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Culiacán: lo que no se vio


Por Raymundo Riva Palacio (El Financiero)

Lo que sucedió hace dos semanas en Culiacán aún no termina de conocerse. El gobierno no acaba de cuadrar su mensaje y esta semana prometió dar a conocer la línea de tiempo de cómo se dieron las cosas aquel jueves negro, cuando la captura de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán provocó una batalla de alrededor de cuatro horas hasta que desde la Ciudad de México, pese a que los comandos paramilitares del Cártel de Sinaloa no habían podido rescatar a su jefe, dieron la orden de rendirse.

Una reconstrucción de cómo fue la batalla, realizada por personas con acceso a lo que sucedió en Culiacán, arroja alguna luz a una operación que sigue en la oscuridad. El comando que vigiló la casa de Ovidio Guzmán López –cuya ubicación fue proporcionada por la DEA–, pertenece al Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico, dependiente de la Secretaría de la Defensa, que dirigió hace varios años el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio. El perímetro de seguridad –que sí se instaló, contra la primera versión publicada en este espacio–, estuvo a cargo de militares, también con larga experiencia en este tipo de acciones.

La comprobación de que Guzmán López había llegado a esa casa con su familia fue a las 13 horas, tiempo del Pacífico –una más en el centro del país–, y solicitaron el apoyo de expolicías federales de la División Antidrogas, con dos décadas de experiencia en operaciones contra objetivos de alto impacto. Los exfederales, acompañados de militares, lo detuvieron sin disparar un tiro, en un fraccionamiento en la zona del Malecón, y lo mantuvieron solo, en la sala de su casa. Le tomaron fotografías, y durante cuatro horas esperaron la orden de cateo para concluir la misión. La operación de captura comenzó a partir de las 14:30 horas y pocos minutos después comenzaron los intentos de rescate, que provocaron balaceras en varios puntos de la capital sinaloense.

El perímetro de seguridad se tendió entre 100 y 150 metros del punto del objetivo, y lograron frenar los ataques de los comandos del narco. Un funcionario confirmó que cuando no pudieron horadar el perímetro de seguridad y se empezaron a movilizar refuerzos militares hacia Culiacán, iniciaron el ataque al cuartel general del Ejército, sede del Batallón 94 de Infantería, y a dos unidades habitacionales militares en esa capital, con cerca de 70 departamentos.

Mensajes de radio transmitidos por WhatsApp por los agresores interceptados por el Ejército, registraron las amenazas de “levantar” mujeres y niños familiares de los militares y matarlos, incluso. Las alarmas en las unidades habitacionales, con lo que se inicia el protocolo de defensa contra un ataque, sonaron poco antes de las 15 horas. El primer ataque contra instalaciones militares se dio a las 15:05 horas, en el Área de Operación, el cuartel general, en el centro de la ciudad.

En la colonia 21 de Marzo, donde se encuentra una unidad habitacional a siete kilómetros del cuartel general, el ataque comenzó a las 15:50 horas, al llegar los comandos del cártel, que dispararon ráfagas con AK-47 y lanzaron dos granadas de 40 milímetros, que no explotaron, porque no les quitaron el dispositivo de seguridad. Ahí mismo entraron en un departamento, pero la esposa de un militar se escondió con éxito en un clóset. Esa unidad está protegida sólo por una malla ciclónica. En la colonia Guadalupe, a tres kilómetros del cuartel general, las ráfagas de metralleta contra la unidad habitacional se impactaron en el muro que la rodea, y se está tratando de determinar si balazos en vehículos dentro de la unidad, fueron realizados durante ese ataque.

El asalto contra las instalaciones militares, para obligar a los militares a retirarse de sus puestos e ir en busca de sus familias, fue acompañado de levantamientos de soldados. Un sargento, que estaba de vacaciones, fue levantado en las calles en Culiacán. En Costa Rica, sindicatura de Culiacán, dos pelotones del Ejército llegaron en vehículos con mantas en los costados que decían Plan DN-III, que iban a apoyar la seguridad de la caseta de cobro de la carretera a Mazatlán, y confundieron en un principio a los sicarios con policías judiciales estatales, al verlos vestidos de negro, como usualmente lo hacen.

Cuando se acercaron y vieron las AK-47, descubrieron que eran sicarios. Ahí capturaron a un oficial y cuatro soldados, y se llevaron dos vehículos del Ejército, una Cheyenne y un Humvee. En Limón de los Ramos, otra sindicatura de Culiacán, en la caseta de cobro para Guamuchil, levantaron otros dos soldados. Un oficial más fue privado de su libertad en una de las unidades habitacionales.

