Tren Maya..¡Con menos!…. Dos Bocas…¿Adiós?


Texto original por Nayeli Roldán (Animal Político)

Tres de los principales proyectos de infraestructura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrán trato diferenciado en el presupuesto de 2020. Mientras el Tren Maya sufrirá un recorte de 59%, la Refinería de Tres Bocas Tabasco tendrá 17.49% menos y el Proyecto del Istmo ejercerá 808% más presupuesto el próximo año.

 

De acuerdo con un análisis de la Cámara de Diputados de las tres obras prioritarias del sexenio, el principal beneficiado será el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, cuyo objetivo es convertir a la región en un corredor de comunicación entre los océanos Pacífico y Atlántico.

En 2020 tendrá 8 mil 468 millones de pesos, esto significa ocho veces más de los 900 millones que tuvo en 2019. Constará de 300 kilómetros de largo. Iría desde los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, a Coatzacoalcos, en Veracruz, a través de la modernización de la infraestructura ferrocarrilera, portuaria, aeroportuaria y carretera.

Para grandes obras como esta, el presidente López Obrador prometió hacer una consulta ciudadana. En este caso, lo hizo durante una gira por Juchitán, Oaxaca, entre los asistentes a uno de sus eventos en abril pasado… y fue a mano alzada.

“Bueno, ¿por qué no hacemos aquí una consulta?, ¿por qué no la hacemos? A ver, que levanten la mano los que están en contra que se lleve a cabo el proyecto de Desarrollo del Istmo. A ver, que levanten la mano los que estén a favor del Proyecto del Istmo”, dijo. Y según lo observado en la transmisión oficial del evento, la gente levantó la mano a favor del proyecto, en su mayoría.

En esa ocasión también aseguró que la inversión sería totalmente mexicana.

“Les digo que no anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del Istmo. Mentira, todo lo vamos a hacer con inversión pública, y si hay participación de inversión privada va a ser de mexicanos, no va a haber extranjeros. Para que quede claro”.

Sin embargo, en la conferencia de prensa del pasado 19 de noviembre informó que Singapur podría ser un país inversor y, de hecho, a eso se debía la visita del visita oficial del primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, y lo primero fue hacer un acuerdo de colaboración.

“Debe de haber más inversión nacional, inversión de México por tratarse del Istmo, sin descartar que participe un país como Singapur, que de acuerdo a la información que tenemos lleva buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con China. Si hay un tercer país que lleva buenas relaciones con todos, aunque no es parte de una hegemonía o de otra, nos facilita las cosas, siempre tomando en cuenta que en el Istmo va a predominar la inversión nacional”, dijo.

El recorte más significativo estará en el Tren Maya, que será un transporte de carga, pasajeros y turístico en la zona sur sureste del país en 1,460 km, y cuyo inicio de operaciones se prevé para 2024. De acuerdo con la página de la obra, el próximo año iniciará la construcción de los tramos de Selva y Caribe II.

Sin embargo, aunque se preveía tener 6 mil millones de pesos para el próximo año, sólo tendrá 2 mil 500 millones de pesos, lo que significa 59% menos presupuesto, de acuerdo a lo aprobado por los diputados la semana pasada.

Para esta obra, el empresario más rico de México, Carlos Slim, anunció su interés de participar en la licitación del Tren Maya en el tramo Coatzacoalcos, Veracruz, y prevé invertir 100 mil millones de pesos para obras del gobierno de López Obrador.

En tanto, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, tendrá 41 mil 256 millones de pesos para 2020, lo que significa 17.49% menos de los 50 mil millones de pesos presupuestados en 2019.

Se trata de uno de los proyectos emblemáticos de la administración que requerirá una inversión de 6 mil millones de dólares y se planeó concluir en tres años, es decir, en 2021. Este proyecto arrancó el 18 de marzo. Con él se prevé tener capacidad de producción d

Veracruz: Impunidad y olvido


Por Manu Ureste y Nayeli Roldán (Animal Político)

Miguel Ángel Vega Garcia, el contralor en las administraciones de Rosario Robles en la Sedesol y Sedatu que no sancionó La Estafa Maestra pese a que la Auditoría Superior de la Federación le solicitó en 15 ocasiones que investigara a funcionarios de ambas dependencias, por múltiples irregularidades, ahora forma parte del gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz como director Anticorrupción en la Contraloría estatal.

