Juicio a ex presidentes: El gran circo


Por Edel López Olán (Permanencias Voluntarias)

Las conductas ilícitas de funcionarios públicos en México no es algo nuevo y por generaciones se han realizado en complicidad de un sistema judicial que se rinde ante al poder y observa a la distancia  mientras la mayoría de los integrantes del aparato burocrático, hacen y deshacen sin ningún tipo de tregua.

Pero bueno, vayamos paso por paso.

El juicio político es un mecanismo para fincar responsabilidad política y sancionar con destitución o inhabilitación a funcionarios o servidores públicos de alto nivel que, en el ámbito de sus atribuciones, han incurrido en arbitrariedad o abuso o exceso de poder. El mismo figura en el artículo 110 constitucional, el cual fue reformado en el 2016 donde se estipula lo siguiente:

Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Para efectos reales de justicia y siguiendo al pie de la letra la ley, el artículo 108 constitucional dice lo siguiente:

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier  naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución
otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

La legislación penal mexicana contempla la traición a la patria como un delito contra la seguridad de la nación, y como es un delito del orden federal, se tipifica en diversas formas y se complica al revisar el catálogo supuestos que pueden considerarse una traición a la patria, pues dichos delitos  están encaminados prácticamente a los actos de cualquier mexicano en contra de la independencia, soberanía e integridad de la Nación, no exclusivamente de funcionarios público, algo que sería castigado con pena de muerte y que se contradecía en el artículo 22 constitucional que lo prohibía hasta antes del 2005, vaya, un verdadero enredo, por lo tanto, el juicio a presidentes siempre se ha convertido en una palizada legal difícil de sortear y que lentamente nos aleja de la justicia junto con una  inmunidad que nos arrastra a la impunidad.

Pero los ex presidentes YA NO SON POLÍTICOS, por lo tanto, todo cambia.

El juicio a ex presidentes ha sido uno de los tantos temas centrales de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, que desde candidato, una de sus promesas ha sido someter a la justicia a todo aquel que haya traicionado a la patria desde cualquier perspectiva, y en ese sentido, está en lo correcto.  Algunos ex presidentes se mantuvieron en su encargo al margen de la ley y han utilizado todo el aparato gubernamental para cometer toda clase de ilícitos, acciones contra la sociedad, enriquecimiento y una larga lista de acciones comprobadas y no comprobadas, y han sido pieza clave en la acción o planeación de los mismos, y aunque enjuiciarlos ha sido un tema tabú en la política mexicana, pues, como decía mi padre: “El carnicero de hoy puede ser la carne del mañana”, así que las administraciones pasan una la otra sin ningún tipo de acción legal en contra de dichos sospechosos comunes.

Entonces…¿podemos enjuiciar a ex presidentes?

Sí. Un año después de dejar su cargo, el Senado de la república puede juzgar a cualquier ex presidente, pero, pasando de ese año, son las procuradurías de los estados o la federal las que pueden hacerlo, por lo tanto, todos los ex presidentes de México pueden ser sometidos a un juicio sin necesidad de preguntarle a nadie, ni siquiera a la sociedad, que, dicho sea de paso, puede investigar cualquier delito donde se sospeche que el presidente en cargo tenga algún tipo de participación ilícita, aunque, dichas pruebas sean presentadas después de su encargo.

En México ya existe un antecedente que confirma que los expresidente sí pueden ser juzgados como cualquier ciudadano. Se trata de Luis Echeverría Álvarez quien fue consignado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la PGR por su probable responsabilidad en la violencia y los homicidios de estudiantes en 1968 y 1971. Se libraron dos órdenes de aprehensión y finalmente fue absuelto por un Tribunal, pero el proceso existió.

La firmas y consulta: El circo perfecto

El 2020 ha sido un año muy complicado para todos los mexicanos. La economía va a la baja mientras la violencia sigue aumentando junto con el desempleo y los casos de Covid-19, mientras la presidencia de la república intenta de cualquier forma  distraer a la sociedad del pésimo trato a la pandemia.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular, serán sometidos a consulta temas que repercutan en la mayor parte del territorio nacional e impacten en una parte significativa de la población y las cuales pueden ser solicitadas por tres vías:

1. A petición del Presidente de la República
2. A propuesta del 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso (equivalente a 165 diputados o 42 senadores)
3. A petición del 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores que hasta la última actualización de INE ascendía a 90 millones 036,367 mexicanos (es decir 1 millón 800,727 ciudadanos).

