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Economía y Finanzas

Recompra de bonos: ¿El nuevo FOBAPROA?


Luego de que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) decidiera continuar por ahora con las obras del NAIM, para dar tiempo a que el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) alcance un acuerdo con los tenedores de bonos, la secretaría de Hacienda lanzó una oferta de recompra de dichos papeles.

El fideicomiso lanzó una oferta para recomprar hasta 1,800 millones de dólares  de bonos MEXCAT, aunque días después un grupo de inversionistas con dichos instrumentos rechazó la oferta.

“Realmente nadie sabe qué es lo que va a pasar. Los tenedores van a negociar y van a pedir que se les pague, no tienen por qué asumir una pérdida”, dijo Valeria Moy, directora de México, ¿Cómo Vamos? en entrevista con Forbes México.

AMLO, antes de asumir, anunció a finales de octubre que su gobierno acataría los resultados de una controvertida consulta popular, en la que ganó la opción de no seguir adelante con las obras del proyecto, valorado en unos 13,300 millones de dólares.

Si el plan de recomprafuera exitoso, algunos cuestionan que el gobierno de AMLO siga este esquema, pues serán los ciudadanos, a través de sus impuestos, los que paguen los platos rotos por la decisión de cancelar el proyecto en Texcoco. Con ello, se revivirá un capítulo del Fobaproa, el oneroso rescate bancario de los 90s, al convertir deuda privada en pública.Sí es un rescate, en eso es muy similar al Fobaproa, aunque también hay diferencias: en primer lugar aquí no hay un quiebre financiero”, dijo Moy.

En una de sus conferencias matutinas, AMLO respondió a la pregunta explícita de que si el plan de recompra sería similar al Fobaproa “no es lo mismo”, dijo, aunque los expertos sí ven similitudes.

“Es parecido al Fobaproa”, explicó. “Están haciendo una operación financiera para liquidar los bonos antes de cancelar las obras. Si logran la recompra, esos bonos ya no sirven para nada, el deudor es el estado, se iban a pagar con el (impuesto de uso de aeropuerto), pero si los compra se acaba su periodo de vida”, explicó.

“Pero muchos de esos recursos ya se usaron en construir parte de la obra, ahora todo ese dinero se va a tirar a la basura”, afirmó la experta en políticas públicas.

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Texcoco…¿Va?


La discusión en torno al Nuevo Aeropuerto Internacional de México que se suscitó con la Consulta Popular convocada por el entonces, presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la que se decidía cancelar la obra de transporte definitivamente, los mercados internacionales no quedaron muy relajados, por lo que las obras continúen dan buenas señales hacia México.

Esta tarde se expuso por parte del nuevo Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de Ciudad de México, un lanzamiento de bonos por el NAIM correspondientes a 1 mil 800 millones de dólares, de los 6 mil que se emitieron previamente para su financiación y posterior construcción.

Este mensaje dio un nuevo respiro al peso mexicano, recuperando terreno de casi dos semanas de caídas. La agencia Reuters documentó como la divisa mexicana ganó 23 centavos (1.1% de su valor) para cerrar en 20.17 pesos por dólar a las 5:15 pm (Hora CDMX), el pasado viernes el peso alcanzó los 20.40 por billete verde al cierre.

La última vez que el peso tuvo un precio similar fue el 16 de noviembre con 20.14 por cada dólar.

Texto original: The Huffpost

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Economía y Finanzas

NAIM: ¿En default técnico?


Texto original: El Financiero

Los trabajos que se realizan en el nuevo aeropuerto que se construye en Texcoco no pueden suspenderse, ya que de hacerlo Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México entraría en un default técnico.

Incluso, al no cumplir con el calendario de trabajo establecido por el fideicomiso que lo construye, los inversionistas podrían ejercer su derecho a requerir el pago de los bonos emitidos por 6 mil millones de dólares.

De acuerdo con expertos que participaron en el diseño de los bonos, existen cláusulas en las que se establecen los diversos supuestos que obligan a devolver de forma inmediata los recursos aportados por los inversionistas mediante los títulos emitidos para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM).

