentía mal todo el tiempo.

Hasta que después de unos meses y presionado porque su papá se enfermó, el Doctor N cayó en una depresión tan profunda que trató de suicidarse con pastillas.

Su casera lo encontró tirado en su departamento. Estuvo tres días inconsciente. Cuando despertó, lo dejaron tres semanas hospitalizado en un psiquiátrico y dos semanas de incapacidad en su casa. Empezó a tomar tratamiento médico y terapia psicológica.

Con el escándalo por el intento de suicidio, la UNAM intervino y castigó al servicio de Urología con no enviar a nuevos residentes hasta que mejoraran sus prácticas. Así, en todo 2018 no hubo R2s.

En ese tiempo, asegura que sí vio mejorar la situación y que han cambiado los abusos contra los nuevos residentes.

Pero él regresó a sus estudios lleno de vergüenza, señalado por haber difamado a un hospital tan reconocido. Acusa que los doctores jefes en Urología, han seguido con el acoso, ya que a veces le impiden presentar a los pacientes que atiende, entrar a quirófano, o le ponen malas calificaciones injustificadamente.

 Cómo acaba en el psiquiátrico una estudiante de psiquiatría

La doctora Xóchitl (nombre cambiado para preservar su identidad) obtuvo uno de los mejores resultados de su generación en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) y logró entrar a la Unidad de Psiquiatría del Centro Médico Siglo XXI. No se imaginaba que ese paso en su carrera la iba a llevar a ser hospitalizada en un psiquiátrico meses después.

En mayo de este año, una carta anónima denunciando irregularidades y trato diferenciado a los estudiantes despertó el enojo de la jefa de unidad. Xóchitl se vio afectada por un cambio en su programa académico, así que cuando cuestionó abiertamente a la jefa, empezó un acoso selectivo contra ella.

Al llegar el periodo de vacaciones, cuando ya había salido de la ciudad, se enteró por un compañero que la encargada había decidido cancelárselo, y días después recibió una llamada del servicio central de Centro Médico amenazando con darla de baja si no se presentaba. Pero ella insistió en que tenía derecho a tomar sus vacaciones.

Cuenta que entonces la doctora empezó a hablar con el resto de sus compañeros, a decir que ella tenía trastornos psiquiátricos e incluso buscó a su pareja para pedirle que la hiciera “entrar en razón”.

Xóchitl se quejó ante las autoridades y le dijeron que no se preocupara porque iban a investigar, pero al regresar de las vacaciones, la situación se volvió mucho peor. La doctora le gritaba, la corría de su consultorio, le ponía tareas específicas durante sus horas de clase y después la regañaba por no haberse presentado.

La residente empezó a tener ataques de pánico. Le angustiaba despertar y pensar en que tenía que ir al hospital, ver a su acosadora y a otros residentes mayores que también la maltrataban o miraban mal, y empezó a ausentarse. Lloraba a escondidas. Se sentía culpable por todo.

Sus compañeros le decían que aguantara, que no se quejara, porque la doctora siempre es así, y porque sabían que dos años antes hubo un residente que llevó su queja a las autoridades y a la Comisión de Derechos humanos, pero después le fue peor.

Empezó a pensar en renunciar a la residencia y, por lo tanto, a su carrera como psiquiatra. Eso, además de depresión, le despertó pensamientos suicidas.

Su familia y amigos la convencieron de seguir adelante, pero un día, la doctora de plano la empujó fuera de su consultorio. Xóchitl se encerró en un baño y no pudo dejar de llorar en hora y media.

Buscó apoyo en el sindicato para ir a denunciarla a la dirección de Enseñanza. La respuesta fue que ella tenía la culpa porque sus quejas ya estaban metiendo en problemas a la doctora.

El caso escaló hasta que la reunieron con el subdirector médico de Centro Médico. Llorando, en medio de un nuevo ataque de pánico, el directivo le dijo que no podía ponerse así si estudiaba psiquiatría.

“¿Entonces ningún médico puede enfermarse porque es médico?”, recuerda Xóchitl que le preguntó indignada.

El acoso de la doctora siguió e incluso un día, tratando el tema del suicidio, dijo frente a ella que algunas personas mejor sí deberían tomar ese camino.

Xóchitl se quebró. Fue a valoración psiquiátrica y el doctor le dijo que no podía dejarla ir porque estaba ya muy mal y había riesgo de que intentara suicidarse.

