Se enojó general


Por Raymundo Riva Palacio (El Financiero)

Al secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, no le gustó una columna publicada en este espacio el 8 de octubre, ‘La Guardia Nacional al Ejército‘, y por medio de una carta del coronel de Infantería, Francisco Antonio Enríquez Rojas, reclamó que se difunda “información o conjeturas erróneas”. La carta es interesante no por sus alegatos, donde cuando no miente, tergiversa o desinforma, sino porque el fondo del texto queda sin ser respondido. Por tanto, si tomó el equipo jurídico del secretario casi una semana para rebatir prácticamente cada punto de la columna, resulta notable que la litis del texto fuera soslayada: la Guardia Nacional, creada como una institución civil, será absorbida por el Ejército.

Este es el punto trascendental. La seguridad pública pasará a ser parte de la Secretaría de la Defensa, y se están revisando las reformas constitucionales que tendrán que hacer. En cambio, el coronel detalla la creación de la Guardia Nacional, lo que no era parte de la columna, y se queja de que afirmara que fuera de toda normatividad, el general Sandoval esté respaldando al presidente Andrés Manuel López Obrador en el levantamiento de un andamiaje paralegal. ¿Cuál es éste? El control y manejo de la Guardia Nacional, que formalmente depende de la Secretaría de Seguridad Pública cuando de facto se maneja desde Lomas de Sotelo. Esta es la ilegalidad en la que incurren los militares, apoyando las decisiones ilegales del Presidente.

El artículo 129 de la Constitución establece sobre las Fuerzas Armadas que “en tiempos de paz, ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. El presidente Felipe Calderón, en plena guerra contra las drogas, le dio la vuelta mediante la Ley de Seguridad Interior para blindarlas jurídicamente de la inconstitucionalidad en la que estaban al participar en tareas policiales, y en 2008, como respuesta, el Congreso reformó el artículo 21 donde ratificó que la seguridad pública debe estar en manos de cuerpos civiles. La militarización de la seguridad pública es claramente inconstitucional.

El coronel cita el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para rodear el tema, aunque en realidad, esa ley ratifica lo aquí planteado. Ese artículo habla de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, que la excluye de la seguridad pública, que está definida en el artículo 30 de la misma como responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública. Menciona también el 89 constitucional sobre las atribuciones del Presidente, en donde, una vez más, se preserva para las Fuerzas Armadas la seguridad interior y defensa exterior de la nación. La seguridad pública es responsabilidad de la Guardia Nacional, supuestamente un órgano civil, pero bajo control militar y próximamente, absorbida por la Defensa.

De que la Guardia Nacional tenga como jefes a militares en activo, que también viola la ley, el coronel no dice ni una palabra. Al refutar la subordinación de su jefe, el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, a la Defensa Nacional, afirma que se tergiversa la “coordinación y la cooperación interinstitucional”. El coronel miente. Rodríguez Bucio responde como militar en activo al secretario de la Defensa –incluso lo haría si estuviera en retiro– y no meramente, como dice la carta, a un “apoyo temporal”. Un ejemplo, citado en la columna pero soslayado en la carta, es la fallida operación para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en Culiacán hace casi un año, donde el costo del desastre lo asumió el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, planeada por el Estado Mayor de la Defensa Nacional, y dirigido por Rodríguez Bucio.

El coronel precisa en su carta que todas las decisiones en materia de seguridad pública son determinadas en forma colegiada a través de las reuniones del gabinete de seguridad. Una vez más, en violación a los artículos 21 y 129 constitucionales, pero hay algo mas que quizás desconozca y el secretario de la Defensa haya pasado por alto: el gabinete de seguridad no existe legalmente; no hay ningún documento oficial que se conozca que le dé las facultades para tomar decisiones. A menos de que produzca el gobierno la disposición correspondiente, se puede argumentar que todo lo que se ha hecho a partir de sus decisiones, es ilegal.

