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SCJN atraerá el caso Duarte


Por Arturo Ángel (Animal Político)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá esta semana si atrae la revisión de un amparo relacionado con la investigación abierta por posibles hechos de corrupción detrás de la sentencia de nueve años de prisión negociada entre el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y la Procuraduría General de la República (PGR), en el sexenio pasado.

Se trata de un amparo que un juez federal concedió en junio pasado a la organización civil TOJIL para que se le permita acceder y participar en dicha indagatoria, tras reconocer su papel de víctimas en esta investigación, lo que es un hecho inédito en casos de corrupción en México.

No obstante, la Fiscalía General de la República (antes PGR) interpuso un recurso de revisión en contra de esta resolución, por lo que el caso está ahora en manos de la Corte.

La investigación penal por las posibles anomalías en la sentencia dictada en contra de Javier Duarte se inició luego de una denuncia penal presentada precisamente por TOJIL en contra de los funcionarios de la PGR que participaron en la negociación de la condena reducida con el exgobernador y sus abogados.

No obstante, aun y cuando presentaron esa denuncia, la ley le impide a TOJIL aportar pruebas o revisar el expediente a menos que se les reconozca oficialmente como víctimas en este caso, y no solo como denunciantes.

Para Adriana Greaves, cofundadora de TOJIL, no existe duda de que el caso tiene la trascendencia necesaria para ser de interés de la Corte no solo por tratarse de posibles anomalías en un proceso abierto en contra de un personaje ampliamente conocido como Javier Duarte, sino porque esto podría marcar un parteaguas en los procesos de justicia y combate a la corrupción en México.

“Muchas de las fallas en el combate a la corrupción en México se deben a la incapacidad institucional de investigar de manera correcta redes de corrupción. Entonces es vital que la sociedad civil pueda acompañar a la Fiscalía para subsanar las deficiencias e incluso hacer una investigación paralela para presentar pruebas que sean suficientes” dijo Greaves.

La determinación sobre la admisión o no de la revisión de este amparo será tomada por la Primera Sala de la Corte en la sesión programada para el próximo miércoles 16 de octubre.

La abogada y también cofundadora de la organización, Estefanía Medina Ruvalcaba, explicó que si la Corte determina que el caso tiene los méritos suficientes para ser atraído, entonces será un ministro de la primera Sala el responsable de estudiar y elaborar un proyecto que confirme o revoque la sentencia que ya interpuso un juez previamente.

Si la Primera Sala de la SCJN decidiera no atraer el caso será entonces un Tribunal Colegiado el responsable de revisar el amparo.

El 26 de septiembre de 2018 un juez federal del Reclusorio Norte sentenció a Javier Duarte de Ochoa a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. La condena, reducida por debajo del mínimo establecido por la ley, fue dictada luego de que el propio Duarte de declarara culpable a cambio de que se le redujera su condena.

La forma en que se desarrolló este procedimiento es considerada “anómala y claramente perjudicial” para el Estado por parte de las abogadas de TOJIL, quienes incluso interpusieron una denuncia penal ante la misma PGR, que dio paso a la apertura de una carpeta de investigación en contra de los funcionarios que resulten responsables.

“La negociación realizada por el Ministerio Público de la Federación resulta completamente desproporcional a los hechos que eran investigados, por lo que se advierte la existencia de una posible colusión con el imputado a cambio de una cantidad de dinero, bienes o beneficios que dieran lugar a la solicitud de una pena totalmente inadecuada”, se lee en la denuncia penal promovida por TOJIL en octubre de 2018.

Medina Ruvalcaba detalló que el caso Duarte debió ser manejado de forma ejemplar tanto por el perfil del personaje del que se trataba así como por la gravedad de las acusaciones que incluían el posible desvío de millones de pesos del erario hacia empresas fantasma. En cambio, dijo la abogada, se buscó una salida corta que incluso impidió que el caso llegara a un verdadero juicio.

