Veracruz: Impunidad y olvido


Por Manu Ureste y Nayeli Roldán (Animal Político)

Miguel Ángel Vega Garcia, el contralor en las administraciones de Rosario Robles en la Sedesol y Sedatu que no sancionó La Estafa Maestra pese a que la Auditoría Superior de la Federación le solicitó en 15 ocasiones que investigara a funcionarios de ambas dependencias, por múltiples irregularidades, ahora forma parte del gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz como director Anticorrupción en la Contraloría estatal.

Aunque Vega García nunca detectó irregularidades, Rosario Robles enfrenta ahora un proceso penal por no haber detenido La Estafa Maestra, es decir, que las dependencias a su cargo hicieran convenios con universidades públicas para realizar supuestos servicios, y luego éstas subcontrataran a empresas que resultaron ser fantasma, por lo que el dinero público desapareció. Mecanismo que también ocurrió en otra decena de dependencias, entre ellas Pemex y Banobras.

Como titular del Órgano Interno de Control de la Sedesol y Sedatu, Vega García tenía la responsabilidad de encontrar las irregularidades incluso antes que la Auditoría Superior, pero no sancionó a ningún funcionario por los presuntos desvíos millonarios a empresas fantasma.

Ni siquiera cuando la Auditoría Superior le emitió 15 “promociones de responsabilidades” para determinar sanciones contra funcionarios públicos que hicieron mal su trabajo, según demuestran las respuestas a solicitudes de información realizadas por Animal Político.

Pese a esos resultados, desde este 2019 Vega García fue integrado a la administración del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de Morena, como director general de Anticorrupción y Transparencia en la Contraloría estatal.

Su puesto es una de las tres principales direcciones de la Contraloría, encabezada por Mercedes Santoyo Domínguez. Tiene a su cargo seis subdirecciones encargadas de la “integridad y responsabilidad de los servidores públicos, su situación patrimonial y ética”, entre otros puntos, de acuerdo con el organigrama del gobierno estatal.

Vega García comenzó su experiencia en la administración pública federal en 2004 como director de normatividad y la Secretaría de la Función Pública, luego estuvo en la Secretaría de Energía en 2009, como coordinador de proyectos en el Órgano Interno de Control.

Llegó a Sedesol en mayo de 2015 como titular del Órgano Interno de Control y cuatro meses después dejó el puesto para irse a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), cuando Rosario Robles también fue reubicada a dicha dependencia. Ambos estuvieron hasta diciembre de 2018.

En su paso por Sedesol, personal a su cargo realizó un expediente en el que concluyó que los convenios de La Estafa Maestra realizados con las Universidades de Morelos y el Estado de México se hicieron correctamente y, por tanto, exoneró de cualquier responsabilidad a cuatro servidores públicos. Dicho documento ha sido utilizado por Rosario Robles como muestra de su inocencia.

Uno de los exonerados fue Emilio Zebadúa, el exoficial mayor de Rosario Robles contra el que la Fiscalía General de la República (FGR) sí abrió una investigación por el presunto desvío de 185 millones de pesos, la cual se encuentra congelada a la fecha gracias a un amparo concedido por un juez federal el pasado 27 de agosto.

Previo a la publicación de esta nota, Animal Político buscó a Miguel Ángel Vega por correo electrónico, llamadas telefónicas, y a través de comunicación social de la Contraloría General de Veracruz, pero no dio respuesta a la solicitud de entrevista.

Miles de millones desviados, cero sancionados

Entre 2013 y 2017, la Auditoría Superior de la Federación emitió 15 promociones de responsabilidad administrativa a los OIC de Sedesol y Sedatu, a partir de cinco revisiones del presupuesto anual en los que detectó y denunció penalmente ante la FGR desvíos millonarios que acabaron en las cuentas de empresas fantasma.

El mecanismo de desvío detallado en los informes de la Auditoría, y que a la postre se conoció como La Estafa Maestra, consistió en que la Secretaría de Gobierno federal firmaba un convenio de colaboración con una universidad pública para que ésta realizara determinados servicios. Sin embargo, la universidad no cumplía con esos servicios y, a través de una violación a la Ley de Adquisiciones, entregaba el 90% del dinero a empresas fantasma, que tampoco daban servicio alguno, por lo que el dinero público desaparecía.

Por ello, en esas promociones de responsabilidad administrativa, la Auditoría instruyó a Miguel Ángel Vega para que investigara posibles “actos y omisiones” de los servidores públicos que “no supervisaron, verificaron ni validaron” los trabajos contratados por Sedesol y Sedatu a las universidades, ni vigilaron el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones.

Animal Político, por medio de una solicitud de transparencia pública, cuestionó a la Secretaría de la Función Pública cuántos funcionarios de Sedesol y Sedatu fueron sancionados a partir de esas 15 promociones de responsabilidad administrativa, y cuántas de esas sanciones están hoy firmes, es decir, cuántas ya fueron ratificadas por un tribunal.