Aunque Vega García nunca detectó irregularidades, Rosario Robles enfrenta ahora un proceso penal por no haber detenido La Estafa Maestra, es decir, que las dependencias a su cargo hicieran convenios con universidades públicas para realizar supuestos servicios, y luego éstas subcontrataran a empresas que resultaron ser fantasma, por lo que el dinero público desapareció. Mecanismo que también ocurrió en otra decena de dependencias, entre ellas Pemex y Banobras.

Como titular del Órgano Interno de Control de la Sedesol y Sedatu, Vega García tenía la responsabilidad de encontrar las irregularidades incluso antes que la Auditoría Superior, pero no sancionó a ningún funcionario por los presuntos desvíos millonarios a empresas fantasma.

Ni siquiera cuando la Auditoría Superior le emitió 15 “promociones de responsabilidades” para determinar sanciones contra funcionarios públicos que hicieron mal su trabajo, según demuestran las respuestas a solicitudes de información realizadas por Animal Político.

Pese a esos resultados, desde este 2019 Vega García fue integrado a la administración del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de Morena, como director general de Anticorrupción y Transparencia en la Contraloría estatal.

Su puesto es una de las tres principales direcciones de la Contraloría, encabezada por Mercedes Santoyo Domínguez. Tiene a su cargo seis subdirecciones encargadas de la “integridad y responsabilidad de los servidores públicos, su situación patrimonial y ética”, entre otros puntos, de acuerdo con el organigrama del gobierno estatal.

Vega García comenzó su experiencia en la administración pública federal en 2004 como director de normatividad y la Secretaría de la Función Pública, luego estuvo en la Secretaría de Energía en 2009, como coordinador de proyectos en el Órgano Interno de Control.

Llegó a Sedesol en mayo de 2015 como titular del Órgano Interno de Control y cuatro meses después dejó el puesto para irse a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), cuando Rosario Robles también fue reubicada a dicha dependencia. Ambos estuvieron hasta diciembre de 2018.

En su paso por Sedesol, personal a su cargo realizó un expediente en el que concluyó que los convenios de La Estafa Maestra realizados con las Universidades de Morelos y el Estado de México se hicieron correctamente y, por tanto, exoneró de cualquier responsabilidad a cuatro servidores públicos. Dicho documento ha sido utilizado por Rosario Robles como muestra de su inocencia.

Uno de los exonerados fue Emilio Zebadúa, el exoficial mayor de Rosario Robles contra el que la Fiscalía General de la República (FGR) sí abrió una investigación por el presunto desvío de 185 millones de pesos, la cual se encuentra congelada a la fecha gracias a un amparo concedido por un juez federal el pasado 27 de agosto.

Previo a la publicación de esta nota, Animal Político buscó a Miguel Ángel Vega por correo electrónico, llamadas telefónicas, y a través de comunicación social de la Contraloría General de Veracruz, pero no dio respuesta a la solicitud de entrevista.

Miles de millones desviados, cero sancionados

Entre 2013 y 2017, la Auditoría Superior de la Federación emitió 15 promociones de responsabilidad administrativa a los OIC de Sedesol y Sedatu, a partir de cinco revisiones del presupuesto anual en los que detectó y denunció penalmente ante la FGR desvíos millonarios que acabaron en las cuentas de empresas fantasma.

El mecanismo de desvío detallado en los informes de la Auditoría, y que a la postre se conoció como La Estafa Maestra, consistió en que la Secretaría de Gobierno federal firmaba un convenio de colaboración con una universidad pública para que ésta realizara determinados servicios. Sin embargo, la universidad no cumplía con esos servicios y, a través de una violación a la Ley de Adquisiciones, entregaba el 90% del dinero a empresas fantasma, que tampoco daban servicio alguno, por lo que el dinero público desaparecía.

Por ello, en esas promociones de responsabilidad administrativa, la Auditoría instruyó a Miguel Ángel Vega para que investigara posibles “actos y omisiones” de los servidores públicos que “no supervisaron, verificaron ni validaron” los trabajos contratados por Sedesol y Sedatu a las universidades, ni vigilaron el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones.

Animal Político, por medio de una solicitud de transparencia pública, cuestionó a la Secretaría de la Función Pública cuántos funcionarios de Sedesol y Sedatu fueron sancionados a partir de esas 15 promociones de responsabilidad administrativa, y cuántas de esas sanciones están hoy firmes, es decir, cuántas ya fueron ratificadas por un tribunal.

Además, también se solicitó el cargo del funcionario, o de los funcionarios sancionados, y en qué consiste la sanción -inhabilitación para ejercer la función pública por un determinado periodo de tiempo, sanción económica, etcétera-.