La batalla en Culiacán se dio en las calles, mientras el grupo de agentes que capturaron a Guzmán López esperaba la orden de cateo –solicitada antes de la captura– y la extracción en el helicóptero artillado Blackhawk de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para proceder.

Habían pasado cuatro horas desde que se iniciaron las balaceras, e Iván Archivaldo Guzmán, hermano de Ovidio, habló por radio con el grupo que lo tenía y exigió su liberación a cambio de la vida de militares y familiares. Nadie ahí tenía la autoridad para tomar esa decisión y siguieron resistiendo, porque los refuerzos militares no pudieron penetrar los dos círculos de defensa de los paramilitares del cártel fuera de la ciudad.

La exigencia de Iván Archivaldo se hizo del conocimiento del general Rodríguez Bucio, quien informó a sus superiores. Nunca llegó el helicóptero para sacar a Guzmán López, ni los refuerzos para la extracción, ni la orden de cateo. Lo único que llegó fueron el cese al fuego y la orden transmitida por los militares: liberen al objetivo.

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Las confusiones del Presidente


Texto original: Raymundo Riva Palacio (El Financiero)

El discurso presidencial continúa naufragando en contradicciones y confusiones. Con esto enrarece más el ambiente, genera más dudas, y muestra de manera creciente que la crisis por la humillación del gobierno en Culiacán por parte del Cártel de Sinaloa, pegó por debajo de la línea de flotación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien entre más explica su orden –dejar en libertad a una persona que las fuerzas federales habían capturado para salvar vidas–, más alarma lo que dice. Ahora suplantó el derecho por la justicia, alegando que cuando se trata de vidas, la justicia está por encima de la ley. Veamos.

El martes pasado, a preguntas de Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Healy, y de Alejandro Lelo de Larrea, director de Círculo Digital, sobre la legalidad de su acción, cuestionada en este espacio ese día, afirmó: “Por encima de las leyes está la vida humana. No es un asunto de tipo legal, jurídico. No es un asunto que tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia… Es el equilibrio entre principios y eficacia, pero cuando hay que decidir, en los momentos difíciles, los principios, no los cargos, es como cuando hay que decidir entre la justicia y el derecho, pues la justicia”.

López Obrador antepuso la justicia al derecho. Por justicia se entiende, de acuerdo con la definición clásica, como un conjunto de valores sobre los cuales debe basarse una sociedad, como el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. El derecho es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones establecidas en una nación o entre Estados, que comprende un paquete de normas y leyes determinadas formalmente por la jurisprudencia de cada nación. “Yo creo que no hubo ningún delito”, respondió el Presidente a las preguntas.

Sin embargo, olvidó el artículo 87 constitucional, que establece que al tomar posesión de su cargo, el Presidente protesta “hacer guardar la Constitución”. La misma Carta Magna señala, en el artículo 16, que “la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición de un juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal”. El jueves pasado agentes mexicanos detuvieron a un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y ante la posibilidad de que se perdieran vidas si lo extraían de donde se encontraba detenido, López Obrador ordenó su libertad.

Un factor adicional de confusión es sobre la persona a la cual se refirió para emplear la justicia ignorando el derecho. La única persona beneficiada de su decisión fue Ovidio Guzmán López, a quien habían detenido las autoridades mexicanas en cumplimiento de una petición de captura de Estados Unidos con fines de extradición. A quien dejó en libertad fue a un delincuente. Su concepto de justicia se aplicó a un miembro importante del Cártel de Sinaloa, sin haber ordenado un operativo de seguimiento y un comando especial que lo persiguiera y capturara una vez que no hubiera vidas en riesgo. Es decir, le extendió un salvoconducto.

La abundancia de eficaz retórica presidencial es perturbadora en este caso. Guzmán López estaba siendo buscado por el gobierno de Estados Unidos por tráfico de cocaína, metanfetaminas y mariguana, por lo que un juez federal de Washington autorizó su captura en 2018. La decisión del presidente López Obrador contraviene las leyes. “El derecho -respondió a los periodistas- es un medio para que haya justicia; ese es el fin”. ¿Justicia para una persona acusada de delitos en Estados Unidos y reconocidos por su gobierno al grado de montar un operativo para capturarlo y extraditarlo? La forma como se expresó el Presidente parecería sugerir que él no considera a Guzmán López un presunto delincuente, sino una persona a la que se le tiene que hacer justicia, para lo cual, hay que devolverle su libertad. No es así, sin embargo, pues el mismo Presidente anunció que en algún momento en el futuro, buscarán capturarlo nuevamente, lo que agrega a su confusión y menosprecio a orden jurídico, que juró respetar.