Así se quedó dos semanas internada en un hospital psiquiátrico en agosto pasado.

Su familia fue a hablar con los responsables médicos y académicos, con la UNAM (quien expide los títulos al final de las residencias en Centro Médico), y en todos lados les cerraron la puerta. Los pocos compañeros que se atrevieron a apoyar la denuncia de Xóchitl fueron amenazados con ser cambiados de sede por “problemáticos”.

Ni así paró el acoso. La doctora obtuvo ilegalmente expediente médico de Xóchitl y otros residentes de mayor grado lo divulgaron en redes sociales.

Hasta que intervino la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, organización creada este año, y dio publicidad al caso, el Centro Médico respondió argumentando que sus autoridades no estaban enteradas.

Le ofrecieron una disculpa a Xóchitl e hicieron modificaciones en los programas, ajustándose a lo que indica la normativa. A ella le ofrecieron cambiarse de sede, pero no aceptó porque se ganó su lugar en este hospital y cree que no tendría por qué irse a otro.

Sigue en tratamiento y ya ha mejorado de la depresión, pero todavía tiene ataques de pánico. Ve cómo sus otros compañeros amenazados tienen síntomas de ansiedad y sabe que es vista como “apestada”.

Lo que más coraje le da es que con la jefa de unidad de Psiquiatría no pasó nada.

Problemas de salud mental que llevan al suicidio

Carmen García está actualmente de incapacidad en casa de sus papás, en el Estado de México, después de ser ingresada tres veces en psiquiatría en solo dos meses, la última por un intento de suicidio que ni siquiera recuerda bien.

No sabe si cuando sea dada de alta podrá continuar con su carrera como médica de urgencias, porque justo lo que la llevó a una crisis de depresión fue el acoso que sufre en el Hospital General de Querétaro, por el que incluso le quitaron un examen acusándola de copiar y le dijeron que reprobó el extraordinario, sin mostrarle el examen o la justificación para esa calificación, que provocaría su expulsión de la residencia.

A sus 33 años, Carmen nunca antes había tenido problemas de salud mental. La depresión empezó con el maltrato cuando era R1. Aunque cuando pasó a segundo año y la propia jefa del servicio de Urgencias dijo que ahora le tocaba sufrir a los de primero, el acoso contra ella siguió.

Al reconocer que estaba mal, empezó a ir al psiquiatra. También empezó a quejarse ante autoridades del hospital, en redes sociales, en Derechos Humanos. Entonces obligaron a sus compañeros a firmar un oficio respaldando a las doctoras del Servicio y desmintiendo a Carmen.

La mandaron a Medicina del Trabajo para hacer una investigación. Tenía una rotación programada a la Ciudad de México y una doctora le dijo que iba a haber un resultado favorable para ella. Pero a los días tuvo que regresarse porque el Hospital de Querétaro informó que había reprobado un examen y sería expulsada. Entonces Carmen volvió a ver a los de Medicina de Trabajo y le dijeron que la investigación había salido limpia y no había nada que castigar.

La acusaron de filtrar los datos del resultado de laboratorio de un compañero, aunque no se lo pudieron comprobar.

No pudo más. En agosto tuvo su primer ingreso al psiquiátrico. Apenas salió, tuvo una recaída, y después, a finales de septiembre, intentó suicidarse.

“Perdí el juicio, la razón. No era yo”, cuenta.

Le dieron terapia electroconvulsiva porque seguía con ideas suicidas, una técnica de choques eléctricos para tratar la depresión severa, y que provoca pérdida de memoria.

Apenas salió del psiquiátrico el 14 de octubre y está tratando de entender qué fue lo que le pasó. Revisó los chats en los que estaba con otros residentes y de los que ya la sacaron, en los que corrieron las acusaciones en su contra y los temores por amenazas si la apoyaban.

Lo único que Carmen quiere es ser cambiada de sede para no tener que volver a ver a las jefas que la han acosado, y seguir adelante con su terapia para recuperarse.

 Una exigencia generalizada

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes quiere que el tema del acoso y la salud mental de los doctores en formación deje de ser un tabú para las autoridades y que realmente se le ponga atención, ya que por décadas se ha perpetuado el abuso.