Incluso el propio Javier Duarte cuestionó ya la legalidad del propio acuerdo que el mismo había aceptado. Por ejemplo, en entrevistas difundidas en diversos medios hace unos meses, Duarte dijo que en 2018 pagó una fuerte cantidad de dinero (cuyo monto no precisó) a funcionarios de la PGR, encabezada en ese momento por Alberto Elías Beltrán. Ello como parte de una supuesta negociación para que se declarara culpable, a cambio de reducirle la gravedad de las acusaciones.

De acuerdo con las abogadas de TOJIL estas declaraciones refuerzan la necesidad de que se llegue a fondo en la denuncia que interpusieron por posible corrupción en este proceso, pero para ello subrayaron que es indispensable que se les permita participar en la indagatoria.

“Por ello es importante que la Corte lo atraída dada la trascendencia del caso. El cambio que podría lograrse a través de esta resolución en el caso de que sea favorecedora sería una señal clara de lo que se ha venido diciendo respecto a que la corrupción no será tolerada, pero es necesario que ello no solo se quede en los dichos sino trascienda a la revisión de fondo de los casos como es este” dijo Adriana Greaves.

Los casos restantes

Duarte permanece actualmente preso por la sentencia de nueve años de prisión que se le impuso tras declararse culpable en el caso federal de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Se trata de un caso cuestionado no solo por las sospechas de corrupción denunciadas por TOJIL sino por el propio Duarte que a través de su defensa busca un amparo que le permita apelar la condena. Esto con el argumento de que la PGR habría utilizado pruebas bancarias obtenidas sin el aval de un juez.

Por otra parte la Fiscalía de Veracruz promovió en su momento dos procesos penales en contra del exgbonernador por el posible desvío de 220 millones de pesos y el uso ilegal de un helicóptero, sin embargo, ambos juicios están detenidos por demandas de amparo que ha ganado Duarte y que han evidenciado anomalías en la integraciñon de los casos.

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Javier Duarte: El retrato de la impunidad


Texto original por Arturo Ángel (Animal político)

El proceso penal abierto desde hace más de un año en contra de Javier Duarte por el delito de peculado, tras el presunto desvío de 220 millones de pesos de recursos federales en su gobierno, sigue sin llegar a la fase de juicio. La razón: una demanda de amparo que ha provocado que el caso cambie de juez, sumado a una denuncia penal de la defensa por documentos presuntamente falsos que se pretendían utilizar como prueba en contra el exgobernador de Veracruz.

El caso impulsado por la Fiscalía de Veracruz dio paso a una de las órdenes de aprehensión por las cuales Duarte fue detenido y extraditado desde Guatemala en 2017, pero a diferencia del proceso de la PGR por lavado de dinero en el cual ya incluso se dictó sentencia, este proceso sigue atorado en la fase inicial.

Fue el 20 de mayo de 2018 cuando un juez de la Ciudad de México (en auxilio de la jueza de Veracruz que giró la orden de arresto) decidió vincular al exgobernador a proceso por peculado, entre otros delitos, tras determinar que la investigación presentada por la Fiscalía estatal contaba con indicios iniciales sólidos, que permitían presumir que se había cometido un delito y que Duarte podría ser el responsable.

En ese momento el juez ordenó un plazo de 6 meses de investigación complementaria para que ambas partes reunieran sus pruebas y las presentaran en audiencia intermedia, como paso previo para llegar al juicio. Sin embargo, ya transcurrieron casi 18 meses sin que eso haya ocurrido todavía.

De acuerdo con los datos proporcionados a Animal Políticopor autoridades judiciales y por el equipo legal del propio exgobernador, el desarrollo del proceso comenzó a retardarse cuando otro de los coacusados en el mismo caso, Francisco Valencia (excomisionado de Agua en el gobierno de Duarte) buscó través de un amparo que el caso fuera atraído por un juez federal, y no se quedara en Veracruz.

En julio de 2018 el juez que recibió la demanda de amparo decidió negárselo a Valencia, pero este interpuso un recurso de revisión para que el caso fuera analizado por el Primer Tribunal Colegiado en Veracruz, cuyos magistrados decidieron revocar la sentencia inicial y amparar a Valencia.