Lo que queda de ello es su aplicación del término justicia para explicar la liberación del hijo de El Chapo Guzmán, reforzado por declaraciones reiteradas de que no va a combatir a los cárteles con el fuego que las organizaciones criminales sí utilizan, y que no va a cambiar su estrategia de convencerlos con argumentos morales que pregonan que el camino que escogieron es el del mal. La Constitución, supeditada a su cristianismo, sin importar que las leyes hayan sido aplastadas por sus valores morales a favor de un presunto delincuente. Hasta la ignominia ha tomado el lado de los criminales, lo que levanta cejas en muchos lados.

En su defensa política, el Presidente ha dicho que, si hay una denuncia contra él, acudirá a comparecer para explicar por qué aplicó la justicia e ignoró la ley. Podría haber fundamento legal que probara que incurrió en un delito, por las reformas a los artículos 108 y 111 constitucionales que él mismo promovió, y que ampliaron los delitos para que pueda someterse a proceso al Presidente, no sólo por traición a la patria, sino por delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y aquellos que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Materia existe para someterlo a un proceso, pero eso no va a suceder. El Poder Judicial no es lo autónomo que dice ni lo independiente que presume. México seguirá siendo un país que se dice de leyes, donde lo más fácil de violar, si se tiene poder, político o por armas, es la ley.

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La ilegalidad del Presidente


Por Raymundo Riva Palacio (El Financiero)

Las tres primeras preguntas de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado en Oaxaca, formuladas por el reportero Alberto Morales, de El Universal, fueron puntuales y provocaron una respuesta de consecuencias no vistas. Morales preguntó su evaluación sobre los eventos en Culiacán, cómo le informó el gabinete de seguridad, quién tomó la decisión para liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y qué se valoró para liberarlo. Las respuestas merecen se transcritas:

“A mí me informaron por la tarde. (El viernes) van a dar el relato sobre los acontecimientos en el tiempo… Comenzó alrededor de las tres de la tarde, un poco más. De inmediato se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad para darle seguimiento a todo este asunto. El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad, se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema, y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación.

“Y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos, y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente; pero, como ya lo expliqué, hubo una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente”.

La respuesta del Presidente es moral, pero políticamente equívoca y legalmente una aberración. López Obrador mostró:

1.- Que la ley, para él, es discresional.

2.- Viola el artículo 16 de la Constitución, en cuyo párrafo cuatro establece: “La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal”.

3.- Él no tenía atribuciones legales para liberar a Guzmán López. La Fiscalía General es quien las tiene.

4.- Las declaraciones del Presidente lo hace un delincuente confeso, al violar el artículo 150 del Código Penal Federal, que establece:

“Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión, o bien, tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión.

“Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años”.

5.- Violó convenios internacionales suscritos por México, como el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que establece en su artículo 28:

“El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar, será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:

1.- i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y

2.- ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de investigación y enjuiciamiento”.

6.- Violó tres convenciones de Naciones Unidas, sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Contra la Delincuencia Organizada Transacional, y Contra la Corrupción.

Las declaraciones del Presidente no dan lugar a duda sobre la violación en la que incurrieron el gabinete de seguridad y él mismo. Aceptar un chantaje del crimen organizado lo desnuda como un Presidente débil al frente de un Estado débil, y sometido por acciones terroristas. El argumento moral sólo se sostiene en términos religiosos, no en el mandato de la Constitución. Esta discusión es sensible porque quienes apoyan la decisión de López Obrador lo ubican en la coyuntura del jueves, sin considerar los mensajes previos de claudicación ante el crimen organizado –amnistía o no confrontarlos–, ni lo que vendrá después.

Las primeras planas de la prensa nacional e internacional sobre los sucesos en Culiacán tenían como común denominador el énfasis de que se capturó a Guzmán López y luego se le dejó en libertad. Lo que resaltaron fue la capitulación del Estado de derecho y la oficialización de un país sin leyes. Esto tiene consecuencias inmediatas. El mensaje es el de la Pax Narca, donde las organizaciones criminales deciden la suerte de la nación. Este interlineado llevará a inversionistas a considerar si sus inversiones en México, actuales o en planeación, son una buena idea. Adicionalmente, refuerza el viejo argumento del presidente Donald Trump, de que si las Fuerzas Armadas no pueden con los cárteles de la droga, el Pentágono se encargará de ello.