La respuesta de Función Pública fue que, a la fecha, esas promociones de responsabilidad no han dado como resultado alguna sanción por mal ejercicio del servicio público.

Es decir, no se sancionó a ningún servidor público, a pesar de que la Auditoría primero, y luego la investigación periodística La Estafa Maestra, documentaron que solo en Sedesol se desviaron presuntamente 2 mil 224 millones de pesos, a través de múltiples violaciones a la ley federal de adquisiciones. Mientras que, de nuevo la Auditoría en informes de la Cuenta Pública 2016, detectó nuevos desvíos en Sedatu, por al menos mil 747 millones de pesos.

Función Pública también informó por transparencia que, de las 15 promociones de responsabilidad de la ASF, el Órgano Interno de Control dio ‘carpetazo’ a cinco “por falta de elementos” para sancionar, y otra más fue cerrada porque “se determinó la prescripción de la autoridad para imponer sanciones”.

Las nueve restantes, todas correspondientes a las investigaciones en Sedatu, aún tienen el estatus “en investigación”, a pesar de que hay promociones de responsabilidad que fueron instruidas en 2015, hace casi cinco años.

Carpetazo a las investigaciones

Entre las investigaciones que fueron cerradas por “falta de elementos”, están las que hizo el Órgano Interno de Control de Sedesol a cuatro altos funcionarios de esa dependencia: Emilio Zebadúa, exoficial mayor; Humberto René Islas, entonces director de recursos materiales; Sonia Angélica Zaragoza, exdirectora de Recursos Humanos; y Enrique Prado Ordoñez, exdirector de adquisiciones.

Como el propio Miguel Ángel Vega, estos cuatro funcionarios son parte del equipo de Rosario Robles que pasaron de Sedesol a Sedatu. Los cuatro firmaron convenios cuando estuvieron en Sedesol, que derivaron en denuncias penales interpuestas por la Auditoría ante la Fiscalía por el presunto desvío de 850 millones de pesos.

La investigación periodística La Estafa Maestra, publicada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción,documentó que entre las empresas beneficiadas por los cuatro funcionarios exonerados figura, por ejemplo, Grupo Comercializador Cónclave, declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como compañía fantasma; es decir, como una sociedad que no tiene infraestructura real, personal laborando, ni activos, y que simulaba operaciones comerciales para desviar recursos públicos.

La investigación del Órgano Interno de Control de Sedesol contra estos cuatro funcionarios inició en agosto de 2015, y poco más de un mes después concluyó con el resultado ya expuesto: se exoneró de toda responsabilidad a los servidores públicos por “falta de elementos”.

Rosario Robles, hoy en prisión preventiva como parte del proceso judicial que enfrenta por el delito de ejercicio indebido de la función pública, ha presumido públicamente en numerosas ocasiones el resultado de esta investigación, como prueba de que en su dependencia no se cometió irregularidad alguna.

Animal Político publicó en octubre del año pasado que la Secretaría de la Función Pública sancionó al extitular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la Sedesol, por exonerar de manera injustificada a los cuatro funcionarios.

Además, organizaciones civiles como Fundar y México Evalúa analizaron el trabajo del OIC-Sedesol en este caso, y llegaron a la misma conclusión que la Secretaría de la Función Pública: la investigación fue “parcial”, “limitada”, “sin sustento” y “carente de certeza jurídica”.

Por ejemplo, las organizaciones detectaron que el Órgano Interno de Control de Sedesol hizo interpretaciones erróneas o parciales a la Constitución mexicana, a la Ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, y a la Ley de adquisiciones, bajo las cuales se debió analizar la actuación de los cuatro funcionarios implicados en los convenios de Sedesol con las universidades.

“No hay evidencia de que el OIC haya hecho una investigación propia o diligencias para llegar a la conclusión de que no existen elementos suficientes para sanciones a servidores públicos de Sedesol”, concluyó México Evalúa sobre la indagatoria del Órgano Interno de Control.

A pesar de estas conclusiones, el único sancionado por la exoneración improcedente del OIC, a cargo de Miguel Ángel Vega, fue el titular de Quejas del OIC; un funcionario de rango medio que el día de hoy mantiene un proceso legal abierto ante la justicia para revocar la sanción de inhabilitación que le impuso Función Pública, por considerar que ésta fue injusta e infundada.

