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La otra cara del Huachicol


Por Rodrigo Soberanes (Animal Político)

La violencia en Guanajuato no para y mientras los homicidios se han duplicado desde 2017, los secuestros, robos y extorsiones han crecido 25% en los últimos nueve meses. Un fenómeno que se explica, según autoridades locales, por lo sencillo que ha sido robar combustible de los ductos de Pemex que cruzan la región, el nacimiento de un grupo delictivo local que controla ese delito y la llegada de uno de los cárteles más poderosos y violentos que disputa el control del crimen en la entidad.

A ello se suma una estrategia de seguridad para frenar el llamado huachicol que cerró en diciembre pasado los ductos de Pemex que conectan con la Refinería de Salamanca, pero que no contempló que la pérdida de ese ingreso ilícito provocaría la comisión de otros delitos.

Mientras en 2016 se registraron 947 homicidios dolosos en Guanajuato, esa cifra ya supera los 2,000 en septiembre de este año, confirmando la tendencia al alza en ese delito, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación 

“Griselda” es originaria de Celaya, su hermano desapareció en noviembre de 2018, cuando lo sacaron de su trabajo y se lo llevaron. Todavía pudo comunicarse con su familia para avisar del secuestro, pero sus captores nunca pidieron rescate.

“La violencia tomó por sorpresa a civiles y autoridades”, dijo Griselda, quien habló con Animal Político bajo estricta condición de anonimato porque tiene miedo de que algo le pase y porque en la Fiscalía le pidieron no hacer público su caso.

Según Griselda, es a comienzos de 2017 que el problema de inseguridad se agravó en la entidad. “Es un tremendo golpe el que está sufriendo Guanajuato que sacó de su centro a todo mundo. En menos de dos años aprendimos a cuidarnos las espaldas”, dijo.

Guanajuato se convirtió en el estado con más asesinatos cometidos en septiembre con 285, según los datos oficiales. También es el que más homicidios acumulados tiene en lo que va de 2019, con 2 mil 560, y el cuarto lugar nacional en incidencia por cada 100 mil habitantes, con un índice de 4.3.

El fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, dijo en entrevista con Animal Político que esos niveles de violencia homicida se deben principalmente a que a finales de 2017 empezó a tener operaciones en la entidad el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —el de mayor presencia y poder en el país— para confrontar al Cártel Santa Rosa de Lima, una organización criminal local que surgió en el municipio de Villagrán, ubicado en el corredor industrial de las inmediaciones de la Refinería Salamanca, para controlar el robo de combustible de los ductos de Pemex.

Según la versión de autoridades, el cártel Jalisco comenzó una disputa contra Santa Rosa de Lima por el dominio en el delito del robo de combustible, y ahora también por el control del estado.

La inseguridad que percibe Griselda también se refleja en las cifras de crímenes del fuero común cometidos en la entidad. En el periodo enero-septiembre del año pasado se tenía registro de 88 mil 715 carpetas de investigación abiertas por esos delitos

Hasta septiembre de este 2019 esa cifra ya se superó y los crímenes siguen al alza.

Que los otros delitos del fuero común vayan en aumento en este año se explica, dijo la comisionada de seguridad en Guanajuato, por la decisión del gobierno federal de cerrar las válvulas de la Refinería Salamanca en diciembre de 2018; lo que causó que el Cártel Santa Rosa de Lima perdiera su principal fuente de ingresos, y dirigiera su actividad criminal hacia la población civil.

“Lo que ocurre en enero fue un cierre de las llaves pero sin una estrategia de contención criminal aparejada. No puedes asumir que la delincuencia va a quedarse sentada lamentando la pérdida de sus ganancias”, dijo la funcionaria en entrevista con Animal Político.

“El Cartel de Santa Rosa tiene una estructura criminal pagada, una nómina que mantener. Para el criminal lo más importante es su estructura, en el momento en que se dejan de inyectar recursos, sabe que está en serios problemas y no va a llegar a ese punto”, señaló la comisionada.

En diciembre de 2018, días después de que asumió Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, el gobierno federal anunció una estrategia para combatir el robo de combustible. Una de las líneas que siguió fue dejar de operar los ductos de Pemex con mayores registros de robo, así como aumentar la vigilancia para evitar nuevas tomas clandestinas.

“Nosotros lo dijimos, cuando cierres esta fuente de ingresos, van a buscar otras antes de darse por vencidos, eso era obvio. Fue lo primero que dijimos cuando vino esta estrategia famosa”, dijo el empresario José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León e integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato.

Violencia en el corredor de los ductos

Carlos Zamarripa, que lleva 10 años en el cargo —hasta hace un año era procurador, y permaneció en la instancia cuando ésta cambió de Procuraduría a Fiscalía— dijo que desde principios de 2017 advirtió que el robo de combustible iba a derivar en la proliferación de otros delitos. El funcionario cree que sus advertencias no fueron escuchadas.

“En principios de 2017 estábamos advirtiendo algo que se avizoraba. Yo decía que este grupo estaba robando mucho combustible. Esta gente iba a evolucionar a cometer otras conductas el día que no tengan el robo de combustible”, dijo Zamarripa.

Y es que el mercado ilícito de hidrocarburos era una actividad criminal sencilla y atractiva para los grupos delincuenciales, explica la comisionada de seguridad Sophia Huett. “Guanajuato tiene un tercio de los poliductos de todo el país. En ningún otro lugar del país encontrarían tanta gasolina terminada como en el estado”. 

La funcionaria dijo que en 2018 la Policía Federal aseguró en Guanajuato seis millones de litros de hidrocarburo robado, mientras que el gobierno estatal confiscó un millón de litros en el mismo año. Los grupos delictivos dejaron de recibir las ganancias que implicaban al menos siete millones de litros, dice.