Todo esto no es una hipótesis. Desde el jueves ya hay preguntas de inversionistas en ese sentido y señales desde Estados Unidos sobre este país sin Estado de derecho, por decisión del presidente López Obrador, y mensajes de la familia Trump de que México es un país sin leyes

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Señor Presidente, ¿así o más claro?


Por Raymundo Riva Palacio (El Financiero)

El crimen organizado se está burlando del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha convertido sus frases coloquiales y sus amenazas a criminales de acusarlos con sus mamás y abuelitas, en un búmeran que pone en entredicho su compromiso de garantizar la seguridad de los mexicanos. Tendrá que aprender a no hablarles así a los criminales –porque la realidad lo empuja  al ridículo–, y que tampoco se les extiende un salvoconducto de impunidad con la promesa de que no los combatirá, porque lo que sucedió en Coatzacoalcos y Minatitlán, en Aguililla y en Iguala, que revivieron las matanzas en este país, se incrementará en tanto los delincuentes vayan tomando mayor conciencia de que su único enemigo es la organización criminal rival, porque el gobierno les cedió la plaza.

La matanza de policías estatales en Aguililla puso al gobierno federal en una crisis originada por su incompetencia. Más de 30 personas armadas emboscaron a 42 policías y les dispararon con R-15 y AK-47, fusiles de asalto que no tienen los cuerpos de seguridad civiles. Los R-15 son de uso reglamentario del Ejército; los AK-47 no los usa ningún cuerpo de seguridad en el país. Por definición, la Fiscalía General debió haber atraído el caso de manera automática, al haberse utilizado ese tipo de armamento. No lo ordenó el Presidente y nadie se movió. Un día después, otra matanza, pero ahora realizada por militares, se dio a 670 kilómetros, en Iguala, donde abatieron a 13 presuntos delincuentes de una manera, cuando menos, oscura.

La decisión presidencial de no confrontar a los grupos criminales, menos aun combatirlos sistemáticamente –en Iguala se cruzaron con ellos–, se va a convertir en el misil contra su popularidad y aprobación. A López Obrador le importan mucho las encuestas –quizás es el Presidente que más apegado a ellas ha gobernado–, pero las está leyendo mal. El que los mexicanos no quieran violencia y critiquen las estrategias de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no lo debe llevar a la esquizofrenia.

Se queja de las dos formas de enfrentar a las organizaciones criminales, pese a que sus estrategias fueron totalmente distintas. Calderón las enfrentó y se elevó la violencia hasta mayo de 2011, cuando comenzó su inflexión y caída. Peña Nieto se benefició de la inercia, pero al no confrontarlos, en tres años la violencia creció a niveles nunca antes vistos, otra tendencia alcista que heredó al nuevo gobierno. López Obrador critica a los dos y escoge el camino de Peña Nieto. Su gobierno se parece mucho al que le precedió, donde la seguridad está en manos de quien no sabe nada de seguridad.

Pero está peor que el de Peña Nieto. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene la responsabilidad de la Guardia Nacional, pero el mando operativo, la doctrina y sus integrantes, dependen de la Secretaría de la Defensa. Pero el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, no está a cargo de la estrategia, o mejor dicho, de la ausencia de ella. Es decir, quienes saben operar en campo, ponen la gente, las armas y el prestigio, están al margen del diseño de la estrategia, y quienes les ordenan qué hacer, desconocen cómo hacerlo.

El Presidente no sabe nada del fenómeno, pero habla todo el tiempo de él. No se involucra y exige, correctamente, que los responsables den buenos resultados. Pero en estos momentos no se sabe cuáles son los resultados que quiere. Su definición de victoria para revertir el estado de cosas en el tema de la seguridad, es devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos, mediante dos acciones: prevención y actos de fe. La primera carece de recursos. No hay dinero para construir una Guardia Nacional –sólo hay salarios presupuestados para siete mil guardias– ni tampoco para equipamiento. El dinero para programas sociales para incorporarlos a la vida legal, se ha reducido en el Presupuesto porque no hay recursos. La segunda es una broma. “Abrazos, no balazos”, es una frase bonita que no tiene nada que ver con una política pública de seguridad.

López Obrador ha dicho que no han podido hacer las cosas como querían hacerlo de rápido porque les dejaron un tiradero en el tema de seguridad. Es cierto, y lo supieron durante la transición, pero aun así optaron por tirar todo lo que se construyó en el pasado, como lo que quedaba de Plataforma México y los servicios de inteligencia civil, para sustituirlos por nada. Incurrió el Presidente en el mismo error trágico de Peña Nieto, al pensar que todo lo pasado era falso, estaba podrido y debían tirarlo a la basura. Las únicas armas reales que tiene el Presidente en sus manos son la retórica y su discurso amable, eficiente en la gradería, pero calamitoso para bajar la inseguridad. Debe recordar que hoy, los muertos ya no son de Calderón ni de Peña Nieto. Los muertos son de él, de su gobierno y de su incapacidad para desarrollar una estrategia de seguridad.

