Juan Collado…¿Sin proceso?


Un magistrado federal frenó momentaneamente el proceso que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en contra del abogado Juan Collado, por lavado de dinero y delincuencia organizada.

El magistrado en Materia Penal de la Ciudad de México admitió el tramite de amparo presentado por Collado, sin embargo, permanece preso en el reclusorio norte.

Al admitir a trámite la demanda, el magistrado concedió la suspensión provisional con la que una vez que concluya la etapa intermedia, en la que se realiza la investigación complementaria
contra el abogado, la FGR no podrá formular su acusación y no se podrá dictar auto de apertura de juicio oral. La medida permanecerá vigente al menos hasta que el magistrado defina sobre la suspensión definitiva. Además, será hasta el próximo 10 de octubre cuando decida lo relativo a la sentencia de amparo en la que definirá si el auto de vinculación a proceso permanecerá firme o lo revocará.

Juan Ramón Collado Mocel fue señalado por la FGR porque supuestamente formó parte de una red de lavado de dinero en la que Sergio Hugo Bustamante Figueroa denunció haber sido despojado de un inmueble de su propiedad a través de una compraventa simulada superior a los 156 millones de pesos.

Por dicha operación, la FGR señaló que Collado se benefició con 24 millones de pesos mismos que al provenir de un supuesto fraude, se tornan ilícitos.

Por este asunto, también se encuentran vinculados a proceso y en prisión, José Antonio Rico Rico, expresidente del Consejo de Administración de Cajas Libertad y José Antonio Vargas Hernández, señalado como socios de Juan Collado.

Fuente: El Heraldo de México 

Empresas fantasma: ¿La clave en contra de Juan Collado?


Texto original por Francisco Sandoval y Arturo Ángel (Animal Político)

Suplantación de identidad, falsificación de firmas y una red de operaciones financieras que presuntamente beneficiaron directamente a Juan Ramón Collado, son los principales indicios con los que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR)  en el proceso que se le sigue a este abogado acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La investigación de la FGR (FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019) inició el pasado 7 de junio, cuando el empresario queretano Sergio Hugo Bustamante denunció el robo de su identidad, con el fin de vender una millonaria propiedad a la empresa Libertad Servicios Financieros (Libertad), que dirige el abogado.

La investigación de la FGR está fortalecida con una averiguación previa (la DP/16/2016) iniciada el 22 de marzo de 2016 en la Fiscalía de Justicia Querétaro, que sigue abierta, así como con las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio (RPC) de Querétaro y la denuncia de hechos presentada por el empresario, el abogado Collado y cuatro personas más (José Antonio Rico Rico; José Antonio Vargas Hernández; Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega) utilizaron la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A de C.V, así como otras 3 compañías presuntamente pertenecientes a una misma red de personas cercanas a él, que resultan piezas claves para entender la complicada trama.

De acuerdo con las primeras conclusiones de la UIF, presentada durante la audiencia inicial del abogado juan Ramón Collado, el sistema utilizado “pareciera comprobar la existencia de un esquema operativo encaminado a generar una multiplicidad de transacciones financieras destinadas a dificultar la identificación del origen y destino final de los activos… (que) muy posiblemente devienen de la existencia de actos de carácter ilícito”, donde los más beneficiados fueron Collado y Rico Rico.

Los hechos

En la denuncia de hechos ante la FGR, el empresario Sergio Hugo Bustamante presentó documentos notariados donde señala que él, junto al contador público José Antonio Rico Rico, eran dueños desde abril de 2010 y en partes iguales de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A de C.V, sociedad que su vez había adquirido un terreno de 3,877.17 metros cuadrados, en el que edificaron el Centro Comercial Centro Sur de Querétaro y por el cual él cobraba una renta mensual de poco más de 800 mil pesos.

En los documentos notariados, Bustamante señaló que como administrador único de la compañía fungía el señor Guadalupe Aboites Hernández.

No sólo eso. Dijo que sin bien por varios años había recibido la renta sin falta, fue en 2015 que se enteró, por palabras de su propio socio, que éste había vendido sin previo aviso y sin su consentimiento el inmueble en cuestión a la empresa Libertad Servicios Financieros, donde apenas unos años antes Rico Rico había fungido como vicepresidente.

Agregó que como parte de sus propias pesquisas se enteró que su socio no sólo había vendido el terreno sin otorgarle un peso por la transacción, sino que en el RPC de Querétaro, dependiente del Gobierno del Estado, existían documentos que daban cuenta de una compañía paralela con el mismo nombre, pero con diferentes socios, quienes finalmente concretaron la millonaria venta a favor del abogado Juan Ramón Collado.

