Todos unidos contra ‘El Mencho’


Por Eduardo Guerrero Gutiérrez (El Financiero)

Más de una vez el Presidente ha mostrado simpatía por El Chapo Guzmán y su gente. Fuera de lo anecdótico –las visitas a Badiraguato o el saludo a María Consuelo Loera–, pareciera que la 4T efectivamente ha optado por llevar la fiesta en paz con el Cártel de Sinaloa, al menos en comparación con sus rivales de Jalisco. Si dejamos de lado el intento frustrado de captura de Ovidio Guzmán, los golpes contra el Cártel de Sinaloa han sido menores.

Mi equipo lleva un monitoreo de todos los arrestos reportados en medios, tanto de los integrantes del Cártel de Sinaloa como de los del CJNG, así como de las docenas de mafias y bandas alineadas con cada uno de esos dos cárteles. En el año y medio que llevamos realizando el monitoreo, han sido arrestados 245 integrantes de la coalición del Cártel de Sinaloa, una cifra modesta en comparación de los 629 de la coalición encabezada por El Mencho. No sólo eso, también hay una diferencia significativa en el tipo de autoridad que participa en los arrestos. En el caso de Sinaloa hubo participación de autoridades federales (Sedena, Semar, FGR o Guardia Nacional) en 36 por ciento de los arrestos. El porcentaje aumenta a 47 por ciento para el CJNG.

La decisión del gobierno federal de enfocarse en el CJNG y dejar en relativa paz al Cártel de Sinaloa no necesariamente es mala. Estratégicamente es preferible concentrar los recursos en combatir a un solo grupo en lugar de dispersarlos entre varios (como se hizo, de forma imprudente, a principios del sexenio de Calderón). También puede haber causas plenamente justificadas para que el gobierno decida enfocarse en desarticular a una organización (como se hizo, en su momento, con Los Zetas y Los Caballeros Templarios). En este sentido, es probable que el CJNG, que ha sido más agresivo en sus ataques contra autoridades y ha mostrado más interés en participar en el negocio del robo de combustible, se perciba en Palacio Nacional como una amenaza más severa.

Sin embargo, las acciones y omisiones del gobierno inevitablemente generan una respuesta de los cárteles. En 2018 parecía que los mejores días del Cártel de Sinaloa habían llegado a su fin. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto cómo dicha organización aprovecha la coyuntura para recuperar posiciones. En particular, va tomando forma Cárteles Unidos, una alianza impulsada por algunas de las familias más influyentes al interior del Cártel de Sinaloa, incluyendo a los Coronel y los Zambada, y conformada por organizaciones que actualmente operan en siete estados de la costa del Pacífico y del centro occidente.

La estrategia con Cárteles Unidos consiste en cooptar o apoyar a un conjunto variopinto de grupos, que incluye tanto a narcotraficantes como a huachicoleros y autodefensas. En la mayoría de los casos se trata de organizaciones arraigadas ahí donde el CJNG ha incursionado en años recientes. Tal es el caso de Los Viagra en Michoacán, del Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato y de Los Rojos en Morelos. El caso de Jalisco es peculiar, pues en dicho estado Cárteles Unidos incorporó a una escisión del CJNG, conocida como Cártel Nueva Plaza.

El respaldo del Cártel de Sinaloa implica que las organizaciones locales podrán resistir indefinidamente el conflicto con el CJNG. Una mala noticia, por ejemplo, para quienes esperaban que la crisis de violencia en Guanajuato llegara a su fin con la captura del Marro. En los lugares donde Cárteles Unidos opera también se observa la llegada de sicarios desde entidades lejanas. En Guanajuato hay reportes de presencia de Gente Nueva, un brazo armado del Cártel de Sinaloa, que tradicionalmente operaba en Chihuahua y Sonora.

En el mediano plazo el principal riesgo para la seguridad del país, junto con la violencia electoral, es que la apuesta por Cárteles Unidos escale. Si otros grupos y otros estados se siguen sumando a la estrategia, inevitablemente llegaremos a un momento en que estalle un conflicto de alta intensidad entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG. También es probable que, antes de que eso ocurra, el gobierno federal se vea obligado a replantear la tregua con El Chapo y sus aliados.

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