Chile, un campo de batalla en medio del polvorín


Por Luis Gonzalo Segura (RT noticias)

El primer aniversario de la quiebra social chilena ha provocado manifestaciones masivas y la quema de dos iglesias: Chile es un polvorín desde que el año pasado, entre octubre y noviembre de 2019, el caos estallara por los niveles de desigualdad y pobreza que asolan el país –una ligera subida del precio de transporte obligó al estado de excepción–.

Tal es la inflamable situación que en febrero pasado, ya en 2020, se vivieron nuevas protestas cuando un aficionado falleció junto al Estadio Monumental. El balance en aquella ocasión, la penúltima batalla hasta que un menor fue arrojado a principios de este mes de octubre por el puente Pio Nono, pone los pelos de punta: dos muertos –uno cerebral–, 46 carabineros lesionados, 6 saqueos, 96 desórdenes y 124 detenidos en una noche con 159 episodios graves y tres gobernaciones dañadas. En los meses anteriores habían sido alcanzados con ‘balas locas’ varios bebés y una menor. Un caos que, ni la pandemia ni el próximo plebiscito –el próximo 25 de octubre– para reformar la constitución chilena –de Pinochet–, han conseguido reducir y que tiene su origen en el 11 de septiembre de 1973.

Porque ni las bombas ni las ráfagas acallaron el metal tranquilo de la voz de Salvador Allende que, tal y como vaticinó, todavía sigue escuchándose en unas calles que revive el mismo combate que le costó la vida. Y es que casi medio siglo después del asalto al gobierno democrático chileno, los gurús del milagro económico se decidieron, de nuevo, por la barbarie en el puente Pio Nono, a solo unas cuadras del bombardeado Palacio de la Moneda y solo un año después del estallido social chileno, cuando un manifestante, menor de 16 años, fue arrollado por un carabinero acorazado y terminó con sus huesos sobre el lecho casi enerve del río Mapocho.

Ciertamente, la conexión entre el luchador social que encabezó la vía chilena al socialismo y el anónimo menor que protestaba en la calle casi cincuenta años después de la traición, resulta evidente, pues en el caso del puente Pio Nono se encuentran encerrados todos los demonios chilenos y ejemplificados todos los paradigmas del laberinto que separa a los ciudadanos de Chile de las grandes avenidas de una sociedad mejor. Pero también encuentra a los mismos contendientes.

Casi cincuenta años de espejismo

El cuerpo del menor semisumergido sobre el río Mapocho es la imagen de Estados Unidos, líder del sistema capitalista dominante en la actualidad, que siempre estuvo y ni siquiera disimuló. El Imperio USA trabajó para impedir la elección de Salvador Allende mediante sobornos; desestabilizó el país todo cuanto le fue posible mientras Salvador Allende estuvo en el gobierno –pagaron 35.000 dólares por el asesinato del general Schneider en 1970–; y, finalmente, su mano negra se intuye en el Estadio Nacional y en las miles de víctimas del régimen del oportunista Augusto Pinochet, incluidos el general Carlos Prats, el cantautor Víctor Jara y, quizás, el gran Pablo Neruda.

Y, ante todo, el menor arrojado al río es el reflejo del espejismo del milagro económico chileno de Milton Friedman y los ‘Chicago Boys’ implementado por el cruel y exonerado dictador Augusto Pinochet. Esa suerte de estafa-expolio que consistió en generar un crecimiento económico enorme durante el mayor tiempo posible para que fuera extraído por las élites chilenas y mundiales. Un éxito sin precedentes hasta que un día la desigualdad llegó a unos puntos tan elevados que convirtieron Chile en campo de batalla por la subida de un billete de transporte.

En el edificio de una dictadura

Porque si algo descubrieron con asombro los chilenos tras el confeti de Friedman es que siguen viviendo en el cuartel de Pinochet, lo que no cambiará ni aunque durante los próximos días reformen la Constitución chilena, obra del general y dictador. Porque el caso del puente Pio Nono demuestra que el problema chileno va mucho más allá de lo formal.