“En el aspecto psiquiátrico los rangos de prevalencia para depresión y ansiedad son mayores a los de la población general. Los reportes en unidades médicas del IMSS en UMAE (Unidades Médicas de Alta Especialidad) van del 25 al 79.6% para depresión, y de 39 a 69.9% para ansiedad, con una mayor prevalencia en residentes de segundo año”, reporta la organización en una carta.

Citan un estudio que publicó el propio IMSS en su revista médica en 2017, hecho en un hospital de pediatría, donde de 137 residentes, 32% reportó abiertamente haber sufrido acoso, pero 82.4% lo reconoció en el cuestionario dirigido, lo que demuestra que muchos perciben ciertas conductas como normales dentro de su formación.

La Asamblea ha elaborado cuatro propuestas para el sistema de residencias: primero que se establezcan valoraciones periódicas y obligatorias del estado clínico de los médicos residentes, tanto físicas, ya que sufren sedentarismo y malos hábitos alimenticios, como psiquiátricas, ya la ansiedad y depresión son habituales en los estudiantes.

En segundo lugar, que se promuevan ambientes laborales sanos entre médicos residentes y adscritos (los que ya tienen plaza), se establezcan políticas de selección más rigurosas elegir a quienes van a desempeñar cargos de administración educativa y gestión de los médicos residentes, apegados estrictamente a la normativa expuesta por las universidades que avalan los cursos de especialidad.

Establecer canales confiables y comprometidos a atender las denuncias de los médicos residentes, mediante instancias descentralizadas del hospital sede, para que no haya conflictos de intereses. Además, que las resoluciones  sean rápidas, ya que en todos los casos que han documentado hasta ahora, no solo no ha habido soluciones, sino respuestas amenazantes para quien se atreve a denunciar.

Por último, esclarecer la condición jurídico-laboral del médico residente, ya que en el caso del IMSS, su contrato es un apéndice del contrato colectivo de trabajo que los pone como becarios y no les da garantías de trabajadores, por lo que incluso el sindicato se ha desentendido de casos de acoso laboral, igual que las universidades, que no los tienen de estudiantes dentro de sus instalaciones.

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Médicos: Acoso y suicidio


Por Ixtaro Arteta (Animal Político)

El Doctor N recuerda el infierno que fue su primer año como residente en Urología del Centro Médico Siglo XXI, Ciudad de México. Gritos, insultos, castigos, pastillas para no dormir y para no ir al baño porque le decían que no tenía derecho a hacerlo. Un trato que lo sumió en una depresión profunda, que él denunció pero fue ignorado por autoridades educativas, médicas e incluso la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF). Hasta que intentó suicidarse.

Su historia no es un caso extremo y único. Estudiantes de Medicina con cuadros de depresión y ataques de ansiedad son algo generalizado por el maltrato y hostigamiento del que son víctimas en los primeros años de la residencia, una situación tolerada y fomentada por residentes de mayor rango y por los médicos adscritos, denuncia la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR).

Además, cuando alguien llega a presentar una queja formal, es desestimada o ignorada, y en algunos casos la solución que se ofrece a la víctima es cambiarla de sede, mientras que sus acosadores permanecen impunes en sus puestos.

La Asamblea tiene documentados al menos 10 casos de acoso, actuales, en distintos estados del país, dependientes de diferentes instituciones de salud, que han llevado a quejas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), instituciones educativas como la UNAM, y Comisiones de Derechos Humanos Nacional o locales, sin que alguna haya tenido consecuencias.

Animal Político habló con tres víctimas que contaron lo que han vivido como médicos residentes.

 Castigos, derechos anulados y obligaciones extracurriculares

Ahora ya puede hablar de lo que le pasó. Hasta hace unos meses, el Doctor N lloraba reviviendo las situaciones que lo llevaron casi a la muerte.

Desde que entró como residente de segundo año (R2) a Centro Médico, no pudo salir en una semana, entre castigos y guardias que le impusieron, sin bañarse, comer o descansar. Les decían que por ser los nuevos no tenían derecho a usar el elevador, ni a sentarse.

Como no les daban tiempo para comer, las enfermeras se volvían su cómplice y le vendían sándwiches que dejaban escondido en un punto para que pudiera recogerlo. Se metía al baño a comérselo rápidamente sentado en la taza, porque si se tardaba vendría un regaño. Una vez que detectaron en su aliento y en sus manos que había comido, lo regañaron.

