Las advertencias por Ezra Shabot

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Cuando calificadoras y corredurías emiten opiniones sobre el estado que guarda la economía de un país o una empresa, lo hacen a partir de criterios de rentabilidad y viabilidad de proyectos que permitan garantizar estabilidad y beneficios de manera concreta y sostenible. Cuando esto no sucede, estos organismos tienen la responsabilidad de advertir sobre los riesgos que implica para los inversionistas mantenerse dentro de esas opciones.

Por supuesto que estas instituciones se equivocan y en ocasiones no alcanzan a dimensionar con precisión el peligro que existe para aquellos que arriesgaron su dinero en una u otra alternativa. El ejemplo más dramático fue el que sucedió durante la crisis 2008-2009, cuando no lograron prever la magnitud del daño que se había provocado en la economía norteamericana con el abuso del manejo de la deuda hipotecaria y sus consecuencias sobre instituciones que carecían de la solidez necesaria para enfrentar la tormenta.

Sin embargo, las calificadoras sobrevivieron el duro golpe de entonces y su opinión sigue siendo decisiva para la toma de decisiones de grandes tenedores de capitales. Por eso, cuando Fitch, Moody’s y, más recientemente, Standard & Poor’s reducen la calificación de la deuda de Pemex, o cambian de estable a negativa la calificación de la deuda soberana de México, lo que están reiterando una y otra vez es que no existe compatibilidad entre un modelo económico que aspira a imitar al ‘desarrollo estabilizador’ del siglo pasado, con la capacidad financiera de un Estado mexicano carente de los recursos, siquiera para comenzar a intentar una aventura de esa naturaleza.

Proyectos como el tren maya, la refinería de Dos Bocas o la red de aeropuertos del Valle de México, así como la cancelación de licitaciones e inversiones derivadas de la reforma energética, no cuadran con los números que las calificadoras consideran podrían incrementar los ingresos reales del gobierno. La perspectiva de un crecimiento de sólo 1.5 por ciento para este año y la caída de 7.5 por ciento en los ingresos públicos durante enero, sólo incrementan la posibilidad de que las presiones sociales derivadas de promesas de campaña a cumplir, y de grupos de poder dispuestos a incrementar al máximo la presión para obtener de forma inmediata aquello que les ofrecieron, deriven en un incremento del gasto público que tire por la borda el equilibrio macroeconómico.

El incremento de huelgas en el norte del país, y el activismo sindical de organismos antes sometidos al control gubernamental como la CROC, demuestran la inexistencia de una política laboral por parte del gobierno que delimite las relaciones entre capital y trabajo, generando una confrontación entre liderazgos sindicales voraces, más interesados en el enriquecimiento personal que en el bienestar de sus representados, y sectores empresariales dispuestos a cerrar el negocio, absorber pérdidas y trasladarse a lugares más seguros.

Es esto lo que están viendo las calificadoras, y que advierten una y otra vez a través de avisos que ciertos funcionarios del gobierno se resisten a ver. El problema es que el paso de la advertencia al castigo puede ser rápido, violento y de consecuencias devastadoras. Cualquier reducción a la calificación de la deuda de Pemex será suficiente para desatar una huida masiva de capitales. Estos no van a esperar a que se le quite el grado de inversión a México para sacar su dinero del país.

Las advertencias que hasta ahora han lanzado las calificadoras son suficientes para alertar a los dueños del capital de los riesgos que corren ante lo que puede venir, y a menos que vean señales en sentido contrario, saldrán mucho antes de que el destino los alcance.

Escrito por

Edel López Olán Escritor. Columnista. Apasionado del cine, el fútbol, la lectura, los videojuegos y la lucha libre. Director de Permanencias Voluntarias. Locutor del programa de radio "Sin daños a terceros"

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