¿Adiós al sueño socialista?


El Gobierno venezolano, que carga con cientos de empresas estatales quebradas en una economía que está en caída libre, está abandonando la doctrina socialista y traspasando empresas clave a inversionistas privados, ofreciendo ganancias a cambio de una participación en ingresos o productos.

Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido transferidas, pero no vendidas, a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas, dijeron nueve personas con conocimiento del asunto. Los administradores cubren la nómina y las inversiones, y entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al Gobierno.

“Creemos que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado”, comentó Ramón Lobo, legislador del partido socialista gobernante y exministro de Finanzas. “El Estado actúa como supervisor y recibe una retribución”.

El cambio es notorio en la agricultura, parte del esfuerzo del presidente Nicolás Maduro por alimentar a una población hambrienta después de siete años de colapso económico y social. No está claro cuánto dinero aporta la nueva política, que sigue a la aprobación del año pasado de una ley “anti-bloqueo” que buscaba reducir el impacto de las sanciones de Estados Unidos e incentivar la inversión. El Gobierno ahora permite que fluyan las remesas en dólares y la empresa privada florezca en pequeños bolsillos.

Maduro tomó el poder hace ocho años después de la muerte de Hugo Chávez, quien inició la revolución socialista al confiscar más de mil empresas y numerosas granjas y propiedades, incluidos activos de multinacionales como Kimberly-Clark, Cemex y Kellogg.

Sin embargo, las nuevas empresas estatales fracasaron debido a una mala gestión. Utilizando sus vastos ingresos petroleros, el Gobierno reemplazó los cultivos y la fabricación local por importaciones.

La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, fue puesta en manos de aliados y también se volvió ineficiente, convirtiéndose en efecto en un brazo del partido de Gobierno. Fue llevada a la ruina y forzada a recortar su producción. Entre eso y las recientes sanciones de Estados Unidos, que aumentaron significativamente durante la presidencia de Trump, han destrozado una sociedad que alguna vez estuvo entre las más ricas del mundo.

Más de 5 millones de venezolanos han huido del país en un intento desesperado por evitar la ruina.

“El Gobierno de Maduro dio un giro en U a fines de 2019 al promover un capitalismo salvaje”, consideró Rodrigo Agudo, jefe de la Red de Alimentos de Venezuela. “Dejó de recaudar impuestos sobre ciertas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y otros a invertir dinero de orígenes desconocidos en empresas locales”.

Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación del año pasado de la ley anti bloqueo otorgó a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación.

Pero la naturaleza precisa de los nuevos acuerdos, ya sean arrendamientos, licencias o comodatos, no está clara. La ley anti bloqueo prohíbe revelar dicha información, teóricamente para proteger a las empresas de las sanciones de EU, que están dirigidas a entidades que hacen negocios con el Gobierno, pero excluye a empresas privadas.

Los ministerios de Agricultura e Información no respondieron a solicitudes de comentarios.

Los nuevos acuerdos están afectando a las principales empresas y en su mayoría involucran a empresarios con vínculos con el Gobierno, pero no exclusivamente. En algunos casos, las propiedades incautadas están volviendo a aquellos de quienes fueron confiscadas. En otros, los propietarios se niegan a participar.

Términos de asociación similares se han establecido anteriormente en la industria petrolera. PDVSA otorgó a las empresas locales más control sobre activos estatales como petróleo y plantas de compresión de gas para operar y aumentar la producción. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas.

Lobo, el legislador socialista, dijo que los acuerdos tienen plazos, generalmente de cinco a 10 años, y funcionan como una concesión. La empresa privada se compromete a invertir, aumentar la producción dentro de un plazo y administrar el activo.

La mayoría de los nuevos acuerdos se realizan en zonas rurales del país.

Agropatria, un negocio de suministros agrícolas de tamaño monopólico nacionalizado en 2010 que dirigía cinco empresas, ahora está recurriendo a la gestión privada. Más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas, confiscadas “para liberar a los productores de la extorsión y los intermediarios”, según el entonces presidente Chávez, ahora son administradas por Agrollano 2910, una empresa agrícola local que está invirtiendo casi 150 millones de dólares para reabastecerse, según cuatro de las personas.