Al general Sandoval no le gustó tampoco que le dijera que actúa como “cómplice” del Presidente, afirmación que se hizo a partir de lo que señalan dentro del gabinete de que es el único que a todo lo que dice López Obrador, sin reparar en si es legal o no, entra en su apoyo. Todo lo que hacen de obra pública viola sus atribuciones constitucionales. Todo lo que están construyendo representa una tercera parte de su presupuesto, como admite el coronel Enríquez, al negar que no han llenado de dinero al Ejército.

Se queja el secretario que se haya afirmado que el resplandor del poder y el dinero lo hayan hecho olvidar a quién responden las Fuerzas Armadas. Sin entrar a la valoración subjetiva de los términos, donde cada parte argumentará sus razones, ¿no es el resplandor del poder y el dinero lo que ha llevado al general a entrarle a todo lo que le pide el Presidente? ¿No también es una desnaturalización de las Fuerzas Armadas, que también objeta el coronel Enríquez?

Las Fuerzas Armadas sí atraviesan un proceso de desnaturalización. López Obrador quería desaparecerlas antes de asumir la Presidencia, y ahora va por el mismo camino mediante una vía que no quiere ver el general Sandoval: quitándole atribuciones de defensa exterior, y llenándolas de trabajo para que ocupen espacios dentro del gobierno como policías y constructores, recibiendo los presupuestos que eran de otras dependencias, convirtiendo al general Sandoval en el secretario más poderoso del gabinete hoy en día, hasta que el Presidente considere que dejó de ser funcional.

La Guardia Nacional al ejército


Por Raymundo Riva Palacio (El Financiero)

La renuncia de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad Pública, para buscar la gubernatura de Sonora, es el momento para que se concrete el nuevo sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador: que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. No es que Durazo fuera un obstáculo, sino porque puede darse como paquete y distraer lo que hoy es una realidad de facto, que la seguridad pública pase a manos militares.

Hace poco más de dos meses, López Obrador le encargó a la Consejería Jurídica de la Presidencia que preparara la propuesta, y está prácticamente lista para presentarse. No ha sido fácil la conciliación y reformulación con los artículos constitucionales, pero en Lomas de Sotelo están de plácemes. Los generales no ocultan su satisfacción porque creen es un cambio de óptica del Presidente, que antes de asumir el cargo quería desaparecer a las Fuerzas Armadas, porque México no enfrentaba ningún riesgo de seguridad.

Una vez en el poder, ha hecho de ellas su pilar, trasladándoles responsabilidades fuera de su ámbito y mucho dinero. A cambio, el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, se ha convertido en el único miembro en el gabinete que siempre le dice que sí al Presidente sin importar que esté o no dentro de la ley, que lo hace muy funcional para quien no cree en la ley. Legalmente es su cómplice.

Pero de todo aquello que le ha sumado a los militares, la Guardia Nacional es lo que sienten más de ellos. Siempre enfatizaron las simulaciones del gobierno de tener un cuerpo que dice es civil, pero tiene doctrina militar, entrenamiento militar, estructura militar y jefes militares en activo –otra violación constitucional que a nadie parece importarle– como sus comandantes. Lo que no tenían era el mando, que fueron tomando rápidamente a costa de Durazo.

El momento más importante de este golpe al interior del gabinete fue el culiacanazo, el 17 de octubre del año pasado, donde la operación para capturar a Ovidio López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue un desastre de planeación del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y causó que el Presidente, violando una vez más la ley, ordenara que lo liberaran para evitar, dijo, un baño de sangre. El jefe de la Guardia Nacional, el general de brigada, Luis Gutiérrez Bucio, también ha respondido desde que asumió el cargo a las instrucciones provenientes de Lomas de Sotelo, donde le dan instrucciones o reprimendas.