Uno de ellas es que, si los trabajos llegan a suspenderse en un periodo de dos semanas, los tenedores pueden exigir el pago anticipado e inmediato. También, en otro de los apartados del prospecto de colocación, se indica como evento de incumplimiento el hecho de que cualquier contrato del proyecto sea suspendido o que los desarrolladores incumplan cualquier aspecto sustancial del contrato del proyecto.

Incluso, se incluyó alguna perturbación civil y política violenta que cause el cese de una parte sustancial de la operación del aeropuerto o un daño significativo a los activos de los desarrolladores como resultado de ese evento.

Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tec de Monterrey, explicó que en todo fideicomiso se establece un propósito y, en el caso del aeropuerto, el objetivo es construir el NAIM.

“En ese contrato se estableció en una de las cláusulas que debe cumplir el propósito del fideicomiso, que es la construcción del aeropuerto y el plazo no es indefinido. Hay un plazo establecido en su construcción y avance, y debido a que están con trabajos más lentos y no van acorde a los plazos establecidos, podrían ubicarse en incumplimiento”.

Los tenedores de los bonos pueden exigir el pago si no se está cumpliendo con el trabajo a que se comprometió el fideicomiso, ya que hay un plan de construcción.

“Están en riesgo de caer en un default técnico, porque la ruta crítica del proyecto no se va a cumplir o no se está cumpliendo ya, van más lentos y se están atrasando”, dijo.

Gerardo Ferrando, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, señaló que el gobierno no tiene contemplado incumplir con los términos contemplados en la colocación de los bonos. “Vamos a cumplir en todos los términos, formalmente, legalmente, lo que a cada quien corresponda”, dijo en entrevista con El Financiero Bloomberg.

Señaló que una vez que se solucione el tema de los bonos se procederá a atender el problema de la Fibra E y afirmó que el fideicomiso tiene recursos suficientes para cumplir sus compromisos. 

Con información de Jeanette Leyva y Víctor Piz

Editoriales

La importancia de los bonos del NAIM


por Ana Thaís Martínez • Jorge Andrés Castañeda (Nexos)

El 2 de diciembre, el segundo día del nuevo gobierno, se instaló el nuevo consejo de administración de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). Este consejo es presidido por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y nombró como Director General a Gerardo Ferrando. El mismo día se anunció, para sorpresa de muchos, que las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México seguirán hasta nuevo aviso a pesar de que como presidente electo Andrés Manuel López Obrador había anunciado su cancelación como resultado de la primera consulta popular de su gobierno.

El día siguiente, el mismo consejo anunció que a partir de ese mismo día y hasta el 2 de enero se emitirá una oferta de compra por hasta 1.8 mil millones de dólares de las notas preferentes. Estos anuncios han creado confusión, e incluso despertado la esperanza en algunos de que López Obrador dará marcha atrás en la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el NAIM.

Ilustración: Patricio Betteo

Pero para entender todo este proceso y medir las consecuencias de las acciones del nuevo gobierno es fundamental entender la historia y estructura de este proyecto.

El GACM es una empresa productiva del Estado, es decir propiedad del Estado mexicano, como Pemex o CFE. Esta empresa, constituida en 1998, es propietaria del Aeropuerto Benito Juárez, el AICM, del titulo de concesión del nuevo aeropuerto de Texcoco, el NAIM, y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la empresa operadora de ambos aeropuertos. Esta empresa del Estado fue constituida con el propósito de construir, administrar, operar y explotar el NAIM. Para construir el nuevo aeropuerto, el GACM levantó capital de diversas fuentes: un préstamo de Banobras por tres mil millones de dólares, 1.6 mil millones de dólares de la llamada Fibra E, principalmente de inversionistas mexicanos, y las notas preferentes.

En 2016 y 2017 GACM, el fideicomiso MEXCAT (Mexico City Airport Trust), cuyo único fideicomitente es GACM, emitió cuatro paquetes de bonos por un total de seis mil millones de dólares o alrededor de 120 mil millones de pesos al tipo de cambio actual. Fueron cuatro paquetes de bonos: dos con vencimiento a 10 años por mil millones de dólares cada uno; y dos con vencimiento a 30 años, uno por mil millones de dólares y uno por tres mil millones de dólares.

