Cuando la justicia no llega


¿Quién no se ha peleado con un vecino? Sea porque ocupa el lugar de estacionamiento que no le corresponde, porque hace mucho ruido o porque no pone la basura en su lugar.

¿Quién no ha escuchado de los abusos de alguna expareja, que secuestró a sus hijos o que simplemente no paga pensión?

¿Cuántos casos hay de trabajadores despedidos ilegalmente, que deben esperar años a que se resuelvan sus demandas?

¿Y quién ha logrado que le hagan justicia?

En México, la mitad de la población ha sido víctima en casos parecidos.

Justicia sin distinciones, el precedente Judicial


Por Juan Manuel Herrera Sosa

El sistema jurídico mexicano vigente está influenciado por dos tradiciones: la americana y la francesa.

Para los franceses no es necesario publicitar las sentencias, porque el sistema jurídico provenía de un absolutismo donde el sistema judicial se “encargaba” de legitimar decisiones arbitrarias de los monarcas, para los americanos la publicidad de las sentencias es esencial, incluso buscando que sea de la forma más extensa posible, es decir, de todos los tipos de jueces en todos los órdenes del gobierno, es sencillo entrar a la página web de cualquier Corte americana y obtener una sentencia incluso por curiosidad o pasatiempo; sin duda, esta tradición es la que se emuló en la Constitución mexicana de 1857 en donde se creó el Semanario Judicial de la Federación (1870) con el objeto de hacer públicas las resoluciones judiciales, intentando integrar en el sistema judicial mexicano el principio “stare decisis” (“estar a lo decidido”,) y reconocer que en el pasado se ha creado una jurisprudencia válida como fuente del derecho, que puede ser aplicable a los casos sin necesidad de “repensar” lo mismo infinidad de veces.

Siglos después Porfirio Díaz anuló lo logrado en el siglo XIX, reinstalando la tradición francesa lo cual provoca una interrogante obligada, generando un retroceso en los procesos, algo que hasta la fecha ha creado vacíos importantes en el proceso legal.

Publicar sentencias es importante en el ejercicio legal, pues en casos exactamente iguales un juzgador puede decidir distinto, por las razones que sean,, y eso atenta contra la seguridad jurídica de los justiciables, además, le quita coherencia a todo el sistema de impartición de justicia, amén que abre abismos de discrecionalidad que pueden ser utilizados para malas o cuestionables prácticas, razones –pensando mal- adecuadas si se actúa por consigna.

Hace unos meses recuerdo haber leído una noticia en la que un personaje del poder judicial celebraba ufano con bombo y platillo (como suelen hacer los políticos) el replicar para el Tribunal Superior de Justicia el sistema de precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerado como uno de los mejores de América Latina, pero hasta ahora nada, es un aventura extrema intentar conseguir una sentencia si no se es parte (o incluso siéndola), el argumento de la intimidad y derecho al honor de las partes no es válido si se eliminan los nombres y datos personales en términos de las leyes aplicables, interesan los argumentos de derecho que son casi imposibles de conseguir.

Imposible constatar si el juez aplicó la ley de forma correcta si no hay forma de cerciorarse por no tener acceso a una resolución, lo que abre espacios a la discrecionalidad e invita a la corrupción.

Observando el derecho a la igualdad, si las sentencias fueran públicas, terminarían muchas dudas sobre el cómo resolverá el juez mi caso, pues teniendo acceso a las resoluciones anteriores del juez en los juicios que ha participado, se podría estar seguro que la ley será aplicada de forma igualitaria, eliminando toda posible consigna en la resolución de algún asunto, lo que no anula nuevas reflexiones.

Es importante que exista la posibilidad de exigir responsabilidades a los juzgadores, pues sólo leyendo los fallos se puede saber si se resuelve conforme a derecho y no de forma arbitraria, teniendo la posibilidad, las partes y todos los que tengamos algún interés legítimo en la administración de justicia, de señalar una posible aplicación del régimen de responsabilidades políticas y jurídicas para los juzgadores.