Además, también se solicitó el cargo del funcionario, o de los funcionarios sancionados, y en qué consiste la sanción -inhabilitación para ejercer la función pública por un determinado periodo de tiempo, sanción económica, etcétera-.

La respuesta de Función Pública fue que, a la fecha, esas promociones de responsabilidad no han dado como resultado alguna sanción por mal ejercicio del servicio público.

Es decir, no se sancionó a ningún servidor público, a pesar de que la Auditoría primero, y luego la investigación periodística La Estafa Maestra, documentaron que solo en Sedesol se desviaron presuntamente 2 mil 224 millones de pesos, a través de múltiples violaciones a la ley federal de adquisiciones. Mientras que, de nuevo la Auditoría en informes de la Cuenta Pública 2016, detectó nuevos desvíos en Sedatu, por al menos mil 747 millones de pesos.

Función Pública también informó por transparencia que, de las 15 promociones de responsabilidad de la ASF, el Órgano Interno de Control dio ‘carpetazo’ a cinco “por falta de elementos” para sancionar, y otra más fue cerrada porque “se determinó la prescripción de la autoridad para imponer sanciones”.

Las nueve restantes, todas correspondientes a las investigaciones en Sedatu, aún tienen el estatus “en investigación”, a pesar de que hay promociones de responsabilidad que fueron instruidas en 2015, hace casi cinco años.

Carpetazo a las investigaciones

Entre las investigaciones que fueron cerradas por “falta de elementos”, están las que hizo el Órgano Interno de Control de Sedesol a cuatro altos funcionarios de esa dependencia: Emilio Zebadúa, exoficial mayor; Humberto René Islas, entonces director de recursos materiales; Sonia Angélica Zaragoza, exdirectora de Recursos Humanos; y Enrique Prado Ordoñez, exdirector de adquisiciones.

Como el propio Miguel Ángel Vega, estos cuatro funcionarios son parte del equipo de Rosario Robles que pasaron de Sedesol a Sedatu. Los cuatro firmaron convenios cuando estuvieron en Sedesol, que derivaron en denuncias penales interpuestas por la Auditoría ante la Fiscalía por el presunto desvío de 850 millones de pesos.

La investigación periodística La Estafa Maestra, publicada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción,documentó que entre las empresas beneficiadas por los cuatro funcionarios exonerados figura, por ejemplo, Grupo Comercializador Cónclave, declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como compañía fantasma; es decir, como una sociedad que no tiene infraestructura real, personal laborando, ni activos, y que simulaba operaciones comerciales para desviar recursos públicos.

La investigación del Órgano Interno de Control de Sedesol contra estos cuatro funcionarios inició en agosto de 2015, y poco más de un mes después concluyó con el resultado ya expuesto: se exoneró de toda responsabilidad a los servidores públicos por “falta de elementos”.

Rosario Robles, hoy en prisión preventiva como parte del proceso judicial que enfrenta por el delito de ejercicio indebido de la función pública, ha presumido públicamente en numerosas ocasiones el resultado de esta investigación, como prueba de que en su dependencia no se cometió irregularidad alguna.

Animal Político publicó en octubre del año pasado que la Secretaría de la Función Pública sancionó al extitular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la Sedesol, por exonerar de manera injustificada a los cuatro funcionarios.

Además, organizaciones civiles como Fundar y México Evalúa analizaron el trabajo del OIC-Sedesol en este caso, y llegaron a la misma conclusión que la Secretaría de la Función Pública: la investigación fue “parcial”, “limitada”, “sin sustento” y “carente de certeza jurídica”.

Por ejemplo, las organizaciones detectaron que el Órgano Interno de Control de Sedesol hizo interpretaciones erróneas o parciales a la Constitución mexicana, a la Ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, y a la Ley de adquisiciones, bajo las cuales se debió analizar la actuación de los cuatro funcionarios implicados en los convenios de Sedesol con las universidades.

“No hay evidencia de que el OIC haya hecho una investigación propia o diligencias para llegar a la conclusión de que no existen elementos suficientes para sanciones a servidores públicos de Sedesol”, concluyó México Evalúa sobre la indagatoria del Órgano Interno de Control.

A pesar de estas conclusiones, el único sancionado por la exoneración improcedente del OIC, a cargo de Miguel Ángel Vega, fue el titular de Quejas del OIC; un funcionario de rango medio que el día de hoy mantiene un proceso legal abierto ante la justicia para revocar la sanción de inhabilitación que le impuso Función Pública, por considerar que ésta fue injusta e infundada.

Alerta de Tornado…¿En Veracruz?


En Veracruz existe una alerta a la población ante el desarrollo de un tornado que trae un cúmulo de nubes que podrían cubrir el norte y sur de la entidad, aumentando los potenciales de lluvia en la región y tormentas aisladas sobre todo en las zonas montañosas.