Lácteos Los Andes, un gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el Gobierno en 2008, ahora es administrado por una empresa privada venezolana, aunque no se han realizado cambios oficiales en el consejo.

Dos plantas de procesamiento de granos del Gobierno, en su mayoría inactivas desde su inauguración en 2007, han sido transferidas, pero no vendidas a empresas privadas locales. Lo mismo ocurre con las plantas de leche y café construidas durante el auge del petróleo de Venezuela y en virtud de acuerdos bilaterales con aliados regionales como Cuba, Bolivia, Brasil y Argentina.

Las condiciones para las empresas varían. La contribución principal es un porcentaje de las ganancias o de la producción para el Estado. En algunos casos, el Gobierno y los gerentes están discutiendo una escala salarial mensual estandarizada de entre 60 y 80 dólares para trabajadores y técnicos, agregaron algunas de las personas.

No todas las empresas a las que el Gobierno apunta para asociarse están generando interés. Los empresarios locales desconfían por los años de mal mantenimiento bajo la supervisión del Estado y temen a nuevas nacionalizaciones.

Maduro, que ha reducido las asignaciones para algunos Gobiernos estatales y locales durante la crisis, les ha otorgado margen de maniobra para asociarse con empresas locales para generar ingresos. En diciembre, el gobernador del estado agrícola de Portuguesa, Rafael Calles, declaró a los medios públicos que las alianzas con el sector privado en la administración de 24 empresas estatales recaudaron 60 mil dólares al mes para el Gobierno estatal.

El Gobierno nunca ha publicado el número de propiedades que ha incautado a lo largo de los años, pero un estudio de la cámara industrial nacional (Conindustria) indicó que un total de mil 322 granjas de ganado, tiendas de alimentos, compañías eléctricas, molinos, fabricantes de vidrio, bancos, supermercados e instalaciones de almacenamiento en frío fueron expropiadas entre 2002 y 2015.

Muchas dejaron de existir y solo quedan unas 700. La mayoría de sus antiguos propietarios aún esperan una compensación o están involucrados en un litigio con la esperanza de recibir un pago, según un estudio de Transparencia Internacional de 2019.

Algunos analistas señalan que lo que está sucediendo en Venezuela tiene precedentes en otros Estados autoritarios de izquierda.

“Este proceso es similar al proceso de privatización en Rusia en que los activos se transfieren a empresas locales privadas y a inversionistas de países aliados al Gobierno”, explicó Asdrubal Oliveros, jefe de la consultora económica Ecoanalítica, hablando de la década de 1990.

“Pero a diferencia de Rusia, no ha habido un programa de estabilización profunda con la ayuda de organizaciones multilaterales. Estar aislado y bajo sanciones lo convierte en una situación diferente”, remarcó.

Texto original: El Financiero

«91% de los venezolanos apoyan al chavismo»:CNE


El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela confirmó este miércoles a través de una nueva actualización que el chavismo conquistó el 91,34 % de los escaños para la Asamblea Nacional (AN) durante el período 2021-2026.

La cifra se traduce en 253 escaños que estarán bajo el control del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). De esta forma, el chavismo se impuso en los 87 circuitos existentes, la lista nacional y las 24 listas regionales que se encontraban en disputa.

En segundo lugar, se ubica la agrupación opositora Acción Democrática, que alcanzó 11 diputados (3,97 %). Por su parte, Avanzada Progresista obtuvo tres curules al igual que El Cambio (1,08 % cada uno). Mientras que, Primero Venezuela conquistó dos (0,72 %)

Asimismo, el organismo informó la selección de un diputado (0,36 %) de COPEI y otro del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Por completar la lista de puesto en el Parlamento, la presidenta del CNE, Indira Alfonzo, anunció que este miércoles se realiza una jornada en diez estados del país, con 37 asambleas generales, para elegir a los 3 diputados o diputadas que representarán a los pueblos y comunidades indígenas en la AN.

«El día de mañana [10 de diciembre], luego de haberse cerrado estas mesas de votación, haberse levantado las actas respectivas y haber cumplido con todas y cada una de las normas, el CNE pasará a informar los resultados decididos por los pueblos originarios», indicó Alfonzo.