Viene a mi mente el cambio de criterio de blanco a negro de un Magistrado local en materia penal, en el que una persona confesa de homicidio pudo alcanzar la libertad por “cambio de criterio”, que generó un seguimiento mediático nacional, contrario a lo que ocurrió (nada); creo que si se trata de una violación grave un juez debe ser señalado por los ciudadanos ante la Legislatura -en el caso de los Magistrados-, a para que se enderece un juicio político, o ante el Consejo de la Judicatura si se trata de otro tipo de juzgador, es un derecho del ciudadano exigir que quienes realizan sus funciones lo hagan apegados a la ley.

Si un juzgador sabe que sus sentencias serán públicas y que a través de ello se pudiera fincar responsabilidades políticas o jurídicas, estoy seguro no hubiera ni intentos de salir del marco de actuación legal y ético, además que serían referencia para jueces menos experimentados y para utilizarlas como recursos de académicos, además de tomarse en cuenta para futuros nombramientos o ascensos. Como escuché alguna vez decir al Ministro en retiro José Ramón Cossío: “se puede dejar satisfecha a la parte que no obtuvo una sentencia favorable si la argumentación es impecable y se decide conforme a la ley”.

Otro beneficio sería la rapidez con que se pudieran obtener sentencias (lejos de lo señalado en el artículo 17 de nuestra Constitución) de expedita nuestra justicia tiene muy poco, lo que es un derecho fundamental del gobernado que prácticamente se viola permanentemente. Si los juzgadores cuentan con precedentes, ahorran tiempo en resolver los asuntos, disminuyendo cargas de trabajo para todo el personal judicial, pudiendo aprovechar ese tiempo para actividades académicas, personales o lo que quieran, esto abona a una vida familiar balanceada.

Celebro que exista una iniciativa en el Senado de la República en este sentido, tratando de evitar la opacidad judicial en sus resoluciones, ampliando lo que dice la ley general de transparencia sobre que sólo deben publicarse las de “interés público” proponiendo que se publiquen todas, pues no es claro quién define ese interés público y en qué consiste, llegando al extremo de publicar dos o tres sentencias intrascendentes con el objeto de cumplir la ley, sólo hay que revisar la sección de cualquier página web de cualquier tribunal superior de justicia para darle la razón a la iniciativa.

México vive tiempos de cambios institucionales y regímenes políticos, por lo tanto, sería beneficioso jamás dejar de observar el estado de derecho que tanto nos ha costado alcanzar, considerando que lo dicho por Aristóteles: “quien controle los tribunales, controla el estado”, se convierta en un: “Quien controle los tribunales sea la propia ley” y sean designados los mejores calificados y observados para operarla.

 

Justicia con empatía


Texto original: Juan Manuel Herrera Sosa (Matices políticos)

Todos en algún momento de la vida hemos sido víctimas de una injusticia, un mal negocio, un mal patrón o una mala decisión que trae como consecuencia la necesidad de acudir a los órganos encargados de administrar justicia para tratar de resarcir los daños o las ofensas vividas. Pensar en demandar es un paso que mejor prefiere evitarse, más cuando sabemos que el camino es caro, tardado y tortuoso, y si acaso por fortaleza, resistencia o suerte se llega al final y se obtiene una sentencia, falta que ésta sea justa y no sólo gane el que tenga más dinero para repartir o “conectes” para que salga rápido y a favor.

Que la justicia ha perdido calidad, sin duda, basta ver los últimos nombramientos de los juzgadores en todos los niveles, parece que se desdeña la capacidad por favores o cuotas, pero más allá de eso y porque nadie nace sabiendo, si se tuviera la intención de ya llegando al cargo hacer las cosas bien, se pueden capacitar con el objeto de lograr una justicia íntegra de calidad no sólo en lo jurídico, sino en lo humano, para nadie es un secreto que –hablado de procesos jurisdiccionales- lo cuantitativo está por encima de lo cualitativo, parece que sólo se trata de números y números, lograr grandes cantidades de denuncias y demandas atendidas, además de sentencias obtenidas, sin reparar en su calidad, al cabo que “para eso está la siguiente instancia” he escuchado decir, mientras los que dirigen los sistemas de justicia cuenten números, es lo que habrá.