De acuerdo con reportes de Protección Civil y el meteorológico veracruzano, el fenómeno atmosférico es de corta duración con escala EFO (con vientos de 105 a 137 kilómetros por hora) e importante precipitación pluvial acompañada de ráfagas de viento.

La instancia indicó que el pronóstico espera un acumulado de lluvias de cinco a 20 mililitros y máximas de 30 a 50 mililitros en las próximas seis horas como plazo mayor, por lo que las regiones que podrían sentir los efectos del tornado serían El Higo, Tempoal, Huayacocotla, Coyutla, Jalacingo, Acajete, Huatusco, Coscomatepec, Orizaba y Cordoba.

Además podría pasar por Pánuco, Tantoyuca, Jilotepec, Banderilla, Xalapa, Coatepec, Teocelo, Tierra Blanca, Tres Valles, Los Tuxtlas, Playa Vicente, Uxpanapa y Las Choapas, donde ese espera una precipitación de intensa.

En zonas montañosas se podrían dar deslaves, deslizamiento de tierra y derrumbes en laderas, así como actividad eléctrica importante y caída de granizo, por lo que invita a la población a extremar precauciones.

La instancia indicó que la acumulación densa de nubosidad empieza con el desarrollo de la tormenta por la tarde noche, mientras que en zonas como Huatusco ya empieza a sentirse una intensa lluvia.

Wrinckler fuera…¿Qué sigue?


La tarde de este martes, de manera sorpresiva, el Congreso de Veracruz removió temporalmente a Jorge Winckler Ortiz del cargo de Fiscal General del Estado.

En la sesión de la Diputación Permanente fue designada en su lugar Verónica Hernández Giadans.

Este día, en una carta enviada a la DiputaciónPermanente, la Junta de Coordinación Política que encabeza Juan Javier Gómez Cazarín solicitó dejar de lado otros temas para tratar únicamente la remoción de Winckler, lo que fue avalado, votado y aprobado.

Hernández Giadans se desempeñaba como Directora General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado, dependencia que encabeza Eric Cisneros, quien en diversas ocasiones ha señalado públicamente a Winckler Ortiz de proteger a criminales.

En la sesión se argumentó que la decisión de proceder en contra de Winckler Ortiz se trata de una separación provisional en sus funciones, debido a que no ha cumplido con los requisitos constitucionales de estar debidamente certificado y registrado en el sistema como alto mando en la procuración de justicia de Veracruz.

Fuente: El Heraldo de México 

¿Lozoya pagó la campaña de Javier Duarte?


Por Arturo Ángel (Animal Político)

De acuerdo con investigaciones y declaraciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su poder, la constructora brasileña Odebrecht presuntamente inyectó en 2010 al menos 850 mil dólares a las campañas de dos candidatos priistas a gobernador: Javier Duarte y Rodolfo Torre Cantú, situación  que a la postre le permitió obtener contratos en Veracruz y Tamaulipas.

Las versiones sobre estos pagos ya habían trascendido en los últimos años, pero cobran relevancia ahora debido a que la FGR las retomó a través de las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, y las incluyó en los documentos que mandó a un juez federal para solicitar la orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Aunque la Fiscalía no ha acusado formalmente a Duarte por este caso (Torre Cantú fue asesinado poco antes de la votación), el Ministerio Público decidió incluir dichos señalamientos para fortalecer la hipótesis de su caso en contra de Lozoya, ya que supuestamente habría sido este quien propuso a la empresa dichas “inversiones”.¿Pero cómo es que se dio esta propuesta, y cómo es que se efectuaron dichos pagos? ¿Quién los autorizó y quiénes fueron los intermediarios? A continuación se detalla la información contenida en el expediente enviado al juez, al que Animal Político tuvo acceso:

¿Invirtiendo a futuro?

Según lo narrado por la FGR al juez federal, el interés de la constructora Odebrecht por invertir en México surgió en 2009, cuando su entonces Director Superintendente en México, Luis Alberto de Menesses Weyll, conoció a Emilio Lozoya Austin, quien por aquel entonces ejercía el cargo de Director del Foro Económico Mundial de América Latina.

“Al tener ese cargo y por ser mexicano, (Lozoya) tenía conocimientos que Luis Weyll consideró útiles para su plan de acción. De 2009 a 2012 tuvieron un sinfín de reuniones siempre que Emilio (Lozoya) estaba en México, donde él (Weyll) lo consultaba para que lo orientara sobre la manera en que podrían desarrollar negocios”, señalaron los fiscales.

La recomendación específica de Lozoya para Weyll, según lo descrito por la FGR, fue que se asociara con empresarios de nivel estatal para fortalecer su presencia en el país, y específicamente le habría recomendado dirigirse a Veracruz y Tamaulipas, entidades que para 2010 estaban bajo administración priista y con la posibilidad de repetir sexenio.