Como resultado el juez de Veracruz que recibió el caso decidió declararse incompetente para seguir conociendo el caso. Y fue apenas el pasado 17 de septiembre cuando en una nueva audiencia se determinó que, en efecto, un juez federal será quien reciba el proceso.

De acuerdo con los abogados del exgobernador de Veracruz, aun cuando el amparo fue promovido por Valencia, el proceso se frena de la misma forma para Duarte toda vez que se trata exactamente del mismo caso.

En ese contexto, el juez federal al que le sea turnado el caso deberá decidir si lo continua en el punto en que se quedó, es decir en la presentación de pruebas previo al juicio; o si por el contrario ordena que se comience de nuevo con una audiencia inicial, en la que se tendría que presentar otra vez la imputación para determinar si hay indicios o no para vincular al exgobernador a proceso

Denuncian pruebas fabricadas

Además del problema del retraso, el caso por peculado contra Duarte enfrenta un cuestionamiento grave: el de la posible fabricación de pruebas, situación que incluso ya fue denunciada por los abogados defensores, y que dio paso a la apertura de una carpeta de investigación para indagar los hechos y, de confirmarse, proceder en contra de los funcionarios de la Fiscalía de Veracruz que resulten responsables.

Los cuestionamientos se centran en dos oficios que son claves en el caso. Uno con número SFP/1347/2014 en el cual el entonces secretario de Finanzas de Veracruz, Mauricio Audirac, siguiendo las órdenes de Duarte, le habría pedido a Francisco Valencia que se transfirieran 220 millones de pesos de los fondos federales destinados para obras hidráulicas a otras cuentas.

El otro oficio es el SFP/1750/2014 en el cual Audirac le había confirmado a Valencia que se retornarían los 220 millones transferidos, situación que nunca ocurrió.

De acuerdo con Ricardo Reyes Retana, abogado defensor de Duarte, ambos oficios son falsos. Para comprobarlo la defensa tramitó un peritaje en materia de grafoscopía de cuyos resultados se proporcionó copia a este medio, en los que se concluyó que las firmas en ambos documentos no coinciden con las de Audirac. Es decir, que son apócrifas.

Aunado a ello la defensa solicitó vía transparencia al gobierno de Veracruz copia del oficio SFP/1750/2014, pero la respuesta oficial de la Secretaría de Finanzas es que ese documento no existe, pues en el año 2014 la numeración de documentos solo llegó al SFP/1634/2014.

La misma situación se habría presentado con al menos otros tres oficios que forman parte de la carpeta de investigación, y en los cuales también se habrían simulado las firmas de funcionarios. Esta situación, según Reyes Retana, prueba que se trató de un caso “fabricado” y con “fines políticos”.

En ese contexto el equipo legal de Duarte presentó el pasado 26 de junio una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia en contra del exfiscal de Veracruz Jorge Winckler, y de otros funcionarios que resulten responsables, lo que dio paso a la apertura de la carpeta de investigación CI-FAE/D/UI-2C/D/119/07-2019, que ya fue remitida a la Fiscalía de Veracruz.

Pablo Campuzano, otro de los abogados del exgobernador, subrayó que a esta evidencia se suman las manifestaciones hechas por exfuncionarios de Veracruz como Juan Antonio Nemi, quienes sostienen que fueron obligados a declarar en contra de Duarte.

También una recomendación de la Comisión estatal de Derechos Humanos en donde se confirmó que existió tortura por parte de la fiscalía veracruzana a otro exfuncionario detenido.

“Derivado de estas prácticas es que no queda más resultado que la absolución del exgobernador, así como de sus colaboradores”, señaló Campuzano.

Sentencia cuestionada y casos pendientes

El próximo 26 de septiembre se cumple un año de la audiencia en la que un juez federal dictó sentencia condenatoria en contra de Javier Duarte por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Ello luego de que el propio exgobernador se declarara culpable a cambio de una pena reducida de nueve años de prisión.