Para empezar, aunque la escena es en sí misma –arrojar a un manifestante menor por un puente– tan incomprensible y devastadora que hasta los propios carabineros quedaron paralizados y se retiraron rendidos con sus pertrechos acorazados entre gritos de ‘lo mataron, lo mataron’ –eso parecía–, lo cierto es que solo se trata de la culminación de un embrutecimiento por la orden y el orden del mando que comenzó con el asalto al Palacio de la Moneda en 1973 y que ha provocado que las fuerzas del orden chilenas hayan sido responsables de asesinatos, violaciones y torturas en los últimos meses, años y décadas. De nuevo, para salvaguardar los intereses de las élites. Son las mismas fuerzas armadas y carabineros que traicionaron a Allende.

Por ello, no es de extrañar que durante el estado de excepción vivido el año pasado –del 19 al 27 de octubre de 2019–, los militares y los carabineros fueran denunciados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por un total de 167 acciones –5 homicidios, 92 torturas y 19 acosos o agresiones sexuales– y la Fiscalía chilena contabilizara 840 investigaciones por la violencia de policiales o militares, incluyendo la presunta violación o agresión sexual de ocho personas y el desnudo de otras 29. Todo ello, durante unos pocos días de octubre.

No se puede, por tanto, considerar lo sucedido en el puente Pio Nono como un episodio aislado, menos, todavía, si tenemos en cuenta que la cúpula policial intentó justificar el episodio cuando el pasado día 3 de octubre el general Enrique Monrás aseveró que “cuando los carabineros iban a detener a varias personas, uno de nuestros carabineros, al tratar de detener a una persona, a un joven, este pierde el equilibrio y caer por la baranda del puente Pío Nono y cae al río Mapuche… Para mí el funcionario intentó detenerlo, lamentablemente la persona pierde el equilibrio y se cae”.

Unas justificaciones, y unas sombras, que se extendieron por todo el cuerpo de Carabineros con las declaraciones del día 10 de octubre de los agentes presentes en la embestida policial del menor, pues estos optaron por justificar al carabinero detenido: “Mientras corría me percaté de que el carabinero Sebastián Zamora intentó tomar por la espalda a un manifestante, el que, al intentar huir, perdió el equilibrio y se fue contra la baranda poniente, sobrepasándola y cayendo al río Mapocho”. Agentes que, incluso, llegaron a justificar la ausencia de auxilio al menor: “En ese momento yo, en compañía del teniente Fernández y el carabinero Zamora, nos acercamos a la baranda y observamos que la persona se encontraba en el río boca abajo y no se movía, no pudiendo prestarle auxilio porque los manifestantes se comenzaron a acercar a nosotros, obligándonos a replegarnos en dirección a Plaza Baquedano”.

Sombras que han llegado a su punto álgido con el acoso a la fiscal encargada del caso, Ximena Chong, que recibió una carta amenazante el 6 de octubre y al día siguiente, la mañana del miércoles día 7 de octubre, descubrió a un oficial de carabineros frente a su domicilio en actitud sospechosa.

Los carabineros, el mismo cuerpo que en última instancia facilitó el asalto al Palacio de la Moneda, son los que durante estos meses han actuado con mayor violencia sobre la ciudadanía chilena junto a los militares, los que la derrocaron –la democracia–. No es casualidad. No cabe duda que son la guardia pretoriana de una élite chilena que apuesta decididamente por sostener el expolio a costa de aumentar la desigualdad y la pobreza de los chilenos y que solo está dispuesta a conceder matices.

Chile, en el abismo del caos

Aunque, contra todo pronóstico a tenor de los escalofriantes fotogramas de la caída, el menor fuera dado de alta en la clínica Santa María el día 8 de octubre, la herida en la sociedad chilena no solo no sanó, sino que se abrió un nuevo frente –familiar, social, mediático– que puso de manifiesto el desconcierto y el caos chileno.

Así, el 12 de octubre, la madre del menor, Daisy Alvear, acusó al carabinero que empujó a su hijo, actualmente detenido: “Esto no fue un accidente, fue un homicidio frustrado”. Y sentenció que para ella, como para tantos y tantos chilenos, “no tiene perdón”. En contraposición, el padre del carabinero, Michel Zamora Álvarez, envió una misiva a los medios en la que acusó de traición las actuaciones de la Fiscalía o la Defensora del Menor.