Ramo 23: La partida secreta


Texto original: Nayeli Roldan (Animal Político)

El Estado de México recibió 68 mil 952 millones de pesos del Ramo 23, una partida presupuestal para las entidades que incluye fondos para pavimentación, fortalecimiento financiero, desarrollo municipal, entre otros, pero en estos han ocurrido presuntos actos de soborno conocidos como “moches”.

De acuerdo con el estudio “Ramo General 23, de la discrecionalidad al abuso”, realizado por Ricardo Alvarado de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, esta partida presupuestal cada año gasta más de lo que originalmente le etiqueta el Congreso.

Este es el primer año en que el Congreso aprobó el presupuesto para este ramo propuesto por el Ejecutivo que ascendió a 112 mil 997 millones, lo que significa el mayor monto aprobado en los últimos 5 años, pero es 28 % menor con respecto al gasto ejercido durante 2018.

Sin embargo, en el avance presupuestal del primer trimestre de la Secretaría de Hacienda, el monto fue modificado y aumentó a 114 mil 173 millones de pesos. Las principales modificaciones son: el aumento de casi 15 mil millones de pesos a los fideicomisos de los fondos de estabilización.

Los subsidios entregados a través de esta partida presupuestal han sido señalados como medios para ejercer recursos públicos para fines privados. De hecho en 2013, el diario Reforma publicó que el entonces coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, condicionaba la entrega de recursos federales adicionales para gobiernos municipales al pago de un porcentaje del monto autorizado en el presupuesto o la contratación de empresas recomendadas por él para ejecutar la obra.

Aunque se inició una investigación en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), no concluyó en alguna responsabilidad contra alguien por no encontrar elementos constitutivos de delito.

Pese a estos antecedentes, el Ramo general 23 sigue sin medidas de rendición de cuentas y transparentes en su asignación y ejecución. Hasta el momento, ni siquiera existen criterios claros para la distribución a los estados.

En el análisis del ejercicio del Ramo 23 entre 2013 y 2018, el investigador Ricardo Alvarado detectó que el Estado de México, entonces gobernado por Eruviel Ávila, fue la entidad que más recursos recibió mediante este Ramo, pues los 68 mil 952 millones de pesos significan 12 % del total dispersado a los estados.

La Ciudad de México, cuyo jefe de gobierno era Miguel Ángel Mancera, fue la segunda entidad más beneficiada, con 32 mil 37 millones de pesos. Le sigue Puebla, con 30 millones 375 mil pesos, entonces gobernado por Rafael Moreno Valle y Chiapas, cuyo gobernador era Manuel Velasco, fue la cuarta con más recursos. En 19 entidades alcanzaron menos del 3 % de la bolsa repartida y Tlaxcala fue la entidad con menos recursos con apenas un punto porcentual.

La investigación concluyó que el número de habitantes no influyó en la asignación de los recursos por entidad. Al considerar la población de cada estado, Colima es la entidad que más recursos del Ramo 23 obtuvo per cápita: 34,449 pesos y el Estado de México, con 4,260 pesos per cápita se colocó por debajo del promedio nacional de 6,282. Por ello es que “pareciera ser que el número de habitantes por cada entidad federativa no fue un criterio relevante para asignar recursos del Ramo 23”.

Tampoco lo fue el nivel de marginación, toda vez que prácticamente todos los municipios que obtuvieron más de 200 millones de pesos “reportan un índice de marginación menor a 40 de 100 puntos”.

Además, en los últimos 10 años, mientras la Cámara de Diputados ha incrementado en promedio 1.14 % el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, las modificaciones hechas al ramo general 23 ha tenido incremento promedio de 37.1 %.

Y el gobierno federal termina entregando todavía más de lo presupuestado a los estados. De 2013 a 2018 el monto gastado en realidad es 74.4 % mayor al aprobado por la Cámara de Diputados.

Peor aún, uno de cada dos pesos en los subsidios entregados a las entidades federativas desde el ramo 23 “fue a través de fondos que no establecen objetivos de gasto, criterios de asignación, reglas de operación, lineamientos, ni mecanismos de rendición de cuentas”.

En la investigación se destaca que debido a que ni el Legislativo ni el Ejecutivo han hecho transparentes los criterios con los cuales asignan recursos a las entidades “existe la posibilidad de que, como lo advierte el Fondo Monetario Internacional, el objetivo sea desviar recursos hacia programas que busquen generar beneficios políticos para los actores involucrados”.