Durazo es un cero a la izquierda con respecto a la Guardia Nacional, y suele ser maltratado en las reuniones del gabinete de seguridad por los jefes militares, generales y almirantes, y por el general retirado, Audomaro Martínez, director de la Agencia Nacional de Investigación, que de todo ese grupo, es quien peor relación tiene con él. Durazo lleva meses pensando en Sonora, y en menos de tres semanas estará allá. No se ha decidido aún quién lo relevará, pero junto con dos descartes de civiles, hay un militar retirado que ha emergido en la prensa como el potencial sustituto.

El Presidente quiere su policía militar, y policía militar tendrá para la seguridad pública. No hay que confundirse con la Policía Militar, el ente dentro de las Fuerzas Armadas, que hace cumplir con la jurisdicción castrense y aplica orden y disciplina interna. López Obrador quiere su cuerpo policial militarizado, con lo que dará un paso más en la desnaturalización de las Fuerzas Armadas, y que requiere varias reformas constitucionales, como el 21, que señala las instituciones de seguridad pública, y de la Guardia Nacional dice: “serán de carácter civil”, sujeto a bases mínimas que incluyen la ley que determinará la estructura orgánica y dirección; que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, y que generen y preserven el orden público y la paz social. También implicará que se modifique la Constitución que establece responsabilidades para las Fuerzas Armadas, y se incluya que la seguridad pública será responsabilidad de militares y no de civiles.

El general secretario, con tantos recursos que le están dando, no parece haberse dado cuenta de esta desnaturalización de las Fuerzas Armadas, el rediseño estratégico que se está realizando frente a sus ojos, ni el grado de compromiso que ha ido adquiriendo no con el Presidente de la República, sino con López Obrador. Tampoco parece importarle, porque no ignora lo que ha hecho el Presidente en otras áreas, quien está utilizando a militares para fines para los cuales las Fuerzas Armadas no están diseñadas.

Uno de ellos, lo más importante por su trascendencia, es la Fiscalía paralela que se ha creado en la Agencia Nacional de Investigación, al incorporarle ministerios públicos que acompañen los casos de inteligencia. Esa Fiscalía alterna, que no se llama de esa forma, es paralela a la Fiscalía General que encabeza Alejandro Gertz Manero, y es utilizada para judicializar sin necesidad de pasar por las áreas competentes y existentes, los casos políticos que le encarga investigar López Obrador a su amigo, el general retirado Martínez.

Los militares están al servicio de López Obrador, lo cual no es una obviedad. Las Fuerzas Armadas tienen como comandante supremo al presidente de la República, pero en este caso se ha construido un apéndice con su complicidad. No es sólo el compromiso constitucional al que se obligan, sino por fuera de la ley y de la normatividad, están respaldando a López Obrador en el levantamiento de un andamiaje paralegal.

¿Qué quiere de ellas? No se sabe en el largo plazo, pero podrá utilizarlas para lo que desee, incluso una extensión de mandato, como a veces parece anhelar. Todo por el poder y el dinero es efímero, pero el resplandor ha hecho olvidar al general Sandoval a quién realmente se deben las Fuerzas Armadas.

Los berrinches del presidente


Por Raymundo Riva Palacio (El Financiero)

 

No le ha bajado el mal humor al presidente Andrés Manuel López Obrador desde el viernes pasado, cuando tuvo que afrontar a la opinión pública y torear el porqué su hermano Pío recibía millones de pesos regularmente para acciones políticas. Como no puede acusarlo de corrupto, como hace con ligereza cuando se trata de quienes no son incondicionales, ha querido taparlo con disparos de escopeta, con lo que está minando el acuerdo que negociaron el fiscal Alejandro Gertz Manero con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y reventando todo el trabajo que hacen sus colaboradores para lograr los objetivos que busca el Presidente.

El miércoles aseguró que Lozoya no estaba diciendo todo lo que sabía sobre la corrupción de Odebrecht. Sin embargo, Lozoya ha hablado tanto de Odebrecht, que incluso afirma hechos que los testimonios de exejecutivos de la empresa ante la Fiscalía brasileña, lo desmienten. Lo que no mencionó en su denuncia fue su estrecha vinculación con Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Tapia, a quien presentó con los directivos del conglomerado brasileño para que hicieran negocios.