Pero, como comentaba, Chile es un polvorín y hace escasas horas el padre del menor, Ricardo Araya Moreno, fue tiroteado en Puente Alto, en las cercanías de la Plaza de la Dignidad, encontrándose ahora mismo ingresado y fuera de peligro tras ser intervenido quirúrgicamente.

Arengaba Salvador Allende en sus últimas palabras a los chilenos: “El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse”. Cierto. Pero para ello, para que el pueblo se defienda, es imprescindible que el pueblo sepa, que el pueblo recuerde. Que recuerde cuándo, dónde, por qué y quiénes lo imposibilitaron todo. Las grandes alamedas todavía esperan.

Fuente: RT noticias

Chile, un campo de batalla en medio del polvorín


Por Luis Gonzalo Segura (RT noticias)

El primer aniversario de la quiebra social chilena ha provocado manifestaciones masivas y la quema de dos iglesias: Chile es un polvorín desde que el año pasado, entre octubre y noviembre de 2019, el caos estallara por los niveles de desigualdad y pobreza que asolan el país –una ligera subida del precio de transporte obligó al estado de excepción–.

Tal es la inflamable situación que en febrero pasado, ya en 2020, se vivieron nuevas protestas cuando un aficionado falleció junto al Estadio Monumental. El balance en aquella ocasión, la penúltima batalla hasta que un menor fue arrojado a principios de este mes de octubre por el puente Pio Nono, pone los pelos de punta: dos muertos –uno cerebral–, 46 carabineros lesionados, 6 saqueos, 96 desórdenes y 124 detenidos en una noche con 159 episodios graves y tres gobernaciones dañadas. En los meses anteriores habían sido alcanzados con ‘balas locas’ varios bebés y una menor. Un caos que, ni la pandemia ni el próximo plebiscito –el próximo 25 de octubre– para reformar la constitución chilena –de Pinochet–, han conseguido reducir y que tiene su origen en el 11 de septiembre de 1973.

Porque ni las bombas ni las ráfagas acallaron el metal tranquilo de la voz de Salvador Allende que, tal y como vaticinó, todavía sigue escuchándose en unas calles que revive el mismo combate que le costó la vida. Y es que casi medio siglo después del asalto al gobierno democrático chileno, los gurús del milagro económico se decidieron, de nuevo, por la barbarie en el puente Pio Nono, a solo unas cuadras del bombardeado Palacio de la Moneda y solo un año después del estallido social chileno, cuando un manifestante, menor de 16 años, fue arrollado por un carabinero acorazado y terminó con sus huesos sobre el lecho casi enerve del río Mapocho.

Ciertamente, la conexión entre el luchador social que encabezó la vía chilena al socialismo y el anónimo menor que protestaba en la calle casi cincuenta años después de la traición, resulta evidente, pues en el caso del puente Pio Nono se encuentran encerrados todos los demonios chilenos y ejemplificados todos los paradigmas del laberinto que separa a los ciudadanos de Chile de las grandes avenidas de una sociedad mejor. Pero también encuentra a los mismos contendientes.

Casi cincuenta años de espejismo

El cuerpo del menor semisumergido sobre el río Mapocho es la imagen de Estados Unidos, líder del sistema capitalista dominante en la actualidad, que siempre estuvo y ni siquiera disimuló. El Imperio USA trabajó para impedir la elección de Salvador Allende mediante sobornos; desestabilizó el país todo cuanto le fue posible mientras Salvador Allende estuvo en el gobierno –pagaron 35.000 dólares por el asesinato del general Schneider en 1970–; y, finalmente, su mano negra se intuye en el Estadio Nacional y en las miles de víctimas del régimen del oportunista Augusto Pinochet, incluidos el general Carlos Prats, el cantautor Víctor Jara y, quizás, el gran Pablo Neruda.

Y, ante todo, el menor arrojado al río es el reflejo del espejismo del milagro económico chileno de Milton Friedman y los ‘Chicago Boys’ implementado por el cruel y exonerado dictador Augusto Pinochet. Esa suerte de estafa-expolio que consistió en generar un crecimiento económico enorme durante el mayor tiempo posible para que fuera extraído por las élites chilenas y mundiales. Un éxito sin precedentes hasta que un día la desigualdad llegó a unos puntos tan elevados que convirtieron Chile en campo de batalla por la subida de un billete de transporte.