Para no dormirse después de guardias de toda la noche impuestas por castigo, tomaba metilfenidato, un medicamento con el que se tratan trastornos del sueño. También tomaba pastillas para no ir al baño.

Cuando se acercaba el fin de semana, evitaba decir que tenía algún plan de ver a su familia o a su novia, porque si lo hacía de inmediato le imponían alguna guardia o lo “guardaban”, como le dicen a dejarlos en el hospital castigados.

Los estudiantes de medicina viven como en jerarquías militares. Los R2 le reportan a los R3, y estos a los R4. Cada superior puede exigirle al inferior, y en esa lógica se cometen los abusos contra los de menor rango.

Al Doctor N le imponían obligaciones como llegar en la mañana a preguntarle a cada residente mayor qué quería desayunar e ir a comprárselo, con su dinero, pese a que un residente solo recibe 6 mil 500 pesos quincenales. Un compañero suyo incluso tuvo una vez que ir a un bar de madrugada porque un superior le exigió ir a pagarle la cuenta de lo que había bebido, si no sería castigado.

Si cometía un error en una nota médica, lo castigaban con escribir esa misma nota 10 veces en máquina de escribir, o apuntes que se hacen a mano sobre signos vitales de los pacientes,  pasarlos a máquina y de todos los pacientes del piso, aunque no le correspondieran. Incluso por una falta ortográfica se la rompían en la cara y tenía que volverla a hacer.

También le aventaban a la cara las carpetas metálicas donde se guardan los expedientes, le gritaban e insultaban.

Pensaba que tenía que aguantar, que era una residencia y era su futuro, y renunciar sería defraudar a su familia. Pero lloraba y se sentía mal todo el tiempo.

Hasta que después de unos meses y presionado porque su papá se enfermó, el Doctor N cayó en una depresión tan profunda que trató de suicidarse con pastillas.

Su casera lo encontró tirado en su departamento. Estuvo tres días inconsciente. Cuando despertó, lo dejaron tres semanas hospitalizado en un psiquiátrico y dos semanas de incapacidad en su casa. Empezó a tomar tratamiento médico y terapia psicológica.

Con el escándalo por el intento de suicidio, la UNAM intervino y castigó al servicio de Urología con no enviar a nuevos residentes hasta que mejoraran sus prácticas. Así, en todo 2018 no hubo R2s.

En ese tiempo, asegura que sí vio mejorar la situación y que han cambiado los abusos contra los nuevos residentes.

Pero él regresó a sus estudios lleno de vergüenza, señalado por haber difamado a un hospital tan reconocido. Acusa que los doctores jefes en Urología, han seguido con el acoso, ya que a veces le impiden presentar a los pacientes que atiende, entrar a quirófano, o le ponen malas calificaciones injustificadamente.

 Cómo acaba en el psiquiátrico una estudiante de psiquiatría

La doctora Xóchitl (nombre cambiado para preservar su identidad) obtuvo uno de los mejores resultados de su generación en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) y logró entrar a la Unidad de Psiquiatría del Centro Médico Siglo XXI. No se imaginaba que ese paso en su carrera la iba a llevar a ser hospitalizada en un psiquiátrico meses después.

En mayo de este año, una carta anónima denunciando irregularidades y trato diferenciado a los estudiantes despertó el enojo de la jefa de unidad. Xóchitl se vio afectada por un cambio en su programa académico, así que cuando cuestionó abiertamente a la jefa, empezó un acoso selectivo contra ella.

Al llegar el periodo de vacaciones, cuando ya había salido de la ciudad, se enteró por un compañero que la encargada había decidido cancelárselo, y días después recibió una llamada del servicio central de Centro Médico amenazando con darla de baja si no se presentaba. Pero ella insistió en que tenía derecho a tomar sus vacaciones.

Cuenta que entonces la doctora empezó a hablar con el resto de sus compañeros, a decir que ella tenía trastornos psiquiátricos e incluso buscó a su pareja para pedirle que la hiciera “entrar en razón”.

Xóchitl se quejó ante las autoridades y le dijeron que no se preocupara porque iban a investigar, pero al regresar de las vacaciones, la situación se volvió mucho peor. La doctora le gritaba, la corría de su consultorio, le ponía tareas específicas durante sus horas de clase y después la regañaba por no haberse presentado.