Hasta ahora se trata de la única pena de prisión impuesta al exgobernador de Veracruz. Y aunque Duarte aceptó voluntariamente dicha condena sin ir a juicio, ahora busca a través de una demanda de amparo obtener el derecho de apelarla, bajo el argumento de que las pruebas bancarias que la entonces PGR expuso en su contra se obtuvieron sin autorización de un juez. Es decir, eran ilícitas.

A ello se suman dos procesos penales abiertos por diversos delitos de corrupción entre ellos el de peculado, que como ya se mencionó están atorados en la fase inicial.

Por otra parte la Fiscalía de Veracruz también obtuvo una orden de aprehensión en contra de Duarte por desaparición forzada, pero la misma no se ha podido ejecutar dado que se requiere permiso del gobierno de Guatemala, país que extraditó a Duarte por delitos distintos. Animal Político publicó que el gobierno de México tardó casi un año en presentar dicha solicitud formal.

En tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó y denunció el posible desvío de más de 60 mil millones de pesos de fondos federales en la administración de Duarte como gobernador de Veracruz (2010 a 2016), pero por ahora las acusaciones de la Fiscalía General de la República por dichos casos se han concentrado en exfuncionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Veracruz.

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“Creo en la justicia”: Javier Duarte


El ex gobernador de Veracruz,Javier Duarte de Ochoa, reaccionó ante la emisión de una orden de aprehensión en contra del exfiscal del estado, Jorge Winckler.

Luego de darse a conocer que un juez de control en el estado de Veracruz libró la orden contra Winckler y cinco exfuncionarios más de la Fiscalía General de Veracruz por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, Duarte de Ochoa publicó en su cuenta de Twitter que no es partidario de las venganzas y que cree en la justicia.

“No soy partidario de las venganzas, esos métodos son de los gángsteres, soy fiel creyente de la justicia. Se cosecha lo que se siembra y esto es el principio de lo que seguramente será una buena zafra. #Karma #NiPerdónNiOlvido”, indicó el ex mandatario estatal.

Posteriormente, publicó una fotografía del ex fiscal Winckler, mencionó a una reportera local y agregó “#NoSePuedeDefenderLoIndefendible”.

Javier Duarte permanece preso en el Reclusorio Norte y desde el 26 de septiembre del 2018 fue condenado a 9 años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero.

En su cuenta de Twitter se asegura que no es él quien tiene acceso a Internet sino utiliza la plataforma a través de terceras personas para emitir sus mensajes.

Fuente: Excélsior 

 

 

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¿Lozoya pagó la campaña de Javier Duarte?


Por Arturo Ángel (Animal Político)

De acuerdo con investigaciones y declaraciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su poder, la constructora brasileña Odebrecht presuntamente inyectó en 2010 al menos 850 mil dólares a las campañas de dos candidatos priistas a gobernador: Javier Duarte y Rodolfo Torre Cantú, situación  que a la postre le permitió obtener contratos en Veracruz y Tamaulipas.

Las versiones sobre estos pagos ya habían trascendido en los últimos años, pero cobran relevancia ahora debido a que la FGR las retomó a través de las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, y las incluyó en los documentos que mandó a un juez federal para solicitar la orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Aunque la Fiscalía no ha acusado formalmente a Duarte por este caso (Torre Cantú fue asesinado poco antes de la votación), el Ministerio Público decidió incluir dichos señalamientos para fortalecer la hipótesis de su caso en contra de Lozoya, ya que supuestamente habría sido este quien propuso a la empresa dichas “inversiones”.¿Pero cómo es que se dio esta propuesta, y cómo es que se efectuaron dichos pagos? ¿Quién los autorizó y quiénes fueron los intermediarios? A continuación se detalla la información contenida en el expediente enviado al juez, al que Animal Político tuvo acceso:

¿Invirtiendo a futuro?

Según lo narrado por la FGR al juez federal, el interés de la constructora Odebrecht por invertir en México surgió en 2009, cuando su entonces Director Superintendente en México, Luis Alberto de Menesses Weyll, conoció a Emilio Lozoya Austin, quien por aquel entonces ejercía el cargo de Director del Foro Económico Mundial de América Latina.