En el edificio de una dictadura

Porque si algo descubrieron con asombro los chilenos tras el confeti de Friedman es que siguen viviendo en el cuartel de Pinochet, lo que no cambiará ni aunque durante los próximos días reformen la Constitución chilena, obra del general y dictador. Porque el caso del puente Pio Nono demuestra que el problema chileno va mucho más allá de lo formal.

Para empezar, aunque la escena es en sí misma –arrojar a un manifestante menor por un puente– tan incomprensible y devastadora que hasta los propios carabineros quedaron paralizados y se retiraron rendidos con sus pertrechos acorazados entre gritos de ‘lo mataron, lo mataron’ –eso parecía–, lo cierto es que solo se trata de la culminación de un embrutecimiento por la orden y el orden del mando que comenzó con el asalto al Palacio de la Moneda en 1973 y que ha provocado que las fuerzas del orden chilenas hayan sido responsables de asesinatos, violaciones y torturas en los últimos meses, años y décadas. De nuevo, para salvaguardar los intereses de las élites. Son las mismas fuerzas armadas y carabineros que traicionaron a Allende.

Por ello, no es de extrañar que durante el estado de excepción vivido el año pasado –del 19 al 27 de octubre de 2019–, los militares y los carabineros fueran denunciados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por un total de 167 acciones –5 homicidios, 92 torturas y 19 acosos o agresiones sexuales– y la Fiscalía chilena contabilizara 840 investigaciones por la violencia de policiales o militares, incluyendo la presunta violación o agresión sexual de ocho personas y el desnudo de otras 29. Todo ello, durante unos pocos días de octubre.

No se puede, por tanto, considerar lo sucedido en el puente Pio Nono como un episodio aislado, menos, todavía, si tenemos en cuenta que la cúpula policial intentó justificar el episodio cuando el pasado día 3 de octubre el general Enrique Monrás aseveró que “cuando los carabineros iban a detener a varias personas, uno de nuestros carabineros, al tratar de detener a una persona, a un joven, este pierde el equilibrio y caer por la baranda del puente Pío Nono y cae al río Mapuche… Para mí el funcionario intentó detenerlo, lamentablemente la persona pierde el equilibrio y se cae”.

Unas justificaciones, y unas sombras, que se extendieron por todo el cuerpo de Carabineros con las declaraciones del día 10 de octubre de los agentes presentes en la embestida policial del menor, pues estos optaron por justificar al carabinero detenido: “Mientras corría me percaté de que el carabinero Sebastián Zamora intentó tomar por la espalda a un manifestante, el que, al intentar huir, perdió el equilibrio y se fue contra la baranda poniente, sobrepasándola y cayendo al río Mapocho”. Agentes que, incluso, llegaron a justificar la ausencia de auxilio al menor: “En ese momento yo, en compañía del teniente Fernández y el carabinero Zamora, nos acercamos a la baranda y observamos que la persona se encontraba en el río boca abajo y no se movía, no pudiendo prestarle auxilio porque los manifestantes se comenzaron a acercar a nosotros, obligándonos a replegarnos en dirección a Plaza Baquedano”.

Sombras que han llegado a su punto álgido con el acoso a la fiscal encargada del caso, Ximena Chong, que recibió una carta amenazante el 6 de octubre y al día siguiente, la mañana del miércoles día 7 de octubre, descubrió a un oficial de carabineros frente a su domicilio en actitud sospechosa.

Los carabineros, el mismo cuerpo que en última instancia facilitó el asalto al Palacio de la Moneda, son los que durante estos meses han actuado con mayor violencia sobre la ciudadanía chilena junto a los militares, los que la derrocaron –la democracia–. No es casualidad. No cabe duda que son la guardia pretoriana de una élite chilena que apuesta decididamente por sostener el expolio a costa de aumentar la desigualdad y la pobreza de los chilenos y que solo está dispuesta a conceder matices.

Chile, en el abismo del caos

Aunque, contra todo pronóstico a tenor de los escalofriantes fotogramas de la caída, el menor fuera dado de alta en la clínica Santa María el día 8 de octubre, la herida en la sociedad chilena no solo no sanó, sino que se abrió un nuevo frente –familiar, social, mediático– que puso de manifiesto el desconcierto y el caos chileno.

