Por Edel López Olán (Permanencias Voluntarias)

En el siglo primero, muchos hombres se propusieron luchar en contra de la invasión de sus tierras y los detractores partidarios de Judea. Sicarii, como se les conoció, empleaban una sica,  una espada corta que ocultaban en su ropa para atacar en días festivos a la multitud para provocar así terror y desesperación entre la muchedumbre. Los Sicarii trabajaban y asesinaban con impunidad absoluta y actuaban en complicidad con los regentes de la región. Entraban en asambleas populares o peregrinaciones apuñalando a sus enemigos mientras eran liquidados de sus servicios enfrente de las propias autoridades del lugar. Los Sicarii eran sanguinarios, no tenían ejército ni bandera, se vendían al mejor postor para crear terror y desesperación en la región.

En la actualidad el concepto de Sicario no ha cambiado, en ocasiones, sólo ha migrado a otras plataformas.

Según Artículo 19, organización no gubernamental y defensora de los derechos de periodistas, 99.3% de los asesinatos de periodistas en México no se investiga de manera exhaustiva, imparcial y objetiva. Hasta el momento existen desde el 2000 más de 133 periodistas asesinados en condiciones sangrientas y sin sentido. Reporteros sin fronteras coloca a nuestro país en el lugar 144 de 180 países más peligrosos para ejercer el periodismo, tan solo en el 2018, ocho periodistas mexicanos fueron asesinados y fue el segundo país con mayor número de asesinatos por debajo de Afganistán.

El periodismo en México y la opinión se han convertido en un ejercicio muy riesgoso. Apuntar al poder (de donde provenga, del gobierno o de grupos del crimen organizado) coloca una diana en la espalda del que la ejecuta y ensombrece la opinión de un país que necesita urgentemente de información, opinión y análisis.

Pero ante un gobierno opaco y tendencioso, la verdad se convierte en un manoteo constante que es controlado desde la presidencia, mientras la opinión pública es bombardeada por destellos de información y un terrible trato de la misma.

Ante la falta de contrapesos específicos en México, el periodismo se ha apuntalado como ese bastión de verdad que tiene la exhaustiva labor de «rascarle» a la información oficial y llevar a cada uno de los ciudadanos estos datos necesarios en un país ignorante del acontecer diario del gobierno. Andrés Manuel López Obrador se erigió desde la campaña como ese gobierno transformador que dejaría de lado los  vicios de gobiernos anteriores, sin embargo, según el Washington Post, en el 2019, el gobierno Morenista del presidente, ha sufrido reclamos ciudadanos pues se han negado a entregarles la información solicitada, dichas quejas aumentaron en 64% respecto a 2018. Muchos de ellos solicitando la intervención del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el órgano encargado de que el gobierno cumpla con la Ley de Transparencia.

Para el presidente todo ciudadano que cuestione y revise la información oficial debe ser considerado como un detractor o adversario, por tal motivo, la prensa que cuestione o el periodista y reportero que se dedique a buscar la verdad en el país se encuentra en un constante ataque por parte de la aceitada máquina gubernamental, que ocupa a todos sus operadores digitales para menospreciar el trabajo de decenas de periodistas y reporteros que levantan la mano para solicitar que se aclare lo que sucede en el país.

Hace unas semanas Irma Erendira Sandoval, responsable de la Secretaría de la Función Pública, fue señalada por el periodista Carlos Loret de Mola, de la plataforma Latinus por la posesión de propiedades por más de 60 millones de pesos y los cuales no fueron transparentados en su declaración patrimonial. Al mismo tiempo, su esposo y profundo admirador de López Obrador y la mal llamada Cuarta Transformación John Ackerman, saltó al paso y solicitó que todo periodista que «difame» (aun con documentos probatorios en el reportaje) debe ser sometido a un juicio público, todo esto, sí, sin probar absolutamente que nada de lo que dice el reportaje sea falso.

El académico, subido en un tren impensable para sus credenciales, aún no se ha percatado que a pesar de su verborrea, él mismo se encuentra en fuera de la ley. El académico se refirió al gremio periodistas como «Sicarios mediáticos» algo que alertó demasiado a decenas de colectivos de Defensa de Periodistas por ser un mensaje directo a un gremio asaltado en los más profundo de sus filas por atentados en contra de  la vida y la libertad de expresión.

Y es que el problema de John Ackerman va más allá de una simple declaración. El autoproclamado periodista, un claro ignorante de México, tal como el presidente, no se da cuenta que el verdadero intercambio de información por dinero la realiza el desde Canal 11 donde el trabaja,  rompiendo toda ley, en específico el artículo 134 constitucional que suscribe lo siguiente:

«…La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público….»

Y el presidente, un gran conocedor de cómo movilizar a las masas con tan solo un click, utilizó a su favor el encontronazo y propio en su estilo, aprovechó la posición de Ackerman para modificar su imagen y colocar a la opinión pública en contra del único organismo que le interesa al presidente en este momento: El INE, para presionarlo creando una confusión mediática sobre lo que realmente sucede en el país.

Por qué México se ha convertido en tierra de nadie. Una tierra donde la bala y la pluma ya caminan de la mano en el mismo sentido destructor de venganza. Ackerman y todos los operadores digitales de la cuarta transformación cambian el casete y utilizan los mismos métodos que los gobiernos anteriores para ganar adeptos y producir una verdad a conveniencia del poder, en un país donde el verdadero sicariato mediático controla el poder la opinión pública y los destinos de todos.

Como una cereza extraña sobre el pastel, el gobierno federal se encuentra acelerando una ley que aprueba la censura del internet, que de ser aprobada, le daría carta abierta al gobierno para controlar todo con miras a las elecciones intermedias del 2021.

La «Notificación retirada» busca que cualquier persona pueda, desde el anonimato, reclamar los derechos de autor de cualquier contenido que pueda incomodar la verdad oficial o de cualquier interés. Fotos, videos, memes, notas periodísticas, podcast o un simple tweet, podrá ser eliminado en cuanto alguien reclame la violación de Derechos de autor, lo que sería el escenario perfecto para que se censure todo en Internet sin ser cuestionado y no solo por el gobierno, sino por cualquier empresa o individuo que quiera que algo sea retirado de Internet. Todo tipo de comentario, publicación o tweet que se pueda considerar malo para una persona en especial, ya sea un meme de un gobernante o una queja ante una decisión del gobierno (o esta misma editorial) pueden ser eliminados sin llevar ningún tipo de proceso.

Así las cosas en nuestro país, donde un operador digital del gobierno como Ackerman ocupó un lamentable concepto para englobar a un gremio azotado por la violencia en México, cuando no se da cuenta, que como los Sicarii,  el gobierno los utiliza a ellos, sus operadores como el verdadero Sicariato mediático, asesinando los más importante que tiene el ciudadano para poder defenderse: La información y la verdad,  y eso, es muy lamentable.

Hasta la próxima.