La soberbia, la marca del nuevo gobierno, está cobrando su cuota. Hasta hace unas semanas, varios de los colaboradores más influyentes de López Obrador decían que todo estaba bajo control, el plan de rescate de Pemex, la economía y la seguridad. Hoy vemos que al plan de rescate de Pemex le han tenido que seguir inyectando recursos porque no sale, la economía está estancada y en el umbral de entrar en recesión, y la seguridad, como lo peor de todo. La ineptitud se convirtió en el lastre que lo está hundiendo en un mar que desconoce, aunque el Presidente siga pensando que su política de palabra cristiana es suficiente para parar las balas y las matanzas. Así no va a poder con la violencia.

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El tsunami de López Obrador


Por Raymundo Riva Palacio (El Financiero)

El acuerdo presidencial se mantiene sólido. Andrés Manuel López Obrador hiló cinco meses consecutivos de estabilidad, con 68 por ciento de aprobación ciudadana, en la encuesta mensual que publica El Financiero. Pero además de sentirse satisfecho, López Obrador probablemente ve un consenso revigorizado, al revertir tendencias a la baja que se venían observando en sus atributos y políticas en los meses anteriores. Todo subió en esta nueva encuesta publicada el lunes: su honestidad, su liderazgo, su credibilidad. Incluso, hasta que una mayoría sienta que la seguridad va mejorando, que su lucha contra la corrupción va en camino ascendente y que la economía está bien. La estrategia de comunicación política a través de las mañaneras va funcionando.

Al mismo tiempo, sin embargo, la brecha entre sus gobernados se está ensanchando. La sociedad que invierte, que mueve la economía, la que provee los equilibrios, la que le ayuda a reducir la opacidad y permite que lo califiquen en el extranjero de buen gobierno, que con los contrapesos que colocan permite que la gestión sea más eficiente, está bajo acoso y ataque permanente por parte de López Obrador, embarcado en un proceso de desinstitucionalización, no para desaparecerlas, como en un principio parecía ser su agenda, sino para colocar a sus incondicionales dentro de sus órganos de dirección para influir en ellos y que no dificulten el cambio que desea.

La renuncia de Eduardo Medina Mora, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le permitirá presentar una terna con tres personas que respondan a su proyecto. Próximamente enviará sus propuestas para el relevo en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recientemente hizo lo mismo en el Consejo Regulador de Energía y está cambiando a los consejeros independientes de Pemex. A través de los instrumentos democráticos que se fueron construyendo en el último cuarto de siglo, está mediatizándolos. El Presidente está tomando el control de los pilares del Estado, como el Congreso, que sólo acata sus deseos, y la Suprema Corte, cuyo presidente, Arturo Zaldívar, luce crecientemente subordinado a López Obrador.

El Presidente tiene en esto el mejor de los mundos. Alto consenso ciudadano para lo que quiera hacer, con un mandato poderoso. Contra sus enemigos utiliza la mañanera para amedrentarlos y hostigarlos, utilizando como fuerte arma política al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera, que suelen acusar públicamente con investigaciones sin terminar. Está el último caso de Medina Mora, que hace dos semanas no tenía entre sus planes renunciar a la Corte, y que fue ablandado la semana pasada cuando la UIF congeló las cuentas de varios de sus hermanos, como parte de su investigación por el presunto delito de lavado de dinero y enriquecimiento. A quienes expresan puntos de vista distintos, los descalifica y etiqueta de conservadores que defienden el statu quo, entendido este, para la verbena popular del nuevo gobierno, como defensores de un sistema corrupto y lleno de privilegios.

La encuesta de El Financiero revela que el discurso del Presidente, la demagogia y la propaganda recuperaron energía y están penetrando eficientemente entre la población. Ello le da espacio de maniobra y le reduce presiones. López Obrador tuvo éxito en el último mes, si uno ve los resultados del estudio demoscópico, en la administración de las expectativas, que es como un gobernante tiene que caminar durante su gestión. Levantó esperanzas sobre el combate a la corrupción, a partir, probablemente, de las acciones contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, que a su vez llenaron el imaginario colectivo –expresado a través de la prensa política– con su sed de venganza para que el expresidente Enrique Peña Nieto sea sometido a juicio. Mejoró sustantivamente (8 por ciento) la percepción sobre el combate a la delincuencia, sin hacer nada salvo manejar el discurso de la contención. De la misma manera, sin tampoco hacer nada visible, el respaldo a la Guardia Nacional creció cinco puntos, de 62 a 67 por ciento, y sus negativos cayeron seis, de 22 a 16.