La relación con Tapia fue tan productiva para Odebrecht, que una buena parte de los primeros cuatro millones de dólares que le dio como soborno –como afirmó el exdirector de la empresa en México, Luis Alberto de Meneses Weyll–, fueron por ese contacto. Forzar públicamente a que Lozoya hable más de Odebrecht rompería una vez más el pacto con Gertz Manero, que le permitió a Lozoya exonerar a Tapia de cualquier presunto acto de corrupción en su denuncia de hechos, y que no declara nada sobre lo que hizo con él y Odebrecht.

“Peor” que eso, magnificó López Obrador en un giro de tema, es que no señaló en su denuncia de hechos ante la Fiscalía General, de manera “inexplicable”, todo lo relacionado con la planta de fertilizantes Fertinal, otra empresa que adquirió Pemex, en ese entonces dirigida por Lozoya. La realidad es que Lozoya sí tiene un expediente voluminoso sobre el caso Fertinal, y la verdad es que este tema nunca estuvo entre los acuerdos con Gertz Manero, ni tampoco fue un punto que le pidieran que incluyera en su denuncia. Más bien, quedó implícito que no lo presentara en su querella.

La afirmación de AMLO sobre la empresa deja mal a Lozoya y a su fiscal general, a quien, esto sí inexplicablemente, desautoriza. Lozoya denunció lo que le pidieron en la Fiscalía General, e incorporó a quienes quiere cobrarle facturas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que no está en su querella es porque no se lo dictaron o aprobaron.

Fertinal no es la única explosión de López Obrador en esta semana de mañaneras impregnadas de muina. Este jueves dijo que Altos Hornos de México (AHMSA) debía reparar un daño por 200 millones de pesos por la venta a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, pues de otra forma sería castigada, lo que no parece una acción en busca de la justicia, sino producto de algo más cercano al berrinche.

A principios de semana, dijo que había un nuevo dueño de AHMSA, que estaba dispuesto a pagar ese dinero. No es la primera vez que lo aseguraba, pero sí la primera donde lo desmintieron, que de sí es embarazoso, y afectó, de paso, la delicada negociación que tienen varios de sus cercanos colaboradores para que la empresa de Alonso Ancira pase a manos de un acerero cercano a Palacio Nacional.

Con ello, nuevamente le propinó un revés político a Gertz Manero. La negociación con Lozoya incluía la denuncia sobre Agronitrogenados, pero habían acordado que él no declararía en contra de Ancira, que es su amigo, y que trasladaría toda la responsabilidad de la operación a Peña Nieto y al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El exabrupto presidencial dañó los puentes que han ido construyendo sus asesores con Ancira y Lozoya, tanto para la venta a un aliado de la casa presidencial, como el blindaje que había negociado el exdirector de Pemex para su amigo.

La semana de la ira había comenzado temprano, el sábado, cuando afirmó que había un contrato “leonino” a favor de Braskem, la filial de Odebrecht, e Idesa, en el Proyecto Etileno XXI, por medio del cual el gobierno había subsidiado unos 15 mil millones de pesos. No era la primera vez que se refería a ello, pero sí fue la primera vez que la empresa, de manera directa, lo desmintió. Por la forma como acometió el Presidente, se llevó en el cauce otra parte del pacto Gertz Manero-Lozoya, y se disparó al mismo tiempo en el pie.

En su denuncia, Lozoya mencionó a Braskem, pero no metió a las empresas mexicanas involucradas en Etileno XXI, ICA e ICA Fluor –que desde la transición se acercaron a López Obrador–, y cuidó sobremanera a Idesa, que cuando se negoció el proyecto durante el gobierno de Felipe Calderón, uno de sus consejeros era Javier Jiménez Espriú, muy cercano al Presidente y su primer secretario de Comunicaciones y Transportes, cuya familia política es la dueña de la empresa. Lozoya omitió por completo a ICA, y exoneró de toda culpabilidad en presuntos sobornos a Idesa. Ahora, la volvió a meter al potaje López Obrador.