A los comicios legislativos, que contaron con la participación de un 30,5 % de los electores inscritos, asistieron 1.500 veedores nacionales y 200 representantes internacionales de 34 países, que certificaron la transparencia y legitimidad del proceso.

Sin embargo, como ha ocurrido desde de 2017, cuando los venezolanos eligieron a la Asamblea Nacional Constituyente, varios gobiernos de la comunidad internacional desconocieron los resultados del proceso por considerarlos carentes de «legalidad».

Fuente: RT noticias

¿Qué es lo que sucede con el oro de Venezuela?


Estados Unidos sanciona dos empresas por venta de gasolina a Venezuela


El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves una sanción a las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, así como a sus propietarios, por participar en la comercialización y exportación de petróleo venezolano.

Las sanciones incluyen a los mexicanos Joaquín Leal Jiménez García, Olga María Zepeda Esparza y su madre Verónica Esparza García, copropietarios de las compañías.

El Gobierno estadounidense acusa a las compañías y sus propietarios de exportar principalmente a países asiáticos cerca de 30 millones de barriles -valorados en más de 300 millones de dólares- propiedad de Petróleos de Venezuela, la empresa estatal de petróleo del país sudamericano.

La comercialización de crudo, se lee en un comunicado del Departamento del Tesoro, se dio mediante acuerdos de intercambio de petróleo por ayuda humanitaria -como agua y maíz-, en un intento por evadir las sanciones impuestas por Washington al sector petrolero de Venezuela como medida de presión al régimen de Nicolás Maduro.

«El régimen ilegítimo de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones, que el Tesoro ha expuesto ahora», dijo Justin G. Muzinich, el subsecretario del Tesoro del gobierno de Trump, en el comunicado.

Ninguna de las dos compañías, ambas con sede en la Ciudad de México, tenían experiencia previa en el mercado de petróleo. Antes de entrar a la comercialización de crudo, Libre Abordo participó en la compra y reventa de artículos de limpieza, equipos hospitalarios, productos agrícolas y equipos industriales, mientras que Schlager Business Group se dedicó a servicios administrativos y de soporte administrativo

La relación comercial entre las empresas mexicanas con Venezuela data al menos desde 2019.

“La explotación de los recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo, en beneficio del régimen ilegítimo del presidente Maduro y sus compinches es inaceptable”, dice el comunicado.

Hace unas semanas, de acuerdo con Reuters, Libre Abordo acusó presión de Estados Unidos para detener sus operaciones. Las sanciones son parte de una investigación de la Buro Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) hacia compañías mexicanas y europeas probablemente implicadas en la comercialización de petróleo venezolano.

Fuente: El Financiero

«México apoyaría a Venezuela de ser necesario»: AMLO


El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que México vendería gasolina a Venezuela si fuese por una necesidad humanitaria, pero que ese país no ha hecho ninguna solicitud.

«No nos ha hecho ninguna solicitud (el Gobierno de Venezuela), y en el caso que nos hiciera la solicitud y fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos, ¿eh?», indicó el mandatario federal al ser cuestionado al respecto.

Sobre si haría esto pese a posibles sanciones de Estados Unidos, destacó que México es un país soberano.

«Sí (pese a las posibles sanciones), nosotros somos libres, México es un país soberano, tomamos nuestras propias decisiones y no nos metemos con las políticas de otros países, es autodeterminación de los pueblos, y ayudar en lo humanitario. Nadie tiene derecho a oprimir a otros, ninguna hegemonía puede aplastar a ningún país», subrayó.

El pasado 1 de junio, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que los precios del combustible aumentarían en este mes, un cambio de política histórico después de décadas de subsidios que han permitido a los venezolanos llenar sus tanques prácticamente de forma gratuita.

Venezuela tiene las mayores reservas de crudo del mundo, pero se enfrenta a la escasez de gasolina. Esta se debe a una combinación de factores, incluida la mala gestión y la corrupción en la petrolera estatal PDVSA. No obstante, el verdadero golpe vino con las sanciones estadounidenses.

Desde 2019, EU impuso sanciones que impiden a Venezuela exportar su crudo o que importe productos derivados de este.

Con información de Bloomberg.

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