Por José Beltrán (The Huffpost)

Cómo hablar de Estado de Derecho en un país con altos índices de violencia, en donde la gran mayoría de los delitos quedan en completa impunidad, la población desconfía de sus autoridades y en algunas regiones hay linchamientos a presuntos responsables de delitos?

¿Cómo hablar de Estado de Derecho cuando millones de mexicanos sufren las consecuencias de la corrupción y en donde no se garantizan las normas para una organización efectiva de la sociedad y el gobierno?

Aunque en cada región del país hay una realidad distinta, las 32 entidades federativas están reprobadas en Estado de Derecho, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2018del World Justice Project (WJP).

En 2017, la organización ubicó a México en el lugar 92 de 113 países en el Índice de Estado de Derecho a nivel mundial. Este año, para conocer la realidad de cada entidad federativa realizó encuestas a 25,600 personas de todos los estados, así como a 1,500 abogados y expertos, para identificar la realidad de cada región en ocho aspectos: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Del estudio se desprende que aunque todos los estados tienen una baja puntuación (donde 0 es lo más bajo y 1 lo más alto), Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas ocupan los mejores lugares de la tabla con una puntuación total de 0.45, 0.44 y 0.44, respectivamente.

Los estados peor calificados son Estado de México (0.36), Baja California Sur (0.35) y Guerrero (0.29).

«Nos vanagloriábamos porque habíamos accedido a la democracia, pero no es cierto, porque tenemos un Estado de Derecho tan frágil que no podemos hablar un Estado de Derecho. El clamor es justicia y esta se logra construyendo un Estado de Derecho», dijo Mariclaire Acosta, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Alejandro Ponce, jefe de investigación del estudio, explicó durante la presentación del índice que es un termómetro de cómo viven las personas el Estado de Derecho en sus comunidades.

Un termómetro en donde el promedio nacional es de 0.39, y en donde de los ocho factores evaluados, es la ausencia de la corrupción en donde sale peor evaluado el país, pues en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo el sistema de seguridad y procuración de justicia, se usa el uso del poder público para obtener un beneficio privado.

La corrupción es un problema prevalente en todos los estados del país.- Alejandro Ponce.

A nivel nacional, el promedio de ausencia de la corrupción en los tres poderes y en las instituciones de seguridad y justicia fue de 0.35.

Si en corrupción salimos muy mal calificados, en materia de seguridad y justicia, el promedio nacional tampoco es esperanzador. En «orden y seguridad», que evalúa la ausencia de homicidios, crimen y sensación de seguridad, el promedio del país fue de 0.40; en «justicia civil», que evalúa la calificación de la gente respecto a los procesos de justicia, el promedio fue de 0.36; y en «justicia penal», que evalúa la investigación y la impartición de justicia, el promedio nacional fue de 0.38.

La violencia no solo afecta a quienes lo padecen, también tiene consecuencias en otras áreas de Estado de Derecho.- Alejandro Ponce.

Para la investigadora Ana Laura Magaloni el estudio refleja que «hay una población demandando justicia en cada región».

Para Layda Negrete, investigadora de World Justice Project, es fundamental la voluntad política para transformar las instituciones.

Aunque Layda Negrete reconoce que la reforma al sistema de justicia penal tuvo avances importantes en el proceso judicial, al tener más jueces presentes en la audiencia y mejor trato a las personas que transitan por el proceso, no tenemos mejoras en otros rubros porque no tenemos una mejor investigación criminal. «No tenemos mejor investigación y por lo tanto tenemos mayores niveles de impunidad».

Ana Laura Magaloni considera que antes de pensar en la gran transformación de las fiscalías hay que imprimir un sello de pertenencia en la institución y mejorar la contratación del personal. Por si fuera poco, considera fundamental entender cómo llegamos a los niveles de violencia actuales.

Si podemos entender cómo se desató esta violencia tendríamos algunas claves. Qué significó sacar al Ejército a la calles, controlar a través de la fuerza, que pasó en los barrios y comunidades después de ese fenómeno. La demanda es justicia, pues la justicia da explicaciones, la fuerza no. La justicia es una fuerza de renovar el pacto de civilidad (justicia, pruebas, ley) y no la fuerza o la venganza.- Ana Laura Magaloni.

Bajo este panorama, el jefe de investigación del Índice de Estado de Derecho en México 2018 pidió no bajar los brazos pese a que las instituciones tarden tiempo en cambiar.