Estos bonos fueron emitidos con el único propósito de financiar la construcción del NAICM en Texcoco. El pago de los intereses y el principal de estos bonos estaba respaldado por el cobro de la TUA, una tarifa que se cobra en el precio del boleto a cada pasajero, del AICM actual y del proyecto del NAICM que serían transferidos al fideicomiso.

Estos bonos fueron colocados en los mercados internacionales y adquiridos en su mayoría por inversionistas extranjeros. Para este tipo de inversionista, un producto como las notas preferentes resultaba muy atractivo por su plazo y porque los ingresos estaban respaldados por un flujo de efectivo, la TUA, relativamente predecible de un proyecto altamente rentable.

De acuerdo con los prospectos de estos bonos, es decir el contrato entre GACM y los inversionistas, cualquier cambio al titulo de concesión o la cancelación de la obra en Texcoco constituye un “Evento de Incumplimiento”. Estos eventos, comúnmente conocidos como default, son las previsiones que se estipulan en este tipo de contratos para proteger a los inversionistas y que permiten a la empresa que los emite obtener una menor tasa de interés. En el caso de las notas preferentes de MEXCAT, los prospectos son muy claros: la cancelación de la obra en Texcoco constituye un evento de incumplimiento.

Ante un evento de incumplimiento, los prospectos especifican que, “si así lo instruyen por escrito los tenedores de por lo menos el 25% del monto de principal total de una serie de Notas vigentes en ese momento, mediante notificación por escrito al Emisor, declarará el saldo total de principal de todas las Notas de la serie inmediatamente vencida y pagadera”. Es decir, ante el anuncio oficial de la cancelación de la obra de Texcoco, el GACM está obligado a pagar a los tenedores de bonos el valor nominal de la deuda de forma inmediata, seis mil millones de dólares o 122,500 millones de pesos a la tasa de cambio del jueves 6 de diciembre.

Ésta es la razón por la que el domingo 2 de diciembre el Consejo de GACM no canceló de forma oficial la obra del nuevo aeropuerto. El anuncio de Andrés Manuel López Obrador en calidad de presidente electo sobre la cancelación, como resultado de la primera consulta ciudadana, no era oficial en términos legales. En ese momento, la autoridad competente era el gobierno del aún presidente Enrique Peña Nieto, que decidió seguir con la obra hasta el último día. Sin embargo, al tomar posesión el nuevo gobierno, un anuncio de cancelación de la obra por parte del Consejo de GACM sí constituiría un evento de incumplimiento y desencadenaría los eventos mencionados.

El 30 de octubre, el entonces director general de GACM, Federico Patiño, declaró que el fideicomiso MEXCAT contaba con 115 mil millones de pesos en caja y adeudos de 35 mil millones de pesos a Fibra E, 45 mil millones de pesos a contratistas además de las obligaciones de estos bonos. Hoy en día, la información sobre la liquidez del fideicomiso no es pública, pero con estos datos es obvio que MEXCAT no cuenta con los recursos para reembolsar a los tenedores de las notas preferentes más de 120 mil millones de pesos. No lo tiene porque estos bonos se iban a pagar con el cobro de la TUA de AICM –cinco años– y NAICM –25 años– durante los próximos 30 años. Ante este escenario, el nuevo gobierno se vería obligado a inyectar capital al fideicomiso con recursos del presupuesto de egresos del 2019. Técnicamente podría declarar insolvente al fideicomiso y no pagarlos, ya que en el contrato especifica que estos no están respaldados por el Estado mexicano.

Esto tendría consecuencias desastrosas para la economía mexicana al disparar las tasas de interés de la deuda soberana y otras empresas del Estado como Pemex o CFE. A pesar de no estar respaldados por el Estado mexicano estos bonos son considerados como semi-soberanos, omitir la obligación de pagarlos sentaría un mal precedente y reduciría la confianza de los inversionistas extranjeros en el nuevo gobierno. Esto tendría consecuencias casi inmediatas en muchos ámbitos. Por ejemplo, Pemex tiene vencimientos de deuda por casi 10 mil millones de pesos a finales de febrero, para los cuales tenía contemplado colocar deuda en enero. La tasa de fondeo de Pemex ha estado subiendo en los últimos meses, en febrero colocó deuda al 5.45% y en octubre al 6.5%. Una declaración de insolvencia de los bonos de MXCAT incrementaría el costo de fondeo de forma mucho más dramática. No pagar estas obligaciones eventualmente tendría un “efecto de contaminación” en toda la economía mexicana ya que tanto el Estado como las paraestatales y el sector privado se fondean en mercados internacionales. La minuta de la primera sesión del consejo de GACM deja claro que los acuerdos establecidos son para evitar esto.