“Al tener ese cargo y por ser mexicano, (Lozoya) tenía conocimientos que Luis Weyll consideró útiles para su plan de acción. De 2009 a 2012 tuvieron un sinfín de reuniones siempre que Emilio (Lozoya) estaba en México, donde él (Weyll) lo consultaba para que lo orientara sobre la manera en que podrían desarrollar negocios”, señalaron los fiscales.

La recomendación específica de Lozoya para Weyll, según lo descrito por la FGR, fue que se asociara con empresarios de nivel estatal para fortalecer su presencia en el país, y específicamente le habría recomendado dirigirse a Veracruz y Tamaulipas, entidades que para 2010 estaban bajo administración priista y con la posibilidad de repetir sexenio.

Los fiscales sostienen que fue el propio Lozoya quien personalmente presentó a los directivos de Odebrechtcon varias personas con la finalidad de asociarse. Ello le permitió a la constructora ganar diversos contratos en sociedad con empresas locales.

Como “agradecimiento” a las gestiones realizadas a nivel local que ayudaron a Odebrecht a posicionarse en México, pero también como un aliciente para ser favorecidos con contratos  a nivel federal en el gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, Odebrecht transfirió en 2012 más de tres millones de dólares a Lozoya. El pago se hizo en cinco partes a través de cuentas fachada, como se describe en esta nota.

‘Batman’ y el medio millón a Duarte

El expediente entregado al juez detalla que Lozoya le recomendó a los directivos de Odebrecht que invirtieran en Veracruz, uno de los estados más poblados del país y con una fuerte infraestructura relacionada con la producción y transporte de combustibles, y sus derivados.

En específico les recomendó que buscaran asociarse con un empresario local de nombre Felipe Ruz quien, junto con su hijo, era propietario de la compañía “Constructora Ruso”, a través de la cual podrían buscar distintas inversiones.

Sin embargo, según los fiscales de la FGR, las recomendaciones de Lozoya no se limitaron a alianzas empresariales, sino que les sugirió que era importante aprovechar el contexto político local de cambio de gobierno.

“Cabe resaltar que en julio de 2010 habría elecciones estatales y que el entonces gobernador Fidel Herrera se encargaría de designar como su sucesor a Javier Duarte de Ochoa. Por ello la compañía Odebrecht, con la finalidad de obtener un buen posicionamiento en el futuro gobierno, aportó a la campaña de Javier Duarte de Ochoa la cantidad de 500 mil dólares americanos”, indica el documento entregado al juez.

Este pago habría sido autorizado directamente por Luiz Antonio Mameri, entonces director regional para América Latina de Odebrecht, y la transferencia se habría realizado a través de la denominada División de Operaciones Estructuradas, como se le denominaba formalmente al departamento de pago de sobornos de la compañía brasileña.

Se detalla que estos pagos en específico fueron catalogados con los nombres clave “Batman y Robin”, dentro del sistema construido por Odebrecht para dar seguimiento a estos pagos de nombre “Drousys”.

Lo que no detalla la FGR es exactamente a qué empresa o intermediario relacionado con la campaña de Javier Duarte se había transferido dicho gobierno.

“Como consecuencia de dichos pagos a mediados de 2013 el Gobierno de Veracruz adjudicó de manera directa a la empresa Constructora Norberto Odebrecht el Proyecto de Propósitos Múltiples en Xalapa, siendo subcontratada para dicha obra la empresa Constructora Ruso”, indicaron los fiscales.

Cabe señalar que exfuncionarios cercanos al gobierno de Javier Duarte han señalado con anterioridad a Animal Político que sí existieron pagos ilegales de Odebrecht en Veracruz, sobre todo para ganar contratos relacionados con el manejo de agua. No obstante el exgobernador ya ha refutado antes que eso sea verdad.

Duarte niega pago a su campaña

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa rechazó que a su campaña para gobernador del estado de Veracruz hayan llegado recursos provenientes de la empresa Odebrecht como declararon sus directivos.