Los fiscales sostienen que fue el propio Lozoya quien personalmente presentó a los directivos de Odebrechtcon varias personas con la finalidad de asociarse. Ello le permitió a la constructora ganar diversos contratos en sociedad con empresas locales.

Como “agradecimiento” a las gestiones realizadas a nivel local que ayudaron a Odebrecht a posicionarse en México, pero también como un aliciente para ser favorecidos con contratos  a nivel federal en el gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, Odebrecht transfirió en 2012 más de tres millones de dólares a Lozoya. El pago se hizo en cinco partes a través de cuentas fachada, como se describe en esta nota.

‘Batman’ y el medio millón a Duarte

El expediente entregado al juez detalla que Lozoya le recomendó a los directivos de Odebrecht que invirtieran en Veracruz, uno de los estados más poblados del país y con una fuerte infraestructura relacionada con la producción y transporte de combustibles, y sus derivados.

En específico les recomendó que buscaran asociarse con un empresario local de nombre Felipe Ruz quien, junto con su hijo, era propietario de la compañía “Constructora Ruso”, a través de la cual podrían buscar distintas inversiones.

Sin embargo, según los fiscales de la FGR, las recomendaciones de Lozoya no se limitaron a alianzas empresariales, sino que les sugirió que era importante aprovechar el contexto político local de cambio de gobierno.

“Cabe resaltar que en julio de 2010 habría elecciones estatales y que el entonces gobernador Fidel Herrera se encargaría de designar como su sucesor a Javier Duarte de Ochoa. Por ello la compañía Odebrecht, con la finalidad de obtener un buen posicionamiento en el futuro gobierno, aportó a la campaña de Javier Duarte de Ochoa la cantidad de 500 mil dólares americanos”, indica el documento entregado al juez.

Este pago habría sido autorizado directamente por Luiz Antonio Mameri, entonces director regional para América Latina de Odebrecht, y la transferencia se habría realizado a través de la denominada División de Operaciones Estructuradas, como se le denominaba formalmente al departamento de pago de sobornos de la compañía brasileña.

Se detalla que estos pagos en específico fueron catalogados con los nombres clave “Batman y Robin”, dentro del sistema construido por Odebrecht para dar seguimiento a estos pagos de nombre “Drousys”.

Lo que no detalla la FGR es exactamente a qué empresa o intermediario relacionado con la campaña de Javier Duarte se había transferido dicho gobierno.

“Como consecuencia de dichos pagos a mediados de 2013 el Gobierno de Veracruz adjudicó de manera directa a la empresa Constructora Norberto Odebrecht el Proyecto de Propósitos Múltiples en Xalapa, siendo subcontratada para dicha obra la empresa Constructora Ruso”, indicaron los fiscales.

Cabe señalar que exfuncionarios cercanos al gobierno de Javier Duarte han señalado con anterioridad a Animal Político que sí existieron pagos ilegales de Odebrecht en Veracruz, sobre todo para ganar contratos relacionados con el manejo de agua. No obstante el exgobernador ya ha refutado antes que eso sea verdad.

Duarte niega pago a su campaña

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa rechazó que a su campaña para gobernador del estado de Veracruz hayan llegado recursos provenientes de la empresa Odebrecht como declararon sus directivos.

Confirmó que la empresa invirtió en la entidad lo que generó miles de empleos pero negó que detrás de dichos contratos hubieran irregularidades.

“No sé por qué lo haya declarado este señor Luis Meneses Weyll ese tema, pero a mí no me entregaron ningún recurso, tan es así que no les di nada, no hubo ningún compromiso” dijo.

“Yo a los brasileños no los conocí por Emilio Lozoya, yo a los brasileños los conocí porque ya estaban invirtiendo en Veracruz cuando yo llego al Gobierno. El proyecto Etileno XXI ya se estaba desarrollando en Veracruz cuando yo llego al Gobierno del estado… viene desde Fidel Herrera. Y cuando yo llego ya la obra está en marcha y allí es donde conozco a Marcelo Odebrecht, conozco a todos estos tipos, pero los conozco porque están invirtiendo en Veracruz” añadió.

Los 350 mil a Torre Cantú

Los fiscales de la FGR señalaron al juez que “siguiendo los lineamientos que había señalado Emilio Lozoya” Odebrecht decidió intervenir también en Tamaulipas, y para ello recomendó Meneses Weyll reunirse con Jorge Eduardo Rivera Schotte, empresario tamaulipeco accionista de la compañía “Petrochem México”.

Los fiscales detallan que Rivera Schotte formaba parte de un círculo empresarial que apoyaba al entonces candidato del PRI al gobierno del estado Rodolfo Torre Cantú. Según la narración, Rivera le comentó a Weyll que si quería posicionarse en la entidad “era necesario que contribuyera a la campaña” del referido candidato.

