El peligro de ser migrante


México vive una grave paradoja: Por un lado exige un trato digno a sus migrantes, por el otro, su territorio se ha convertido en una sentencia de muerte para los miles de migrantes centroamericanos.

Estados Unidos: ¿Espiando migrantes por las redes sociales?


  • El Departamento de Seguridad Nacional advirtió a sus funcionarios sobre la creación de perfiles fantasmas para espiar a migrantes.

Una opinión actualizada sobre posibles problemas de privacidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) con fecha de julio de 2019 y que fue publicada este viernes, levanta de facto la prohibición de que los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) creen perfiles falsos.

Un comunicado del USCIS que explica el cambio dice que las cuentas e identidades falsas facilitarán a los investigadores la búsqueda de posible evidencia de fraude o de problemas de seguridad cuando deciden si le permiten a alguien entrar en Estados Unidos.

El cambio en la política fue precedido por otras medidas tomadas por el Departamento de Estado, que comenzó a requerir en junio que los solicitantes de visas faciliten sus nombres de usuario en redes sociales, lo que representa una fuerte expansión de las revisiones que se hacen a los posibles inmigrantes y visitantes.

No está claro exactamente cómo funcionará la creación de cuentas falsas en redes sociales dadas las políticas de plataformas como Facebook y Twitter, que declaran específicamente que hacerse pasar por otra persona viola sus términos de uso.

Twitter y Facebook cancelaron recientemente numerosas cuentas que se cree eran operadas por el Gobierno chino por medio de identidades falsas con el fin de recabar información.

“Va en contra de nuestras políticas utilizar identidades falsas y usar información de Twitter para vigilar persistentemente a individuos. Esperamos comprender las prácticas propuestas por el USCIS para determinar si son congruentes con nuestros términos de servicio”, afirmó Twitter en un comunicado. Facebook no hizo comentarios.

Una revisión así de las redes sociales sería llevada a cabo por funcionarios de la Dirección de Detección de Fraudes y Seguridad Nacional en casos que se considera requieren mayor investigación. La evaluación de privacidad hace notar que los funcionarios solo pueden revisar redes sociales disponibles para todos los usuarios en la plataforma -no pueden enviar solicitudes de amistad ni ‘seguir’ a un individuo- y deben someterse a entrenamiento anual.

A los funcionarios tampoco se les permite interactuar con usuarios en las redes sociales y sólo pueden examinar información en forma pasiva, según el documento del DHS.

Aunque muchas actividades en las redes sociales pueden verse sin necesidad de tener una cuenta, muchas plataformas limitan el acceso si no se tiene una.

Dave Maass, investigador del grupo activista Electronic Frontier Foundation, dijo que el uso de cuentas falsas como ese “socava nuestra confianza en las compañías de redes sociales y nuestra capacidad de comunicarnos y organizarnos y mantenernos en contacto con la gente”.

“No puede ser que haya este doble rasero en el que la policía puede hacerlo pero el público en general no”, agregó.

Mike German, agente retirado del FBI y miembro del programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia, indicó que es importante que se implementen directrices sólidas y que los legisladores hagan muchas preguntas para asegurarse de que no haya abusos.

“Es fácil idear un uso cuando el uso es adecuado y completamente necesario, pero también donde podría ser objeto de abusos”, afirmó German. “Solo debería ser utilizado en casos en los que sea absolutamente necesario”.

Albergues de migrantes: “El gobierno nunca nos ha dado nada”


Texto original por: Manu Ureste y Alberto Pradilla (Animal Político)

Los albergues de la sociedad civil que brindan ayuda humanitaria a los migrantes no recibirán apoyos económicos del gobierno federal.

Así lo dijo este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que será el gobierno el que pondrá sus propios albergues para eliminar a los “intermediarios” de la sociedad civil, a quien acusó de quedarse con el recurso público y no dárselo a los migrantes, y de mantenerse a costa del presupuesto gubernamental.

“Hay casos que se pueden probar de dinero que se entregó a organizaciones para beneficiar a migrantes y no llegó el dinero a los migrantes”, apuntó el presidente sin dar nombres, quien insistió en que ya “se acabaron los intermediarios”, como en el caso de las estancias infantiles subrogadas y de los albergues para mujeres que sufren violencia, a los que el gobierno también les quitó los apoyos para entregar el dinero ‘en mano’ a las personas afectadas.

Ahora bien, albergues de migrantes en el norte, centro y sur del país, consultados por Animal Político explicaron que este recorte anunciado por el presidente no les afecta tanto porque, en algunos casos, las ayudas eran mínimas, y en otros, la mayoría, porque nunca recibieron apoyos del gobierno.

“Nos están preguntando cómo le vamos a hacer si el gobierno nos corta los recursos. Y la verdad es que no nos afecta por una sencilla razón: el gobierno nunca nos ha ayudado”, dijo en entrevista el Padre Francisco Gallardo López, coordinador diocesano de la pastoral de migrantes, que trabaja en albergues de Reynosa y Matamoros, en la frontera de Tamaulipas.