Así, el 12 de octubre, la madre del menor, Daisy Alvear, acusó al carabinero que empujó a su hijo, actualmente detenido: “Esto no fue un accidente, fue un homicidio frustrado”. Y sentenció que para ella, como para tantos y tantos chilenos, “no tiene perdón”. En contraposición, el padre del carabinero, Michel Zamora Álvarez, envió una misiva a los medios en la que acusó de traición las actuaciones de la Fiscalía o la Defensora del Menor.

Pero, como comentaba, Chile es un polvorín y hace escasas horas el padre del menor, Ricardo Araya Moreno, fue tiroteado en Puente Alto, en las cercanías de la Plaza de la Dignidad, encontrándose ahora mismo ingresado y fuera de peligro tras ser intervenido quirúrgicamente.

Arengaba Salvador Allende en sus últimas palabras a los chilenos: “El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse”. Cierto. Pero para ello, para que el pueblo se defienda, es imprescindible que el pueblo sepa, que el pueblo recuerde. Que recuerde cuándo, dónde, por qué y quiénes lo imposibilitaron todo. Las grandes alamedas todavía esperan.

Fuente: RT noticias

Chile: La lucha que no termina


Por Cecilia González (RT noticias)

Miles de chilenos se preparan para conmemorar el aniversario del inicio de la crisis social que terminó con el espejismo de la falsa prosperidad de un país que era puesto como ejemplo de exitoso modelo económico por los defensores del neoliberalismo, y que la próxima semana decidirá si deja atrás, o no, la Constitución heredada por la dictadura de Augusto Pinochet.

A pesar de las permanentes represiones de los Carabineros en las calles, las redes sociales están colmadas de convocatorias para manifestarse el próximo domingo con el fin de recordar ese 18 de octubre de 2019, cuando un inédito y masivo cacerolazo cambió la historia de Chile.

Al igual que aquel día, el punto central de la protesta será la Plaza Italia que, desde hace un año, los manifestantes rebautizaron como la Plaza Dignidad. El gobierno, mientras tanto, ya anunció un operativo con más de 40.000 efectivos de seguridad.

La tensión social es evidente, y combina la expectativa y movilización política rumbo al plebiscito del próximo 25 de octubre con la escasa popularidad del gobierno de Sebastián Piñera, las restricciones de movilidad que rigen por la pandemia de coronavirus y los frecuentes episodios de violencia en los que está involucrado el cuerpo de Carabineros.

En las últimas semanas, esta fuerza policial volvió a protagonizar escándalos por el uso indiscriminado de balas de gomas, gases lacrimógenos o chorros de agua en contra de manifestantes en las recurrentes protestas sociales. Uno de los casos que causó mayor conmoción fue el de un efectivo que aventó a un adolescente desde un puente durante la represión.

A ello se le sumó un informe que Amnistía Internacional (AI) publicó esta semana y en el que acusó a Carabineros de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante las protestas multitudinarias, realizadas del 18 de octubre al 30 de noviembre del año pasado.

Lesiones, tortura, violaciones…

La organización señaló que, en ese periodo de protesta social, más de 12.500 personas tuvieron que ser llevadas a urgencias médicas y por lo menos 347 sufrieron lesiones oculares, en gran parte por los balines que dispararon los carabineros.

AI agregó que, según datos de la Fiscalía Nacional, hubo 5.558 víctimas de violencia institucional, ya fuera por heridas de armas de fuego o lesiones graves. Entre ellas, niños, niñas y adolescentes. Y los carabineros fueron señalados como responsables en 4.170 denuncias.

Los policías también fueron acusados por 246 víctimas que sufrieron violencia sexual, de las cuales seis denunciaron penetración sexual con un objeto; dos, violación sexual, y una violación múltiple, además de que están en marcha otras 134 investigaciones por tortura y 4.158 por apremios ilegítimos y malos tratos.

Carabineros rechazó las acusaciones en un comunicado y lamentó que Amnistía Internacional haya dado por probadas denuncias graves, que todavía se encuentran bajo investigación.

