Editoriales

Arrancan en Estados Unidos


Por Jorge Castañeda (El Financiero)

La campaña presidencial en Estados Unidos para el 2020 ya arrancó. Antenoche, Donald Trump lanzó su intento de reelección, con un mitin multitudinario e incendiario en el estado de Florida; los primeros debates entre los candidatos demócratas tendrán lugar el 25 y 26 de junio; tal y como era previsible y como ha sido el caso desde hace algún tiempo, el proceso comienza con un año y medio de anticipación.

En 2015, cuando Trump inició su búsqueda de la presidencia, fui de los pocos que a lo largo del año y medio siguiente especulé que era factible la victoria de Trump. Me mantuve en lo dicho hasta un mes antes de las elecciones, cuando junto con muchísimos otros integrantes de la comentocracia mundial, y en particular de Estados Unidos, me fui con la finta de las encuestas nacionales. Todos los expertos, en particular Nate Cohn de The New York Times, vaticinaron que Hillary Clinton no sólo obtendría una mayoría significativa del llamado voto popular, sino que también esgrimía una probabilidad de más de 80 por ciento de ganar con el triunfo en el llamado Colegio Electoral. Debí haber confiado más en mi intuición que en los especialistas, pero son errores que uno comete.

Ahora bien, la mejor manera de no cometer errores es no atreverse a tomar partido, o a intentar algún tipo de pronóstico. Por lo tanto, fiel a mí mismo, es decir, temerario o incluso irresponsable, le entrego al lector algunas ideas para el 2020. En primer lugar, creo que la reelección de Trump no está asegurada; me atrevería a decir que es altamente improbable, si no es que imposible, que obtenga un segundo periodo presidencial. Sé que esto es relativamente contraintuitivo y, en alguna medida, contra la historia.

Primero lo contraintuitivo. Con una economía pujante y posiblemente a salvo de una recesión antes de los comicios de noviembre de 2020, Trump cumple con una de las condiciones sine qua non para ser reelecto: una buena gestión y desempeño económicos. En segundo lugar, no hay una guerra en curso o inminente; tampoco se vislumbra algún escándalo mayúsculo –es decir, mayores a los que ya ha vivido– que pueda hundirlo de aquí a entonces. En términos generales, con la economía hacia arriba, la inflación hacia abajo, el desempleo en los menores niveles desde hace medio siglo, debe de ganar. Históricamente, en tiempos recientes, sólo dos presidentes han fracasado en su intento reeleccionista: Jimmy Carter en 1980, y George H. W. Bush en 1992. Se podría agregar a la lista, de alguna manera, a Harry Truman, que no se presentó en 1952 y a Lyndon Johnson que no lo hizo en 1968. Pero la norma es que, en efecto, presidente en funciones es reelecto.

Los apostadores y demás expertos le siguen dando a Trump una posibilidad de casi 60 por ciento de ser reelecto, en buena medida por la marcha de la economía y por la historia justamente. Pero todo esto puede no significar gran cosa si revisamos otras cifras y tendencias históricas.

En primer lugar, en todas las encuestas nacionales, el principal candidato demócrata en este momento, el exvicepresidente Joe Biden, le saca una ventaja de aproximadamente 10 puntos a Trump. Esto es entre tres y cuatro veces más que la ventaja que obtuvo Hillary Clinton en el voto popular en 2016. De mantenerse esta tendencia, no existe posibilidad aritmética de reparto de los votos en los cincuenta estados para que Trump vuelva a compensar por su derrota en el voto popular con un triunfo exiguo en algunos estados importantes para el Colegio Electoral. En segundo lugar, la popularidad de Trump, o su nivel de aprobación, nunca ha rebasado los 41-42 puntos desde que llegó a la presidencia, que es un porcentaje semejante al que obtuvo en la elección de 2016. No existe ninguna razón para pensar que pueda rebasar ese umbral ahora. La economía podrá seguir funcionando bien, pero ya lleva dos años haciéndolo; los escándalos podrán no afectarlo, pero tampoco van a desaparecer; y, lo que vuelve odioso a Trump para un sector importante de la sociedad norteamericana desde 2016, tampoco va a desaparecer. Por último, en materia de encuestas, en los cuatro o cinco estados decisivos, ya sean números públicos, o aquellos de la campaña del propio Trump, muestran que cualquier candidato demócrata lleva una ventaja importante en dichas entidades federativas.