Las mañaneras, que han sido criticadas ampliamente en los medios, mostraron un nuevo apoyo para López Obrador. Entre agosto y septiembre, según la encuesta, repuntó 5 por ciento el apoyo nacional a ese modelo de comunicación, colocándolo en una aprobación de 59 por ciento, un nivel que no había tenido desde febrero, cuando estuvo en 69 por ciento. Los negativos de las mañaneras también se redujeron significativamente, de 21 a 16 por ciento, casi igual que lo que tuvo de febrero a mayo. Es decir, el Presidente no se desgastó, pese a que en las últimas semanas se ha equivocado con informaciones abiertamente falsas.

Los mexicanos, siguiendo con los datos de El Financiero, le están perdonando todo a López Obrador. El discurso, por tanto, está teniendo impacto y éxito. Sin embargo, como él mismo admite en privado, la aprobación no será para siempre, y suele repetirlo entre sus colaboradores para que no se dejen engañar por la magia efímera de la demoscopia. La administración de expectativas que le funciona se sostiene en temas económicos de bolsillo, donde el incremento al salario mínimo, el diferencial de tasas de interés, la transferencia directa de recursos en sus programas sociales y las remesas, neutralizan las preocupaciones en otros campos, como el de la seguridad y el empleo formal.

El problema de lo bien que lo hizo en el último mes es, paradójicamente, su principal riesgo. Las expectativas pueden administrarse hasta el momento que se tienen que entregar resultados, particularmente económicos. No puede alterarse el ingreso y el dinero en el bolsillo. Si López Obrador puede torear desafíos como las guerras comerciales del presidente Donald Trump, o que no se apruebe el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, o que haya una baja calificación para Pemex, mantendrá el apoyo de 7 de cada 10 mexicanos. ¿Es probable? Sí. ¿Posible? Eso sí que no.

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El avión que no se vende


Por Raymundo Riva Palacio (El Financiero)

En tres ocasiones, en los últimos días, la venta del avión presidencial TP-01 ‘José María Morelos y Pavón’ ha estado en boca del presidente Andrés Manuel López Obrador; ofreció que los 150 millones de dólares en que estima se venderá, irán para zonas marginadas y el programa migratorio. Sin embargo, a menos que pase algo que nadie en la industria de la aviación cree que sucederá, eso tendrá que esperar. El avión presidencial que compró el gobierno del presidente Felipe Calderón y que sólo usó el presidente Enrique Peña Nieto, no va a ser vendido en este monto, según ha trascendido en la industria, porque no hay compradores dispuestos a pagar más de 70 millones de dólares.

Sólo hay dos interesados, el magnate petrolero texano, presidente de Coastal Corporation, Oscar Wyatt Jr., de Houston, y su socio Morris Douglas Jaffe Jr., de San Antonio, quien tiene entre sus empresas a Jetran, que es de aviación. Fuentes de la industria dijeron que la oferta que hicieron al gobierno mexicano fue por 69 millones de dólares, aunque están dispuestos a ofrecer alrededor de otros 250 millones por la flotilla de aviones oficiales, todos en tierra desde que asumió la presidencia López Obrador, que incluye 60 aeronaves y 70 helicópteros, con un valor estimado en 370 millones de dólares.

De acuerdo con el portal airlines.net, los empresarios llevan años adquiriendo aviones y revendiéndolos. Así le hicieron con 90 aviones de US Airways tras los atentados terroristas en Estados Unidos, en 2001, y la dramática caída de pasajeros, que colocaron con clientes en México, Canadá y el Caribe para remplazar su vieja flotilla de aeronaves. Por eso voltearon a México cuando el presidente López Obrador puso en el mercado la flotilla de aeronaves gubernamental, encabezada por el avión presidencial, que llamó “una ofensa para los mexicanos” y símbolo de “la opulencia y lo ridículo”.

El TP-01 fue enviado a Victorville, un aeropuerto a unos 80 kilómetros de San Bernardino, en California, donde no hay aviación comercial, pero que entre sus servicios está el de pensión aérea. El avión fue acomodado ahí por Boeing y, de acuerdo con el contrato de servicio MXG-SU-1808929 obtenido por Milenio a través de Transparencia en febrero de este año, se está pagando poco más de un millón de pesos al mes, con un plazo de un año y la posibilidad de renovarlo por otro.