Eso genera una desvinculación de los juzgadores con la sociedad, además de la falta de valoración y respeto al cargo, parece que sólo se trata de quedar bien con quien te puso para tener estabilidad, lo que tiene como resultado que recibir una sentencia justa y sea cumplida, no exista o sea casi imposible de obtenerse, no hay que olvidar que eso es un derecho humano exigible a las autoridades.

Tengo en mente dos ejemplos, el primero es sobre la resolución de un asunto de violación en la que el juez sentenció al pago de 70 pesos al acusado y algún tiempo mínimo en prisión porque al parecer no se consideraron las agravantes del caso, no creo que alguien sea capaz de pensar que con esa sentencia se repara el daño de una niña violada o que esa cantidad vale la estabilidad emocional de una persona, ¡es una completa locura!; otro caso es el haber dejado en completa indefensión a una pareja de adultos mayores, sacados de su domicilio a fuerzas por un embargo derivado de un pagaré refutado de falso y que luego se descubrió era una mafia entre abogados, jueces y notarios, gracias a los medios que ventilaron los casos quienes juzgaron estos casos ya no están, ¿y si no qué hubiera pasado?

No logro imaginar la infinidad de casos en el que se determina la no culpabilidad de alguien que lo es o al revés, culpar a alguien que no hizo en la realidad lo que se ventila en un juicio, mucho se ha dicho sobre que ganan los casos quienes tuvieron más influencias o dinero para pagar un mejor abogado, sin fijarse en realidad en el fondo del asunto, desde mi punto de vista no hay que apelar más que al sentido común para pensar que no es correcto ni legal, yo creo que es posible cambiarlo si se dimensiona el impacto de una sentencia que así se dicta.

Juzgar con empatía no tiene por qué ser algo fuera de la realidad, el juzgador debe ponerse en los zapatos de la gente que juzga más allá de 4 paredes y legajos interminables de tecnicismos jurídicos que en ocasiones no reflejan la realidad de lo que están viviendo las partes, cuando eso sucede la percepción de la administración de justicia cambia, por experiencia propia lo sé.

La falta de tiempo o las cargas de trabajo no es una excusa válida, quien escribe tuve la oportunidad de observar a un Ministro de la Corte visitando un asilo de ancianos y escuchándolos con total empatía preocupándose por sus asuntos, un Ministro de la Corte que tiene la agenda llena sino años meses por adelantado; guardando y respetando las proporciones, en alguna ocasión y revisando un expediente que tenía por resolver hice un recorrido por un jardín de niños en el que al lado “alguien” había autorizado construir una gasolinera, lo que no se reflejaba tal cual en el expediente ni en las cómodas 4 paredes de mi oficina, estas experiencias cambiaron totalmente mi sentido de entender los asuntos y de resolverlos, la realidad misma cambia, pues cuando se parte de una idea equivocada sin sentido común y empatía se corre el riesgo de resolver de forma que destroce la vida de una persona, su familia, su patrimonio, su reputación, por decir lo menos.

Quien pierde la capacidad de mirar con empatía a quienes juzga, pierde la capacidad de ser juez, ahora mismo se resuelve en tribunales federales casos de designaciones temporales de jueces como magistrados hechos en Veracruz (con un simple oficio y sin fundamento legal), de ser confirmado –que parece así será- significa un golpe a la administración de justicia, de ser una actividad de prestigio y noble transitamos al cuestionamiento y la desconfianza del poder judicial.