El Presidente tendría que serenarse si no quiere seguir enterrando, desde el punto de vista jurídico, su gran caso contra la corrupción en México, y seguir agudizando las contradicciones que ensucian y desacreditan la negociación de Gertz Manero con Lozoya. Hay que reconocerle que es incontenible, lo que no siempre es un atributo. Como apuntaron ayer los exgobernadores de los bancos centrales de México y Brasil, Guillermo Ortiz y Arminio Fraga, en un artículo en el Financial Times, al igual que el presidente brasileño Jair Bolsonaro, López Obrador es una “bola de demolición” que todo destruye.

El video de Pío


Por Raymundo Riva Palacio (El Financiero)

¿Cómo un cóctel molotov puede destruir el puerto de Beirut? La respuesta es con una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. El viernes elevó a nivel de escándalo nacional lo que en la víspera parecía un golpe periodístico con vida efímera. El periodista Carlos Loret difundió en la plataforma de LatinUs un video donde el excoordinador de Protección Civil, David León, entregaba un millón de pesos a Pío López Obrador para el “movimiento”. No había mucho contexto, ni una dimensión de lo que podría significar, sumado a que León respondió que en esa época no era funcionario, sino consultor privado, y recaudaba fondos para entregarlos a la causa. Era grave, pero de daño limitado.

También era una acción que el Presidente pudo haber resuelto fácilmente. Si le preguntaban en la mañanera del viernes podría señalar que de esa transacción tendrían que responder y explicar su hermano y León, no él. Ahí estaban sus fusibles. Si se calentaban mucho las cosas, los fusibles quemados los podía desechar. Si se le empezaba a pudrir el dedo del pie podía cortárselo para impedir que le subiera la gangrena. Pero la desmedida centralización de poder que ejerce López Obrador, fue un búmeran. Un problema con posibilidades de control se descontroló, y en su explicación no pedida en la mañanera se desbarrancó. No se dio cuenta muy probablemente, pero lo que hizo, en primer lugar, fue reconocer que violó la ley.

Por sus propias cándidas revelaciones, el viernes, López Obrador nos informó a todos que León le había reportado que iba a aparecer ese video. Si tuvo días para preparar una estrategia de contención o de respuesta, ¿por qué no lo hizo? Al abrir el Presidente el tema en la mañanera, parecía que utilizaría la técnica de ser él mismo quien detonara la crisis para poderla conducir y administrar. Esa técnica permite tener todo bajo control y llegar al puerto deseado, encapsulando el daño. López Obrador hizo lo contrario. Detonó la crisis y la bomba explotó en su pecho.

Legalmente, aunque las leyes no son lo suyo, hay evidencias que podrían dar cauce a una investigación por delitos electorales. Dinero en efectivo para un “movimiento”, como dijo León, que en ese momento ya era partido (Morena) y estaba compitiendo en sus primeras elecciones. Probablemente ese presunto delito electoral haya prescrito, pero en el contexto de las acusaciones que se debaten hoy sobre presuntos pagos ilegales a campañas políticas, ¿cuál es la diferencia? López Obrador la quiso diferenciar con los montos, pero es tanto como decir que si uno roba poquito, es diferente a robar mucho. Cantidad no es calidad. Punto.

Aún si así lograra torearlo, al ser este el énfasis de la prensa política en el análisis de las consecuencias del video, hay otros temas de índole penal que quedan abiertos para investigación en el más estricto sentido de la ley. El más importante es el presunto delito de delincuencia organizada, que en el artículo 16, párrafo nueve, de la Constitución, se entiende como “una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada”. En este sentido, adicionalmente, existe la presunción de delitos de utilización de recursos procedencia ilícita, que también se integran en los delitos de delincuencia organizada.

