Por Juan Manuel Herrera Sosa

Es unánime el pensamiento de que en México, y para los que nos importa Veracruz, padecemos de unos niveles y formas de corrupción inimaginable, increíble y abusiva, basta con medio indagar en el gobierno (en cualquier tiempo y de cualquier color), para ver la forma en que algunos desleales se enriquecen a costa del dinero que pagamos para impuestos, por decir menos unos raterazos cínicos que increíblemente terminan siendo “respetados” por el poder económico que detentan.

El regreso del partido de siempre en la Presidencia de la República pasada significó, más que una oportunidad para hacer las cosas bien y mejor (dado que se les dio un segundo chance a pesar de todo), la oportunidad para hacer los robos más escandalosos de los últimos tiempos, hechos con total desfachatez, tal vez para curarse en salud y después de mil escándalos de esta índole (pasará a la historia la casa blanca, que más que blanca parece la casa de Ricky Ricón), fue que al final se dejó el Sistema Nacional Anticorrupción, que a grandes rasgos significa la modificación y articulación del ordenamiento legal para todo México en materias relacionadas con estos temas, y un sistema organizado de instituciones entre estados y federación con un componente importante que por primera vez se le daba el reconocimiento debido: la participación ciudadana.

De forma muy general, un Sistema Estatal Anticorrupción (como el de Veracruz) está formado por un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana; el primero está formado por las instancias gubernamentales y autónomas que tienen relación con actividades de transparencia, auditoría, procuración y administración de justicia, entre otros; y el segundo, estará formado -dice el artículo 16 de la ley del sistema- “por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción”, siendo ciudadanos, la mejor forma de inmunizar la injerencia política era que fueran nombrados por no políticos, para eso se debe instituir -también señala la ley- un Comité de Selección, en estos términos, la legislatura debe convocar a las instituciones académicas y organizaciones civiles y seleccionar a nueve  personas de alto prestigio en estos temas.

En Veracruz no hay que olvidar que el último gobernador priísta intentó dar un albazo legislativo y de designaciones para dejar su sistema a modo antes de terminar su periodo (que ni terminó), lo que la Corte declaró inválido por cuestiones técnicas de tiempos legislativos competencias legislativas, y al final con el gobernador que le sucedió se instituyó (con bombo y platillo) el comienzo del sistema.

Así, en Veracruz el 31 de enero de 2018 fueron designados los nueve integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz mediante decreto publicado en la Gaceta de 16 de febrero de 2018, quedando instalada dicha Comisión el 9 de marzo de 2018.

Ellos, después de decenas de entrevistas seleccionaron a los primeros 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana, cuyo presidente encabeza (valga la redundancia) al Sistema Estatal durante su último año de designación, cosas se dicen muchas, pero de los 9 integrantes de la Comisión de Selección nada más quedan 6, incluso hay algunos diferentes (¿?), y de los primeros designados para el Comité de Participación Ciudadana, 2 desertaron en los primeros meses de su funcionamiento.

¿Qué hace el Comité de Participación Ciudadana?, dice la ley que se encargará de vincular a la sociedad con el Sistema Estatal Anticorrupción, aparte de proponer políticas públicas y participar en cuestiones administrativas del propio sistema, ¿su trabajo es de gratis? Pues no, al principio, cuando nadie sabía, ganaban nada más y nada menos que 70 mil pesos al mes (creo que es más que lo que gana el Gobernador en sueldo), como esto se hizo público, más que por obligación legal de publicarlo por otros medios, cuando hubo la necesidad de hacer una designación del primer presidente, pues su periodo sólo duraba 1 año, nos inscribimos más o menos 30 personas, igual estoicamente el Comité de Selección hizo sus entrevistas, y en completa opacidad, de pronto nos amanecimos con una designación, cuestionable, al margen de la ley y sospechosamente muy a modo con 2 de los integrantes de esa Comisión (ahí están las fotos y videos, no es invento mío); ¡carajo!, había profesoras eméritas compitiendo (por si era el tema de género) y ex embajadores de clase mundial (por si era el tema de capacidad), en fin, ahí están los videos de las entrevistas.