¿A cuáles me refiero? A las que le dieron la victoria en 2016. Primero Florida, quizás la joya de la corona, donde en este momento lleva una desventaja de casi diez puntos con relación a Biden. En seguida, Pennsylvania –de donde es oriundo Biden, y donde ha instalado la sede de su campaña-: ahí también la ventaja es de casi diez puntos. Luego siguen Michigan y Wisconsin, como estados absolutamente decisivos, y en menor medida, Ohio y Iowa. Todos estos estados los ganó Obama tanto en 2008 como en 2012, y en teoría debieron haberse colocado en la columna demócrata en el 2016, pero por los errores de Hillary Clinton no fue el caso. Si en dos o tres de estos estados, ya sin hablar de los cinco o seis, Trump pierde, su reelección es casi matemáticamente imposible.

Pero la razón más importante por la cual un demócrata va a ganar, en mi opinión, es por la polarización del electorado. De la misma manera que los dos periodos de Obama incendiaron el resentimiento de amplios sectores de la población blanca sin educación universitaria y mayor de 50 años. La presidencia de Trump ha encendido los ánimos de todos los grupos perjudicados por él. Se trata de una serie de minorías, o cuasi mayorías, que han mostrado una propensión a movilizarse y participar en las distintas elecciones intermedias que, si eso es premonitorio, saldrán a votar en masa en 2020. En primer lugar, desde luego, la población afroamericana; en segundo lugar, los latinos; en tercer lugar, los asiáticoamericanos; en cuarto lugar, las mujeres con educación universitaria y menores de 50 años; y en quinto lugar, los exdemócratas blancos, con educación superior, y de alrededor de 50 años que votaron por Obama, luego por Trump, y ahora volverán con cualquier candidato demócrata. En 2018, 30 por ciento de los votantes perteneció, o bien a la minoría afroamericana, o bien hispana, o asiática. Si su participación es igual o superior a la de hace un año, de nuevo la victoria de Trump se vuelve matemáticamente casi imposible.

¿Así va a suceder? Obviamente es imposible saberlo a ciencia cierta. Existen varios obstáculos. El principal de ellos es que los demócratas logren alinear una mancuerna a la vez consensual, equilibrada y que atienda las dos exigencias relativamente contradictorias del electorado: posiciones avanzadas, muy progresistas, de reformas de fondo de la sociedad norteamericana, por un lado; y un candidato centrista, que dé seguridades a los sectores más moderados del electorado demócrata y algunos republicanos, y que no podrá ser teñido de socialista por Trump. Este es mi vaticinio, lo comentaremos a principios de noviembre del 2020.

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Otro fallo a favor de Anaya; falta uno por Jorge G. Castañeda


Texto original: El Financiero

La semana pasada, ante un silencio ensordecedor de los medios impresos, se publicó un fallo interesante del Tribunal Federal Electoral. Se trata de su decisión sobre una demanda interpuesta por Ricardo Anaya contra dos funcionarios de la entonces PGR por alterar la equidad de la contienda al divulgar el famoso video de su visita a las instalaciones de la dependencia. Exigía que fuera acusado formalmente por los falsos cargos que dos payasos, el gobierno, muchos medios y las campañas de los otros dos candidatos le habían formulado.

La Sala Superior del TEPJF resolvió por unanimidad sancionar a los funcionarios por haber afectado la equidad de la contienda electoral. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón señaló que “por ningún motivo se puede dejar impune el desvío del poder” y que “el Estado no puede acusar a las personas sin pruebas y por razones políticas”. Asimismo, señaló que la intervención de los funcionarios de la PGR “desbalanceó el proceso de formación de preferencias”.