Además, denunció que en una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de julio de 2013, a la cual no fue convocado, se falsificó su firma para hacer un cambio de accionistas, donde quedaron como nuevos dueños José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú. Los dos con el 50 por ciento de las acciones, cada uno. El valor total de la sociedad, de acuerdo con un acta de asamblea registrada en el RPC, pasó de valer 50 mil pesos a 57 millones 700 mil pesos.

Señaló que fue el 25 de marzo de 2015 cuando el señor José Antonio Vargas Hernández, a través de un poder presuntamente otorgado por José de Jesús Alberto Cárdenas Rico vendió el terreno en cuestión en un precio de 156 millones de pesos, más de 17 millones 222 mil pesos en impuestos, a la empresa Libertad.

Como prueba presentó la escritura número 14163 de fecha 25 de marzo de 2015, ante el notario público adscrito a la notaria número 2, cuyo titular es el licenciado Salvador Cuevas Álvarez. En el documento se señala que fue Roberto Isaac Rodríguez Gálvez, quien fungió como representante de Libertad.

Más. Dijo que en una reunión con su socio Rico Rico, donde le reclamó el dinero de la venta, éste le mencionó que para concretar la transacción del inmueble el Presidente del Consejo de Libertad, José Ramón Collado, le puso como condición entregarle 24 millones de pesos del precio total del inmueble.

Producto de esa venta, de acuerdo con estados financieros conseguidos por Bustamante,  la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. DE C.V, depositó el dinero a Collado mediante una transferencia del 10 de abril 2015, dinero que a su vez se traspasó presuntamente a las cuentas de otras empresas: Administradora Cimatario S.A. de C.V; Despacho Integral de Inmuebles S.A de C.V, y Administradora Ario S.A. de C.V, cuyos representantes están supuestamente vinculados con Rico Rico.

“(En) La salida del dinero, la persona que administró, representó y firmó fue Tania Patricia García Ortega”, denunció Bustamante.

Las pruebas

Como parte de las investigaciones que realizó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro, mismas que se integraron al expediente de la FGR, el Ministerio Público local citó a declarar a Fanny Gabriela Frías y José de Jesús Alberto Cárdenas Rico, supuestos dueños de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, quienes negaron un vínculo con dicha compañía.

Fanny Gabriela dijo que laboraba como afanadora y que nunca había adquirido acciones de la empresa, en tanto José de Jesús Alberto  dijo que desconocía su participación en la empresa queretana.

Además, José de Jesús Alberto mencionó que jamás le había otorgado ningún poder a nadie y que tampoco había acudido ante un notaria para hacerlo, por lo que interpuso una denuncia penal en contra de la notaria que emitió el documento con el que se aprobó la vente del inmueble en disputa.

Además, Bustamante documentó que Tania Patricia García abrió una cuenta bancaria, a nombre de Operadora de Inmuebles del Centro, donde depositó los 156 millones de pesos producto de la venta.

Los argumentos de la FGR

Tras revisar los hechos, las pruebas y las primeras investigaciones de la UIF, la FGR estableció que se cuenta con datos suficientes para formular la denuncia en contra del abogado Collado y los 4 implicados en este caso.

De acuerdo con los argumentos de la Fiscalía “se desprende que han sido desviados de su destino legal fondos de la institución financiera Libertad… con la finalidad de enviar dichos activos a distintas entidades mercantiles, justificando esos en la aparente realización de operaciones de compraventa de inmuebles y otorgamiento de créditos, cuando en realidad dichos recursos han tenido como fin último generar un elaborado esquema operativo tendiente a dificultar la identificación del origen y destino final de los mismos y el hecho de que éstos en realidad tuvieron como beneficiarios finales a José Antonio Rico Rico y Juan Ramón Collado”.

De la revisión de las constancias que integran la Carpeta de Investigación en que se interviene, indicaron se advierte una serie de operaciones irregulares relativas a la venta de un bien inmueble propiedad de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. de C.V., adquirido por Libertad… “operaciones que podrían estar cimentadas en una serie de actos viciados por la posible suplantación de identidades de diversas personas que figuran en la celebración de éstos, muy posiblemente para obtener beneficios económicos y evitar que los beneficiarios finales de los recursos sean detectados por las autoridades encargadas de vigilar el Sistema Financiero Nacional, mediante la simulación de actos para dar una apariencia de licitud a conductas que en su esencia no lo son”.

