La justicia es una de las principales deudas en un país como México donde el clamor de todo un pueblo llega a oídos sordos mientras más se asciende en la escala del entramado social. Desigualdad, impunidad, falta de raciocinio y corrupción a gran escala, son, por citar algunos, los principales problemas que existen en la impartición correcta de la justicia, misma, que al paso de los años y sexenios, siempre se queda sonriendo de forma nerviosa ante un país que se hunde entre la desdicha y el desconcierto.

El poder judicial es el encargado de impartir justicia en la sociedad. Es uno de los tres poderes del Estado y su función es resolver conflictos mediante la aplicación de las normas y principios jurídicos. Por «poder», en el sentido de poder público, se entiende a la organización, institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del Poder Judicial son los órganos judiciales o jurisdiccionales: juzgados y tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele gozar de imparcialidad, autonomía y poder absoluto dentro de la ley.

Pero, ¿qué es lo que pasa en un país sin ley?

La organización complicada, anquilosada, muchas veces corrupta y lo peor del caso, irreformable de la impartición de justicia en México, la convierten en una de las paradojas más increíbles de la organización gubernamental del país en pleno siglo XXI, que vive aún desde diferentes trincheras, una defensa férrea de los propios funcionarios judiciales dispuestos a pelear por la defensa de un organismo judicial anticuado, poco funcional y lleno de privilegios y canonjías.

En el artículo 94 constitucional sobre la integración del Poder Judicial de la Federación afirma que:

«Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro»

También dice que:

«la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.»

Entonces, ¿Qué pretende el ejecutivo con la Ley Federal de remuneraciones?

Con la Ley federal de remuneraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende establecer una austeridad republicana donde nadie podrá ganar más que el Presidente de la República, fijando su salario mensual en 108 mil pesos. La ley, pretende generar una cultura de austeridad que hasta el momento es aplaudida por la mayoría de la población, sin embargo, en medio de dicha «austeridad», los diputados y senadores se han autorizado 230 mil pesos respectivamente por concepto de sueldos y prestaciones que son,  por arriba de lo establecido, solo por cuatro meses de trabajo.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que hasta este martes 5 mil 774 funcionarios habían presentado mil 275 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones, En el listado, 367 de los funcionarios son jueces, 425 son magistrados, 2,005 secretarios, 418 actuarios, 1,098 oficiales y 1,000 externos del Poder Judicial, de Pemex, Cofece, PGR, IPN, CFE, Cisen, INE, SAT y la Secretaría de Gobernación.

Entonces ¿Cuál es el ejercicio real del poder?

México desafortunadamente se ha convertido en un manoseo de poder, donde desde el ejecutivo llueven a diestra y siniestra leyes y reajustes que atacan, desde su perspectiva, los lamentables vacíos económicos que tiene el país. Por otro lado, el poder Judicial se olvida desafortunadamente la gran deuda social que tiene con los mexicanos, donde su ineficacia y malos manejos, han conllevado a ser uno de los organismos más desacreditados de cualquier administración, y no solo por su increíble forma de impartir la ley sin una escala de valores, sino por la increíble marca que tienen de ser tan ineficientes como hambrientos de poder y dinero.

Sin embargo, esto pueda tener un trasfondo más peligroso que solamente atacar los sueldos exhorbitantes de un puñado de personas que superan en demasía la nómina de cualquier institución.

Montesquieu decía «El poder que no es limitado lleva necesariamente al abuso y a la arbitrariedad» pero si el poder «está distribuido entre distintos órganos que mutuamente se frenan, queda cerrada la posibilidad de que el poder constituido se haga ilimitado, soberano”  y es que por desafortunado que nos parezca, la autonomía del poder judicial en un país de cambios estructurales y legales tan radicales es el último bastión de imposición desde un ejecutivo que a todas luces pretende llegar a sus compromisos de campaña antes de los 100 días de gobierno.

Y es que es importante que en México exista el candado del Poder Judicial ante una extraña credibilidad desde el Poder Ejecutivo y Legislativo, que tiene un grave estigma social como la pobreza como estandarte de ataque. En ese manoseo, los tres poderes de la Unión (o desunión para la realidad que nos compete) han dejado de lado algo tan importante como severo en la armonía del conjunto social: La división de poderes siempre debe ser conciliadora.

Así es la cuarta transformación, que si bien sus intenciones son sensatas y agradables a la vista de todos también tienen intenciones políticas de control detrás de cada acción les parezca o no a las personas adeptas al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. También es importante que todas esas 5000 personas (y contando) que se sumen a los amparos para evitar bajar su sueldo, observen, sientan y vivan que hoy se encuentran contra la pared como muchas personas se han encontrado frente al Poder Judicial a lo largo y ancho del país, y que, de una forma lastimera, cínica e increíble, hacen más evidente su increíble falta de humanidad al pregonar por los rincones que deberán «apretarse» el cinturón con 108 mil pesos mensuales cuando, el 70% de la población vive con el 0.5% de esa cantidad de dinero.

México hoy se debate entre lo que es correcto (bajar los sueldos para tener austeridad), lo incorrecto (querer sojuzgar a un poder autónomo para crear una línea total de control político y social), lo cínico (hablar de austeridad cuando pesa sobre el país un problema económico tan grande como el aeropuerto de Texcoco), lo irreverente (Diputados increpando al Poder Judicial sobre austeridad y apegarse a la ley cuando ellos se autorizan bonos millonarios) y lo realmente importante (el estado de derecho)

México sigue observando como espectador que no existen transformaciones mágicas ni compromisos sociales, hoy, es importante que nos demos cuenta que el poder en este país se sigue debatiendo entre el control total y su poca conciencia social.

Hasta la próxima.