“Las cifras sobre el NAIM son las correctas”: Agustín Caso Raphael


Agustín Caso Raphael, el auditor que calculó en 331 mil millones de pesos el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cifra tres veces mayor a lo proyectado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, defendió su estimación y aseguró que la diferencia en las cifras radica en el tipo de metodología que se utilice.

Esto porque después de publicar la fiscalización el pasado 27 de febrero, dos días después el presidente Andrés Manuel López descalificó la cifra y aseguró que la Auditoría se había equivocado. Horas después, la Auditoría emitió una tarjeta donde reconoció “inconsistencias” en su cálculo por lo que haría otra revisión. Sin embargo, Caso Raphael, aseguró que las recomendaciones plasmadas en la auditoría a la cancelación no tienen un ánimo punitivo, sino intenta abonar a una mejor calidad en el manejo del gasto y “eso de ninguna manera entraña un ataque a la investidura presidencial ni a un gobierno”.

El costo de dicha cancelación, dijo el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ascendería a 100 mil millones de pesos. Sin embargo, la Auditoría reveló que más bien sería de 331 mil millones de pesos.

Para calcular esta cifra, explicó Caso, “la Auditoría utilizó una metodología económica, que  observan los costos económicos y no solo los contables”, por lo tanto, “no existe una disyuntiva entre una cifra buena y una mala, lo que existen son metodologías que generan resultados acordes a su naturaleza”, dijo en la comparecencia.

Además, para fondear el proyecto se colocaron bonos, pero éstos “no son de libre disposición porque no son de carácter presupuestario sino fueron recursos captados y vinculados jurídicamente a un fin específico, que fue la construcción de un proyecto particular con condiciones y garantías definidas”.

Por lo tanto, al “cancelar los instrumentos financieros se materializa una desinversión que originalmente se estableció aprovechando la capacidad de endeudamiento de la sociedad, pero al momento de concretarse la sociedad no pudo utilizar los recursos invertidos por las características jurídicas y económicas con que se establecieron, lo que configura una situación de costo de oportunidad y que se cubre actualmente con recursos presupuestarios”, dijo Caso.

Fuente: Animal Político

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