Por su parte, la magistrada Janine Otálora advirtió que “en este caso, funcionarios de la PGR dejaron de atender el principio de neutralidad para intervenir como actores en la comunicación política dentro de un proceso electoral. Y esta es justamente una conducta perniciosa que debe ser siempre advertida por la autoridad y sancionada para blindar a nuestra democracia de la influencia del poder público”.

De allí el fallo: “Se declara la existencia de la infracción consistente en el uso parcial de recursos públicos para afectar la equidad en la contienda electoral, atribuida a Alonso Israel Lira Salas, en su calidad de subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada y Rafael Lugo Sánchez, director general de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República”.

Esta decisión viene a sumarse a la exoneración de Anaya de todos los supuestos delitos de los que supuestamente fue acusado a finales de noviembre pasado. Como algunos recordarán, la PGR así lo determinó días antes de que Peña Nieto abandonara el poder. La exoneración, hasta donde entiendo, también benefició a Manuel Barreiro, supuestamente acusado también de mil y un delitos fabricados.

Por otra parte, Anaya ya había presentado una demanda contra el periódico El Universal por los ataques de los cuales fue objeto en el mismo caso, y otros más. Dicha demanda llegó hasta la primera sala de la Suprema Corte en febrero, donde en principio se había fallado a favor de Anaya. Según entiendo, por presiones del gobierno de López Obrador, se subió el tema al pleno, y hasta ahora no hay decisión. Es probable que al final, gracias al paso del tiempo y que nadie se acuerde del tema, y que los otros medios impresos no hablen de él, la SCJN fallará a favor de Anaya.

A nadie le importa a estas alturas, pero empieza a haber cada vez más pruebas de dos verdades. En primer término, el gobierno de Peña utilizó todos los recursos del Estado para descarrilar la campaña de Anaya, y en parte lo logró. López Obrador ha mentido sistemáticamente cada vez que ha dicho que Peña no intervino en la elección. No lo hizo en contra de AMLO, sino a su favor, y en contra de Anaya. Otra cosa es determinar la magnitud de la afectación del resultado, a través de la afectación de la equidad. ¿Treinta puntos? ¿Veinte puntos? ¿Diez puntos? No lo sabremos nunca.

En segundo lugar, parece difícil negar ahora que estas decisiones fueron tomadas en Los Pinos y en la campaña del PRI, tal vez para ver si Meade crecía, o más bien para asegurar la derrota de Anaya y la victoria de López Obrador. En esta última hipótesis cabe el pacto de impunidad que algunos denunciamos desde la campaña. La denuncia fue descartada como una exageración evidente por mentes conspirativas.

Decían: ¿En verdad crees que AMLO va a perdonar a Peña? ¿En serio piensas que no va investigar a nadie? ¿Ni a Lozoya, ni a Ruiz Esparza, ni a Rosario Robles? ¿Que Odebrecht, la estafa maestra, el tren a Toluca y el NAIM quedarán impunes? ¡Qué ingenuo, y qué mente más tortuosamente conspirativa! ¡Ya verás! Estoy viendo.

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La verdad y la mentira de la 4T por Jorge Castañeda


Texto original: El Financiero

En los últimos días se han producido dos debates, o controversias, sobre cifras de la vida nacional. Ambas discusiones son importantes y muy positivas para el país.

En primer lugar, gracias a la intervención de Jorge Ramos y a las respuestas de López Obrador, existe una divergencia sobre el número de muertos y el nivel de violencia de los meses iniciales del sexenio. De acuerdo con el presidente, las cifras descendieron; según el periodista, subieron. Varios especialistas –entre ellos Alejandro Hope– han procurado explicar la diferencia con elementos técnicos –fuente de los datos, tipología, manipulación, etc.– y ofrecer una opinión sobre el fondo. De lo que entiendo de estos análisis, Ramos tuvo razón, y los números que divulgará el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el 20 de abril, o dos días después porque es sábado, corroborarán esta opinión. A menos de que, como ha sugerido Raúl Trejo, el gobierno manosee los datos del SESNSP y rompa la serie histórica que se remonta a fines del siglo pasado.