Que las cosas cambien es posible, por ejemplo, en Brasil existe un programa en el que los jueces laborales hacen 1 día el trabajo de quienes juzgan, se capacitan teóricamente y son mandados a lugares donde no son conocidos para realizar la labor sobre lo que van a juzgar, a decir de ellos, viven experiencias que les cambian la concepción de las cosas y la dimensión de su trabajo, no hay como conocer los hechos directamente y formarse un criterio más sólido sobre el asunto, amén de hacer mejor personas, necesidad urgente en cualquier sociedad. No imagino en Veracruz un juzgador recogiendo basura o limpiando pisos, sacarlos de su status de lujo, de su intocabilidad y hasta de su prepotencia y pedantería, salvo algunas honrosas excepciones –que me constan- de las que ya no hay y nos quedan pocos; no estaría mal que el Consejo de la Judicatura del Estado estudiara la implementación de algo similar, no todo es buscar el cargo que sigue o tratar de encontrarle cuadratura a los números.

En estos tiempos de indiferencia y egoísmo me vienen a la mente las palabras de Kant: “siempre obra de tal manera que trates a los demás como un fin y no como medio para lograr tus objetivos”, si todos –o la mayoría- fuéramos empáticos con el de enfrente, en cualquier lado y en cualquier actividad, seguramente no viviéramos en crisis y con llenos de muertos por todos lados, las condiciones estoy seguro fueran completamente diferentes, al menos tendríamos un poco de paz.

Justicia injusta en Veracruz Por Juan Manuel Herrera Sosa


Es fácil señalar una institución de corrupta sin tener pruebas, más cuando existen en el ánimo social profundos sentimientos de coraje resultado de años de injusticias, abusos y atropellos a los derechos más fundamentales de la gente.

Sin embargo, cuando una institución, en este caso el Poder Judicial del Estado, es lento, caro e ineficiente, por decir lo menos, existen sospechas fundadas de que las cosas no están siendo como deberían, CORRUPCIÓN no sólo significa robarse el dinero público, sino también dejar de conducirse como las leyes señalan o anteponer intereses personales por encima de los públicos.

¿En qué ha beneficiado el Poder Judicial del Estado al mejoramiento de las condiciones de vida de los veracruzanos?, generalmente y salvo casos muy concretos, a nada, es más, cuando tienen la oportunidad de consolidarse como un poder independiente, que en ideas del filósofo alemán Lowenstein- efectivamente sea el contrapeso necesario para el equilibrio político del Estado, parecen más inclinados a prestarse a la complicidad.

Esto viene a colación por lo recién sucedido sobre ex servidores públicos que obtuvieron libertad condicional para seguir sus procesos desde la comodidad de sus mansiones, yates, hoteles de lujo y demás… ¿qué hace a una jueza cambiar su criterio de forma tan radical sobre el mismo asunto? ¿Por qué hoy lo que es blanco mañana se convierte en negro? Para mí, no tiene otra explicación a que se presta a intereses bastante cuestionables, y más cuando en medio hay un cambio titular en el Poder Ejecutivo, se ve mal y se entiende peor, prestar la justicia a intereses políticos y prestarse a componendas sólo denigra la institución y afecta a la sociedad.

Otra vez sólo nos quedamos viendo cómo allá arriba, ellos, todo lo pueden y nada lo deben, es insultante que se les abra la puerta de par en par y verlos salir de la cárcel así, a carcajadas, desfachatez absoluta cuando dispusieron del dinero público como su alcancía personal y dejaron de hacer para lo que fueron elegidos, ¿qué le demuestra el Poder Judicial del Estado a la sociedad? que es más fácil obtener beneficios indebidos y fáciles sin responsabilidad posterior que trabajar con base en el esfuerzo legal y ético, siempre observando la ley, como siempre el gran problema de nuestro estado y de nuestro país, la IMPUNIDAD.