“Por ello Odebrecht durante el primer semestre de 2010 efectuó un pago de 350 mil dólares americanos, siguiendo la misma mecánica que en el Estado de Veracruz, es decir, el pago fue autorizado directamente por Luiz Mameri y realizado mediante el Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa”, indicaron los fiscales.

En este caso se añade que la transferencia se realizó a una cuenta del Banco Mercantil del  Norte, a nombre de la empresa Blunderbuss Company de México.

Blunderbuss es una compañía constituida en 2008 en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, la cual en el objeto social de su acta constitutiva (de la que Animal Político tiene copia) dice dedicarse a múltiples cosas, desde la construcción hasta el comercio. El SAT ya la etiquetó este año como presunta empresa fantasma. 

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó –en esta nota– que dicha compañía está ligada a una red de empresas fachada que ha canalizado millones de dólares en sobornos provenientes de Odebrecht.

Lo que no se detalla en el expediente enviado al juez es qué tipo de contrato o de inversión habría ganado la constructora brasileña en Tamaulipas, por los miles de dólares que presuntamente inyectó en la campaña de Cantú.

Inversiones en Hidalgo

En los oficios entregados al juez los fiscales sostienen que la constructora hizo las conexiones necesarias –de nuevo con la presunta ayuda de Lozoya- para invertir en el estado de Hidalgo, aunque aquí no se detalla algún pago electoral o soborno en específico.

“Emilio Lozoya Austin le recomendó a Luis Weyll se asociara con el empresario Juan Carlos Tapia Vargas, accionista de la empresa Construcciones Industriales Tapia, quien tenía gran presencia e influencia política en el estado de Hidalgo y principalmente con sindicatos, que, a su decir, en México eran de gran relevancia para ganar y ejecutar proyectos”.

Se añade que entre 2011 y 2012 Odebrecht formalizó una alianza con la empresa local Construcciones industriales Tapia, para ganar contratos de diversas obras.

De ser ciertos dichos contratos locales, ellos habrían ocurrido durante la gestión de los gobernadores Miguel Angel Osorio Chong y Francisco Olvera Ruiz, ambos de extracción priista

De acuerdo con los fiscales, a la postre estas alianzas empresariales le ayudaron a Odebrecht a fortalecer su posición en la búsqueda de contratos a nivel federal, como los de Pemex en torno a la refinería de Tula, en Hidalgo.

“Nada impedirá que sigamos buscando”: Colectivo Solecito


Texto original: Rodrigo Soberanes (Animal Político)

Tras cerrar el proceso de tres años en el que localizaron los restos de al menos 298 víctimas en el predio Colinas de Santa Fe, integrantes del Colectivo Solecito Veracruzano dijeron que seguirán con la búsqueda de por los menos 300 víctimas en 30 posibles fosas, en diferentes zonas de Veracruz.

Dicen tener “todas las herramientas necesarias” e información sólida, para seguir con la búsqueda de sus familiares desaparecidos, incluso supliendo las obligaciones del Estado, como señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Nada impide a una madre seguir buscando. Si nos ponen 20 mil piedras las vamos a quitar del camino, nada nos va a detener. Se cierra una puerta, se abre otra. A una madre nadie la detiene”, dijo Rosalía Castro Toss, integrante de esa organización y madre de un joven desaparecido en el municipio de Huatusco, Veracruz.

El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, quien ha acompañado la búsqueda y estuvo presente durante el cierre de Colinas de Santa Fe el jueves pasado, dijo a Animal Político que esta institución ha corroborado cómo los colectivos de búsqueda de personas, como Solecito Veracruzano, ”han hecho el trabajo que corresponde a las instancias de gobierno”.

“Hay un problema estructural en materia de procuración de justicia. Corresponde la búsqueda, localización y sanción a las autoridades, (pero) este trabajo ha sido sustituido por el trabajo de los colectivos de familiares de personas desaparecidas”.

Es así como Solecito Veracruzano logró reconocer los restos de 22 personas que ya fueron entregados a sus familiares, y que “ya tienen un lugar digno, ya no están en la incertidumbre. Eso nos impulsa a buscar más confrontas y positivos”, dijo Rosalía Castro, quien sigue intentando localizar a su hijo.

Algunas familias no tienen indicios y otras, como la de Rosalía Castro, tienen información creíble de posibles lugares donde podría hallar los restos de su hijo. En su caso, la información llegó como en muchas ocasiones: una llamada anónima de alguien relacionado con la delincuencia organizada, que decidió hacer una revelación, “una llamada de aquellos, de los malos”.

Contó que cuando pasa eso, lo que hacen es conseguir un permiso del Ministerio Público y después lo presentan al dueño del predio, donde quieren hace la excavación. Ella ya tiene dos búsquedas programadas para septiembre próximo. Están en un predio conocido como Kilómetro 13.5, que está muy cerca de Colinas de Santa Fe.