Un año después, llegó el momento de finalizar la segunda presidencia, que desde mi punto de vista, disminuyó su impacto en el sistema por la opacidad con la que se manejaron las cuestiones administrativas en el principio (pues si se trata de temas anticorrupción lo menos que podía hacerse era completa transparencia en todo y para todo), además de un descarado uso del Comité de Participación Ciudadana tal cual trampolín/plataforma para captar posiciones públicas, buscar un “hueso” mejor pues, todo terminó por apaciguar la inercia que traía y el impacto ciudadano, situaciones adminiculadas al profundo desconocimiento de su existencia y casi finalizado con un tiro mortal: la significativa disminución de su presupuesto.

Obviamente, todo el Sistema sufrió el recorte, se despidió a mucha gente y a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se les ajustó su percepción, no tengo idea cuánto ganan (no hay constancia), pero sé que tienen meses sin cobrar, pues de un tiempo para acá el presupuesto no alcanzó y se vieron afectados en sus honorarios (así dice la ley que percibirán) válidos, pues la misma ley prohíbe trabajar en otras cuestiones.

En esas condiciones hubo el momento de designar a la persona que ocuparía el lugar del presidente saliente, por lo que se hizo una nueva convocatoria, a la que al parecer sin el incentivo del dinero y la poca credibilidad del sistema nos inscribimos sólo 5 personas, de las cuales por acuerdo de la Comisión de Selección pasamos a la etapa de las entrevistas solamente 3, éstas fueron realizadas el día 9 pasado (también están en internet). Para sorpresa de muchos (mía la menos), al día siguiente una reconocida periodista veracruzana publicó una nota sobre conflicto de intereses en este procedimiento y designación (¿?) que llamó mi atención y considero-ahora- es ilegal, pues no hay que ser un astrofísico ni Nostradamus para saber que lo que dice es como viene la designación, ¿por qué ilegal? Ahí voy…

En primer lugar porque los integrantes de dicha Comisión de Selección tienen la potestad de seleccionar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana en conjunto (repito, eso dice la ley), ignoro si hay algún acuerdo de sustitución de miembros, designación de presidencia, quórum, etcétera, que valide los nombramientos, pues la norma dice que deben ser 9, a pesar que la Comisión de Selección tiene abogados que salen en la tele creo lamentablemente se olvidaron los presupuestos jurídicos de validez de un acto, casualmente igual que el año pasado.

En segundo lugar, durante todo el procedimiento no se publicaron las versiones públicas de los documentos entregados para participar, ni se hizo pública la deliberación de la designación, según dice la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción de Veracruz, incumpliendo así el procedimiento legal, nadie sabe si las 3 personas que pasamos a la entrevista entregamos todos los requisitos en tiempo y forma, ni qué ni cómo calificaron a cada uno y si dicha calificación fue objetiva y ponderada, ¿con qué criterios?, ¿deliberaron? ¡Quién sabe!, no hay constancia de eso, casualmente igual que el año pasado.

En tercer lugar, y regreso al inicio de este artículo, hay 2 integrantes de la Comisión de Selección que -según yo- (y la ética y la legalidad) debieron haberse excusado de participar respecto de 1 de los entrevistados (al igual que el año pasado respecto de la designada), pues tienen relación personal estrecha, y esto mis amigos denota un interés personal en la designación, es así porque 1 de las personas entrevistadas y estos 2 integrantes de dicha Comisión de Selección se desempeñan como académicos en una misma universidad, además que son compañeros en foros, programas, conferencias y academias y que en el colmo del descaro fue propuesto por ellos mismos para el procedimiento de designación de fiscal anticorrupción del Estado de Veracruz en el año 2018, muy estudiosos de los códigos de ética pero cero su aplicación, pues les recuerdo que ante un “posible” conflicto de intereses, se debe -al menos- plantear la excusa (así como sucede en los órganos de impartición de justicia), so pena de desestimar las actuaciones; a ver, estamos hablando de un sistema anticorrupción donde la ética e independencia son principios torales inexcusables de observancia, esto no es invento mío, hay muchísimos criterios y decisiones de órganos jurisdiccionales federales al respecto.