Confirmó que la empresa invirtió en la entidad lo que generó miles de empleos pero negó que detrás de dichos contratos hubieran irregularidades.

“No sé por qué lo haya declarado este señor Luis Meneses Weyll ese tema, pero a mí no me entregaron ningún recurso, tan es así que no les di nada, no hubo ningún compromiso” dijo.

“Yo a los brasileños no los conocí por Emilio Lozoya, yo a los brasileños los conocí porque ya estaban invirtiendo en Veracruz cuando yo llego al Gobierno. El proyecto Etileno XXI ya se estaba desarrollando en Veracruz cuando yo llego al Gobierno del estado… viene desde Fidel Herrera. Y cuando yo llego ya la obra está en marcha y allí es donde conozco a Marcelo Odebrecht, conozco a todos estos tipos, pero los conozco porque están invirtiendo en Veracruz” añadió.

Los 350 mil a Torre Cantú

Los fiscales de la FGR señalaron al juez que “siguiendo los lineamientos que había señalado Emilio Lozoya” Odebrecht decidió intervenir también en Tamaulipas, y para ello recomendó Meneses Weyll reunirse con Jorge Eduardo Rivera Schotte, empresario tamaulipeco accionista de la compañía “Petrochem México”.

Los fiscales detallan que Rivera Schotte formaba parte de un círculo empresarial que apoyaba al entonces candidato del PRI al gobierno del estado Rodolfo Torre Cantú. Según la narración, Rivera le comentó a Weyll que si quería posicionarse en la entidad “era necesario que contribuyera a la campaña” del referido candidato.

“Por ello Odebrecht durante el primer semestre de 2010 efectuó un pago de 350 mil dólares americanos, siguiendo la misma mecánica que en el Estado de Veracruz, es decir, el pago fue autorizado directamente por Luiz Mameri y realizado mediante el Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa”, indicaron los fiscales.

En este caso se añade que la transferencia se realizó a una cuenta del Banco Mercantil del  Norte, a nombre de la empresa Blunderbuss Company de México.

Blunderbuss es una compañía constituida en 2008 en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, la cual en el objeto social de su acta constitutiva (de la que Animal Político tiene copia) dice dedicarse a múltiples cosas, desde la construcción hasta el comercio. El SAT ya la etiquetó este año como presunta empresa fantasma. 

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó –en esta nota– que dicha compañía está ligada a una red de empresas fachada que ha canalizado millones de dólares en sobornos provenientes de Odebrecht.

Lo que no se detalla en el expediente enviado al juez es qué tipo de contrato o de inversión habría ganado la constructora brasileña en Tamaulipas, por los miles de dólares que presuntamente inyectó en la campaña de Cantú.

Inversiones en Hidalgo

En los oficios entregados al juez los fiscales sostienen que la constructora hizo las conexiones necesarias –de nuevo con la presunta ayuda de Lozoya- para invertir en el estado de Hidalgo, aunque aquí no se detalla algún pago electoral o soborno en específico.

“Emilio Lozoya Austin le recomendó a Luis Weyll se asociara con el empresario Juan Carlos Tapia Vargas, accionista de la empresa Construcciones Industriales Tapia, quien tenía gran presencia e influencia política en el estado de Hidalgo y principalmente con sindicatos, que, a su decir, en México eran de gran relevancia para ganar y ejecutar proyectos”.

Se añade que entre 2011 y 2012 Odebrecht formalizó una alianza con la empresa local Construcciones industriales Tapia, para ganar contratos de diversas obras.

De ser ciertos dichos contratos locales, ellos habrían ocurrido durante la gestión de los gobernadores Miguel Angel Osorio Chong y Francisco Olvera Ruiz, ambos de extracción priista

De acuerdo con los fiscales, a la postre estas alianzas empresariales le ayudaron a Odebrecht a fortalecer su posición en la búsqueda de contratos a nivel federal, como los de Pemex en torno a la refinería de Tula, en Hidalgo.

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