Hacienda vs IMSS: La razón de la salida de German Martínez


Texto original: Nayeli Roldan e Itxaro Arteta (Animal Político) 

a Secretaría de Hacienda frenó la entrega de mil 363 millones de pesos destinados a medicinas y a la mejora en los servicios de atención médica para los más marginados del país, lo que finalmente detonó la renuncia del director del IMSS, Germán Martínez Cázares, este martes.

Pero además, Hacienda detuvo el pago del salario de los delegados del IMSS en los estados, así como los recursos para el avance de las obras del Instituto y los pagos urgentes para saldar los adeudos a proveedores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia matutina que no hay retención para el IMSS, que el dinero sí se transfirió, aunque, señaló que revisará los datos de los informes trimestrales de Hacienda.

“No hay retención. Hay que aclararlo, se están transfiriendo todos los fondos (…) Vamos a aclararlo”, respondió.

Sin embargo documentos obtenidos por Animal Políticomuestran otra situación.

En el caso de los mil 363 millones de pesos, en los últimos tres meses Hacienda ignoró las solicitudes del exdirector para liberar los recursos para el Programa IMSS Bienestar y para el programa de Fortalecimiento a la Salud, como muestra un oficio del 22 de marzo dirigido al secretario de Salud, Jorge Alcocer, en el que el ahora extitular del IMSS, Germán Martínez, pedía que le indicara la forma de acceder a los recursos del programa IMSS Bienestar, que atiende a 6.1 millones de familias en las zonas urbanas y rurales más marginadas de 28 entidades.

Dicho oficio, obtenido por este medio, se sumaba a otro documento enviado el 25 de febrero pasado donde solicitaba lo mismo: saber el “proceso para la gestión y transferencia de los recursos presupuestarios”, por lo que también incluía en la comunicación al titular de Hacienda, Carlos Urzúa.

Los reportes oficiales de gasto muestran que aun después de enviados estos oficios, los recursos no se entregaron.

Y es que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, el programa etiquetado en el ramo 12 de Salud tenía previsto un gasto de mil 363 millones de pesos, pero en los primeros tres meses no se entregó un peso.

El programa tenía autorizado la entrega de 750 millones de pesos de enero a marzo, lo que representa 68% del presupuesto total, pero los reportes de Hacienda están en ceros en el informe trimestral donde se registra el avance en el gasto.

El programa Fortalecimiento a la Atención Médica tenía presupuestado 262 millones 820 mil pesos, pero tampoco se entregó nada en los primeros tres meses del año, pese a que tenía autorizado el gasto de 84 millones 971 mil pesos.

Por ello, la denuncia avanzó hacia el terreno público. El 13 de mayo, Martínez Cázares dijo en una conferencia de prensa que el presupuesto del IMSS-Bienestar no se había entregado y estaba atorado en un “limbo administrativo”.

El punto final fue este 21 de mayo cuando Cázares explicó en su renuncia que había una “injerencia perniciosa” por parte de Hacienda en la administración del IMSS.

Pese a que el mandatario “proclamó el fin del neoliberalismo, en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo’”, dijo Martínez.

En la carta también explicó que el avance en obras del Instituto estaba “en ceros”, lo que también se confirma en el portal de compras del IMSS, en el que se registra el avance en todas las adquisiciones. En el rubro “obras” no se ha erogado ni un peso. Mientras que en 2018 se destinaron 42 millones de pesos.

Otra de las denuncias de Martínez Cázares hizo fue que Hacienda pretendía reformar el reglamento para colocar funcionarios administrativos en los estados, nombrados por dicha dependencia, lo que significaba anular a los Delegados que el Consejo Técnico del IMSS había aprobado, y que incluía a cinco personas ratificadas, seis reubicadas y 24 de nueva contratación.

Según información de exfuncionarios del IMSS, ante la orden de Hacienda de no contratar personal nuevo en los estados, no se estaba pagando a estos nuevos delegados, por lo que en solidaridad, Martínez tampoco cobraba su sueldo.

Martínez ya había lanzado una advertencia contra partidos políticos. El 8 de mayo informó que todos los partidos incumplían con sus obligaciones como patrones con los trabajadores y que si no cumplían voluntariamente, daría los detalles sobre las faltas de cada uno.

En marzo pasado, sí exhibió a los proveedores de medicinas y equipo del IMSS que no tenían asegurados a sus empleados. Entonces señaló, por ejemplo, a la empresa Grupo Fármacos Especializados, que obtuvo el 35% de compras del sector salud durante el sexenio anterior, pero solo reportaba tener un empleado.