Los dos lugares están en las inmediaciones de la autopista Xalapa-Veracruz, en el inicio de la zona urbana de Puerto de Veracruz, la ciudad más poblada de ese estado. Rosalía Castro va a buscar a su hijo en una zona donde la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) está realizando la ampliación de la zona portuaria.

El primer visitador de la CNDH recordó que, el 8 de agosto de 2016, Solecito Veracruzano logró entrar a Colinas de Santa Fe después de un proceso burocrático en el que no consiguieron que el Estado cumpliera con su obligación de “comunicación, vinculación y coadyuvancia” prevista en la Ley general en material de desaparición de personas, y en la ley general de víctimas.

“La fecha del 8 de agosto de 2016, cuando se inician los trabajos de Santa Fe, es un momento que debemos recordar solemnemente… para solidarizarnos para quienes han sido víctimas de esta práctica ignominiosa contraria a la dignidad humana, que implica la negación absoluta de todos los derechos humanos”, dijo Ismael Eslava.

La División Científica de la Policía Federal fue la única dependencia que acompañó el proceso de Colinas de Santa Fe, con lo cual, los años que les quedan por delante piensan enfrentarlos con el “empoderamiento” que han logrado hasta ahora. Es decir, harán los trámites que tengan que hacer con los dueños de los predios, buscarán los permisos necesarios en los ministerios públicos e irán a buscar ellas mismas.

Durante los tres años de búsqueda en Colinas de Santa Fe el colectivo Solecito Veracruzano se gastó más de un millón y medio de pesos. Obtuvieron ese dinero haciendo rifas, vendiendo ropa y otras actividades, contó Rosalía Castro, dentista de profesión que ahora tiene un bazar en donde antes era la sala de espera de su consultorio.

“Nuestro colectivo es autosuficiente. Yo tengo un bazar de ropa usada con ropa de muchos países que me la mandan. Tiendas departamentales me mandan ropa con etiqueta. Con lo de mi hijo (su desaparición) cerré el consultorio y ahora la sala de espera es un bazar”, contó Rosalía Castro.

Ella finalizó la entrevista señalando que Solecito Veracruzano tiene por delante una búsqueda de “magnitud inmensa”. 

Por su lado, el primer visitador de la CNDH hizo énfasis en que la experiencia de Colinas de Santa Fe dejó al descubierto las carencias del Estado Mexicano para realizar el trabajo de reconocimiento de cuerpos.

“Uno de los problemas fundamentales que tenemos en desaparición y fosas clandestinas es el hecho de que una vez que se encuentran restos óseos hay un problema serio en materia de identificación forense, es decir, que encontramos restos óseos pero hoy no hay los avances suficientes en materia de identificación forense. Es uno de los problemas estructurales más grandes”.

“Nada impedirá que sigamos buscando”: Colectivo Solecito


Texto original: Rodrigo Soberanes (Animal Político)

Tras cerrar el proceso de tres años en el que localizaron los restos de al menos 298 víctimas en el predio Colinas de Santa Fe, integrantes del Colectivo Solecito Veracruzano dijeron que seguirán con la búsqueda de por los menos 300 víctimas en 30 posibles fosas, en diferentes zonas de Veracruz.

Dicen tener “todas las herramientas necesarias” e información sólida, para seguir con la búsqueda de sus familiares desaparecidos, incluso supliendo las obligaciones del Estado, como señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Nada impide a una madre seguir buscando. Si nos ponen 20 mil piedras las vamos a quitar del camino, nada nos va a detener. Se cierra una puerta, se abre otra. A una madre nadie la detiene”, dijo Rosalía Castro Toss, integrante de esa organización y madre de un joven desaparecido en el municipio de Huatusco, Veracruz.

El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, quien ha acompañado la búsqueda y estuvo presente durante el cierre de Colinas de Santa Fe el jueves pasado, dijo a Animal Político que esta institución ha corroborado cómo los colectivos de búsqueda de personas, como Solecito Veracruzano, ”han hecho el trabajo que corresponde a las instancias de gobierno”.

“Hay un problema estructural en materia de procuración de justicia. Corresponde la búsqueda, localización y sanción a las autoridades, (pero) este trabajo ha sido sustituido por el trabajo de los colectivos de familiares de personas desaparecidas”.

Es así como Solecito Veracruzano logró reconocer los restos de 22 personas que ya fueron entregados a sus familiares, y que “ya tienen un lugar digno, ya no están en la incertidumbre. Eso nos impulsa a buscar más confrontas y positivos”, dijo Rosalía Castro, quien sigue intentando localizar a su hijo.

Algunas familias no tienen indicios y otras, como la de Rosalía Castro, tienen información creíble de posibles lugares donde podría hallar los restos de su hijo. En su caso, la información llegó como en muchas ocasiones: una llamada anónima de alguien relacionado con la delincuencia organizada, que decidió hacer una revelación, “una llamada de aquellos, de los malos”.