Imagínese ganar 150 mil pesos al mes, más de 30 veces el salario promedio para la población ocupada en el Estado de Veracruz, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, pues eso es lo que ganan los señores Magistrados -sin meternos a negocios ilegales que se hacen en Presidencia con adjudicación de contratos y en algunas ponencias con ventas de resoluciones- y entregan estos resultados, insultante e injusto, basta darse una vuelta por cualquier restaurante de lujo a las 11 de la mañana en Xalapa y encontrárselos desayunando como reyes o a las 4 de la tarde en sus oficinas sin señal mínima de su existencia, pero eso sí, con miles de expedientes de rezago, sus vales de comida y gasolina siempre al día y sus bonos por su “compromiso” y trabajo al día, claro está, no puede generalizarse, pues existen muy honrosas excepciones principalmente de la vieja guardia que son todo un ejemplo a seguir, ahí están las consecuencias de haber designado a la novia o al compadre al frente de una magistratura. Habría que preguntarle a un campesino cortador de caña de la cuenca o a un pescador de los puertos del norte de Veracruz que sólo ganan para subsistir ¿qué piensan al respecto? O no vayamos tan lejos, al mismo personal de apoyo de los juzgados, Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior, oficiales, secretarios, actuarios, personal de apoyo administrativo, que en ocasiones tienen que hasta poner de su bolsa además de trabajar sin descanso para sostener las condiciones de vida de los altos mandos, ellos, son los verdaderos artífices de que exista algo de impartición de justicia en Veracruz, y aun así son abusados y perseguidos, imaginar que tienes una vida de servicio en la institución y por cambio del titular vas para afuera porque el señor requiere espacios para “acomodar” a su gente, indignante.

Cuando los titulares integrantes del Poder Judicial del Estado entiendan que son servidores públicos y que no hay que ser un Doctor en Astrofísica para entender que esto significa servir a la sociedad, puede que las condiciones en que la justicia se administra en Veracruz cambien para bien, obtener una sentencia y que se cumpla debe dejar de ser un viacrucis.
Hay que recordar que comer saludable, obtener educación y servicios médicos de calidad, así como tener trabajo y hogar digno -por decir lo básico-, son derechos reconocidos no sólo en nuestra Constitución, sino en tratados internacionales suscritos por México, un buen gobierno y la obtención de justicia completa, también lo son, los jueces y magistrados no nos harían ningún favor en hacer su trabajo bien, de buenas y apegados a la ley. Es sencillo, el artículo 17 de nuestra Constitución Federal señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia mediante tribunales creados para tal fin y que la justicia debe ser pronta, completa e imparcial, además de gratuita, ¿qué esperan?
Basta de los salarios y jornadas de rey, basta de privilegios sin sentido, basta de prestarse a intereses con tal de obtener prebendas, basta ponerse a modo del Ejecutivo del periodo, basta de atropellar a las personas que en realidad sacan el trabajo adelante, la sociedad estamos hartos de ellos y para muestra los cambios recientes en nuestros gobernantes (a quienes también estamos observando).

El día que en Veracruz los servidores del Poder Judicial se comprometan a servir a la sociedad, estoy seguro que la cara de la institución cambiará y los resultados se harán concretos y tangibles, es necesario recuperar la confianza del Poder Judicial para la sociedad.

Ley a propia mano: ¿Herramienta o justicia?


Advertencia:

Las siguientes imágenes pueden provocar impacto en cierto tipo de público, recomendamos discreción 

Un hombre desconocido fue marcado por sus actividades delictivas. 

Las redes de nuevo se dividen sobre la justicia y las modalidades de ella.

Un video de autoría desconocida circula en redes sociales y de nuevo ha dividido a la sociedad en cuanto a la administración de la violencia. Un grupo de personas marcan, utilizando con un hierro caliente, la frase “Por rata” en la espalda de un presunto delincuente, quien aparece atado de manos y con una venda en los ojos.

Cállate el hocico”, dice uno de los hombres que sujetan al presunto delincuente.

Por ratita chulo. No te voy a cobrar por esto”, dice otro de los hombres que hieren al presunto delincuente.