La residente empezó a tener ataques de pánico. Le angustiaba despertar y pensar en que tenía que ir al hospital, ver a su acosadora y a otros residentes mayores que también la maltrataban o miraban mal, y empezó a ausentarse. Lloraba a escondidas. Se sentía culpable por todo.

Sus compañeros le decían que aguantara, que no se quejara, porque la doctora siempre es así, y porque sabían que dos años antes hubo un residente que llevó su queja a las autoridades y a la Comisión de Derechos humanos, pero después le fue peor.

Empezó a pensar en renunciar a la residencia y, por lo tanto, a su carrera como psiquiatra. Eso, además de depresión, le despertó pensamientos suicidas.

Su familia y amigos la convencieron de seguir adelante, pero un día, la doctora de plano la empujó fuera de su consultorio. Xóchitl se encerró en un baño y no pudo dejar de llorar en hora y media.

Buscó apoyo en el sindicato para ir a denunciarla a la dirección de Enseñanza. La respuesta fue que ella tenía la culpa porque sus quejas ya estaban metiendo en problemas a la doctora.

El caso escaló hasta que la reunieron con el subdirector médico de Centro Médico. Llorando, en medio de un nuevo ataque de pánico, el directivo le dijo que no podía ponerse así si estudiaba psiquiatría.

“¿Entonces ningún médico puede enfermarse porque es médico?”, recuerda Xóchitl que le preguntó indignada.

El acoso de la doctora siguió e incluso un día, tratando el tema del suicidio, dijo frente a ella que algunas personas mejor sí deberían tomar ese camino.

Xóchitl se quebró. Fue a valoración psiquiátrica y el doctor le dijo que no podía dejarla ir porque estaba ya muy mal y había riesgo de que intentara suicidarse.

Así se quedó dos semanas internada en un hospital psiquiátrico en agosto pasado.

Su familia fue a hablar con los responsables médicos y académicos, con la UNAM (quien expide los títulos al final de las residencias en Centro Médico), y en todos lados les cerraron la puerta. Los pocos compañeros que se atrevieron a apoyar la denuncia de Xóchitl fueron amenazados con ser cambiados de sede por “problemáticos”.

Ni así paró el acoso. La doctora obtuvo ilegalmente expediente médico de Xóchitl y otros residentes de mayor grado lo divulgaron en redes sociales.

Hasta que intervino la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, organización creada este año, y dio publicidad al caso, el Centro Médico respondió argumentando que sus autoridades no estaban enteradas.

Le ofrecieron una disculpa a Xóchitl e hicieron modificaciones en los programas, ajustándose a lo que indica la normativa. A ella le ofrecieron cambiarse de sede, pero no aceptó porque se ganó su lugar en este hospital y cree que no tendría por qué irse a otro.

Sigue en tratamiento y ya ha mejorado de la depresión, pero todavía tiene ataques de pánico. Ve cómo sus otros compañeros amenazados tienen síntomas de ansiedad y sabe que es vista como “apestada”.

Lo que más coraje le da es que con la jefa de unidad de Psiquiatría no pasó nada.

Problemas de salud mental que llevan al suicidio

Carmen García está actualmente de incapacidad en casa de sus papás, en el Estado de México, después de ser ingresada tres veces en psiquiatría en solo dos meses, la última por un intento de suicidio que ni siquiera recuerda bien.

No sabe si cuando sea dada de alta podrá continuar con su carrera como médica de urgencias, porque justo lo que la llevó a una crisis de depresión fue el acoso que sufre en el Hospital General de Querétaro, por el que incluso le quitaron un examen acusándola de copiar y le dijeron que reprobó el extraordinario, sin mostrarle el examen o la justificación para esa calificación, que provocaría su expulsión de la residencia.

A sus 33 años, Carmen nunca antes había tenido problemas de salud mental. La depresión empezó con el maltrato cuando era R1. Aunque cuando pasó a segundo año y la propia jefa del servicio de Urgencias dijo que ahora le tocaba sufrir a los de primero, el acoso contra ella siguió.

Al reconocer que estaba mal, empezó a ir al psiquiatra. También empezó a quejarse ante autoridades del hospital, en redes sociales, en Derechos Humanos. Entonces obligaron a sus compañeros a firmar un oficio respaldando a las doctoras del Servicio y desmintiendo a Carmen.