“El reporte omite aclarar a la ciudadanía que un caso presentado en su informe inicial sobre la supuesta violación de un joven en una comisaría fue falso y así declarado por los órganos competentes (…) Las denuncias deben ser investigadas bajo la dirección del Ministerio Público en conformidad a la ley. El establecimiento de la verdad y las responsabilidades civiles y penales les corresponden a los Tribunales de Justicia”, advirtió.

Por otra parte, el cuerpo policial aseguró que durante las protestas del año pasado los agentes hicieron “los mayores esfuerzos para abordar estos episodios de violencia y de desórdenes públicos” con apego a la Constitución.

Sin embargo, en diciembre del año pasado la expresidenta chilena Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya había señalado en un informe que los Carabineros y las Fuerzas Armadas incumplieron normas y estándares internacionales en operativos en los que usaron armas letales, y no distinguieron entre manifestantes pacíficos y violentos.

El organismo recabó denuncias por torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias masivas en protestas que dejaron un saldo de 26 muertos y más de 5.000 heridos.

El germen del estallido

El aumento del precio del boleto del metro en Santiago, que las autoridades trataron de imponer el año pasado, desató un malestar ciudadano que provocó una revuelta social impensada que afectó por completo al gobierno de Piñera.

Las protestas comenzaron el 7 de octubre, cuando cientos de jóvenes se organizaron para saltarse los torniquetes del metro en señal de repudio al incremento, pero la presión social fue creciendo con el paso de los días en medio de las violentas y habituales respuestas policiales.

El 18 de octubre, para evitar que los manifestantes siguieran evadiendo el pago del billete, el gobierno paralizó por completo el servicio del metro. Apostaron a que la ciudadanía se enojaría con los jóvenes pero, en lugar de eso, se unieron a ellos en un cacerolazo que sorprendió por su magnitud. Más de un millón de personas salieron a demostrar que el publicitado “modelo chileno” estaba basado en la desigualdad, en un 5,0 % de la población que tiene más del 50 % de la riqueza, mientras más de la mitad de los trabajadores apenas si pueden mantenerse

El hastío no estalló por el aumento del boleto. Eso fue solo la gota que rebalsó el vaso. “No son 30 pesos, son 30 años”, resumió uno de los lemas que se popularizaron en las marchas, en las que se recordó que el propio presidente era uno de los hombres más ricos del país.

Desde entonces las protestas no pararon, ni siquiera cuando Piñera decretó el estado de emergencia y el toque de queda. Ni con las represiones de Carabineros. Ni cuando el gobierno dio marcha atrás con el aumento.

Las movilizaciones concitaron la atención mundial y lograron que el 15 de noviembre el Senado aprobara la realización de un plebiscito para reformar una Constitución que fue emitida en 1980, durante el gobierno de Augusto Pinochet. Es decir, una Constitución de la dictadura que quedó vigente en democracia.

¿Por qué arde Bogotá?


Por Ociel Arí López (RT noticias)

¿Son las protestas en Colombia un plan de las FARC? ¿Está el presidente Maduro intentando desestabilizar Colombia? ¿Son los guarimberos (opositores) venezolanos quienes catalizan el vandalismo en las calles?

Para comprender la explosiva situación que vive Colombia estos días hay que hacer preguntas desde otro enfoque, fuera de la paranoia que persigue al ‘establishment’ colombiano.

¿Cómo es que un país que lleva décadas de sangre, acostumbrado a las masacres sin fin, a las fosas comunes, a los escándalos de matanzas y al narcotráfico desde la propia clase política, y que parecía acostumbrado a estos hechos, ahora con la muerte de apenas un ser humano desconocido y humilde, Javier Ordoñez, se sacude al punto de incendiar las calles bogotanas? ¿Qué tuvo que pasar para que la empolvada indignación saliera de la gaveta y la gente en la calle hiciera, de un asesinato más, el viento que encadena una tempestad indescifrable?

Hay una palabra clave para entender todo esto: posuribismo.

En Colombia el régimen uribista, que se ha mantenido en el poder durante casi 20 años, vive un proceso de deslave que ha causado la debilidad de las fuerzas políticas que hasta ahora han operado de manera impune junto al narcotráfico y el paramilitarismo. Esta flaqueza del uribismo en las principales instituciones, que han acusado al propio expresidente; en el aparato represivo, que se siente ahora interpelado, y también en las urnas electorales, donde perdió en las regionales de 2019, hace que la gente pierda el miedo y termine de demostrar su rabia ante los innumerables casos de aniquilamiento al oponente y escándalos.