Contó que cuando pasa eso, lo que hacen es conseguir un permiso del Ministerio Público y después lo presentan al dueño del predio, donde quieren hace la excavación. Ella ya tiene dos búsquedas programadas para septiembre próximo. Están en un predio conocido como Kilómetro 13.5, que está muy cerca de Colinas de Santa Fe.

Los dos lugares están en las inmediaciones de la autopista Xalapa-Veracruz, en el inicio de la zona urbana de Puerto de Veracruz, la ciudad más poblada de ese estado. Rosalía Castro va a buscar a su hijo en una zona donde la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) está realizando la ampliación de la zona portuaria.

El primer visitador de la CNDH recordó que, el 8 de agosto de 2016, Solecito Veracruzano logró entrar a Colinas de Santa Fe después de un proceso burocrático en el que no consiguieron que el Estado cumpliera con su obligación de “comunicación, vinculación y coadyuvancia” prevista en la Ley general en material de desaparición de personas, y en la ley general de víctimas.

“La fecha del 8 de agosto de 2016, cuando se inician los trabajos de Santa Fe, es un momento que debemos recordar solemnemente… para solidarizarnos para quienes han sido víctimas de esta práctica ignominiosa contraria a la dignidad humana, que implica la negación absoluta de todos los derechos humanos”, dijo Ismael Eslava.

La División Científica de la Policía Federal fue la única dependencia que acompañó el proceso de Colinas de Santa Fe, con lo cual, los años que les quedan por delante piensan enfrentarlos con el “empoderamiento” que han logrado hasta ahora. Es decir, harán los trámites que tengan que hacer con los dueños de los predios, buscarán los permisos necesarios en los ministerios públicos e irán a buscar ellas mismas.

Durante los tres años de búsqueda en Colinas de Santa Fe el colectivo Solecito Veracruzano se gastó más de un millón y medio de pesos. Obtuvieron ese dinero haciendo rifas, vendiendo ropa y otras actividades, contó Rosalía Castro, dentista de profesión que ahora tiene un bazar en donde antes era la sala de espera de su consultorio.

“Nuestro colectivo es autosuficiente. Yo tengo un bazar de ropa usada con ropa de muchos países que me la mandan. Tiendas departamentales me mandan ropa con etiqueta. Con lo de mi hijo (su desaparición) cerré el consultorio y ahora la sala de espera es un bazar”, contó Rosalía Castro.

Ella finalizó la entrevista señalando que Solecito Veracruzano tiene por delante una búsqueda de “magnitud inmensa”. 

Por su lado, el primer visitador de la CNDH hizo énfasis en que la experiencia de Colinas de Santa Fe dejó al descubierto las carencias del Estado Mexicano para realizar el trabajo de reconocimiento de cuerpos.

“Uno de los problemas fundamentales que tenemos en desaparición y fosas clandestinas es el hecho de que una vez que se encuentran restos óseos hay un problema serio en materia de identificación forense, es decir, que encontramos restos óseos pero hoy no hay los avances suficientes en materia de identificación forense. Es uno de los problemas estructurales más grandes”.

Lo bueno, lo malo, lo peor


por Edel López Olán

Lo bueno

Se revienta la burbuja

Carlos Urzua Macías, economista mexicano y doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin renuncia a su cargo en uno de los días más caóticos que ha tenido la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. El ahora ex Secretario de Hacienda, deja el barco a través de una carta que deja en evidencia que aún en el “incorruptible” gobierno de MORENA, existen fuerzas políticas que jalonean desde los pasillos el destino de un país que no tiene ni pies ni cabeza.

Uno de los hombres eje en la famosa “Austeridad republicana” comenta, en un increíble cambio de dogma, que muchas de las decisiones económicas del gobierno se toman sin sustento en evidencias y con total extremismo, en un evidente conflicto de interés de personas con poco o escaso conocimiento de economía en las altas esferas del gobierno de AMLO; Y todo apunta a Alfonso Romo; el Secretario de Hacienda y jefe de la oficina de la presidencia, tuvieron demasiadas rencillas, que según los expertos, eran empujadas por el control que el empresario tiene sobre el presidente desde la campaña electoral donde, desde su oficina, se desembocó en una injerencia en la colocación de directivos del SAT y de la Banca de desarrollo, también, al parecer, el desastroso “Plan de negocios de PEMEX” aprobado por una inexperta Rocío Nahle y elaborado por un improvisado Alberto Velázquez fueron la gota que derramó el vaso en la paciencia de Urzúa que vio en dicho plan, un endeudamiento exponencial del país y un riesgo latente a la paraestatal.

Y así, comienzan los jaloneos políticos y económicos en una cuarta transformación que ha inflado la burbuja muy rápido sin reparar en las implicaciones que existirán a largo plazo gracias a sus inexpertos actores, que hoy, como una esfera llena de picos, se trasladan de un lado a otro en medio de una burbuja que amenaza con reventar de mala forma.