Hasta el momento se desconoce la procedencia del video pero, de nuevo abre el debate sobre el uso de la violencia para detener la violencia en el cualquier sector del globo terráqueo.

Video tomado de la cuenta de YouTube del usuario “Plano Informativo”

“México: Entre el control total y la poca conciencia social” por Edel López Olán.


La justicia es una de las principales deudas en un país como México donde el clamor de todo un pueblo llega a oídos sordos mientras más se asciende en la escala del entramado social. Desigualdad, impunidad, falta de raciocinio y corrupción a gran escala, son, por citar algunos, los principales problemas que existen en la impartición correcta de la justicia, misma, que al paso de los años y sexenios, siempre se queda sonriendo de forma nerviosa ante un país que se hunde entre la desdicha y el desconcierto.

El poder judicial es el encargado de impartir justicia en la sociedad. Es uno de los tres poderes del Estado y su función es resolver conflictos mediante la aplicación de las normas y principios jurídicos. Por «poder», en el sentido de poder público, se entiende a la organización, institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del Poder Judicial son los órganos judiciales o jurisdiccionales: juzgados y tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele gozar de imparcialidad, autonomía y poder absoluto dentro de la ley.

Pero, ¿qué es lo que pasa en un país sin ley?

La organización complicada, anquilosada, muchas veces corrupta y lo peor del caso, irreformable de la impartición de justicia en México, la convierten en una de las paradojas más increíbles de la organización gubernamental del país en pleno siglo XXI, que vive aún desde diferentes trincheras, una defensa férrea de los propios funcionarios judiciales dispuestos a pelear por la defensa de un organismo judicial anticuado, poco funcional y lleno de privilegios y canonjías.

En el artículo 94 constitucional sobre la integración del Poder Judicial de la Federación afirma que:

“Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro”

También dice que:

“la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.”

Entonces, ¿Qué pretende el ejecutivo con la Ley Federal de remuneraciones?

Con la Ley federal de remuneraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende establecer una austeridad republicana donde nadie podrá ganar más que el Presidente de la República, fijando su salario mensual en 108 mil pesos. La ley, pretende generar una cultura de austeridad que hasta el momento es aplaudida por la mayoría de la población, sin embargo, en medio de dicha “austeridad”, los diputados y senadores se han autorizado 230 mil pesos respectivamente por concepto de sueldos y prestaciones que son,  por arriba de lo establecido, solo por cuatro meses de trabajo.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que hasta este martes 5 mil 774 funcionarios habían presentado mil 275 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones, En el listado, 367 de los funcionarios son jueces, 425 son magistrados, 2,005 secretarios, 418 actuarios, 1,098 oficiales y 1,000 externos del Poder Judicial, de Pemex, Cofece, PGR, IPN, CFE, Cisen, INE, SAT y la Secretaría de Gobernación.

Entonces ¿Cuál es el ejercicio real del poder?

México desafortunadamente se ha convertido en un manoseo de poder, donde desde el ejecutivo llueven a diestra y siniestra leyes y reajustes que atacan, desde su perspectiva, los lamentables vacíos económicos que tiene el país. Por otro lado, el poder Judicial se olvida desafortunadamente la gran deuda social que tiene con los mexicanos, donde su ineficacia y malos manejos, han conllevado a ser uno de los organismos más desacreditados de cualquier administración, y no solo por su increíble forma de impartir la ley sin una escala de valores, sino por la increíble marca que tienen de ser tan ineficientes como hambrientos de poder y dinero.

Sin embargo, esto pueda tener un trasfondo más peligroso que solamente atacar los sueldos exhorbitantes de un puñado de personas que superan en demasía la nómina de cualquier institución.