La legislación refiere que cuando se trate de una consulta impulsada por los ciudadanos, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN)  la que califique la trascendencia nacional de los temas que se quieren someter a consulta. Pero cómo es la costumbre del gobierno que preside Obrador, las consultas ciudadanas se han convertido en el centro perfecto para que el presidente “traslade” una responsabilidad que solo le compete al ejecutivo a los ciudadanos,  pasó con  la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, la construcción del Tren Maya, la cancelación de la cervecera Constellation Brands en Baja California y la operación de la Termoeléctrica de Huexca, en Morelos, donde todos estos ejercicios no han contado con la participación de Instituto Nacional Electoral (INE) ni se han realizado con base al marco jurídico correspondiente, algo que hoy, el presidente, desde su partido quiere “cambiar”.

Algo que habría que explicarle al presidente, es que al momento de él renunciar a una de las tres vías para realizar la consulta (su petición) la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que validar un proceso que tiene un vicio de inconstitucionalidad porque se estarían sometiendo a consulta derechos humanos, la presunción de inocencia y el debido proceso, sobre todo, porque el único que podría ser enjuiciado (por el senado) sería Peña Nieto, mientras que todos los demás, en el caso de presentar las pruebas pertinentes, deberían de ser delitos en contra de la nación o deben ser delitos que no estén ya prescritos.

En el 2014 se publicó la Ley Federal de Consulta Popular que en su artículo 8 se estableció que toda que convocase el Congreso, deben realizarse el mismo día de la jornada electoral, algo que cambió en diciembre de 2019 donde se estableció que dicho ejercicio sería, por ley, el primer domingo de agosto, sin embargo, Morena busca que la consulta se efectúe en junio próximo, justo el día de la jornada electoral en la que se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 30 congresos estatales, ello para garantizar que participe más del 40% de la lista nominal y así hacer vinculante el resultado de este ejercicio algo que es anticonstitucional, y donde obviamente, como un as sucio bajo la manga, todos los congresos estatales del país utilizarán su mayoría para aprobar la solicitud de consulta, algo que es tendencioso y fuera de contexto y completamente inútil por qué, cómo ya lo dijimos, cualquier presidente puede ser enjuiciado.

En fin, es obvio que ningún mexicano podría defender a ningún ex presidente, pero también los mexicanos deben percatarse de la forma en cómo el gobierno manipula los procedimientos para llevar agua a su molino político en una administración sin rumbo. El circo de tres carpas en el cual se ha convertido el gobierno federal mueve sus piezas en el ámbito político lejos del legal y eso es muy peligroso, sobre todo cuando convierte a los ciudadanos en cómplices ignorantes del fondo real de sus intenciones; por que para el presidente la “solicitud” de justicia por parte de la sociedad, es el pretexto perfecto para no hablar de que la economía ha venido a la baja desde el segundo trimestre de 2019, una caída del 18% del PIB, que hay mayor desempleo e informalidad, con 2.8 millones de empleos perdidos de acuerdo al INEGI y 3 millones de mexicanos más en la informalidad de acuerdo al ETOE,  que las personas en situación de pobreza se incrementarán en 9.8 millones y en pobreza extrema en 10.7 millones,  que PEMEX ha perdido 606,600 millones de pesos en el 1er semestre del 2020, las 64 mil muertes por Covid, que la inseguridad va en aumento, siendo el 2019 el año más violento en la historia del país, y el mes de marzo de este 2020 el más violento desde que se tiene registro, que el Tren Maya ha incrementado su costo en 12% y el Aeropuerto de Santa Lucía ha solicitado el incremento de 77 mil 753 millones de pesos, que de acuerdo al IMCO cancelar el aeropuerto en Texcoco ha salido más caro que concluirlo, con un costo mínimo por la cancelación de 2,700 millones de pesos, que hay más deuda pública en los primeros siete meses del 2020 en 9 mil 435 pesos por habitante.

Y la lista continúa…

Nadie está en contra de la participación ciudadana, pero la misma sociedad no puede ser seguir siendo cómplice de políticos sin escrúpulos, que solo nos ven (como en el priismo) como la carne de cañón de la decadencia de un país, y eso, es lamentable.

Hasta la próxima.

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