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Las confusiones del Presidente


Texto original: Raymundo Riva Palacio (El Financiero)

El discurso presidencial continúa naufragando en contradicciones y confusiones. Con esto enrarece más el ambiente, genera más dudas, y muestra de manera creciente que la crisis por la humillación del gobierno en Culiacán por parte del Cártel de Sinaloa, pegó por debajo de la línea de flotación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien entre más explica su orden –dejar en libertad a una persona que las fuerzas federales habían capturado para salvar vidas–, más alarma lo que dice. Ahora suplantó el derecho por la justicia, alegando que cuando se trata de vidas, la justicia está por encima de la ley. Veamos.

El martes pasado, a preguntas de Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Healy, y de Alejandro Lelo de Larrea, director de Círculo Digital, sobre la legalidad de su acción, cuestionada en este espacio ese día, afirmó: “Por encima de las leyes está la vida humana. No es un asunto de tipo legal, jurídico. No es un asunto que tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia… Es el equilibrio entre principios y eficacia, pero cuando hay que decidir, en los momentos difíciles, los principios, no los cargos, es como cuando hay que decidir entre la justicia y el derecho, pues la justicia”.

López Obrador antepuso la justicia al derecho. Por justicia se entiende, de acuerdo con la definición clásica, como un conjunto de valores sobre los cuales debe basarse una sociedad, como el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. El derecho es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones establecidas en una nación o entre Estados, que comprende un paquete de normas y leyes determinadas formalmente por la jurisprudencia de cada nación. “Yo creo que no hubo ningún delito”, respondió el Presidente a las preguntas.

Sin embargo, olvidó el artículo 87 constitucional, que establece que al tomar posesión de su cargo, el Presidente protesta “hacer guardar la Constitución”. La misma Carta Magna señala, en el artículo 16, que “la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición de un juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal”. El jueves pasado agentes mexicanos detuvieron a un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y ante la posibilidad de que se perdieran vidas si lo extraían de donde se encontraba detenido, López Obrador ordenó su libertad.

Un factor adicional de confusión es sobre la persona a la cual se refirió para emplear la justicia ignorando el derecho. La única persona beneficiada de su decisión fue Ovidio Guzmán López, a quien habían detenido las autoridades mexicanas en cumplimiento de una petición de captura de Estados Unidos con fines de extradición. A quien dejó en libertad fue a un delincuente. Su concepto de justicia se aplicó a un miembro importante del Cártel de Sinaloa, sin haber ordenado un operativo de seguimiento y un comando especial que lo persiguiera y capturara una vez que no hubiera vidas en riesgo. Es decir, le extendió un salvoconducto.

La abundancia de eficaz retórica presidencial es perturbadora en este caso. Guzmán López estaba siendo buscado por el gobierno de Estados Unidos por tráfico de cocaína, metanfetaminas y mariguana, por lo que un juez federal de Washington autorizó su captura en 2018. La decisión del presidente López Obrador contraviene las leyes. “El derecho -respondió a los periodistas- es un medio para que haya justicia; ese es el fin”. ¿Justicia para una persona acusada de delitos en Estados Unidos y reconocidos por su gobierno al grado de montar un operativo para capturarlo y extraditarlo? La forma como se expresó el Presidente parecería sugerir que él no considera a Guzmán López un presunto delincuente, sino una persona a la que se le tiene que hacer justicia, para lo cual, hay que devolverle su libertad. No es así, sin embargo, pues el mismo Presidente anunció que en algún momento en el futuro, buscarán capturarlo nuevamente, lo que agrega a su confusión y menosprecio a orden jurídico, que juró respetar.

Lo que queda de ello es su aplicación del término justicia para explicar la liberación del hijo de El Chapo Guzmán, reforzado por declaraciones reiteradas de que no va a combatir a los cárteles con el fuego que las organizaciones criminales sí utilizan, y que no va a cambiar su estrategia de convencerlos con argumentos morales que pregonan que el camino que escogieron es el del mal. La Constitución, supeditada a su cristianismo, sin importar que las leyes hayan sido aplastadas por sus valores morales a favor de un presunto delincuente. Hasta la ignominia ha tomado el lado de los criminales, lo que levanta cejas en muchos lados.

En su defensa política, el Presidente ha dicho que, si hay una denuncia contra él, acudirá a comparecer para explicar por qué aplicó la justicia e ignoró la ley. Podría haber fundamento legal que probara que incurrió en un delito, por las reformas a los artículos 108 y 111 constitucionales que él mismo promovió, y que ampliaron los delitos para que pueda someterse a proceso al Presidente, no sólo por traición a la patria, sino por delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y aquellos que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Materia existe para someterlo a un proceso, pero eso no va a suceder. El Poder Judicial no es lo autónomo que dice ni lo independiente que presume. México seguirá siendo un país que se dice de leyes, donde lo más fácil de violar, si se tiene poder, político o por armas, es la ley.

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