Montesquieu decía “El poder que no es limitado lleva necesariamente al abuso y a la arbitrariedad” pero si el poder “está distribuido entre distintos órganos que mutuamente se frenan, queda cerrada la posibilidad de que el poder constituido se haga ilimitado, soberano”  y es que por desafortunado que nos parezca, la autonomía del poder judicial en un país de cambios estructurales y legales tan radicales es el último bastión de imposición desde un ejecutivo que a todas luces pretende llegar a sus compromisos de campaña antes de los 100 días de gobierno.

Y es que es importante que en México exista el candado del Poder Judicial ante una extraña credibilidad desde el Poder Ejecutivo y Legislativo, que tiene un grave estigma social como la pobreza como estandarte de ataque. En ese manoseo, los tres poderes de la Unión (o desunión para la realidad que nos compete) han dejado de lado algo tan importante como severo en la armonía del conjunto social: La división de poderes siempre debe ser conciliadora.

Así es la cuarta transformación, que si bien sus intenciones son sensatas y agradables a la vista de todos también tienen intenciones políticas de control detrás de cada acción les parezca o no a las personas adeptas al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. También es importante que todas esas 5000 personas (y contando) que se sumen a los amparos para evitar bajar su sueldo, observen, sientan y vivan que hoy se encuentran contra la pared como muchas personas se han encontrado frente al Poder Judicial a lo largo y ancho del país, y que, de una forma lastimera, cínica e increíble, hacen más evidente su increíble falta de humanidad al pregonar por los rincones que deberán “apretarse” el cinturón con 108 mil pesos mensuales cuando, el 70% de la población vive con el 0.5% de esa cantidad de dinero.

México hoy se debate entre lo que es correcto (bajar los sueldos para tener austeridad), lo incorrecto (querer sojuzgar a un poder autónomo para crear una línea total de control político y social), lo cínico (hablar de austeridad cuando pesa sobre el país un problema económico tan grande como el aeropuerto de Texcoco), lo irreverente (Diputados increpando al Poder Judicial sobre austeridad y apegarse a la ley cuando ellos se autorizan bonos millonarios) y lo realmente importante (el estado de derecho)

México sigue observando como espectador que no existen transformaciones mágicas ni compromisos sociales, hoy, es importante que nos demos cuenta que el poder en este país se sigue debatiendo entre el control total y su poca conciencia social.

Hasta la próxima.

Justicia injusta en Veracruz Por Juan Manuel Herrera Sosa


Texto original: Matices Políticos

Es fácil señalar una institución de corrupta sin tener pruebas, más cuando existen en el ánimo social profundos sentimientos de coraje resultado de años de injusticias, abusos y atropellos a los derechos más fundamentales de la gente.

Sin embargo, cuando una institución, en este caso el Poder Judicial del Estado, es lento, caro e ineficiente, por decir lo menos, existen sospechas fundadas de que las cosas no están siendo como deberían, CORRUPCIÓN no sólo significa robarse el dinero público, sino también dejar de conducirse como las leyes señalan o anteponer intereses personales por encima de los públicos.

¿En qué ha beneficiado el Poder Judicial del Estado al mejoramiento de las condiciones de vida de los veracruzanos?, generalmente y salvo casos muy concretos, a nada, es más, cuando tienen la oportunidad de consolidarse como un poder independiente, que en ideas del filósofo alemán Lowenstein- efectivamente sea el contrapeso necesario para el equilibrio político del Estado, parecen más inclinados a prestarse a la complicidad.

Esto viene a colación por lo recién sucedido sobre ex servidores públicos que obtuvieron libertad condicional para seguir sus procesos desde la comodidad de sus mansiones, yates, hoteles de lujo y demás… ¿qué hace a una jueza cambiar su criterio de forma tan radical sobre el mismo asunto? ¿Por qué hoy lo que es blanco mañana se convierte en negro? Para mí, no tiene otra explicación a que se presta a intereses bastante cuestionables, y más cuando en medio hay un cambio titular en el Poder Ejecutivo, se ve mal y se entiende peor, prestar la justicia a intereses políticos y prestarse a componendas sólo denigra la institución y afecta a la sociedad.