La mandaron a Medicina del Trabajo para hacer una investigación. Tenía una rotación programada a la Ciudad de México y una doctora le dijo que iba a haber un resultado favorable para ella. Pero a los días tuvo que regresarse porque el Hospital de Querétaro informó que había reprobado un examen y sería expulsada. Entonces Carmen volvió a ver a los de Medicina de Trabajo y le dijeron que la investigación había salido limpia y no había nada que castigar.

La acusaron de filtrar los datos del resultado de laboratorio de un compañero, aunque no se lo pudieron comprobar.

No pudo más. En agosto tuvo su primer ingreso al psiquiátrico. Apenas salió, tuvo una recaída, y después, a finales de septiembre, intentó suicidarse.

“Perdí el juicio, la razón. No era yo”, cuenta.

Le dieron terapia electroconvulsiva porque seguía con ideas suicidas, una técnica de choques eléctricos para tratar la depresión severa, y que provoca pérdida de memoria.

Apenas salió del psiquiátrico el 14 de octubre y está tratando de entender qué fue lo que le pasó. Revisó los chats en los que estaba con otros residentes y de los que ya la sacaron, en los que corrieron las acusaciones en su contra y los temores por amenazas si la apoyaban.

Lo único que Carmen quiere es ser cambiada de sede para no tener que volver a ver a las jefas que la han acosado, y seguir adelante con su terapia para recuperarse.

 Una exigencia generalizada

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes quiere que el tema del acoso y la salud mental de los doctores en formación deje de ser un tabú para las autoridades y que realmente se le ponga atención, ya que por décadas se ha perpetuado el abuso.

“En el aspecto psiquiátrico los rangos de prevalencia para depresión y ansiedad son mayores a los de la población general. Los reportes en unidades médicas del IMSS en UMAE (Unidades Médicas de Alta Especialidad) van del 25 al 79.6% para depresión, y de 39 a 69.9% para ansiedad, con una mayor prevalencia en residentes de segundo año”, reporta la organización en una carta.

Citan un estudio que publicó el propio IMSS en su revista médica en 2017, hecho en un hospital de pediatría, donde de 137 residentes, 32% reportó abiertamente haber sufrido acoso, pero 82.4% lo reconoció en el cuestionario dirigido, lo que demuestra que muchos perciben ciertas conductas como normales dentro de su formación.

La Asamblea ha elaborado cuatro propuestas para el sistema de residencias: primero que se establezcan valoraciones periódicas y obligatorias del estado clínico de los médicos residentes, tanto físicas, ya que sufren sedentarismo y malos hábitos alimenticios, como psiquiátricas, ya la ansiedad y depresión son habituales en los estudiantes.

En segundo lugar, que se promuevan ambientes laborales sanos entre médicos residentes y adscritos (los que ya tienen plaza), se establezcan políticas de selección más rigurosas elegir a quienes van a desempeñar cargos de administración educativa y gestión de los médicos residentes, apegados estrictamente a la normativa expuesta por las universidades que avalan los cursos de especialidad.

Establecer canales confiables y comprometidos a atender las denuncias de los médicos residentes, mediante instancias descentralizadas del hospital sede, para que no haya conflictos de intereses. Además, que las resoluciones  sean rápidas, ya que en todos los casos que han documentado hasta ahora, no solo no ha habido soluciones, sino respuestas amenazantes para quien se atreve a denunciar.

Por último, esclarecer la condición jurídico-laboral del médico residente, ya que en el caso del IMSS, su contrato es un apéndice del contrato colectivo de trabajo que los pone como becarios y no les da garantías de trabajadores, por lo que incluso el sindicato se ha desentendido de casos de acoso laboral, igual que las universidades, que no los tienen de estudiantes dentro de sus instalaciones.

Noticias

¿Por qué protesta la Policía Federal?


Texto original por Ixtaro Arteta (Animal Político)

En el Centro de Mando de la Policía Federal, en la capital del país, las gradas de la pista de atletismo se han convertido en “cama” para cientos de elementos a los que han hecho venir para presentar las pruebas para la Guardia Nacional, pero a los que no les dan ni hospedaje ni comida.

Se ven maletas y cartones, además de alguna cubeta, con la que acarrean agua para bañarse, porque ya no hay regaderas móviles, como antes de este gobierno.