¿Cómo llegó la FGR a Juan Collado?


Texto original por Arturo Ángel (Animal Político)

En menos de un mes, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación penal en contra del conocido abogado Juan Collado, reunió los elementos de prueba necesarios para sustentar inicialmente el caso, y obtuvo de un juez la orden de aprehensión para detenerlo y procesarlo por uno de los delitos más graves de todos: delincuencia organizada.

¿Cómo lo consiguió? ¿Es solido el caso? A partir de lo que los fiscales responsables del caso revelaron en una audiencia que se prolongó casi 12 horas, y del expediente de 144 páginas con el cual se solicitó la orden de aprehensión, Animal Político puede detallar ahora los puntos clave que explican la forma en la que se integró este caso.

También se aborda qué sigue en el caso en los próximos meses, lo que le falta a la FGR corroborar para una eventual sentencia, y por el lado de la defensa cuáles son las opciones con la que cuenta. Ello a partir de lo explicado directamente por los involucrados.

*Investigación exprés

La carpeta de investigación en contra del abogado Juan Ramón Collado Mocelo se inició el 7 de junio de 2019, con la denuncia interpuesta por Sergio Hugo Bustamante Figueroa por el presunto robo de su identidad, hecho que a su vez provocó la venta ilícita de un terreno suyo a una sociedad financiera (Libertad Servicios Financieros), ligada con el abogado.

El caso quedó registrado en la carpeta número FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, quien inició con las pesquisas.

El 1 de julio, es decir tres semanas más tarde, la FGR le mandó el expediente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para que lo analizara, y de considerarlo procedente presentara la denuncia formal. Ello ya que por procedimiento se requiere de la denuncia de Hacienda en casos de posible lavado de dinero.

Tres días más tarde, el 4 de julio, la UIF presentó la denuncia penal ante la FGR, y un día después la ratificó. Ese mismo día, el 5 de julio, la Fiscalía envió al juez en turno del Reclusorio Norte el expediente y solicitó la orden de aprehensión en contra de Collado y cuatro personas más, la cual fue autorizada el 6 de julio.

Es decir, desde el momento de la denuncia inicial el 7 de junio, al instante que se giró la orden de aprehensión, 6 de julio, trascurrió menos de un mes.

*Víctima, denunciante y testigo: todo en uno

Durante la investigación la FGR recabó siete declaraciones ministeriales, todas ellas a la misma persona: el denunciante Sergio Hugo Bustamante Figueroa. La fecha de dichas diligencias fueron los días 7, 10, 12, 13, 17, 20 y 25 de junio.

La primera declaración de Bustamante fue para presentar la denuncia de hechos, y las siguientes para entregar documentos con los que contaba o narrar hechos que conocía, o que otras personas le habían dicho que sucedieron.

Esta situación fue criticada en la audiencia por los abogados defensores de Collado, quienes acusaron a la FGR de limitarse a recabar un “carrusel de declaraciones” de la misma persona, en vez de buscar otros testigos o sin verificar la veracidad de la información aportada por dicho individuo.

*La indagatoria reciclada

En su tercera comparecencia, la del 12 de junio, Bustamante entregó a la FGR una copia certificada de la averiguación previa DP/16/2016, iniciada el 22 de marzo de 2016 ante la Fiscalía de Querétaro, la cual al día de hoy sigue abierta.

De dicha averiguación la FGR extrajo 12 distintos datos de prueba, entre ellos el más importante de todos: el depósito de los 24 millones de pesos que se habrían transferido en abril de 2015 desde la empresa Operadora de Inmuebles del Centro SA de CV (de la que Bustamante señala que fue removido ilegalmente), a una cuenta bancaria a nombre de Juan Collado.

Además la Fiscalía aprovechó parte de la narración que ahí se había documentado para construir la narrativa de su caso.

Los abogados de Collado consideraron que todas esas pruebas deben declararse ilícitas por diversas razones, entre ellas que provienen de una averiguación que por ley es reservada, y a la que solo deberían tener acceso las partes involucradas y no terceros. Condenaron además que la Fiscalía no haya verificado por su cuenta los movimientos bancarios que ahí se encuentran reportados.

*La hipótesis y lo que falta por probar

Lo que la FGR sostiene – en su acusación – es que el abogado Juan Collado forma parte de una supuesta organización delictiva, integrada por al mes cinco personas, a través de la cual se triangulaban recursos obtenidos de forma ilícita para ocultar su origen, y aprovecharlos con intereses particulares.