El segundo debate se refiere al crecimiento del empleo formal en México durante el primer trimestre. De acuerdo con la mayoría de las versiones de prensa del fin de semana, el número de empleos creados, permanentes y eventuales, según los registros del IMSS, fue el menor para un mes de marzo desde 2009 (durante la gran recesión mundial). Para el primer trimestre, se trata del peor número desde 2014. Especialistas, como nuestro director Enrique Quintana, también presentaron los datos de esta manera: una señal adicional del enfriamiento de la economía, aunque no de una recesión.

AMLO concluyó lo contrario. En la mañanera del martes presumió que durante el primer trimestre del año se crearon 269 mil empleos, “un incremento nunca visto desde hace 10 años para un periodo similar”. Rápidamente, y de nuevo, especialistas como Valeria Moy y México ¿cómo Vamos? contradijeron a AMLO y tildaron de falso su anuncio. A menos de que Hacienda, el Inegi o Presidencia ofrezcan nuevos elementos para juzgar, parece que de nuevo no tuvo razón López Obrador.

Estas discrepancias son hasta cierto punto normales en cualquier democracia. Los gobernantes utilizan las cifras que más les convienen; los opositores, críticos o independientes, las que pintan peor a la autoridad, y la gente se forma su propia opinión. Todos los gobiernos exageran; ninguno lo hace todo el tiempo, en todos los temas, salvo excepciones. En México y en Estados Unidos hoy vivimos excepciones. Tanto Trump como López Obrador deforman, distorsionan y manipulan las cifras y los hechos con un descaro antes inimaginable.

Por eso en Estados Unidos han surgido una serie de instancias –periodísticas, académicas, de think-tanks, de la sociedad civil– dedicadas a desmontar las mentiras de Trump, o al llamado fact-checking. Se suman a instituciones existentes, ya sea del Congreso, ya sea del Estado norteamericano. Las nuevas instancias suelen contar con los recursos humanos y financieros, y con la independencia necesaria para ser creíbles, eficaces y duraderas. En México, a pesar de esfuerzos anteriores loables –Verificado, por ejemplo, durante la campaña– aún no es el caso.

El Inegi podría proporcionar datos de homicidios dolosos con mayor oportunidad. No lo hace. También está en condiciones de entregar cifras contextualizadas, no sólo desestacionalizadas, que ya lo hace, y muy bien. Por ello, muchos han sugerido que, desde la sociedad civil, surjan instancias, o de preferencia una instancia, que disponga de lo necesario para esta tarea. No se trataría de refutar cada mentira de AMLO en las mañaneras; con una al día o cada par de días, basta y sobra. Ahora bien, ningún actor de la sociedad civil mexicana se encuentra en condiciones políticas o financieras para construir esto por sí solo. Es imposible. De allí el llamado de algunos a abandonar, aunque sea por un rato y en un tema, la patética incapacidad mexicana de trabajar en equipo, para que se cree un consorcio de medios, organizaciones de la sociedad civil, en su caso de la academia y del empresariado, que emprenda esta tarea. Unos pondrían expertos, otros difundirían informes, unos más contribuirían con fondos, y todos los días contaríamos con un punto de vista nuevo. Que no será nunca aceptable para todos, principalmente no para la 4T, obvio. Pero le brindaría al resto de la sociedad una oportunidad para distinguir entre la verdad y la mentira.

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Pedir que ‘ellos’ pidan perdón por Jorge Castañeda


Texto original: El Financiero

El asunto del perdón y el rey de España es en parte un distractor un poco absurdo, pero también encierra un mar de fondo, que puede revestir una gran importancia durante los siguientes dos años. Conviene comentar algunos aspectos, sobre todo cuando parece que a los chairos en redes les han ardido bastante las críticas y las burlas.