Más allá, el estacionamiento de camionetas se ha vuelto también refugio, ya que buscan alguna a la que se le pueda abrir la puerta para pasar la noche dentro y evitar la lluvia y el frío de los últimos días en la ciudad. Al fondo, permanece cerrado el hotel que se había construido hace dos sexenios para los que venían de otros estados a un trámite o para ser desplegados en otro lado.

Este tipo de condiciones son las que llevaron a que los policías no aguantaran más y este miércoles hicieran paro y tomaran el control de las entradas y salidas de este cuartel, conocido como CONTEL, sus familiares cerraran la circulación de Periférico, donde se ubica, y de otras oficinas de la corporación.

Policías Federales duermen en la gradas de la pista de atletismo de CONTEL. Foto: Itxaro Arteta

El policía tercero Noriega cuenta a Animal Político que lleva más de un mes en esa situación. Vino de Veracruz para hacer las pruebas de la Guardia Nacional, pero se las pospusieron, luego otra vez y otra, hasta que después de 25 días que se las aplicaron, las pasó, y ahora está en espera de tomar el curso de siete semanas. Él ni siquiera está convencido de ser Guardia, pero sus jefes le dijeron que si no, sería dado de baja.

Mientras, está en el cuartel durmiendo sobre el cemento de las gradas, consiguiendo agua en cubetas o buscando compañeros que sí sean de la ciudad y le permitan ir a asearse. Para ir al baño, solo hay dos en las oficinas centrales o en el comedor, pero varios elementos se quejan de que están muy sucios ante el uso de las más de mil personas que están aquí concentradas y porque les dijeron que hay poco personal de limpieza por falta de recursos.

Otros elementos buscan refugio para la noche en los propios autobuses de pasajeros en los que se trasladan entre plazas. Y en casos extremos, están durmiendo debajo de unas pocas cajas de tráiler que también hay en el estacionamiento, usando cartones para acostarse, aunque la lluvia ha complicado todo en esa área, que entre ellos llaman “el polvorín” porque no está pavimentado y siempre está lleno de tierra, ahora convertida en lodo y encharcamientos.

Si acaso, pagan de su bolsa algún hotelito cercano para descansar y la comida del comedor se las cobran en 70 pesos, denuncian, mientras que los desplegados en los estados también están pasando carencias de alimentación, hospedaje y vestimenta, ya que aseguran que les han dado uniformes de mala calidad y de tallas inadecuadas. Y ahora tienen que hacer estos gastos tras sufrir una reducción de su bono de operatividad, lo que reciben por el riesgo de estar desplegados, que era de 9,800 pesos al mes y se les redujo a 7,200, y fueron informados de que al incorporarse a la Guardia Nacional ya no lo tendrán.

Un policía tercero muestra su recibo de pago: 9 mil 585 pesos, pero que sin las deducciones de Impuesto sobre la Renta, seguro de vida FOVISSSTE, seguro de salud, de retiro y un préstamo que está pagando, le queda en 2 mil 839 pesos a la quincena. Por esta razón, los agentes defienden que el bono es lo que realmente les da de comer a ellos y a sus familias.

Aunque los policías llevan semanas denunciando que sus superiores les han comunicado que ya no tendrán prestaciones y que tienen que firmar su baja de la Policía antes de incorporarse a la Guardia, con lo que perderían antigüedad, y si no de todos modos serán dados de baja, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró en una conferencia de prensa que nadie será despedido y que sus prestaciones no solo se mantendrán, sino que incluso mejorarán hasta homologarse con las que tienen el Ejército y la Marina.

Policías Federales que vienen de fuera con sus maletas en las gradas, ante la falta de instalaciones u hoteles para quedarse. Foto: Itxaro Arteta

La presentación de la Guardia fue un montaje, aseguran

El domingo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha oficialmente a la Guardia Nacional con un acto en Campo Marte en el que tomó protesta y pasó revista a 10 mil de los 70 mil elementos que la integran, según se informó.

Pero entre esos 10 mil había algunos que todavía no están certificados o ni siquiera fueron considerados aptos para el nuevo cuerpo. José Luis López, policía tercero, fue uno de ellos.

 

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¿Por qué protesta la Policía Federal?


Texto original por Ixtaro Arteta (Animal Político)

En el Centro de Mando de la Policía Federal, en la capital del país, las gradas de la pista de atletismo se han convertido en “cama” para cientos de elementos a los que han hecho venir para presentar las pruebas para la Guardia Nacional, pero a los que no les dan ni hospedaje ni comida.