El ejemplo que ha documentado para sostener esta hipótesis es el de la presunta compra ilegal del edificio despojado a Bustamante. No obstante, los fiscales también señalaron otros usos y posibles destinos del dinero, como  por ejemplo el financiamiento ilegal a campañas, entre ellas la del actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

En la audiencia y en el documento de la orden de aprehensión también se advierte de posibles transferencias a cuentas internacionales, entre ellas de Andorra, España y Suiza.

Para poder materializar estas conductas ilícitas los fiscales sostuvieron que el grupo encabezado por Collado recurría de forma sistemática a la usurpación de identidades, la creación de empresas fachada o fantasma, la simulación en la adquisición de inmuebles, entre otros. Todo ello utilizando el sistema bancario.

No obstante la mayor parte de estos señalamientos se sustentan, hasta ahora, en declaraciones ministeriales(la recabada por la FGR y las ya incluidas previamente en la averiguación previa de Querétaro).

Los fiscales de la FGR anunciaron al juez que durante el periodo de seis meses de investigación complementaria buscarán robustecer con evidencia documental estas denuncias, tanto a través de periciales en contabilidad, así como con el posible congelamiento de cuentas o el seguimiento de flujos en las mismas, con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

*¿Qué sigue para ambas partes? Pruebas y órdenes pendientes

Al concluir la audiencia del día miércoles el juez de control a cargo del caso decretó un periodo de seis meses de investigación complementaria para que ambas partes, la Fiscalía y la defensa, puedan reunir los elementos que consideren necesarios de cara a un eventual juicio. La próxima audiencia fue programada para el 11 de enero de 2020.

En este lapso la Fiscalía buscará, como ya se adelantaba en el punto anterior, reunir pruebas que documenten su teoría del caso.

A su vez la FGR tiene pendientes por cumplimentar cuatro órdenes de aprehensión más en contra de posibles involucrados. Se trata de las personas identificadas como José Antonio “R”, José Antonio “V”, Roberto Isaac “R”, y Tania Patricia “G”.

En tanto la defensa de Collado tiene  un abanico de opciones. Por un lado anunciaron que presentarán un recurso de queja en contra de la determinación del juez del Reclusorio Norte de vincular a proceso a su cliente, por los delitos ya mencionados. Ello provocará que la determinación sea analizada por una sala penal, que podría confirmarla o revocarla.

Además cuentan con la opción de promover una demanda de amparo bajo el argumento de que sus derechos podrían haber sido violentados luego de que el juez mantuvo pruebas que, según lo dicho por la defensa en la audiencia, no se obtuvieron de forma lícita o no podían haberse usado en un caso de delincuencia organizada.

*Hasta dos años de prisión preventiva

Mientras Juan Collado siga bajo proceso penal por el delito de delincuencia organizada no podrá salir en libertad. Esto ya que dicho ilícito está considerado como uno de los que ameritan prisión preventiva oficiosa (automática), de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución.

Si el proceso se mantiene como hasta ahora, significa que el abogado deberá permanecer en prisión al menos hasta enero próximo y durante todo el tiempo en que sea necesario, con un periodo límite de dos años.

Cabe recordar que Collado señaló que padece de afectaciones cardiacas y problemas de diabetes, por lo que alguna crisis de salud que no pudiera manejarse en el centro médico del penal también podría derivar en su traslado a otro sitio.

*Lo que no se reveló en la audiencia: expresidentes, sobornos…

Hubo algunos aspectos que se encuentran en el expediente del caso que no fueron revelados en la audiencia inicial, realizada en el Reclusorio Norte, pero que se conocen  partir del documento de la solicitud de orden de aprehensión a la que este medio tuvo acceso.

Por ejemplo, se publicó que Sergio Hugo Bustamante Figueroa declaró que expresidentes de México como Carlos Salinas de Gortari o Enrique Peña Nieto serían los verdaderos dueños de la empresa Libertad Servicios Financieros, donde Collado fungía como presidente del Consejo de Administración y que se encuentra implicada en los posibles malos manejos de recursos.

En el documento también se encuentra un fragmento de la declaración que Bustamante hace el 10 de junio, en la que advierte que Libertad Servicios Financieros habría realizado traspasos de hasta 100 millones de pesos a cuentas de la campaña del entonces candidato a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

De igual forma se revelan pagos a otros empresarios, uno de los más recurrentes de nombre José de Jesús Martínez Tejada, exdueño del equipo de futbol Irapuato y contratista favorito en el gobierno de Juan Manuel Oliva, exgobernador de Guanajuato.