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Jóvenes construyendo el futuro: ¿Irregular?


La Auditoría Superior de la Federación (ASF) aplicó tres auditorías al programa de gobierno Jóvenes Construyendo el Futuro en las que detectó irregularidades en el diseño, operación y resultados del programa, las cuales evidenciaron otorgamiento de becas a Servidores de la Nación, centros de trabajo “fantasma” y bases de datos poco confiables que repercutieron en el padrón de beneficiarios.

En 2019, año en que el programa estuvo a cargo de Horacio Duarte, hoy administrador de Aduanas en el SAT, Jóvenes Construyendo el Futuro otorgó un millón 120 mil 543 becas a personas de entre 18 y 29 años, cifra que representó 48.7 por ciento de los 2 millones 300 mil jóvenes que integraron la población estimada; el programa le fue aprobado un presupuesto de 40 mil millones de pesos, pero se modificó su presupuesto y ejerció 23 mil 915 millones 168.5 de pesos,

La primera auditoría de desempeño arrojó que el programa careció durante ocho meses de una unidad responsable formalmente establecida para su diseño, operación y seguimiento, y los lineamientos elaborados para regular su operación cumplieron con el 50 por ciento de los requisitos obligatorios fijados en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La STPS que encabeza Luisa María Alcalde diseñó e implementó la Plataforma Digital como principal herramienta de operación, administración y compilación de la información referente al programa, en la cual se concentró la información de becarios y centros de trabajo. Sin embargo, la dependencia no acreditó los procedimientos para la verificación y comprobación del cumplimiento de los requisitos por los solicitantes para ser becario o participar como centro de trabajo, por lo que “no fue posible comprobar que los registros provenientes de dicho sistema de información fueran confiables, lo que impactó en la integración del padrón de beneficiarios”.

En relación con los beneficios esperados, la dependencia no acreditó contar con métricas, metodologías, indicadores ni metas para determinar en qué medida se incrementó la empleabilidad y la inclusión en el mercado laboral para los jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, que recibieron las capacitaciones acompañadas de beca.

En la segunda auditoría de cumplimiento, la autoridad fiscalizadora detectó deficiencias en la supervisión de los recursos ejercidos por la STPS, por lo que se determinaron 9 millones 662 mil 800 pesos pendientes de aclarar por la dependencia.

La STPS no validó que se otorgaron “indebidamente” becas a 47 becarios por 507 mil 600 pesos que recibieron ingresos y están registrados como “Servidores de la Nación”, quienes son personal administrativo que auxilia y apoya al gobierno para la implementación de los programas sociales de bienestar y que hoy forman parte de las brigadas de vacunación.

La Secretaría del Trabajo tampoco verificó que 33 mil 909 becarios se encontraron laborando en una dependencia o entidad de la Administración Pública y/o en empresas del sector privado durante el periodo de su capacitación del programa, ni supervisó la ubicación de los becarios en entidades públicas y privadas que tienen desde 40 hasta más de 7 mil becarios.

En la tercera auditoría de cumplimiento, ésta de carácter forense, la ASF determinó que la STPS debe aclarar 57 millones 92 mil 400 pesos debido, principalmente, a que no contó con mecanismos de control y procedimientos para validar y constatar la información y documentación plasmada y adjuntada en la Plataforma Digital del programa por parte de los aspirantes y beneficiarios del programa, así como de quienes participaron como centro de trabajo.

La Auditoría encontró pagos de becas posteriores a la fecha de fallecimiento de becarios y detectó inconsistencias en los Centros de Trabajo revisados como domicilios designados para la capacitación abandonados y casos de usurpación de datos de las empresas que realizaron actividades de capacitación por el monto total de 5 millones 396 mil 400 pesos.

De los centros de trabajo localizados por el grupo auditor, no presentaron la documentación justificativa y comprobatoria que soporte la capacitación impartida, además, dos centros de trabajo, por medio de sus representantes legales señalaron no haberse registrado en el programa para participar como centro de trabajo.

“Se constató que no se estableció por parte de la STPS un control ni un procedimiento efectivo en la validación y verificación de los documentos proporcionados tanto por el aspirante a becario como por el centro de trabajo (…) los mismos servidores públicos manifestaron que Jóvenes Construyendo el Futuro se encuentra basado en la confianza”, reportó la ASF.

Texto original: El Financiero

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