Cuando el avión iba a partir para California, la cuenta oficial de Twitter del gobierno de México celebró su partida y la puesta en venta de un avión “casi nuevo y muy lujoso”. No lo es tanto, salvo que por lujo se incluya todo el sistema de seguridad y comunicaciones que tiene un avión presidencial, como el mexicano. En diciembre de 2015 se publicó en este espacio que la compra del avión fue presentada al Congreso para su aprobación y lo incluyó en el Presupuesto de 2012. El dictamen se aprobó el 15 de noviembre de 2011, con 425 votos a favor, incluidos 45 legisladores del PRD, incluidos dos prominentes morenistas hoy en día, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el alcalde en Azcapotzalco, Vidal Llerenas.

La decisión técnica y financiera fue adquirir el 787 Dreamliner de la Boeing, uno de los aviones más sofisticados de la industria que tienen gobiernos y más de 55 aerolíneas en el mundo. El que adquirió el gobierno tiene una arquitectura más ligera que cualquier otro avión comercial, que le permitía ser más eficiente en consumo de combustible y tener un mayor rango de vuelo. En ese momento había dos tipos de Dreamliners, el modelo 9, con más capacidad de pasaje y un precio de lista de 250 millones de dólares, y el modelo 8, que costaba 212 millones.

El avión presidencial tuvo un precio inferior al modelo 9 -231 millones de dólares-, pese a los avanzados sistemas de telecomunicaciones y defensa que se le incorporaron. Durante la campaña, López Obrador dijo que había costado siete mil 500 millones de pesos (573 millones de dólares al tipo de cambio de noviembre de 2012, cuando se cerró el trato con Boeing), aunque, en realidad, Banobras, que hizo la operación financiera, pagó menos de la mitad en ese entonces. Ese avión nunca tuvo la capacidad para 280 personas, como dijo López Obrador, sino para 110, y estaba lejos de ser un avión lujoso, para los estándares de la aviación. Por ejemplo, el Air Force One del presidente de Estados Unidos, un Jumbo 747, con quien lo comparó, tiene salas de conferencias y comedores, y su precio es de 379 millones.

La configuración del avión presidencial es uno de los problemas para poder venderse. Estuvo armado de acuerdo con lo que pidió el gobierno –como es la configuración de las aeronaves presidenciales en el mundo–, por lo que su capacidad de pasajeros es reducida, para efectos comerciales, y las turbinas tienen menor potencia, porque tiene menos peso. Adicionalmente, el TP-01 era el avión que la Boeing utilizó como demo para mostrarlo en todo el mundo, y similares a él existen otros tres en el mercado. Es decir, es una nave vieja para la velocidad como van los modelos Dreamliner y no sirve para vuelos comerciales, además de que resultaría más económico para una aerolínea comercial adquirir uno nuevo.

El avión ‘José María Morelos y Pavón’ se está deteriorando pese al servicio de mantenimiento contratado, y entre más demore su venta, menos dinero se obtendrá por él. Los clientes también se han estado desanimando, y de una decena cuando se anunció su venta, se redujo a la mitad en verano y ahora sólo están Wyatt y Jaffe, a quienes todavía no les aceptan la oferta.

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La noche de Iguala


Por Raymundo Riva Palacio (El Financiero)

El domingo 28 de septiembre de 2014, Jesús Murillo Karam, procurador general, informó al presidente Enrique Peña Nieto y a sus principales colaboradores, sobre el ataque a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26, en Iguala. “Se trata de una depuración entre narcotraficantes”, dijo con contundencia, recordó uno de los asistentes en esa reunión. En la lógica que tenía el gobierno peñista, llevada al absurdo como estrategia para combatir la inseguridad, no meterían las manos. La lectura del exprocurador no era precisa, y el manejo que dieron fue un desastre. Minimizar que en el centro de una lucha entre grupos criminales en Iguala habían quedado atrapados decenas de estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, haría que aquella noche fuera uno de los detonantes del fracaso de Peña Nieto y el principio del fin de su sexenio.

El gobierno de Peña Nieto nunca encontró el motivo real del crimen contra los normalistas –hasta hoy, sólo hay la certeza de que uno de los 43 murió– que cumple cinco años esta semana, pero las investigaciones, que nunca se detuvieron, permiten tener como hipótesis de trabajo que fueron privados de su libertad y probablemente asesinados la mayoría de ellos, al menos, dentro del marco de la guerra entre Guerreros Unidos y Los Rojos, que luchaban por el control de dos corredores de droga, el de Iguala-Ciudad Altamirano-Estado de México, dentro del territorio de los primeros, y el de Acapulco-Chilpancingo-Ciudad de México, además del trasiego, distribución y comercialización de la heroína, extraída de la amapola, cultivada en esa Tierra Caliente.