Entonces, si Pío López Obrador y David León se reunieron para apoyar al “movimiento” de Andrés Manuel López Obrador, y éste reconoció el viernes que sí sabía de esas entregas, podría argumentarse la configuración del delito de delincuencia organizada –el Presidente, en todo caso, tiene inmunidad–, al que se le agrega el dinero de procedencia ilícita porque no hay ningún registro de dónde viene. López Obrador dijo que eran aportaciones de la gente “para fortalecer el movimiento”, que se entregaban en efectivo para pagar diversas cosas, pero son sólo palabras, porque no hay ninguna documentación que lo soporte, cuando menos hasta ahora.

Para efectos de argumentación únicamente, sin que esto se tome como afirmación o insinuación siquiera, ¿no podrían venir esos recursos del narcotráfico? O ¿no podrían haber salido del erario chiapaneco? El Presidente no estaría metido en este embrollo con implicaciones penales de no haber confirmado que él sabía de estas operaciones ilegales e irregulares. Podría no haberlo sabido exactamente en su momento, pero al admitir que estaba enterado previamente al video y no actuó en consecuencia, lo convierten en presunto cómplice. No hay ninguna lógica para la autoinculpación.

Esa entrega ilegal de recursos, que no fueron reportados al Instituto Nacional Electoral como gastos de campaña, llevó a López Obrador al presunto delito de evasión fiscal. Reconoció el Presidente el viernes que de esa forma “obtenía mi sueldo”, lo que se infiere nunca devino en impuestos. Hay que recordar que no es la primera vez que lo dice. Lo señaló durante la pasada campaña presidencial –antes había dicho que vivía de las regalías de sus libros–, donde agregó que también había contribuciones de partidos políticos. Sus ingresos y su pago de impuestos correspondientes, han sido un tema de debate por años.

López Obrador ha sido un político que ha optado siempre por no querer saber de dónde sale el dinero para apoyos. Hace casi dos décadas, la entonces presidenta del PRD, Rosario Robles, le dijo que un empresario –Carlos Ahumada– estaba dispuesto a financiar campañas del partido. López Obrador le dijo que no quería saber nada de los detalles, y que solucionara el financiamiento. Los antecedentes son hoy irrelevantes, al meterse en el centro del escándalo. Hizo explotar el puerto de Beirut con una botella con gasolina, y dijo que esto le daba la oportunidad para que todo lo público –y lo privado, como también ha sido costumbre de la casa–, se haga público. El Presidente se pintó la cara de guerra para la guerra que el viernes declaró.

Filtraciones


Por Raymundo Riva Palacio (El Financiero)

La Fiscalía General, atrapada en el desaseo legal, va a investigar quién filtró la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el miércoles por la tarde. La secrecía explotó un documento para el conocimiento único de la autoridad, la defensa del inculpado y eventualmente de los imputados, convirtiéndose en material público al alcance del que quisiera. La filtración lo exhibió, pero sobre todo, afectó el debido proceso y viola la presunción de inocencia. La buena es que una gran pista está más cerca de lo que parece. Está en Palacio Nacional, y las pruebas las encontrará en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer filtrador de la nación.

El Presidente siempre dice que su pecho no es una bodega y es cierto. No miente, aunque suele confundir lo que tiene que ser mantenido bajo el sigilo profesional, y lo que cree que debe ser difundido en menoscabo de la ley, y en beneficio –lo que es relativo– de la sociedad. Paradójicamente, este jueves le pidió al fiscal que actúe con apego de la ley, cuando sistemáticamente hace lo contrario.

López Obrador lleva toda la semana, de lunes a jueves, animando a todos, incluido a Gertz Manero, a que violen la ley y que difundan lo que es secreto, violentando el debido proceso y la presunción de inocencia. Todavía este jueves, en medio de la escandalera política, valoró lo que leyó en periódicos y vio y escuchó en la televisión y la radio –porque dijo que no terminó de leer la denuncia–, como algo “muy grave, muy escandalosa”.