Para evitar esta situación, al día siguiente de la instalación del nuevo consejo, el lunes 3 de diciembre, la SHCP anunció que “MEXCAT realizará una oferta pública de recompra en efectivo por una porción de los bonos y solicitará el consentimiento de los tenedores de los valores para hacer ciertas modificaciones a los convenios de emisión y otros documentos relacionados”. Esta oferta es por 1,800 millones de dólares y se realiza a través de una subasta holandesa empezando por una oferta de 90 centavos por dólar, adicionalmente se pagaría una prima por vender de cinco centavos por dólar y una prima de 0.75 centavos por aceptar las modificaciones a los convenios de emisión.

Esto funcionaría de la siguiente manera: el primer día MEXCAT haría una oferta de 90 centavos por cada dólar de deuda más cinco centavos de prima para un total de 95 centavos. Si no logra comprar los 1,800 millones de dólares que planteo como objetivo el primer día, al día siguiente haría una oferta mayor, probablemente de 91 centavos más cinco centavos, y así sucesivamente cada día hasta gastar los 1,800 millones de dólares. Por otra parte, ofrece 0.75 centavos por dólar de deuda para modificar los convenios de los bonos. Aunque la oferta de cambios es confidencial, se especula que estos cambios son para evitar el evento de incumplimiento ante la cancelación de la obra en Texcoco.

El miércoles 5 de diciembre, un grupo de tenedores de bonos, que asegura tener mil millones de dólares en bonos de MXCAT y más del 50% de una de las series de bonos, anunció que no aceptaría la oferta de recompra y modificaciones que anunció SHCP. Esto limita las opciones del nuevo gobierno. El GACM logrará eventualmente comprar los 1,800 millones de dólares de deuda, pero a que precio dependerá de la aversión al riesgo de los inversionistas.

A pesar de esto, al final de este proceso habrá más de cuatro mil millones de dólares de deuda por pagar. El objetivo de esta operación, de acuerdo con Arturo Herrera, Subsecretario del ramo de SHCP, era retirar parte de la deuda y cambiar las cláusulas que declaran el evento de incumplimiento y así para poder pagar el remanente de la deuda en su plazo original con la TUA del aeropuerto actual, el Benito Juárez.

Sin embargo, este anuncio imposibilita esta solución. Si los estatutos de cualquiera de los cuatro paquetes de bonos no se cambian y éste entra en incumplimiento por la cancelación de la obra, los otros tres paquetes entran en incumplimiento de forma automática. Los cuatro paquetes de bonos contienen “disposiciones de incumplimiento cruzado y aceleración cruzada”. Esto quiere decir que los cuatro paquetes están “amarrados” legalmente, si uno de ellos entra en incumplimiento los otros tres también. Este evento de incumplimiento, de nuevo implica el pago inmediato del total de los bonos.

Esto pone al nuevo gobierno en una encrucijada, pues tiene que seguir con la obra o liquidar el total de los bonos. La cancelación impactaría de forma directa el presupuesto de egresos de la federación. Aunque seis mil millones dólares distan mucho de quebrar al país, el presupuesto del año entrante se estima sea de 22% del PIB es decir más de 250 mil millones de dólares. Este gasto imprevisto si puede limitar la capacidad del nuevo gobierno para lanzar los programas sociales que ha prometido y empezar las grandes obras de infraestructura planeadas.

Con la información actual, es posible inferir que el nuevo gobierno se vea obligado a utilizar recursos del presupuesto del próximo año para cancelar esta deuda. A pesar de ser un monto significativo, no se anticipan efectos catastróficos sobre las finanzas públicas, pero sí limitará su margen de maniobra, que ya era bastante estrecho.