La lucha entre organizaciones criminales por el robo de combustible que inició hace dos años se refleja en los homicidios cometidos en el estado, concentrados en el sur, en los municipios donde cruzan los ductos conectados a la Refinería de Salamanca y en donde se ubican ciudades como Celaya, Irapuato o Salamanca.

Por ejemplo, en 2017, en los 19 municipios por los que cruzan los ductos se cometieron el 78% de los homicidios registrados en los 46 municipios de la entidad.

Ese escenario se repite para el siguiente año y en este 2019, que la zona vive con hechos cada vez más cotidianos de violencia.

En Salamanca, por ejemplo, el pasado 9 de octubre se registró el ataque a un bar ubicado a unas cuadras del palacio municipal que dejó a cinco personas muertas cuando dos hombres armados entraron al sitio y dispararon.

La mañana siguiente al ataque, Animal Político constató que el centro de la ciudad estaba desolado. Un habitante de la zona dijo que, a su parecer, la actividad en la vía pública había bajado por ese tipo de hechos, cada vez más frecuentes.

Apenas tres días después se registró un ataque más en el Panteón Municipal donde otras tres personas murieron y seis resultaron lesionadas. Estaban en un sepelio.

Y días antes, el 4 de octubre, en Celaya, un grupo armado atacó con armas de fuego una sucursal de la fabricante de tractores John Deere. El 19 de septiembre ya había ocurrido lo mismo en una sucursal de la empresa automotriz Ford, que terminó por cerrar definitivamente.

El empresario José Arturo Sánchez Castellanos dice que la intención de esos ataques es extorsionar, después de que los delincuentes “se dieron cuenta de que Guanajuato tenía un gran tesoro en el subsuelo”, pero vino la estrategia que les impidió seguir con esa actividad ilícita.

El informe Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, presentado por México Evalúa en agosto de este año, reveló que Guanajuato es el estado del país con el menor nivel de impunidad, pero aún así alcanza un 87.6% de impunidad.

Ciudadanos con miedo 

Griselda dijo que el miedo comienza al cruzar la puerta de las casas hacia la calle y se extiende en cualquier ámbito hasta que termina el día. “Abres la puerta y dices: va, me la juego el día de hoy y espero regresar a casa”.

Desde Irapuato habló “Martha”, otra mujer familiar de un desaparecido. Según su testimonio, la atmósfera en esa ciudad no es distinta a la de Celaya o Salamanca. “Basta con ir a comprar el mandado o esperar a tus hijos a la salida del colegio, el discurso es el mismo: me robaron, me asaltaron, me secuestraron, alguien está desaparecido, alguien fue extorsionado”.

El obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, contó desde la curia de su parroquia que en los recorridos que realiza en diversas sedes del estado ha encontrado testimonios de personas víctimas de delitos graves que luchan por hacer visibles sus casos.

“En cada una de las visitas pastorales es impresionante el número de personas víctimas del crimen organizado y que tienen una sensación de inseguridad, una sensación de impotencia y una sensación de abandono”, dijo el religioso.

Las circunstancias que describe el padre fueron causadas por motivos claros: corrupción y falta de coordinación entre las fuerzas del orden, según la versión de las fuentes oficiales consultadas por Animal Político en Guanajuato.

El fiscal de ese estado, Carlos Zamarripa, aseguró que había indicios claros de que si no se combatía el robo de combustible, las consecuencias serían graves. Sin embargo —dijo— la impunidad y el contubernio de funcionarios de Petróleos Mexicanos con integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) permitieron que el delito del robo de combustible creciera en las inmediaciones de la Refinería Salamanca.

“Hay elementos para determinar (que el CSRL) se encontró en el robo de hidrocarburo con ciertas facilidades institucionales para tener su fuente de financiamiento”, coincidió Sophia Huett desde la ciudad de León.

La funcionaria dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó al de Guanajuato que enviaría a seis mil elementos de la Guardia Nacional para reforzar las labores de seguridad, pero que la presencia de ese cuerpo civil ha sido intermitente.

Juan Miguel Alcántara, extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y exprocurador de Guanajuato, cree que ese estado ha padecido estrategias de políticas públicas incorrectas que, en parte, han causado la proliferación de delitos.

“Guanajuato recibe visitas de doctor de la Guardia Nacional pero sin inteligencia, entonces no saben de dónde se están moviendo los distintos cárteles y mafias locales, dónde están extrayendo hidrocarburos, dónde están edificando almacenamientos, dónde están extorsionando, incluso entrenando”, dijo.

Según Alcántara, la descoordinación de autoridades tiene como consecuencia que no exista trabajo de inteligencia en la región del corredor industrial.

“No tenemos una estrategia ni estatal ni local, ni localizada en esa región. Hay una gran omisión en no crear una estrategia de prevención y contención en esa zona de los ductos donde estaba empoderado El Marro (líder del Cártel de Santa Rosa de Lima)”.

Según el obispo de Irapuato, al día de hoy la violencia ha modificado la vida cotidiana en Guanajuato. En el caso de la Iglesia Católica, ahora todas las actividades se hacen a la luz del día, y derivado de las reuniones informativas de sus visitas pastorales “hemos encontrado de todo: chantajes, extorsiones, homicidios, robos” y en general un clima de desconfianza para denunciar los hechos.

El obispo de Irapuato cuenta que como Griselda y Martha hay otros “cientos” de personas que buscan organizarse para dar visibilidad a sus casos y encontrar justicia, para no ser olvidados en Guanajuato.

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