Sería muy obvio, vistoso, escandaloso e ilegal que en las boletas de calificación –si es que existen y se conocen- y en la deliberación –si es que existe alguna constancia y se hace pública- que los 2 integrantes de la Comisión de Selección tuvieran a 1 mismo candidato con los mayores puntajes y a los otros 2 con los más bajos, sin una motivación que refuerce sus calificaciones (casualmente igual que el año pasado), en este sentido también hay infinidad de criterios internacionales y de la Corte, estamos entre abogados, sabemos perfectamente los alcances de una decisión arbitraria y muy posiblemente ilegal, al menos darle una leída a las consecuencias ¿o también tenemos que acostumbrarnos a la impunidad desde acá?

Mis amigos, las designaciones objetivas de integrantes de órganos colegiados inciden en su operatividad y resultados, por eso no resulta viable designar personas no independientes o peor aún no idóneas, no por capricho, sino porque hay objetivos mayores que la captación de un espacio público por un grupo, existe algo que se llama colectividad, estado de derecho, legitimación, que estoy seguro se conocen muy bien, aunque creo que es fácil entenderlo por sentido común.

Lo trataré de poner un poco más claro en palabras de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (vinculantes para México, por cierto): “La Comisión Interamericana observa con preocupación que algunos procesos de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia no están dirigidos a garantizar que obtengan los puestos quienes tengan mérito o mejores capacidades profesionales, y pueden llegar a estar motivados por cuestiones de carácter político. […] La Comisión es de la opinión que a efecto de garantizar que tanto el mérito personal como la capacidad profesional sean adecuadamente valoradas y en condiciones de igualdad dentro de los procesos de selección y nombramiento, resulta sumamente conveniente que se establezcan criterios objetivos para determinar con precisión su contenido. ¿Así ya?

Una vez me dijo un académico, que tiene compromiso real en estos temas, que el sistema era un bebé, y como tal, no se ganaba nada pegándole (considerando las circunstancias de designación del año pasado) sino al contrario, eran tiempos de cuidarlo, no lastimarlo, hacer todo lo posible para que creciera sano y fuerte, protegerlo para que en algún momento caminara solo, creciera y nos llenara de satisfacciones, creo le asistía la razón, pues hay que considerar que la naturaleza del sistema, de la Comisión y del Comité son incómodos, pero ¿hay que aguantar otra vez?.

Es una lástima que por intereses de grupo se eche a perder lo único que tenemos los ciudadanos reconocido por el estado en la lucha anticorrupción, que a base de infinidad de lucha, investigaciones, reclamos y con mucha reticencia se otorgó y se dota de recursos, además del trabajo interminable y a conciencia de muchas personas que lo rodean y están sobre el tema, ¿qué no esto es lo que se trata de combatir? Con su actuación, le dieron todas las armas a quienes pugnan por disminuir o incluso desaparecer el sistema o al menos deslegitimizarlo ¡GRACIAS!

Azuara y Quitano: se exhiben ustedes, exhiben a su universidad y exhiben al sistema, la congruencia se demuestra en las decisiones que se toman en la vida y no en publicaciones en redes sociales, pues como dijo Platón: “el que aprende y aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y ara y no siembra”. Uno de ustedes en la entrevista me preguntó: ¿qué harías si, de ser parte del CPC, consideras que se quisiera tomar una decisión en contra de la colectividad? Ahora creo que se está tomando, y una parte de la respuesta era exhibirlo y que la sociedad lo sepa (con mis círculos me conformo), la otra parte de la respuesta les sugiero volver a ver el video y leer un amparo concedido en Nuevo León la semana pasada contra la designación de integrantes del Comité de Participación Ciudadana de aquel estado, situación idéntica a lo de acá, es bastante ilustrativo y ojalá les cambie la perspectiva, uno se tarda toda una vida en construir una reputación, pero un ratito en destruirla.

Siempre tengo muy presentes las palabras de Martin Luther King: “la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquiera”, no hacer nada me convertiría en cómplice, y -desde mi punto de vista- no es una forma de conducirse, a veces hay que dejar de ver la elección que sigue para centrarse un poco en la generación que sigue.