Sin embargo, la decisión de cancelación sí hizo daño. Para fines prácticos una reestructura de la deuda como la planteada va a interpretarse por la mayoría de los participantes en el mercado como un default. Todo el episodio del aeropuerto ha mermado la confianza de los analistas e inversionistas en el nuevo gobierno. El diferencial de tasas de interés entre el bono de 10 años americano y el mexicano, que para fines prácticos mide la prima de riesgo país, pasó de 4.85 puntos porcentuales el primero de octubre a 6.21 el miércoles 5 de diciembre, un incremento del 28%.

En términos prácticos, esto implica que los dos proyectos insignia del nuevo gobierno, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, que requerirán financiamiento similar al NAICM, tendrán que financiarse a una mayor tasa de interés. La rentabilidad de ambos proyectos es incierta, siendo generosos y laxos en el análisis; con mayores costos de capital serían inviables financieramente.

 

Ana Thaís Martínez
Investigadora de IMCO.

Jorge Andrés Castañeda
Coordinador de Proyectos de IMCO.

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El costo de una inexplicable necedad por Raúl Cremoux


El martes 30 de octubre pasado veo en la prensa una foto donde, en una larga mesa, están los representantes del sector empresarial. Todos tienen una cara larga, la boca fruncida y los ojos desafiantes. Ahí están los pesos pesados Enrique Guillén, Manuel Escobedo, Marcos Martínez, José Manuel López, Juan Pablo Castañón, Gustavo de Hoyos, Alejandro Ramírez y Nathan Poplawsky, reunidos por la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Entrevistados todos lanzan rugidos. Reproduzco sólo a tres de ellos. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, dice: “Miente quien nos dijo que la obra se podría concluir con recursos privados”. Seguramente pensaba en Romo, quien a todo mundo le decía que el NAIM continuaría. A su vez, Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, apunta a lo que es el derecho: “Los contratos no pueden canjearse o catafixiarse, porque se violaría la ley”. Tiene razón, una obra de esa dimensión debe concursarse, no puede ser por asignación directa. Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, va más lejos: “La decisión no da confianza ni certidumbre para generar crecimiento y empleo”. Están furiosos y con la espada desenvainada; unas horas más tarde, la ciudad se llena de rumores y toda suerte de especies surca el aire. En Internet se puede leer que tras la cancelación, el banco de inversión Morgan Stanley bajó su recomendación para invertir en México, y la agencia Moody’s redujo la calificación de bonos.

Es muy cierto, en cualquier obra pública entre más grande sea aumenta más la percepción de que hay corruptelas. Pero López Obrador nunca ha mencionado quiénes son los funcionarios y los empresarios corruptos; tampoco ha dicho cómo se les castigará y mucho menos ha probado cuáles han sido los delitos encontrados. Nada. Sin embargo, armó una triquiñuela a modo para justificar que el pueblo ha manifestado rechazo a esa obra, y por lo tanto debe ser detenida y condenada a ser la más moderna de las ruinas del mundo. Y el mundo opina y cuestiona. Sólo como ejemplo reproduzco el dicho del Financial Times: La decisión será recordada en la historia económica como una de las peores estupideces de un presidente.

Lo vemos sin creerlo, una obra que está al 32 por ciento, autofinanciable, será enterrada para que sus varillas de acero, su cemento enriquecido y su proyecto sea el paradigma de un gobierno que comenzará sus labores con una carga costosísima. A vuelo de pájaro, hagamos un recuento de la necedad: el aeropuerto quería ser el trampolín hacia 470 mil empleos cuando tuviera su máxima capacidad, el resorte para multiplicar turismo, carga de productos y disparador de servicios; dar una imagen internacional como lo son el Kennedy en NY, el Arlanda en Copenhague o el De Gaulle en París. Ese aeropuerto iba a costar 13 mil millones de dólares, de los que ya se habían financiado nueve mil y los faltantes bien podían obtenerse por concesión a particulares. Desperdiciar lo invertido significa 160 mil millones de pesos, a lo que hay que añadir la pérdida en la Bolsa Mexicana de Valores, en sólo 48 horas, por 17 mil 512 millones de dólares. No es todo, por concepto de cancelación de contratos, pago de bonos y rendimientos, así como compensaciones, se calcula serán otros 120 mil millones de pesos.

Los pagos por la deuda se incrementarán, y en voz de Enrique Quintana, el ya de suyo pago faraónico de mil 986 millones de pesos diarios por concepto de intereses, debido a la desconfianza, puede aumentar más.