Primero el relato. No fue una ocurrencia reciente de López Obrador y/o de su esposa. Se lo planteó, sin aviso ni advertencia, al presidente de Gobierno Pedro Sánchez, durante su visita el 30 de enero, la única que ha realizado un mandatario extranjero a México en estos 110 días. Los españoles se quedaron atónitos, porque no se suele sorprender a un amigo así, pero dijeron que lo estudiarían. AMLO les adelantó que pronto habría una carta; la envió el 1 de marzo, explicando que si no respondían con celeridad, haría público el hecho, si no el texto. No respondieron, porque a un mes de elecciones en España y en plena crisis catalana, la única respuesta pública posible era la que se dio: un no categórico. Si AMLO buscaba un debate sobre el tema, hizo todo lo posible para sabotearlo al divulgar la existencia de la solicitud.

Sus partidarios, de una estirpe u otra, han dicho en estos días que varios Estados han pedido perdón por distintos crímenes del pasado. Es cierto. Pero tanto Justin Trudeau sobre el St. Louis, como Bill Clinton sobre el golpe contra Árbenz en Guatemala en 1954, como Jacques Chirac sobre la redada del Vel d’Hiv, como Macron sobre la tortura a franceses durante la guerra de Argelia, como Willy Brandt arrodillándose ante la escultura conmemorando la insurrección del gueto de Varsovia, todos, y algunos más, lo hicieron por su cuenta. Decidieron cómo y cuándo era posible reconocer una responsabilidad histórica por un mal infligido a millones, decenas de miles o cientos de víctimas. No lo hicieron a raíz de la exigencia pública de un ofendido, como López Obrador. Y cuando no pudieron, no pudieron. Pero nadie imagina a Shinzo Abe rogándole a Obama que pidiera perdón cuando visitó Hiroshima, en 2015. No podía.

Ahora bien, sobre el fondo del asunto, puede resultar deseable volver a entablar un debate sobre la historia verdadera de lo que hoy llamamos México. El mestizaje, el sincretismo, la conquista y la colonia, las razones de la victoria de Cortés, de la derrota de los mexicas, la identidad mexicana, la formación dolorosa y muy gradual de la nación, todos estos son temas que se han discutido a lo largo de nuestra historia. Se han creado, como en todos los países, muchos mitos al respecto. Uno incluye la cronología del mestizaje. Entre 1492 y 1821 llegaron a lo que hoy llamamos América Latina apenas medio millón de españoles: 1,519 al año, para toda la región; no dan los números para que México fuera un país mestizo al producirse la independencia. Algunos mitos fueron funcionales, otros menos.

La famosa placa de Tlatelolco –“No fue triunfo ni derrota, sino el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy”– fungió como mito fundacional de la república. No obstante, en los hechos que aprendían los niños, resultaba que todos descendíamos de Moctezuma y Cuauhtémoc. Ni lo uno ni lo otro era cierto, pero ambas versiones sirvieron para construir una nación mexicana, que en el mejor de los casos comenzó a existir después de la revolución.

Lo que me resulta menos claro es que AMLO busque esto. Más bien da la impresión que su postura es puramente demagógica. Por una parte, busca demostrarle a su base que él sí tiene el valor para exigir una disculpa –lo hará seguramente después a los norteamericanos y los franceses. Por la otra, se propone robarle cancha a una pequeña parte de su ala izquierda: el EZLN y el Subcomandante Marcos, que no lo quieren ni lo apoyan, pero mantienen cierto ascendiente sobre sus partidarios en el sureste.

¿Es el momento de ese debate? ¿Sabemos bien quiénes somos “nosotros”, y quiénes son “ellos”? ¿Es una caja de Pandora que deseamos abrir? ¿O es pura demagogia? A cada quien sus cubas.

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Las explicaciones de la tragedia por Jorge Castañeda


Texto original: El Financiero.

