En Oaxaca, 400 ejemplares de tortugas marinas y terrestres se han quedado sin servicio de vigilancia. Desde mayo, el Centro Mexicano de la Tortuga tiene que lidiar con un recorte del 75% en el gasto operativo, decretado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reunir recursos frente a la pandemia. La política de austeridad del Gobierno mexicano se aplica a toda la Administración federal, pero amenaza de forma particular al sector ambiental, muy tocado tras varios años de recortes. En medio de una avalancha de críticas de la sociedad civil y de los mismos guardaparques, las autoridades del ramo estudian cómo revertir la reducción.

Inaugurado en los años noventa en la costa de Oaxaca, los recortes no son ajenos al Centro Mexicano de la Tortuga (CMT). El presupuesto ha disminuido un promedio de 200.000 pesos anuales, unos 10.000 dólares, en los últimos cuatro años, calcula la encargada del espacio, Dennis Bermúdez. “Hemos sufrido recortes desde hace tiempo, pero nunca del 75% de un trancazo”, explica la bióloga. Para ahorrar electricidad y aprovechando que el centro está cerrado al público durante la pandemia, el personal ha reorganizado los acuarios. Donde antes había un ejemplar ahora hay uno o dos más.

De no revertirse, la falta de gasolina y el tijeretazo en mantenimiento de los vehículos limitarán las inspecciones durante las arribadas de tortugas marinas. Entre julio y marzo, miles nadan hasta las playas de Oaxaca para poner sus huevos. Allí se congrega el mayor número de tortugas anidadoras del mundo, incluidas las laúd, una especie en peligro de extinción caracterizada por su caparazón de tacto blando. Cada llegada puede durar de uno a treinta días y el personal del CMT se encarga de monitorear tres puntos clave para este fenómeno e impedir que se trafique con los huevos.

El equipo de Bermúdez tiene un puñado de cuatrimotores viejos que requiere de reparaciones frecuentes. Los utilizan para recorrer la quincena de kilómetros que miden las playas, cada hora durante la época de arribadas. No es posible hacerlo caminando, afirma Bermúdez. “Sin gasolina, tendríamos nula operatividad. ¿Ponemos de nuestra bolsa?”, dice. “Las playas quedarían desprotegidas. Va a ocasionar que haya un saqueo indiscriminado de huevos de tortuga”.

El impacto sobre las labores de inspección preocupa en aquellas áreas naturales ubicadas cerca de aglomeraciones urbanas y centros turísticos. En el parque de Tulum, ubicado en el Caribe en torno al sitio arqueológico maya homónimo, cuatro guardaparques tienen bajo su cargo unas 664 hectáreas, amenazadas por la expansión de hoteles y restaurantes. Dentro del parque, hay ya una quincena de establecimientos turísticos construidos antes de 2009. Desde ese año, la mayor presencia de inspectores ha conseguido controlar la expansión, pero un retroceso es posible.

El equipo del parque solía hacer hasta seis recorridos diarios, pero en mayo los redujeron en un 70%, por el doble efecto de la pandemia y el recorte, y en junio no han hecho ninguno. Los guardaparques permanecen en la caseta de entrada y solo agarran el vehículo para atender los reportes puntuales. “Es muy inquietante”, asegura una de las biólogas, quien lleva cinco años en Tulum y prefiere no revelar su nombre. “Nos hace vulnerables, no podemos atender al 100% reportes y es más complicado detectar los cambios en el área natural”.

El pueblo de Tulum y sus playas de arena blanca se han convertido en la joya del Caribe mexicano y el parque natural siente la presión. Hace dos semanas, en uno de los recorridos, los guardaparques detectaron una excavación en las dunas que tomaron como indicio de una futura construcción. Los intentos de ingreso de materiales como grava o cemento son continuos. En la caseta de entrada, el vigilante se encarga de controlar el paso durante la noche. Sin embargo, el servicio acabó a finales de mayo y se sostiene, según la guardaparques, gracias a recursos externos al Gobierno. No hay financiación más allá de junio.

Excavaciones en las dunas del parque natural de Tulum, hace dos semanas.
Excavaciones en las dunas del parque natural de Tulum, hace dos semanas.PERSONAL ANP TULUM

Un lustro de declive presupuestario

El secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, anunció hace una semana la apertura de una mesa negociadora para intentar revertir los recortes. En dos reuniones con Hacienda se discutió el impacto que podían tener sobre la operación de los parques. Tras esos encuentros, el titular de Conanp, Roberto Aviña, en entrevista con medios mexicanos, ha descartado despidos y asegurado que espera que Hacienda no solo no aplique la reducción sino que le aumente el presupuesto. Los ahorros se harán, según el funcionario, mediante la fusión de oficinas.

Pese a los mensajes alentadores, el sector desconfía y cree que si los recortes finalmente se evitan será por la presión social. “No queremos bajar la guardia hasta que sea un hecho”, dice Yvonne Guillén, guardaparque del Cañón del Sumidero, en Chiapas. Son años de recursos menguantes. De representar el 1,91% del presupuesto federal en 2012, al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Medio Ambiente disminuyó al 0,75% en 2019, según un análisis de la ONG Fundar. En el primer año de Gobierno de López Obrador, Conanp se llevó un recorte del 28% respecto a 2018, cuando le fueron destinados 1.176 millones de pesos. Aunque repuntó en 2020 hasta los 867 millones, los recursos están lejos de recuperar su nivel anterior.

El declive presupuestario coincide, paradójicamente, con un aumento del territorio a resguardar. En 2016, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, Peña Nieto firmó un decreto para triplicar los espacios protegidos, gran parte de ellos submarinos. “El Gobierno ha asumido compromisos cada vez más fuertes y eso se topa con los recortes al presupuesto desde hace cinco años”, apunta el analista Carlos Brown, uno de los autores del informe de Fundar.

Ante la pérdida de recursos, los parques naturales mexicanos han encontrado en la cooperación internacional un complemento importante. Revillagigedo, un enorme parche de océano y archipiélago de 15 millones de hectáreas, cuenta con 10 empleados. A siete de ellos, el PNUD les paga la mitad del sueldo. “Si nos quitan gente se hace más difícil. Implicaría no poder hacer monitoreo biológico de peces, tiburones, albatros…”, explica Fernando Pérez, uno de los trabajadores. A falta de embarcación propia, el personal a menudo hace uso de barcos de las ONG para monitorear la costa.

A través de la austeridad, la ambientalista Lucía Madrid, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, sostiene que están debilitando las instituciones. Ella ocupó una dirección general en la Secretaría de Medio Ambiente durante los primeros seis meses del nuevo Gobierno. “Era una situación muy precaria”, recuerda, sobre la falta de recursos. “Teníamos que buscar si ciertos financiamientos internacionales podían suplir eso. Sin ese tipo de alianzas no había forma de sacar las metas”.

Texto original: El País