Hacienda vs IMSS: La razón de la salida de German Martínez


Texto original: Nayeli Roldan e Itxaro Arteta (Animal Político) 

a Secretaría de Hacienda frenó la entrega de mil 363 millones de pesos destinados a medicinas y a la mejora en los servicios de atención médica para los más marginados del país, lo que finalmente detonó la renuncia del director del IMSS, Germán Martínez Cázares, este martes.

Pero además, Hacienda detuvo el pago del salario de los delegados del IMSS en los estados, así como los recursos para el avance de las obras del Instituto y los pagos urgentes para saldar los adeudos a proveedores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia matutina que no hay retención para el IMSS, que el dinero sí se transfirió, aunque, señaló que revisará los datos de los informes trimestrales de Hacienda.

“No hay retención. Hay que aclararlo, se están transfiriendo todos los fondos (…) Vamos a aclararlo”, respondió.

Sin embargo documentos obtenidos por Animal Políticomuestran otra situación.

En el caso de los mil 363 millones de pesos, en los últimos tres meses Hacienda ignoró las solicitudes del exdirector para liberar los recursos para el Programa IMSS Bienestar y para el programa de Fortalecimiento a la Salud, como muestra un oficio del 22 de marzo dirigido al secretario de Salud, Jorge Alcocer, en el que el ahora extitular del IMSS, Germán Martínez, pedía que le indicara la forma de acceder a los recursos del programa IMSS Bienestar, que atiende a 6.1 millones de familias en las zonas urbanas y rurales más marginadas de 28 entidades.

Dicho oficio, obtenido por este medio, se sumaba a otro documento enviado el 25 de febrero pasado donde solicitaba lo mismo: saber el “proceso para la gestión y transferencia de los recursos presupuestarios”, por lo que también incluía en la comunicación al titular de Hacienda, Carlos Urzúa.

Los reportes oficiales de gasto muestran que aun después de enviados estos oficios, los recursos no se entregaron.

Y es que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, el programa etiquetado en el ramo 12 de Salud tenía previsto un gasto de mil 363 millones de pesos, pero en los primeros tres meses no se entregó un peso.

El programa tenía autorizado la entrega de 750 millones de pesos de enero a marzo, lo que representa 68% del presupuesto total, pero los reportes de Hacienda están en ceros en el informe trimestral donde se registra el avance en el gasto.

El programa Fortalecimiento a la Atención Médica tenía presupuestado 262 millones 820 mil pesos, pero tampoco se entregó nada en los primeros tres meses del año, pese a que tenía autorizado el gasto de 84 millones 971 mil pesos.

Por ello, la denuncia avanzó hacia el terreno público. El 13 de mayo, Martínez Cázares dijo en una conferencia de prensa que el presupuesto del IMSS-Bienestar no se había entregado y estaba atorado en un “limbo administrativo”.

El punto final fue este 21 de mayo cuando Cázares explicó en su renuncia que había una “injerencia perniciosa” por parte de Hacienda en la administración del IMSS.

Pese a que el mandatario “proclamó el fin del neoliberalismo, en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo’”, dijo Martínez.

En la carta también explicó que el avance en obras del Instituto estaba “en ceros”, lo que también se confirma en el portal de compras del IMSS, en el que se registra el avance en todas las adquisiciones. En el rubro “obras” no se ha erogado ni un peso. Mientras que en 2018 se destinaron 42 millones de pesos.

Otra de las denuncias de Martínez Cázares hizo fue que Hacienda pretendía reformar el reglamento para colocar funcionarios administrativos en los estados, nombrados por dicha dependencia, lo que significaba anular a los Delegados que el Consejo Técnico del IMSS había aprobado, y que incluía a cinco personas ratificadas, seis reubicadas y 24 de nueva contratación.

Según información de exfuncionarios del IMSS, ante la orden de Hacienda de no contratar personal nuevo en los estados, no se estaba pagando a estos nuevos delegados, por lo que en solidaridad, Martínez tampoco cobraba su sueldo.

Martínez ya había lanzado una advertencia contra partidos políticos. El 8 de mayo informó que todos los partidos incumplían con sus obligaciones como patrones con los trabajadores y que si no cumplían voluntariamente, daría los detalles sobre las faltas de cada uno.

En marzo pasado, sí exhibió a los proveedores de medicinas y equipo del IMSS que no tenían asegurados a sus empleados. Entonces señaló, por ejemplo, a la empresa Grupo Fármacos Especializados, que obtuvo el 35% de compras del sector salud durante el sexenio anterior, pero solo reportaba tener un empleado.