Lozoya: Entre los dichos y la libertad patrocinada por la 4T


Por Edel López Olán (Permanencias Voluntarias)

México siempre ha navegado en una justicia borrosa que cambia de acuerdo a quien o quienes son los implicados o afectados. Con cada cambio de sexenio existen promesas interesantes de una justicia que nunca llega o se difumina entre los argumentos de un país extraño entre la indiferencia y la inexplicable relación entre las pruebas y la forma de aplicarlas correctamente.

Con la llegada de la “Cuarta Transformación” la promesa de justicia por parte de Andrés Manuel López Obrador empapó a los mexicanos de una esperanza que comenzó a tomar forma con la detención del arquitecto de uno de los fraudes más infames que ha tenido el país: Emilio Lozoya.

La Estafa Maestra, Agronitrogenados y Odebretch se han convertido en los fraudes más graves de la historia contemporánea de México, donde, a través de 128 empresas fantasmas, funcionarios públicos, gobernadores y empresarios privados, desviaron más de 3 mil millones de pesos del erario, ante la nula justicia mexicana que, al mando de Peña Nieto, se burlo de una forma infame de la población simulando investigaciones y dejando todo al olvido de un país sin memoria. Todo quedaba en manos de una nueva administración que, al menos en papel, era la esperanza de México.

Pero, algo no avanza en esta mal llamada “Cuarta Transformación”.

Después de su detención en el 2020 y su vinculación a proceso, Emilio Lozoya se convertía en la carta fuerte del gobierno federal para encerrar a los “peces grandes” y devolverle al pueblo esa confianza a las instituciones tan necesaria en el país, sin embargo, algo pasa en este largo camino de la justicia en un México que todo olvida.

El 25 de enero un juez federal aplazó la audiencia contra el ex senador panista Jorge Lavalle Maury, señalado por Lozoya por aceptar sobornos por 50 millones de dólares para aprobar las reformas estructurales. El proceso, aplazado a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), golpea de nuevo un proceso que se entorpece de una forma infame en medio de pandemias y cajas chinas presidenciales. Según el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el juez de control decidió aplazar el proceso alegando medidas sanitarias, a pesar de que las mismas se harían por video conferencia. Aplazar esta audiencia se ha convertido en una pieza clave para imputar a personalidades políticas como Videgaray, Anaya y hasta el mismo Enrique Peña Nieto y abriría una Caja de Pandora que pondría el pie en el cuello a todas las aspiraciones de la oposición de cara al proceso 2021, algo que inexplicablemente no sucedió.

Y es que nada puede estar más a favor del gobierno de López Obrador, ya que el pasado 11 de noviembre Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, aseguró que no solo fue una ocasión dónde llegaron esas maletas al Senado, sino fueron 15 ocasiones donde llegaron las maletas a la sede legislativa mismos que, según declaraciones de Caraveo, fueron utilizados en campañas electorales panistas.

Mientras tanto, Emilio Lozoya sigue en libertad, haciendo fiestas y jugando golf al sur de la capital.

Durante sus dos audiencias virtuales (la primera por la compra-venta de la planta de Agro Nitrogenados y la segunda por el caso Odebrecht, ocurridas el 28 y 29 de julio, respectivamente) Emilio Ricardo Lozoya Austin (ERLA) aseguró no ser culpable (sin pruebas) de los delitos que se le imputan (lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho) ya que dijo, fue “intimidado, presionado influenciado e instrumentalizado” por personajes cuyos nombres dará a conocer y lo cual, no ha sucedido, mientras tanto, la FGR acusaría de al menos tres cargos de posible corrupción a ex funcionarios y ex legisladores, dejando el proceso de Lozoya suspendido.

Pero en la política mexicana todos están manchados, incluso los “nuevos” políticos reformados de la Cuarta Transformación, donde, si las imputaciones a Lavalle no son suficientes para qué el juez impute los delitos de asociación delictuosa dejarían en ridículo a la FGR y los “dichos” del ex director de PEMEX que se enfilaría directo a la cárcel y perdería su oportunidad de enjuiciar a los culpables y también su libertad por qué, debemos recordarle a todos, que es un criminal confeso.

El caso de Lozoya navega en aguas turbias y violentas, ya que el poder político y económico del país se encuentra inmerso en está marea de acusaciones sin pruebas y dichos sin sustento que le pueden explotar al gobierno federal en la cara a unos meses del proceso electoral en un país donde la justicia al parecer no existe, y si existe, se inclina según el peso del poder, el dinero y la culpa política.

Y es que entre la pandemia y la grave situación del país, el caso de Emilio Lozoya se encuentra de forma conveniente lejos del ojo público, que ha hecho evidente la ineficacia de la FGR y el cómo, el circo montado por el gobierno federal se sigue agotando y qué, ante la necesidad de una credibilidad basada en la popularidad, el caso Lozoya se puede ir por la borda convirtiéndose en otra pifia más para la 4T junto con la liberación de Ovidio Guzmán o el fraude de la Rifa del Avión presidencial.

Con sus declaraciones y testimonios, los mismos que han rebotado en contra de paredes de supuestos y dichos, Lozoya ha comenzado a acusar a políticos del PRI y del PAN a pesar de su culpabilidad a cambio de un trato benevolente de la Fiscalía General de la República. El exdirector de Pemex se ha convertido en un personaje que ha roto los códigos de complicidad y silencio que mantuvieron la supervivencia de grupos políticos y de interés en el sistema político mexicano, esos mismos códigos que han sacado a la luz actos de corrupción de gente cercana al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene varios demonios equiparables a la Estafa Maestra y su simulada lucha a la corrupción en un país lamentable.

Pero esa, es otra historia

Hasta la próxima.


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