Otra vez sólo nos quedamos viendo cómo allá arriba, ellos, todo lo pueden y nada lo deben, es insultante que se les abra la puerta de par en par y verlos salir de la cárcel así, a carcajadas, desfachatez absoluta cuando dispusieron del dinero público como su alcancía personal y dejaron de hacer para lo que fueron elegidos, ¿qué le demuestra el Poder Judicial del Estado a la sociedad? que es más fácil obtener beneficios indebidos y fáciles sin responsabilidad posterior que trabajar con base en el esfuerzo legal y ético, siempre observando la ley, como siempre el gran problema de nuestro estado y de nuestro país, la IMPUNIDAD.

Imagínese ganar 150 mil pesos al mes, más de 30 veces el salario promedio para la población ocupada en el Estado de Veracruz, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, pues eso es lo que ganan los señores Magistrados -sin meternos a negocios ilegales que se hacen en Presidencia con adjudicación de contratos y en algunas ponencias con ventas de resoluciones- y entregan estos resultados, insultante e injusto, basta darse una vuelta por cualquier restaurante de lujo a las 11 de la mañana en Xalapa y encontrárselos desayunando como reyes o a las 4 de la tarde en sus oficinas sin señal mínima de su existencia, pero eso sí, con miles de expedientes de rezago, sus vales de comida y gasolina siempre al día y sus bonos por su “compromiso” y trabajo al día, claro está, no puede generalizarse, pues existen muy honrosas excepciones principalmente de la vieja guardia que son todo un ejemplo a seguir, ahí están las consecuencias de haber designado a la novia o al compadre al frente de una magistratura. Habría que preguntarle a un campesino cortador de caña de la cuenca o a un pescador de los puertos del norte de Veracruz que sólo ganan para subsistir ¿qué piensan al respecto? O no vayamos tan lejos, al mismo personal de apoyo de los juzgados, Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior, oficiales, secretarios, actuarios, personal de apoyo administrativo, que en ocasiones tienen que hasta poner de su bolsa además de trabajar sin descanso para sostener las condiciones de vida de los altos mandos, ellos, son los verdaderos artífices de que exista algo de impartición de justicia en Veracruz, y aun así son abusados y perseguidos, imaginar que tienes una vida de servicio en la institución y por cambio del titular vas para afuera porque el señor requiere espacios para “acomodar” a su gente, indignante.

Cuando los titulares integrantes del Poder Judicial del Estado entiendan que son servidores públicos y que no hay que ser un Doctor en Astrofísica para entender que esto significa servir a la sociedad, puede que las condiciones en que la justicia se administra en Veracruz cambien para bien, obtener una sentencia y que se cumpla debe dejar de ser un viacrucis.
Hay que recordar que comer saludable, obtener educación y servicios médicos de calidad, así como tener trabajo y hogar digno -por decir lo básico-, son derechos reconocidos no sólo en nuestra Constitución, sino en tratados internacionales suscritos por México, un buen gobierno y la obtención de justicia completa, también lo son, los jueces y magistrados no nos harían ningún favor en hacer su trabajo bien, de buenas y apegados a la ley. Es sencillo, el artículo 17 de nuestra Constitución Federal señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia mediante tribunales creados para tal fin y que la justicia debe ser pronta, completa e imparcial, además de gratuita, ¿qué esperan?
Basta de los salarios y jornadas de rey, basta de privilegios sin sentido, basta de prestarse a intereses con tal de obtener prebendas, basta ponerse a modo del Ejecutivo del periodo, basta de atropellar a las personas que en realidad sacan el trabajo adelante, la sociedad estamos hartos de ellos y para muestra los cambios recientes en nuestros gobernantes (a quienes también estamos observando).

El día que en Veracruz los servidores del Poder Judicial se comprometan a servir a la sociedad, estoy seguro que la cara de la institución cambiará y los resultados se harán concretos y tangibles, es necesario recuperar la confianza del Poder Judicial para la sociedad.