El defensor de migrantes apuntó, además, que las declaraciones del presidente asegurando que hay albergues que viven prácticamente de las ayudas gubernamentales, están contribuyendo a crear una imagen en la sociedad de que el Ejecutivo mantiene a los centros de atención al migrante.

Una imagen, criticó, que no se corresponde con la realidad, puesto que la mayoría de albergues y de casas del migrante en todo el país se mantienen, principalmente, por las donaciones de comida y enseres básico que hace la sociedad, las aportaciones de las diferentes iglesias y de organismos internacionales de protección a los refugiados, y del voluntariado de muchas personas que donan su tiempo y su trabajo para ayudar a los migrantes.

“Solo en 2018 atendimos a 36 mil personas en nuestros albergues en Tamaulipas. Y los atendimos gracias a la sociedad que nos dona zapatos, ropa, medicamentos, comida, y a los profesionales que donan atención psicológica y médica”, resaltó el padre Francisco Gallardo.

Alberto Xicontécatl, de la Casa del Migrante de Saltillo, explicó que de las pocas ayudas gubernamental que existían era el Fondo de Atención al Migrante, aunque éste no estaba enfocado directamente en apoyar a los albergues, sino en dar apoyos a los municipios fronterizos en el norte, especialmente Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, que reciben a miles de migrantes, tanto connacionales como extranjeros.

Sin embargo, este fondo fue eliminado del presupuesto para este 2019.

Claudia Portella, responsable en el Desayunador Salesiano de Tijuana, explicó que este fondo funcionó los últimos dos años, entre 2017 y 2018, aunque el montante total que recibieron no llegó al millón de pesos anuales.

Por ello, señaló que tuvieron que buscar otro tipo de alternativas entre las instituciones públicas. Por ejemplo, rebajas en la factura del agua y de la luz. Aunque esto es algo que negocian directamente con los municipios y no con el gobierno federal.

La institución de Claudia Portella lleva funcionando 20 años. Ofrece diariamente desayuno a entre mil y mil 200 personas. También disponen de un albergue. Ahí atienden a migrantes procedentes de Centroamérica, pero también a repatriados mexicanos que acaban de llegar de Estados Unidos o a personas en situación de vulnerabilidad.

Portella explicó que trabajan solo con voluntarios.Algunos acuden diariamente, por ser miembros de la congregación religiosa o por programas de voluntariado. La plantilla habitual oscila entre las cinco y las ocho personas. Otros “regalan” dos horas de su tiempo. Por ejemplo, una doctora o una psicóloga, que van cada día a atender a los migrantes. No cobran un peso. Unas veinte personas apoyan de este modo.

“El gobierno no puede decir nada, porque no nos da nada”, subrayó Portella, en consonancia con lo expuesto por el padre Francisco Gallardo, de la red de albergues en Tamaulipas, y también con Paulina Olvera, de la organización Espacio Migrante de Tijuana, que puso un albergue en marcha en febrero pasado.

“Sabemos que hay albergues dependen de estos fondos. Es una forma de castigar a las organizaciones y desalentar a las redes que apoyan a los migrantes”, apuntó Olvera.

Para evitar presiones del gobierno, la activista dijo que su organización busca fondos en “fundaciones o aliados en San Diego, Estados Unidos”.

¿Migrantes indocumentados en refugios del gobierno?

Carlos Yee, coordinador de la Red Zona Norte de Casas y Centros de Derechos Humanos de Migrantes, es una excepción entre los entrevistados.

Representa a la Casa del Migrante de Tijuana y señaló que su institución sí ha recibido fondos gubernamentales. Aunque no alcanzan para cubrir toda su labor. Según explicó, lo percibido en 2018 cubrió solo el 21% de sus actividades. Y es el año que más financiación recibieron de las autoridades.

La Casa del Migrante de Tijuana tiene 21 empleados y medio centenar de voluntarios. Atienden tanto a migrantes centroamericanos como a retornados mexicanos. Yee recuerda que solo el año pasado, unos 208 mil mexicanos fueron devueltos por Estados Unidos.

Él considera que las palabras de López Obrador no estaban dirigidas a “tomar el control” de los albergues, sino más bien a construir refugios estatales.

En su opinión, esto presenta varios problemas.

Por un lado, la capacitación de los funcionarios. Por otro, la confianza de los propios migrantes. Cuando llegan a México no se fían de las instituciones y no parece posible que un centroamericano en situación irregular quiera meterse por su propio pie a un centro gestionado por un gobierno que tiene entre sus misiones arrestarlo y deportarlo.

“Es un punto importantísimo. La sociedad civil se enfrenta a que el migrante cree que hasta ellos le pueden reportar. Trabajamos para generar confianza, nuestro trabajo es que el migrante esté bien. Si el Estado es que el está a cargo de proteger, deportar, decidir, criminalizar… son demasiadas funciones para un solo actor”, dijo.

Yee defendió la labor de supervisión de la sociedad civil, pero recordó que en muchas ocasiones el gobierno impone trabas, como a la hora de acceder a las estaciones migratorias para vigilar que no se cometan violaciones a los derechos humanos, las cuales ocurren de manera sistemática, tal y como ha documentado, precisamente, múltiples organizaciones civiles como Sin Fronteras.