 

Lo malo

Arturo Herrera: Sangre nueva…¿mismas mañas?

 

El nuevo Secretario de Hacienda ha sido un hombre prudente. Después de varios desmentidos a nivel nacional por parte de López Obrador, Arturo Herrera, decidió callar y acatar sin recelo los embates de un presidente que evidentemente conoce muy poco de economía y menos de finanzas públicas.

Herrera, un estudioso de la Economía, ha sustentado cargos públicos desde el año 2000 donde fue director general de gestión financiera en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, también, en la misma ciudad, del 2004 al 2006 fue Secretario de finanzas de la ciudad entre otros cargos, y a pesar de que probablemente las intenciones del relevo de lujo (como lo enunció el presidente) sean buenas y su trabajo sea impecable, el secretario tiene detrás de él un lastre muy cercano que puede jugarle muy rudo a sus adversarios políticos y puede beneficiar de una forma extraña a su familia más cercana.

El ahora secretario de hacienda llegó al lado de Andrés Manuel por Miguel Granados Chapa amigo de su padre y que lo llevó casi de la mano ante la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Su madre, Irma Eugenia Gutiérrez Mejía es una mujer que ha intentado, desde las maquinarias políticas de antaño, llevar a su hijo a la gubernatura del estado en una precampaña oscura de golpeteos políticos y económicos de su natal Hidalgo, donde, desde las sombras, ha maquilado diferentes embates contra sus adversarios políticos como Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y ha intentado ser senadora por parte de MORENA en el 2006 y 2018 donde, de una forma paradójica, su cercanía con el PRI la dejó fuera de la contienda en ambas ocasiones.

La creación de organizaciones civiles de izquierda (promotoras del voto hacia AMLO) han sido el bastión perfecto para crear redes políticas y económicas que la colocan al lado de grandes esferas como Jesús Murillo o Manuel Ángel Núñez Soto, con el cual se ha mantenido en contacto y donde recibe apoyo del erario por 1 millón de pesos anuales.

Y así, entre malos manejos, desvío de recursos y  tráfico de influencias, el nuevo secretario de hacienda debe demostrar su trabajo mientras que en su espalda corre un pesado lastre familiar que lo coloca como la sangre nueva en la SHCP pero, desde la cuna, con las mismas mañas de los viejos partidos políticos: Pasar sobre todos sin importar absolutamente nada.

 

Lo peor

Cocinando la burla

18 000 desaparecidos suman hasta el momento en el estado de Veracruz, la cifra, una de las más alarmantes del país, ha impulsado a varios colectivos estatales a buscar a lo largo y ancho del territorio estatal a sus familiares y amigos en una lucha incansable en contra del tiempo y el olvido gubernamental.

Cuitláhuac García, el nuevo gobernador por tarde MORENA, se ha mantenido alejado del tema, pues al parecer su eterna rencilla con el fiscal del Estado Jorge Wrinckler, le ha impedido conocer cuales son los avances en materia de búsqueda de desaparecidos en el estado que gobierna. Geiser Manuel Caso Molinari, ex comisionado estatal de búsqueda de personas desaparecidas, reconoció que hasta el momento no existen por parte del gobierno cifras oficiales y que todos sus esfuerzos se impulsan desde los datos que les proporcionan los colectivos de búsqueda de familiares y víctimas.

Y así, en un estado donde la búsqueda se ha convertido en un suplicio más de los deudos, el gobernador se ha encargado de darle un golpe más a su dolor, en una burla expedita a su penitencia constante.

Brenda Cerón Chayoga, diputada suplente y amiga de Tanya Carola Viveros Chazaro, tomó desde la semana pasada el cargo de Encargada de la comisión Estatal de búsqueda en sustitución de Caso Molinari,  la designación de la ex chef y organizadora de eventos, ha levantado gran controversia por su inexperiencia en el ramo y ser una persona completamente alejada de temas de seguridad en el estado.

“Contamos con una amplia experiencia en eventos sociales y empresariales. Ofreciendo siempre la mejor calidad en cada platillo. Así como en la decoración, higiene y servicio. Adaptándonos a la temática de la fiesta e incluyendo elementos que resalten cada detalle de este especial momento”, ofrecen en la presentación en redes como un fragmento de currículum que insulta a sobre manera a los deudos de miles de personas en el estado, donde también ni en la nómina del Congreso, ni en el directorio público de los funcionarios aparece el cargo de Cerón Chagoya, pero ella mantiene un perfil público en Facebook en el que se acredita como trabajadora de la Cámara.

Y así, entre improvisaciones, amiguismos, tráfico de personas e influencias, se cocina lentamente una administración para el olvido, una administración con un desafortunado olor a sangre e indiferencia, una administración de burla.

Hasta la próxima.