Empresas fantasma: ¿La clave en contra de Juan Collado?


Texto original por Francisco Sandoval y Arturo Ángel (Animal Político)

Suplantación de identidad, falsificación de firmas y una red de operaciones financieras que presuntamente beneficiaron directamente a Juan Ramón Collado, son los principales indicios con los que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR)  en el proceso que se le sigue a este abogado acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La investigación de la FGR (FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019) inició el pasado 7 de junio, cuando el empresario queretano Sergio Hugo Bustamante denunció el robo de su identidad, con el fin de vender una millonaria propiedad a la empresa Libertad Servicios Financieros (Libertad), que dirige el abogado.

La investigación de la FGR está fortalecida con una averiguación previa (la DP/16/2016) iniciada el 22 de marzo de 2016 en la Fiscalía de Justicia Querétaro, que sigue abierta, así como con las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio (RPC) de Querétaro y la denuncia de hechos presentada por el empresario, el abogado Collado y cuatro personas más (José Antonio Rico Rico; José Antonio Vargas Hernández; Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega) utilizaron la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A de C.V, así como otras 3 compañías presuntamente pertenecientes a una misma red de personas cercanas a él, que resultan piezas claves para entender la complicada trama.

De acuerdo con las primeras conclusiones de la UIF, presentada durante la audiencia inicial del abogado juan Ramón Collado, el sistema utilizado “pareciera comprobar la existencia de un esquema operativo encaminado a generar una multiplicidad de transacciones financieras destinadas a dificultar la identificación del origen y destino final de los activos… (que) muy posiblemente devienen de la existencia de actos de carácter ilícito”, donde los más beneficiados fueron Collado y Rico Rico.

Los hechos

En la denuncia de hechos ante la FGR, el empresario Sergio Hugo Bustamante presentó documentos notariados donde señala que él, junto al contador público José Antonio Rico Rico, eran dueños desde abril de 2010 y en partes iguales de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A de C.V, sociedad que su vez había adquirido un terreno de 3,877.17 metros cuadrados, en el que edificaron el Centro Comercial Centro Sur de Querétaro y por el cual él cobraba una renta mensual de poco más de 800 mil pesos.

En los documentos notariados, Bustamante señaló que como administrador único de la compañía fungía el señor Guadalupe Aboites Hernández.

No sólo eso. Dijo que sin bien por varios años había recibido la renta sin falta, fue en 2015 que se enteró, por palabras de su propio socio, que éste había vendido sin previo aviso y sin su consentimiento el inmueble en cuestión a la empresa Libertad Servicios Financieros, donde apenas unos años antes Rico Rico había fungido como vicepresidente.

Agregó que como parte de sus propias pesquisas se enteró que su socio no sólo había vendido el terreno sin otorgarle un peso por la transacción, sino que en el RPC de Querétaro, dependiente del Gobierno del Estado, existían documentos que daban cuenta de una compañía paralela con el mismo nombre, pero con diferentes socios, quienes finalmente concretaron la millonaria venta a favor del abogado Juan Ramón Collado.

Además, denunció que en una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de julio de 2013, a la cual no fue convocado, se falsificó su firma para hacer un cambio de accionistas, donde quedaron como nuevos dueños José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú. Los dos con el 50 por ciento de las acciones, cada uno. El valor total de la sociedad, de acuerdo con un acta de asamblea registrada en el RPC, pasó de valer 50 mil pesos a 57 millones 700 mil pesos.

Señaló que fue el 25 de marzo de 2015 cuando el señor José Antonio Vargas Hernández, a través de un poder presuntamente otorgado por José de Jesús Alberto Cárdenas Rico vendió el terreno en cuestión en un precio de 156 millones de pesos, más de 17 millones 222 mil pesos en impuestos, a la empresa Libertad.

Como prueba presentó la escritura número 14163 de fecha 25 de marzo de 2015, ante el notario público adscrito a la notaria número 2, cuyo titular es el licenciado Salvador Cuevas Álvarez. En el documento se señala que fue Roberto Isaac Rodríguez Gálvez, quien fungió como representante de Libertad.

Más. Dijo que en una reunión con su socio Rico Rico, donde le reclamó el dinero de la venta, éste le mencionó que para concretar la transacción del inmueble el Presidente del Consejo de Libertad, José Ramón Collado, le puso como condición entregarle 24 millones de pesos del precio total del inmueble.

Producto de esa venta, de acuerdo con estados financieros conseguidos por Bustamante,  la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. DE C.V, depositó el dinero a Collado mediante una transferencia del 10 de abril 2015, dinero que a su vez se traspasó presuntamente a las cuentas de otras empresas: Administradora Cimatario S.A. de C.V; Despacho Integral de Inmuebles S.A de C.V, y Administradora Ario S.A. de C.V, cuyos representantes están supuestamente vinculados con Rico Rico.

“(En) La salida del dinero, la persona que administró, representó y firmó fue Tania Patricia García Ortega”, denunció Bustamante.

Las pruebas

Como parte de las investigaciones que realizó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro, mismas que se integraron al expediente de la FGR, el Ministerio Público local citó a declarar a Fanny Gabriela Frías y José de Jesús Alberto Cárdenas Rico, supuestos dueños de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, quienes negaron un vínculo con dicha compañía.

Fanny Gabriela dijo que laboraba como afanadora y que nunca había adquirido acciones de la empresa, en tanto José de Jesús Alberto  dijo que desconocía su participación en la empresa queretana.

Además, José de Jesús Alberto mencionó que jamás le había otorgado ningún poder a nadie y que tampoco había acudido ante un notaria para hacerlo, por lo que interpuso una denuncia penal en contra de la notaria que emitió el documento con el que se aprobó la vente del inmueble en disputa.

Además, Bustamante documentó que Tania Patricia García abrió una cuenta bancaria, a nombre de Operadora de Inmuebles del Centro, donde depositó los 156 millones de pesos producto de la venta.

Los argumentos de la FGR

Tras revisar los hechos, las pruebas y las primeras investigaciones de la UIF, la FGR estableció que se cuenta con datos suficientes para formular la denuncia en contra del abogado Collado y los 4 implicados en este caso.

De acuerdo con los argumentos de la Fiscalía “se desprende que han sido desviados de su destino legal fondos de la institución financiera Libertad… con la finalidad de enviar dichos activos a distintas entidades mercantiles, justificando esos en la aparente realización de operaciones de compraventa de inmuebles y otorgamiento de créditos, cuando en realidad dichos recursos han tenido como fin último generar un elaborado esquema operativo tendiente a dificultar la identificación del origen y destino final de los mismos y el hecho de que éstos en realidad tuvieron como beneficiarios finales a José Antonio Rico Rico y Juan Ramón Collado”.

De la revisión de las constancias que integran la Carpeta de Investigación en que se interviene, indicaron se advierte una serie de operaciones irregulares relativas a la venta de un bien inmueble propiedad de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. de C.V., adquirido por Libertad… “operaciones que podrían estar cimentadas en una serie de actos viciados por la posible suplantación de identidades de diversas personas que figuran en la celebración de éstos, muy posiblemente para obtener beneficios económicos y evitar que los beneficiarios finales de los recursos sean detectados por las autoridades encargadas de vigilar el Sistema Financiero Nacional, mediante la simulación de actos para dar una apariencia de licitud a conductas que en su esencia no lo son”.

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