Una hipótesis que ha venido sumando más evidencias es que aquel 26 de septiembre, cuando llegaron dos autobuses a Iguala con los normalistas –que se apoderaron de otros dos en la terminal–, activó a Guerreros Unidos, que estaban en alerta por información que tenían de que Los Rojos habían llegado a su territorio para atacarlos. Esto fue detonado por un ataque al lavado de autos ‘Los Peques’, de los hermanos Benítez Palacios, que utilizaban los Guerreros para llevar a sus víctimas y descuartizarlas. El ataque a ‘Los Peques’ fue desestimado inicialmente por las autoridades, al no haber comprobado los dichos de algunos vecinos que lo habían referido.

Nuevas pesquisas señalan que los Benítez Palacios, al ser atacados, se replegaron a sus casas, donde se enfrentaron dos o tres veces con Los Rojos. Aparentemente, este ataque era en represalia porque tres días antes habían asesinado en la cercana Mezcala a Narciso Vázquez Arellano, uno de líderes locales, hermano de quien era vocero de la Sociedad de Estudiantes de Ayotzinapa, que se hacía llamar Omar García Vázquez. La alerta fue dada por Víctor Hugo Benítez, apodado El Tilo, al jefe de plaza en Iguala, Gildardo López Astudillo, El Gil, a quien le aseguró, según las investigaciones, que se transportaban en taxis y autobuses. Esto explicaría, por ejemplo, el ataque al autobús donde viajaba de regreso a Chilpancingo el equipo Los Avispones, y a varios taxis que iban detrás de ese autobús.

Policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, detuvieron a los estudiantes para entregárselos a Guerreros Unidos. El jefe del 27 Batallón de Infantería, el teniente coronel José Rodríguez Pérez, hoy general brigadier retirado, fue notificado por un representante militar en el C-4 de esa ciudad sobre actos violentos en Iguala, y llamó al secretario de Seguridad Pública municipal, Francisco Salgado Valladares, para ofrecerle ayuda. La respuesta fue que tenía todo bajo control. Lo que no conocía el militar en ese momento es que Salgado formaba parte de la estructura criminal de Guerreros Unidos.

En mayo de 2016, Murillo Karam dijo que no había móvil en la desaparición de los normalistas, “porque todo sucedió sin planearlo”, cuya versión fue asentando la idea de que los normalistas habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. No obstante, la variable del narcotráfico siempre estuvo presente, derivado de las declaraciones de los presuntos criminales que dijeron en sus declaraciones que estaban infiltrados por Los Rojos. El gobierno de Peña Nieto nunca quiso hacer públicas sus investigaciones sobre la penetración de ese grupo en la normal de Ayotzinapa, ante el temor de que lo acusaran de criminalizar a la rural.

Según Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, acusado de asesinar a los normalistas en el basurero de Cocula, varios de los jóvenes señalaron a Bernardo Flores Alcaraz, El Cochiloco, de haberlos llevado a Iguala ese día, apoyado por cuatro supuestos estudiantes, quien recibía órdenes telefónicas de Omar García Vázquez. Nuevas líneas de investigación están tratando de determinar si todos los jóvenes que iban en los autobuses aquella noche realmente eran normalistas. Una hipótesis es que alrededor de la mitad no estudiaban realmente en la normal y estaban relacionados con Los Rojos.

La idea de que sí se dio la desaparición dentro del conflicto entre bandas criminales ha crecido. Incluso los padres de los normalistas pidieron al gobierno la captura de Santiago Mazari, El Carrete, líder de Los Rojos, para que aportara información para entender lo que sucedió esa noche. Mazari fue detenido a finales de julio. Las nuevas pistas no paran ahí. Apuntan también a funcionarios del gobierno, entonces, de Ángel Heladio Aguirre, y de policías federales.

Nota: La diputada Dolores Padierna envió una carta de más de 359 palabras a El Financiero en relación a la columna ‘Los Nudos de Ayotzinapa’, y afirmó que era falso que ella y René Bejarano hubieran apoyado al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. La columna nunca los relaciona con Abarca, sino con una red corrupta y criminal que involucraba a miembros del PRD, el PT y Morena en Guerrero, a la que no se refiere.