Las escenas estrujantes de Tlahuelilpan nos acompañarán durante muchos años; no hemos visto nada en este país de dolor y tragedia semejantes desde hace mucho tiempo. La especulación y debate también nos perseguirán por un largo rato, siempre con la idea subyacente que el desastre se hubiera podido evitar. Como en tantos otros casos, probablemente nunca sabremos todo o siquiera lo esencial; pero, a diferencia de tragedias pasadas, contamos con más información casi en tiempo real, que nos ayuda a compartir el duelo de los familiares de las víctimas y a conocer con mayor precisión lo que sucedió.

Me remito a dos medios extranjeros, aunque con cada vez mayor presencia mexicana, para matizar las explicaciones ofrecidas por el gobierno desde el viernes en la noche: El País y The New York Times. En dos puntos especialmente sensibles, proporcionan información, a través de entrevistas y razonamientos basados en ellas, que cuestionan algunas de las tesis fundamentales del régimen.

El País coloca al centro de su cobertura del domingo el papel del Ejército. Cito: “Esa boca (del lobo) se abrió hacia las 14 horas de la tarde. Un soldado de 34 años, que no quiere revelar su nombre, asegura que a esa hora la patrulla del Ejército a la que pertenece, de tres vehículos y 25 militares, descubrió a unas pocas personas ordeñando la gasolina del ducto… El soldado asegura que al poco llegar, comunicaron la situación a Pemex. Esta versión difiere de la oficial, que sitúa la llegada del Ejército después de las 5 de la tarde. Poco después de la patrulla, comenzó a llegar la gente”.

Si la primera patrulla llegó a las dos de la tarde, avisó a Pemex y la explosión tuvo lugar a las 18:50, esto significa que el Ejército dispuso de cinco horas a partir del momento en que fue notificado Pemex del derrame o chorro. Estando la refinería de Tula a 13 kilómetros, custodiada por el Ejército, no parece una tarea titánica mandar doscientos o trescientos refuerzos al sitio en cuestión de pocos minutos. A menos de que se piense que el Ejército carece de capacidad de despliegue rápido o de entrenamiento en control de multitudes. En cuyo caso, aguas con la Guardia Nacional.

The New York Times cita a varios pobladores de la zona en una versión que también parece contradecir la del gobierno: “Los residentes que se aglomeraron en el lugar de la explosión el sábado dijeron que si bien el oportunismo condujo a algunos a abalanzarse sobre la ordeña ilegal del ducto el viernes, muchos otros fueron motivados por la escasez generada por la embestida del gobierno contra el huachicol. Los pobladores, dijeron, estaban desesperados buscando gasolina para su uso personal. “De no haber habido una tal escasez, esta tragedia no hubiera sucedido y gente inocente no hubiera muerto, dice Raúl Linares, un campesino. “La gente no tenía cómo desplazarse, cómo ir a su trabajo… Estamos de acuerdo con combatir el robo de combustible, pero no de esta manera, porque somos nosotros los que al final pagamos el precio”.

El diario neoyorquino cuestiona así la explicación tácita y explícita dada por López Obrador y su gabinete. Los pobladores estaban necesitados, dicen. Obligados a robar combustible por la pobreza, dicen. Sin oportunidades, dicen. Pero si fueron a buscar gasolina bajo un peligro extremo debido al desabasto de gasolina en Tlahuelilpan desde hace 15 días, y la necesitaban para sus vehículos de trabajo o de labor agraria, son dos explicaciones distintas.

Si fue la segunda, la explosión y la tragedia es directamente resultado del desabasto provocado por la guerra de López Obrador, no por la pobreza. Sin guerra ni escasez, habrían podido comprar gasolina en las gasolineras, o al huachicol que la vende más barata, pero se encarga de ordeñarla en condiciones de relativa seguridad. ¿Quiénes eran los portadores de bidones, garrafones, cubetas y jarras? Los sobrevivientes, ¿qué dicen? Pusieron sus vidas en peligro para revender gasolina, debido a su pobreza extrema (20 pesos el litro, 200 pesos por 10 litros), ¿o a su imperiosa necesidad de abastecerse para ir al trabajo, a la escuela, etc.? Seguramente los medios mexicanos nos informarán al respecto en las próximas horas.