Esta parcialidad sobre una investigación en curso y un juicio, que apenas comienza, borra la presunción de inocencia, pero no tiene que ver con las filtraciones del Presidente, sino con su imprudencia jurídica y política, a menos que sólo le importe esto último y que la ley sea irrelevante para sus fines. Pero cuidado.

En el caso de las filtraciones de cualquier investigación en curso por parte de un funcionario, se viola el artículo 225 del Código Penal Federal, en cuyo inciso XXVIII prohibe “dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales”.

Ese es nuestro Presidente, que ha incurrido en filtraciones de averiguaciones en curso de distintos temas. En el caso de Lozoya, ha dejado constancia de haber adelantado procedimientos legales, a partir del conocimiento que tenía –no se explican de otra forma sus afirmaciones–, del expediente en manos de la Fiscalía General, que no deja de decir que es autónoma, aunque cada vez queda más de manifiesto que la línea de independencia de Gertz Manero, se estira y achica en función de los intereses de Palacio Nacional.

Un botón de muestra: en la mañanera del 12 de agosto le preguntaron sobre las informaciones periodísticas que daban cuenta de la imputación de Lozoya del expresidente Enrique Peña Nieto y su exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. López Obrador afirmó que de acuerdo con las imputaciones de Lozoya, tendrían que declarar los dos, además del expresidente Felipe Calderón, que también había sido señalado por el exdirector de Pemex. Hasta ese momento nadie sabía que Calderón había sido imputado por Lozoya, puesto que la primera referencia de ello se publicó en este espacio el lunes pasado, lo que fue confirmado hasta el miércoles.

Esa es una filtración importante al venir del Presidente, y ensució el caso más importante que sobre corrupción tiene el gobierno de López Obrador. Pasó desapercibida la violación presidencial de la ley, por la polarización que genera el Presidente, y la convicción de muchos de que más importante que la justicia –aunque el discurso sea distinto–, lo esencial es la denuncia para lograr la inhibición moral. La moral, sin embargo, no resuelve la corrupción ni su factor determinante, la impunidad, pero la forma como el Presidente está manejando las cosas, con un énfasis en la política, el escarnio y la sanción pública, la impunidad no borrará la corrupción. Peor aún es que acabe López Obrador con un sistema corrupto –lo que sería muy bueno–, para instalar otro sistema corrupto –lo que sería muy lamentable.

La investigación de la Fiscalía General de la filtración de la denuncia de Lozoya no es la única donde se está tratando de determinar su origen.

El gobierno está investigando las filtraciones del gabinete de seguridad que han encontrado exposición pública en una columna de Héctor de Mauleón, de Raúl Rodríguez, de Salvador García Soto y en dos más de quien esto escribe. Hay otras filtraciones internas que se están investigando sobre asuntos intragabinete, pero el perfil de la filtración de la denuncia de Lozoya está en el contexto de la investigación sobre de dónde obtuvieron su información los columnistas.

Lo que estamos observando con estos casos es un absoluto caos en el manejo de la información confidencial del gobierno y las contradicciones y choques dentro de Palacio Nacional, donde dirimen asuntos de seguridad nacional en la prensa. En el caso de Lozoya, las filtraciones son más graves, porque se supone hay una lucha contra la corrupción, y lo que se pone en riesgo es la legalidad y la legitimidad judicial del mismo, agravado por el hecho de que el primer incitador y violador de la secrecía de las investigaciones es el presidente de la República.

Gertz Manero tendrá que investigar el origen de las filtraciones, pero primero debería persuadir a López Obrador de que si su pecho no es una bodega, ello no significa que por sus creencias y desconocimiento violente sistemáticamente la ley y afecte los objetivos de una procuración y administración de justicia imparcial. Eso es a lo que todos debemos aspirar, aún cuando se enoje el Presidente.

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