El choque que se produce en las calles de Bogotá es el de dos bloques que se han equilibrado en fuerza y que van a continuar su lucha: el uribismo para mantener el status quo y las fuerzas emergentes para desalojar al uribismo de las estructuras del poder

Si desde hace semanas se han disparado las denuncias de masacres en diversos pueblos colombianos, reconocidas por el propio gobierno, también es verdad que las protestas sociales que comenzaron a finales del año pasado solo pudieron ser debilitadas por la pandemia y la cuarentena. Ambos fenómenos se proyectan y se precipitan hacia mayores contusiones.

Así que el choque que se produce en las calles de Bogotá no es entre actores circunstanciales en medio de una pugna coyuntural. Son dos bloques que se han equilibrado en fuerza y que van a continuar su lucha: el uribismo para mantener el status quo y las fuerzas emergentes para desalojar al uribismo de las estructuras del poder, donde se volvió fuerte y actuó con total impunidad, muchas veces usando aparatos represivos ilegales o paramilitares.

Apenas este año, se habla de 46 masacres en todo el territorio colombiano.

El pueblo colombiano no era indiferente ante lo que pasaba en las zonas rurales, con desplazamientos de campesinos, fosas comunes masivas, acuerdos públicos entre narcos y gobierno, ‘ñeñepolitica’.

Hay que entender por qué después de miles de muertos, quizá cientos de miles, la gente explote por la muerte de un taxista a punto de graduarse de abogado. La clave: el salvaje asesinato es difundido y no ocurre en un monte, entre uniformes militares, pobreza rural y sembradíos de coca, sino en plena calle bogotana.

El conflicto se ha venido trasladando del campo a la ciudad, donde hay un sujeto urbano irreverente dispuesto a dar la pelea, tal como lo ha demostrado desde octubre de 2019 y ahora en este septiembre pandémico. La nueva normalidad también viene con las protestas, que quedaron pausadas. Esa es la mayor muestra de que el uribismo ya no hegemoniza al país. Antes llegó a controlar, a medias, la esfera rural en connivencia con grupos ilegales, mientras las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) ocupaban otro tanto y las ciudades dormían una siesta uribista.

Ahora, el uribismo  ya no puede controlar las calles cercanas a los centros de poder. Los manifestantes queman las estaciones de policía y sus funcionarios son declarados enemigos de la ira popular. Los personajes del uribismo, el propio Uribe y el presidente Duque, son señalados como responsables

La principal debilidad del uribismo quedó demostrada con la derrota electoral de las regionales de octubre de 2019, porque enseñó que ya no era ese movimiento invencible, sino que venía en descenso y podía ser derrotable

El gobierno de EE.UU., el gran aliado del uribismo, desclasificó información a finales de mayo que vincula a Uribe con el financiamiento de carteles de la droga. Esto no hace sino acelerar el proceso que ya viene desarrollándose desde hace casi un año.

Un año de declive

Al perder importancia el conflicto armado, producto de la firma de la paz con las FARC en 2016, la conflictividad se mueve hacia agendas de mayor contenido social y menos carácter ideológico. Emerge la protesta social, especialmente la urbana, lo que descuadra las formas tradicionales con las que se venía configurando la política, que tenía como escenario central la lucha armada rural, o bien en los propios enfrentamientos o bien en las mesas de negociación, pero siempre en torno a las guerrillas y especialmente a las FARC.

Con la fricción entre Juan Manuel Santos, expresidente que ganó en dos períodos impulsado por los votos de su antecesor, y Uribe, la alianza con las oligarquías se resquebrajó. La firma del acuerdo de paz hizo ver que había una clase dirigente que quería producir otra imagen para Colombia que no fuera la violenta que se impuso durante la guerra interna existente por varias décadas, pero que llegó a su clímax en los últimos años del pasado siglo y los primeros de este.

La ruptura de Santos y Uribe, cada vez más manifiesta, es la de la clase oligárquica histórica y la clase oligárquica emergente. Es una escisión en el bloque hegemónico que va a traer consecuencias políticas. Más que la punta del iceberg, lo que estamos viendo es un sismógrafo en plena época de terremotos: estos pueden bajar o subir en intensidad pero, aunque se detengan, van a volver.