La comida en La Alcachofa, de Polanco, ha controlado a los empresarios, quienes se han tragado el cuento de que los mismos volúmenes de construcción los harán en Santa Lucía, donde no hay nada preparado. Ni vialidades ni proyecto alguno, sólo tres mil familias de militares expectantes y preocupadas por su destino, al igual que cerca de 40 mil trabajadores que aún laboran en Texcoco.

Sin licitar el aeropuerto, que dejará de ser militar y será dado a los empresarios supuestamente corruptos, lo que se conseguirá será un escenario de franca impunidad, que servirá de ejemplo para anunciar los alcances de una nueva administración que combate la corrupción cobijándola.

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Tocó al NAIM, ahora fue turno de los bancos por Enrique Quintana


Morena lo tiene muy claro: no hay mejor villano que los banqueros.

Si quería proponer una iniciativa que recibiera el aplauso generalizado podría haber propuesto bajar los impuestos o algunos de los pagos que se realizan a los bancos.

Como lo primero no es compatible con las propuestas sociales y de inversión que ha venido formulando AMLO, porque las arcas públicas se quedarían sin dinero, la salida natural fue lanzarse en contra de los bancos.

Aunque por la noche, Carlos Urzúa, secretario de Hacienda del próximo gobierno, les enmendó la plana.

Los ingresos de los bancos derivan fundamentalmente de dos conceptos: del margen financiero y de las comisiones.

El margen financiero es el diferencial entre las tasas pagadas a los ahorradores y las que se cobran a los acreditados.

En buena medida, ese diferencial depende de las condiciones de la competencia.

Los bancos bajaron de manera drástica las tasas de interés para créditos automotrices cuando las financieras de las armadoras ofrecían planes a tasas muy bajas.

La competencia por los créditos hipotecarios también condujo a que se redujeran las tasas que los bancos ofrecían a los acreditados.

Las comisiones son los ingresos que reciben los bancos por servicios o conceptos específicos.

La iniciativa presentada por Morena indica que en 2017 se pagaron 108 mil millones de pesos en comisiones. De acuerdo con cifras oficiales, en 2018, los ingresos netos por comisiones fueron en promedio de 7 mil 787 millones de pesos mensuales hasta agosto. Es decir, a escala anual, 93 mil 450 millones de pesos.

Las ganancias bancarias netas promediaron 12 mil 750 millones de pesos o 153 mil millones en escala anual.

Es decir, las comisiones representaron el 61 por ciento de las ganancias bancarias.

Por esa razón, aun sin tener una medición precisa del impacto de la prohibición propuesta por Morena, las acciones bancarias se desplomaron ayer y esto arrastró a una fuerte caída de casi 6 por ciento en el índice de la BMV.

No dudo que los reguladores de la banca tuvieran que ponerle lupa al cobro de determinadas comisiones, analizando con cuidado los beneficios y los impactos. No dudo que haya abusos y que los reguladores tengan que ser más duros.

Sin embargo, pareciera que el timing para hacer la propuesta por parte de los legisladores de Morena fue el peor posible, como les subrayó el equipo de transición.

Apenas se empezaban a restañar las heridas en la relación de los empresarios con el próximo gobierno, con motivo de la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, cuando ya llega otro golpe.

Tras varios días de caídas, el tipo de cambio se fue nuevamente para arriba en cuanto se conoció la iniciativa y llegó a niveles de 20.16 pesos.

Algunos consideraban que la decisión de cancelar Texcoco se había tratado de una medida extraordinaria, que iba a ser excepción y no regla.

La nueva propuesta deja en entredicho esta percepción, pues ni siquiera se trataba de una propuesta emblemática de la campaña de AMLO, como fue en el caso de Texcoco.

Poco a poco vamos a ver que Morena y el gobierno de AMLO forman un conglomerado de fuerzas y posiciones, y que al interior van a hacerse manifiestas fuerzas disímbolas.

Mientras algunos tratan de construir una buena relación con el sector privado, otros quieren obtener la aprobación del presidente electo y traer más respaldo para su fuerza política.

Es una historia que vamos a ver cada vez con más frecuencia.

Texto original: El Financiero

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Inversiones: ¿Asustados por la cancelación del NAIM?