En cuanto a los señalamientos que hizo el presidente López Obrador, acerca de que hay organizaciones civiles que recibieron dinero y no lo gastaron en la atención al migrante, Alberto Xicontécatl, de la Casa del Migrante de Saltillo, dijo que el mandatario debería denunciar el caso ante la justicia y, de comprobarse cierto, entonces darlo a conocer públicamente.

De lo contrario, apuntó, se está criminalizando la labor de los defensores de migrantes.

Caravana-Permanencias-Voluntarias

Trata de personas en México: Un mal que crece


El titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto, aseguró que existen las primeras denuncias sobre presuntos traficantes de personas y que estas solicitudes se suman a los 32 bloqueos que se han emimtido contra el tráfico de migrantes.

El pasado 6 de junio, dicha unidad informó que habían sido bloqueadas o congeladas cuentas bancarias de 26 personas físicas y morales, “que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes”.

El pago ilegal por tráfico de migrantes existe entre el paso de la caravana de migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados desde países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún y Estados Unidos.

En medio de la tensión por los flujos migratorios en el país, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Tabasco atribuyó este martes al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, el reporte de inteligencia sobre que “ciertas organizaciones de la sociedad civil para la atención de migrantes” son una “fachada” para lavado de dinero y corrupción; pero el propio funcionario negó ser la fuente. 

“Lo desmiento categóricamente”, dijo Encinas en conversación vía WhatsApp con Animal Político. “Es falso. Yo no hago ese tipo de trabajo”.

La UIPE hizo pública este 18 de junio una nota en la que señalaba que “coavyudará en la detección de operaciones de lavado de dinero en albergues para la atención de migrantes en territorio tabasqueño”.

Según dicho reporte, la UIPE comenzó a colaborar con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal para investigar posibles casos de lavado de dinero, relacionados con el tráfico irregular de personas.

“Atentos a los acuerdos realizados por el Gobierno Federal con el Gobierno de los EUA y siempre sin criminalizar e intervenir en la vigilancia del a migración individual que se realiza sin la intervención de terceros, la UIPE Tabasco estará atenta a las operaciones financieras y económicas que se lleven a cabo en territorio del Estado de Tabasco y que pudieran estar relacionadas con tráfico de personas”, dice la nota.

Pueblo Sin Fronteras, la organización que preside Mujica, hizo público que este operativo contra cuentas no afectó a ninguno de los dos activistas y  ambos quedaron en libertad el miércoles 12 de junio, después de que un juez no les ligase a proceso. Pueblo Sin Fronteras denunció el intento de vincular ambas noticias, el arresto y la congelación de cuentas, a pesar de no estar relacionadas.

Con información de Alberto Pradilla

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Trata de personas en México: Un mal que crece


El titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto, aseguró que existen las primeras denuncias sobre presuntos traficantes de personas y que estas solicitudes se suman a los 32 bloqueos que se han emimtido contra el tráfico de migrantes.

El pasado 6 de junio, dicha unidad informó que habían sido bloqueadas o congeladas cuentas bancarias de 26 personas físicas y morales, “que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes”.

El pago ilegal por tráfico de migrantes existe entre el paso de la caravana de migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados desde países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún y Estados Unidos.

En medio de la tensión por los flujos migratorios en el país, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Tabasco atribuyó este martes al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, el reporte de inteligencia sobre que “ciertas organizaciones de la sociedad civil para la atención de migrantes” son una “fachada” para lavado de dinero y corrupción; pero el propio funcionario negó ser la fuente. 

“Lo desmiento categóricamente”, dijo Encinas en conversación vía WhatsApp con Animal Político. “Es falso. Yo no hago ese tipo de trabajo”.

La UIPE hizo pública este 18 de junio una nota en la que señalaba que “coavyudará en la detección de operaciones de lavado de dinero en albergues para la atención de migrantes en territorio tabasqueño”.

Según dicho reporte, la UIPE comenzó a colaborar con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal para investigar posibles casos de lavado de dinero, relacionados con el tráfico irregular de personas.

“Atentos a los acuerdos realizados por el Gobierno Federal con el Gobierno de los EUA y siempre sin criminalizar e intervenir en la vigilancia del a migración individual que se realiza sin la intervención de terceros, la UIPE Tabasco estará atenta a las operaciones financieras y económicas que se lleven a cabo en territorio del Estado de Tabasco y que pudieran estar relacionadas con tráfico de personas”, dice la nota.

Pueblo Sin Fronteras, la organización que preside Mujica, hizo público que este operativo contra cuentas no afectó a ninguno de los dos activistas y  ambos quedaron en libertad el miércoles 12 de junio, después de que un juez no les ligase a proceso. Pueblo Sin Fronteras denunció el intento de vincular ambas noticias, el arresto y la congelación de cuentas, a pesar de no estar relacionadas.

Con información de Alberto Pradilla