El conjunto de decisiones que estamos viendo en diversas instituciones, y que llega a su punto máximo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 4 de agosto que determina la prisión en casa de Uribe, es reflejo de esa fisura interna al bloque de poder dominante. Para salir del pleito legal, el expresidente ha tenido que renunciar al Senado. Un repliegue personal muy costoso a su figura.

En el mes de junio, el Tribunal de Cundinamarca; el presidente del Senado, Lidio García Turbay (cercano al uribismo), y el Consejo de Estado confrontaron al presidente Duque debido al ingreso de tropas estadounidenses a tierras colombianas. La alta institucionalidad viene cuestionando las alianzas del uribismo, incluso con los militares de EE.UU.

Pero la principal debilidad del uribismo quedó demostrada con la derrota electoral de las regionales de octubre de 2019, porque enseñó que ya no era ese movimiento invencible, sino que venía en descenso y podía ser derrotable en el terreno donde había sido más contundente: el electoral.

A las semanas de los resultados electorales, ya en noviembre, comenzaron largas jornadas de protestas de toda índole, desde cacerolazos en urbanizaciones hasta saqueos en ciudades, incluyendo marchas y protestas violentas que llegaron a su clímax hacia finales de año con la realización de paros nacionales: el rey ya estaba desnudo.

Las protestas en Colombia se enmarcan en el denominado posuribismo, que designa un momento en el que la sociedad busca un equilibrio en las fuerzas para que el militarismo (y paramilitarismo), que marcó las largas décadas de guerra social, permita la participación social que las masacres impiden

Un estallido social como el de noviembre, diciembre y enero no se había visto hace muchas décadas en Colombia. La protesta logró una articulación de diversos sujetos politizados, como estudiantes y campesinos, con masas populares no acostumbradas a movilizarse políticamente, especialmente las mayorías urbanas, que siempre estaban a la sombra del conflicto central colombiano.

Una palabra

Para comprender estas protestas en Colombia basta con una palabra: posuribismo. Designa un momento en el que la  sociedad busca un equilibrio en las fuerzas para que el militarismo (y paramilitarismo), que marcó las largas décadas de guerra social, permita la participación social que las masacres impiden.

A fines del año pasado nos llegaron imágenes impactantes en relación al nivel de radicalidad de las manifestaciones, así como su masividad. Desde cacerolazos hasta saqueos por comida. La última parte de este año seguramente también será conflictiva. Seguiremos viendo la diatriba hasta tanto no haya una salida estructural que no sea chantajeada por la violencia del uribismo. Puede que las presidenciales de 2022 queden muy lejos y haya que buscar un entendimiento próximo antes que Colombia vuelva a un panorama de guerra civil que marcó los últimos decenios.

América Latina: ¿De rodillas frente al Covid?


América Latina y el Caribe se convirtió este lunes en la segunda región con mayor cantidad de víctimas por la pandemia del coronavirus, acumulando un total de casi 143.500 muertes, superando por al menos 300 decesos la cantidad reportada entre EE.UU. y Canadá, según los datos publicados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Así, se destacan los casos de Brasil y México, con más de 71.400 y 34.700 fallecidos por covid-19, respectivamente. Entre las naciones más afectadas de Latinoamérica, también está Perú, que suma casi 11.700, y Chile, muy cerca de los 7.000.

Ecuador, con una población menor, está superando las 5.000 víctimas, luego de haber experimentado el colapso de sus sistemas sanitario y funerario durante varias semanas. Y Bolivia, que según la OPS aún no llega a las 1.800 muertes, en los últimos días también mostró conflictos en su capacidad de atención médica.

Con ese marco, la directora del organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Carissa Etienne, pidió sostener los esfuerzos para responder a la emergencia sanitaria en todo el continente: “Debemos permanecer alertas, pero especialmente en lugares que han visto un aumento reciente de casos, como lo estamos viendo en varios estados de EE.UU., y en la mayoría de los países de América Central y América del Sur”.

Por ahora, los números más elevados siguen siendo de Europa, que registra unos 200.000 decesos por la pandemia.

Fuente: RT noticias

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