Se ven maletas y cartones, además de alguna cubeta, con la que acarrean agua para bañarse, porque ya no hay regaderas móviles, como antes de este gobierno.

Más allá, el estacionamiento de camionetas se ha vuelto también refugio, ya que buscan alguna a la que se le pueda abrir la puerta para pasar la noche dentro y evitar la lluvia y el frío de los últimos días en la ciudad. Al fondo, permanece cerrado el hotel que se había construido hace dos sexenios para los que venían de otros estados a un trámite o para ser desplegados en otro lado.

Este tipo de condiciones son las que llevaron a que los policías no aguantaran más y este miércoles hicieran paro y tomaran el control de las entradas y salidas de este cuartel, conocido como CONTEL, sus familiares cerraran la circulación de Periférico, donde se ubica, y de otras oficinas de la corporación.

Policías Federales duermen en la gradas de la pista de atletismo de CONTEL. Foto: Itxaro Arteta

El policía tercero Noriega cuenta a Animal Político que lleva más de un mes en esa situación. Vino de Veracruz para hacer las pruebas de la Guardia Nacional, pero se las pospusieron, luego otra vez y otra, hasta que después de 25 días que se las aplicaron, las pasó, y ahora está en espera de tomar el curso de siete semanas. Él ni siquiera está convencido de ser Guardia, pero sus jefes le dijeron que si no, sería dado de baja.

Mientras, está en el cuartel durmiendo sobre el cemento de las gradas, consiguiendo agua en cubetas o buscando compañeros que sí sean de la ciudad y le permitan ir a asearse. Para ir al baño, solo hay dos en las oficinas centrales o en el comedor, pero varios elementos se quejan de que están muy sucios ante el uso de las más de mil personas que están aquí concentradas y porque les dijeron que hay poco personal de limpieza por falta de recursos.

Otros elementos buscan refugio para la noche en los propios autobuses de pasajeros en los que se trasladan entre plazas. Y en casos extremos, están durmiendo debajo de unas pocas cajas de tráiler que también hay en el estacionamiento, usando cartones para acostarse, aunque la lluvia ha complicado todo en esa área, que entre ellos llaman “el polvorín” porque no está pavimentado y siempre está lleno de tierra, ahora convertida en lodo y encharcamientos.

Si acaso, pagan de su bolsa algún hotelito cercano para descansar y la comida del comedor se las cobran en 70 pesos, denuncian, mientras que los desplegados en los estados también están pasando carencias de alimentación, hospedaje y vestimenta, ya que aseguran que les han dado uniformes de mala calidad y de tallas inadecuadas. Y ahora tienen que hacer estos gastos tras sufrir una reducción de su bono de operatividad, lo que reciben por el riesgo de estar desplegados, que era de 9,800 pesos al mes y se les redujo a 7,200, y fueron informados de que al incorporarse a la Guardia Nacional ya no lo tendrán.

Un policía tercero muestra su recibo de pago: 9 mil 585 pesos, pero que sin las deducciones de Impuesto sobre la Renta, seguro de vida FOVISSSTE, seguro de salud, de retiro y un préstamo que está pagando, le queda en 2 mil 839 pesos a la quincena. Por esta razón, los agentes defienden que el bono es lo que realmente les da de comer a ellos y a sus familias.

Aunque los policías llevan semanas denunciando que sus superiores les han comunicado que ya no tendrán prestaciones y que tienen que firmar su baja de la Policía antes de incorporarse a la Guardia, con lo que perderían antigüedad, y si no de todos modos serán dados de baja, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró en una conferencia de prensa que nadie será despedido y que sus prestaciones no solo se mantendrán, sino que incluso mejorarán hasta homologarse con las que tienen el Ejército y la Marina.

Policías Federales que vienen de fuera con sus maletas en las gradas, ante la falta de instalaciones u hoteles para quedarse. Foto: Itxaro Arteta

La presentación de la Guardia fue un montaje, aseguran

El domingo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha oficialmente a la Guardia Nacional con un acto en Campo Marte en el que tomó protesta y pasó revista a 10 mil de los 70 mil elementos que la integran, según se informó.

Pero entre esos 10 mil había algunos que todavía no están certificados o ni siquiera fueron considerados aptos para el nuevo cuerpo. José Luis López, policía tercero, fue uno de ellos.